MASACRE DE «EL TUMBADOR»: UNA PRISIÓN VERDE DE IMPUNIDAD

El Bajo Aguán Con 125 mil hectáreas sembradas, en un territorio tres veces más pequeño que Alemania, Honduras es el tercer mayor productor y exportador de aceite de palma africana en América Latina, el octavo país a nivel mundial. Las plantaciones que se exportan a Europa, México y Estados Unidos, para la generación de productos industriales, comestibles y el biodiesel, se concentran mayoritariamente en la zona norte del país, específicamente en la región del Bajo...
Invitadojunio 27, 2016

El Bajo Aguán

Con 125 mil hectáreas sembradas, en un territorio tres veces más pequeño que Alemania, Honduras es el tercer mayor productor y exportador de aceite de palma africana en América Latina, el octavo país a nivel mundial.

Las plantaciones que se exportan a Europa, México y Estados Unidos, para la generación de productos industriales, comestibles y el biodiesel, se concentran mayoritariamente en la zona norte del país, específicamente en la región del Bajo Aguán, un valle ubicado en los departamentos de Colón y Yoro. Según los expertos, bajo un clima y sobre una tierra idónea para la siembra palmera.

Al recorrer la carretera desde Tocoa -nombre que paradójicamente significa «tierra de maíz», la principal ciudad comercial de Colón, hasta Trujillo, su capital departamental, el paisaje agrícola evidencia una economía sujeta al paradigma del monocultivo. Con una extensión de unas 200 mil hectáreas, esta región ha atestiguado cómo a través de las décadas, sus plantaciones fluctúan ante las demandas del mercado, pasando por la siembra del banano, de la piña, del coco, de los cítricos, hasta recaer casi en su totalidad, al cultivo de la palma de aceite.

A la agroindustria palmera, agrupada en diversas federaciones, el mercado internacional le exige una certificación internacional, un «sello verde» RSPO (Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible) que compruebe que su producción es lo que ellos consideran «sostenible». 

El proceso tomará tiempo, aseguran los palmeros, pero este reconocimiento les resulta indispensable para acceder a nuevos compradores y mantener los existentes, ser «ambientalmente amigables» es el requisito que se repite para la certificación.

No obstante, en un escenario donde en cinco años se registraron 129 asesinatos relacionados al conflicto de tierras en el Bajo Aguán, y ante una pobreza extrema que contrasta con la fertilidad de la región, los campesinos de ese valle, exigen otro tipo de «certificado», uno de justicia y de gobernabilidad.

Detrás del aporte económico que representa la palmicultura para las divisas de Honduras, pero excluyente en el desarrollo social, esta zona está marcada por la confrontación entre unos pocos grupos económicos, que respaldados por algunos sectores del Estado aglutinan la mayoría de los medios productivos, frente a una población campesina organizada que demanda derechos básicos para su sobrevivencia. Para el caso, se estima que la Corporación Dinant, empresa de Miguel Facussé (1924-2015), quien fuera uno de los hombres más poderosos en Honduras, posee una quinta parte de las tierras agrícolas del Bajo Aguán, mientras el 88% de las campesinas no tienen títulos tan siquiera de una ladera pedregosa.

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A través de los años, los campesinos del Bajo Aguán han sido víctimas de un trágico devenir que involucra reformas agrarias incompletas, migraciones inducidas, persecuciones e intimidaciones, criminalización, estigmatizaciones, desarticulaciones, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, violencias estructurales, militarizaciones, corrupción, impunidad, la implementación del modelo neoliberal, las alianzas entre el Estado y la agroindustria, traiciones internas en sus movimientos, la incapacidad de la institucionalidad pública para dirimir asuntos agrarios, la dominación de los grupos agroindustriales, huracanes, los alcances de la Guerra Fría y ahora la desnaturalización económica y social provocada por la expansión del narcotráfico… todo un escenario concatenado por la complejidad de cada uno de sus conflictos, donde las mayores consecuencias las ha sufrido el sector más vulnerable de su sociedad, es decir, el campesinado más pobre, el que se despierta día a día con la incertidumbre de qué va a comer.

«De igual manera es un conflicto que tiene que ver con la lucha campesina, con la tenacidad y la resistencia de los campesinos por no sucumbir ante la presión y la negligencia, ante la amenaza del Estado y de la oligarquía hondureña», opina el jesuita Ismael Moreno, director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), el cual forma parte del Observatorio de Derechos Humanos del Bajo Aguán (ODHBA).

La violencia desatada por la disputa de las tierras en el Bajo Aguán, muestra las gravedades de la conflictividad sistemática y estructural que enfrenta este sector. «Los campesinos se han ido desgastando en luchas. Ha sido todo un proceso para cortarles el sentido de la vida a este pueblo. Donde les ha tocado enfrentarse al Estado, a terratenientes, ganaderos e incluso a militares. Lo único que los ha fortalecido es que la gente tiene el deseo profundo de organizarse y seguir luchando», comenta Juan José Colato, el sacerdote que dirige la Parroquia San Isidro Labrador de Tocoa desde el 14 de mayo de 2001.

El caso de la masacre de El Tumbador, perpetrada el 15 de noviembre de 2010, contra cinco campesinos de la comunidad Guadalupe Carney, es la expresión del arrastre de este conjunto de conflictos, un punto de inflexión que supuso la continuidad o la ruptura de las relaciones de poder en la zona. Un caso que, en medio de un contexto de represión contra los campesinos, para Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), reúne todas las características de manipulación, corrupción e impunidad para convertirse en un proceso paradigmático y emblemático en el país. Nada que apaciguaría un «sello verde». 

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Finca «El Tumbador»

Para adentrar al caso de la finca de El Tumbador y de su comunidad, que bien pudo llamarse James Francis Carney, pero que por vicisitudes de la historia se nombró Guadalupe, es necesario un breve relato de los hechos.

Relegada por el enclave bananero de la primera mitad del siglo XX, a inicios de los 70, el Estado hondureño focalizó la reforma agraria en la zona del Bajo Aguán, y prometiendo un cambio dentro del sistema productivo, incentivó el cultivo de la palma africana en la región, al promover la organización de cooperativas campesinas dedicadas a este rubro.

El Estado indujo una migración de poblaciones del sur y occidente a esta zona norte de Honduras, proveyendo de créditos, asistencia técnica y tierra a las agrupaciones rurales, siempre y cuando sembraran palma africana.

«El proceso de la reforma agraria se limitó a dar tierra y financiamiento, excluyendo la formación humana en valores como la educación. Esos fueron algunos motivos del porqué las cooperativas no desarrollaron su potencial como grupos», explica el padre Colato, quien además destaca el papel de los jesuitas en el Bajo Aguán por la defensa activa de la vida, de la tierra y el respeto a la dignidad humana, un trabajo no siempre respaldado por otras órdenes clericales. 

En medio del estímulo productivo de las políticas reformistas, en 1983 el gobierno hondureño cedió al ejército estadounidense 5,724 hectáreas, incluida la finca de El Tumbador, para instalar ahí el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM).

En esos predios colindantes con la Laguna de Guaimoreto, el ejército de EEUU entrenó a militares salvadoreños, hondureños y de la contra nicaragüense, como plataforma de la llamada «Doctrina de la Seguridad Nacional», con la cual combatieron las ideologías, organizaciones o movimientos que, dentro de cada país centroamericano, pudieran favorecer o apoyar al comunismo en el contexto de la Guerra Fría.

Como era de suponer, la presencia de esos cuatro ejércitos en la zona, también inmovilizó la capacidad de denuncia y protesta en las comunidades, ejerciendo durante esa década un estado de control sobre el campesinado del Bajo Aguán, «con la estadía del CREM, toda esta región quedó paralizada. No había organización social, todo era bien pasivo», recuerda Pedro Ulloa, el «historiador» natural de la Guadalupe Carney, quien además es representante en el Observatorio de Derechos Humanos del Aguán y presidente de la Asociación de Padres de Familia del Centro Básico de la Guadalupe Carney.

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Disputa de títulos

Con la instalación del CREM iniciaron los litigios legales de estas tierras, cuando el latifundista norteamericano Temístocles Ramírez, comprobó que en 1975 las había comprado por un costo de 75 mil dólares, demandando al Estado de Honduras por el uso indebido de sus propiedades, exigiendo el pago de 17 millones dólares. Presionado por la Cámara de Representantes de EEUU, el gobierno de Honduras adquirió a título de compra y venta ese predio por el costo impuesto. 

Bajo el ocaso de la Guerra Fría a nivel mundial, la extenuación de las guerras civiles en El Salvador y Guatemala, además de la pérdida electoral del Frente Sandinista en Nicaragua, el CREM cerró operaciones en 1990, dejando las tierras a albedrío del gobierno hondureño.

Es así como el 14 de junio de 1991 la Procuraduría General de la República (PGR) traspasó esos predios en dominio pleno al Instituto Nacional Agrario (INA), con fines y objetivos de la reforma agraria, es decir, para ser repartidos a grupos campesinos organizados sin tierra.

No obstante, desde 1990 hasta 1993, la municipalidad de Trujillo (ciudad que se encuentra a 15 kilómetros de dichos terrenos), vendió las tierras compradas por el Estado hondureño, a terratenientes, corporaciones, policías, ganaderos y políticos.

«Eso significó que las tierras que estaban destinadas exclusivamente para la reforma agraria pasaron a ser parte del mercado, a la compra y venta, para que fueran compradas por terratenientes y agroindustriales, e incentivó la venta de las cooperativas campesinas. Se trató de un Estado negligente que se convirtió en el violador directo de las propias leyes hondureñas», detalla Ismael Moreno.

Amparados por la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, aprobada en 1992, un marco legal de los ajustes económicos neoliberales que permitió la compra y venta de las tierras de la reforma agraria, ganaderos y agroindustriales como René Morales, Henry Osorto, Reynaldo Canales y Miguel Facussé se adueñaron de la mayor parte de las tierras fértiles del antiguo CREM. La finca de El Tumbador, con una extensión de 800 hectáreas, pasó a manos de la Corporación Dinant, una de las empresas agroindustriales más grandes del país

Aquella comercialización -para el campesinado, ilícita- marcó el punto de partida de la disputa entre los campesinos y los nuevos «dueños» de las tierras.

Iglesia comunitaria en la Guadalupe Carney, Colón.

Comunidad «Guadalupe Carney»

Esta es probablemente la única comunidad en Honduras que lleva por nombre la identidad de un desaparecido por la represión militar en los años ochenta. Pero más que un nombre es una simbología histórica. Una posición política y un homenaje a la herencia de un estadounidense de nacimiento, que practicó en el Bajo Aguán el concepto de la iglesia popular al servicio de los desprotegidos.

Un originario de Chicago que en su propia praxis personificó al campesino hondureño, que encontró en su interpretación del catolicismo un medio de representación de la cultura y la conciencia rural del país, estimulando el pensamiento humanista para que el campesinado accediera e hiciera uso de los recursos productivos para una vida más justa. Es la historia de un hombre en constante transformación, una vida que se describe a través de la memoria oral y escrita, relatada por los propios campesinos del Bajo Aguán o en los libros escritos a la luz de las velas por el mismo James Francis Carney, firmados como Guadalupe Carney, o como decía él, simplemente por «Lupe». 

En un principio la comunidad se iba a llamar San Isidro, porque justamente se instalaron en las tierras de la Guadalupe Carney un 15 de mayo del 2000, el día de la fiesta patronal, «pero luego pensamos que sería mejor ponerle el nombre de un mártir en la lucha por adquirir tierra para los campesinos sin tierra. Nos inclinamos por Guadalupe Carney, un sacerdote jesuita, que fue un impulsor de la lucha por la tierra en nuestro país, y que se dedicó a predicar el evangelio en la sociedad. Y por eso lo mataron, lo desaparecieron», explica uno de los fundadores de la comunidad.

La población de la Guadalupe Carney está compuesta por migrantes y damnificados, familias que llegaron en las décadas de los 70 y 80, y otras provenientes de las zonas circundantes que perdieron sus casas a raíz del huracán Mitch en 1998.

Cuando esa población campesina, adherida al Movimiento Campesino del Aguán (MCA), se enteró de que las tierras desocupadas del CREM eran del Estado, por lo tanto, sujetas a la reforma agraria, se organizaron para hacer uso de ellas y presionó al Estado que indemnizara a los terratenientes para facilitar la entrega de las propiedades.

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«Nos encontramos con la necesidad como campesinos de ubicarnos acá desde el Mitch, cuando quedamos damnificados. No teníamos dónde construir una casa ni dónde trabajar. Como somos hondureños, necesitamos de las tierras de Honduras. Nosotros nos organizamos porque teníamos la necesidad de obtener un pedazo de tierra, de tener una vivienda», detalla Francisco Ramírez, un campesino de la Guadalupe Carney que diez años después de esa reubicación, sobreviviría al impacto de una bala en su rostro durante la masacre de El Tumbador.

Sin embargo, cuando los pobladores llegaron a estos predios, los terratenientes que habían sido indemnizados no habían desalojado las 5,724 hectáreas, «las empresas rurales se encontraron frente a un Estado que se alianza con la oligarquía, que no actúa en correspondencia para que la ley se haga efectiva en defensa y protección de las tierras y los campesinos. Ellos tienen el pleno derecho no solamente de incursionar en esas tierras sino también de trabajarlas porque por derecho les corresponde», opina Ismael Moreno, más conocido como el padre «Melo».

Fue así como la Guadalupe Carney nace, cuando en Honduras nada parecía indicar que las organizaciones campesinas retomarían las defensas de la tierra. «Sin embargo, en el 2000 ellos mostraron que la lucha agraria no solamente seguía siendo vigente, sino que era todavía más urgente impulsarla, un factor decisivo para que la dignidad de los campesinos se respete, para que se resuelvan los grandes problemas de las desigualdades que hay en el país», comenta el director de Radio Progreso.

Actualmente el pueblo tiene unos tres mil habitantes. Hay una dirección general, una junta de agua y una asociación de padres de familia, «tenemos la estructura para poder encaminar la comunidad», dice entusiasmado Guadalupe Vásquez, presidente del patronato de la comunidad, quien trabajó por ocho años en las plantaciones de la Corporación Dinant y cuñado de uno de los campesinos asesinados en la masacre de El Tumbador.

En un inicio, la comunidad se instaló en un antiguo campamento desocupado por el CREM, luego fueron trasladados a su actual ubicación. En su conjunto se trataba de un campesinado que fue excluido por los préstamos y de la asistencia técnica del Estado durante la reforma agraria, al no formar parte de las cooperativas de palma africana, «eran grupos de productores de granos básicos, por lo que no tuvieron apoyo y se habían visto obligados a emigrar del valle», añade Ismael Moreno.

Campesino en la Guadalupe Carney, trabajando la cosecha de palma africana. Colón, Honduras.
Campesino en la Guadalupe Carney, trabajando la cosecha de palma africana. Colón, Honduras.

Recuperaciones de tierra

Una vez instalados en la zona, en 2003 el MCA inició el proceso para recuperar las 5,724 hectáreas del antiguo CREM, «si el Estado no hace propuestas le toca a la comunidad tomar decisiones», explica Guadalupe Vásquez, cuando recuerda aquellas primeras acciones que años después también desembocarían en experiencias traumáticas para la población.

Durante los primeros años los logros fueron sustanciales para el campesinado, recuperando diversos predios, sin muchos incidentes, «yo aquí tengo una inversión y si me pagan no hay problema; si estas tierras están asignadas a ustedes, no hay problema», respondían algunos de los supuestos dueños de los predios dentro del antiguo CREM, beneficiados por un decreto en el 2001 con el cual se otorgaron 30 millones de lempiras para sanear esas tierras. Pero después, no todos los terratenientes respondieron de la misma manera.

Luego de recuperar un poco más de 3,000 hectáreas, aún restaban varios terrenos por rescatar, entre ellos el predio de El Tumbador. «En el 2003 contemplamos entrar a esa finca, pero un sacerdote nos aconsejó que esperáramos porque estábamos agotados, desvelados y con poca comida. Que tomáramos un tiempo para descansar, porque esa propiedad era la más peligrosa», comenta Ulloa, quien en el 2010 tuvo que refugiarse detrás de unos matorrales para no ser asesinado, como sucedió con cinco de sus compañeros del MCA.

Después del 2003 las recuperaciones de las tierras se detuvieron. Las 800 hectáreas de El Tumbador permanecían ahí, sembradas de palma africana por la Corporación Dinant, cultivadas por algunos miembros de la Guadalupe Carney, quien por 150 lempiras (siete dólares) diarios accedían a trabajar en esa finca para tener algún ingreso económico, por muy modesto que fuera.

Años después, el litigio retomó vigencia y ante los reclamos del MCA, el INA accedió a pedirle a Miguel Facussé la documentación legal de esa propiedad, pero ésta no fue presentada. El caso pasó al Consejo Agrario, «ellos dictaminaron a favor de él, porque obviamente estaban a favor de las cúpulas empresariales», opina Ulloa. Pero la disputa no terminaría ahí.

El 2008 estuvo marcado por enfrentamientos violentos, provocando muertes en ambos sectores. Ese año, tanto a los terratenientes como a los campesinos les tocó enterrar personas afines, por lo que el conflicto se mediatizaría a nivel nacional, para luego volver a desaparecer de las planas, como si con las misas de novenario se acabaran las visitas de los periodistas.

«Los terratenientes siendo defendidos, protegidos y bajo el amparo del Estado pusieron en algunas ocasiones a través de los medios de comunicación a los campesinos como los victimarios, como los responsables del conflicto», explica el padre Ismael Moreno, quien junto a investigadores del ERIC-SJ, analizan constantemente el abordaje mediático de los temas agrarios.

Ante la ausencia de un ente legal en la región que diera seguimiento a las confrontaciones, la incertidumbre aumentó en ambos bandos, mientras los líderes del MCA, a diferencia de sus adversarios, fueron procesados por el Ministerio Público.

Después del golpe de Estado de 2009, y a pesar de la judicialización de muchos de sus miembros, el MCA se reestableció junto a otras organizaciones populares, campesinas y sociales, para retomar la recuperación de las cinco propiedades aún con urgencia de ser saneadas, que arrastraban negociaciones caídas.

En medio de un contexto nacional política e ideológicamente polarizado, proclamaron que su resistencia no la iban a hacer solo en las calles, sino recuperando tierras. Un año después la masacre enlutaría a toda la comunidad de la Guadalupe Carney y confirmarían que sí, la tierra de El Tumbador, la que Miguel Facussé aducía propia, era la más peligrosa.

Niño de la "Guadalupe Carney" trabajando en la cosecha de palma africana. Colón, Honduras.
Niño de la “Guadalupe Carney” trabajando en la cosecha de palma africana. Colón, Honduras.

Recuperación de «El Tumbador»

El 6 de abril de 2010 el MCA decidió entrar por primera vez a la finca de El Tumbador, considerando las condiciones favorables para su recuperación. «En ese entonces había pasividad. Cuando una comisión nuestra se sentó con los guardias del predio, ellos respondieron que “el patrón siempre ha dicho que estas tierras van a ser para los campesinos, nosotros reconocemos que sí, pero lo vamos a consultar”», detalla Pedro Ulloa. Luego de un par de llamadas telefónicas, los veladores accedieron al acuerdo, por lo cual los campesinos trabajaron en esa finca desde abril hasta agosto de ese año.

No obstante, en otras zonas del Bajo Aguán, miembros del Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán (MARCA) y del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), habían reactivado sus propias recuperaciones, por lo que la región de nuevo se tensaría y el gobierno militarizó diferentes puntos de la zona.

«Además supimos que la Dinant estaba entrenando y organizando unos 300 hombres para reforzar su guardia. Empezaron a darse desalojos masivos a campesinos del MARCA y el MUCA. Entonces el 30 de agosto de 2010 decidimos retirarnos de El Tumbador», recuerda Ulloa, quien se define curioso por la historia, por lo que siempre apunta datos y reflexiones en un diario que lleva consigo, cuadernos en los cuales confiesa no haber escrito todo lo que ha presenciado, por temor a que alguna vez le cateen y hallen sus escritos.

Después de la retirada preventiva de la finca, el MCA inició de nuevo conversaciones con el INA. Los campesinos recuerdan que el entonces ministro, César Ham, les dijo: «el proceso va, el proceso legal yo lo llevo, pero si ustedes no meten presión allá, lo vamos a parar. Recuperen esa finca, yo no les voy a fallar. Ustedes saben que las conquistas de las tierras se hacen con fuerza».

A pesar de la desconfianza que tenían hacia las autoridades, las palabras de César Ham, a quien Miguel Facussé se refería como el «oso negro», indujeron a que el MCA replanteara sus estrategias.

En las reuniones, algunas voces como la de Pedro Ulloa, advirtieron los peligros que corrían al regresar a El Tumbador bajo esas condiciones, «yo les dije que en ese momento no teníamos la suficiente logística, que faltaba organización, que nos preparáramos mejor, que esperáramos, pero hubo un compañero que me dijo: “el que tenga miedo que no vaya, porque aquí el hambre no espera”, pensaron que yo no quería ir, no era así, solo era de prepararnos más, pero yo los entiendo, la comunidad estaba frustrada, decaída, desintegrada y desanimada..».

Apenas un día antes, el MCA resolvió entrar a El Tumbador el 15 de noviembre de 2010. En el pleno decidieron que 180 personas saldrían de la comunidad Guadalupe Carney a las cuatro de la mañana, para llegar a la finca a las 6:30. A esa hora hablarían con los guardias del predio, como lo habían hecho en abril de ese año.

A primeras horas de la mañana de la recuperación, agrupados en tres grupos, algunos campesinos tomaron sus bicicletas, los que podían en carro y otros se fueron caminando con sus herramientas de trabajo en mano, «porque estábamos seguros que ese mismo día trabajaríamos en las tierras… pero antes de llegar al portón donde inicia la propiedad de Miguel Facussé, nos encontramos con la emboscada que nos atacó con balas», detalla Francisco Ramírez, quien fue uno de los primeros campesinos en recibir un balazo, destruyéndole el maxilar superior.

Campesinos del bajo Aguán, Colón, Honduras.
Campesinos del bajo Aguán, Colón, Honduras.

Masacre

Según relatos de los campesinos, aproximadamente a las 6:30 de la mañana ellos caminaron hacia el portón de ingreso de «El Tumbador», cuando a menos de medio kilómetro de distancia, fueron atacados con armas de fuego por los guardias de seguridad de la finca, pertenecientes a la Empresa de Seguridad Privada «Orión».

Desde otro sector, dos campesinos que cumplían labores de vigías, advirtieron a los demás sobre el ingreso de siete vehículos que transportaban a un grupo de hombres armados, que en ese momento tomaban el desvío hacia «El Tumbador».

Otro sobreviviente comentó que, «en esos carros iban hombres vestidos con prendas de guardias de seguridad, otros con prendas de uso privativo de las fuerzas militares. Y en uno de los vehículos se veía una ametralladora 0.50, como las que son utilizadas por el XV Batallón y la Naval, y otras armas de largo alcance».

Otros habitantes expusieron haber observado la llegada de dos camiones «tipo comandos» de los que se bajaron unidades militares adscritas al Décimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales, ubicado en Rio Claro, Trujillo, Colón. Según sus declaraciones, vieron cuando se quitaron las prendas militares, para colocarse vestimentas de uso civil.

Según los sobrevivientes, los hombres utilizaron diferentes armas de guerra, distinguiendo AK-47, una ametralladora M-60, M-16, R-15 y varias subametralladoras.

Arcadia Ramos no había podido asistir a la reunión del día anterior, pero había sido avisada de la recuperación, por lo que a las 5:30 de la mañana estaba lista para recorrer los cinco kilómetros que separan a la Guadalupe Carney de El Tumbador, ella era una de las encargadas para llevar la comida, la que comerían, si todo salía bien, bajo las sombras de las palmas africanas. Pero a las seis de la mañana, cuando caminaba, le tocó auxiliar a los heridos que cargaban otros campesinos.

«Asustadas nos quedamos en el monte, escuchamos unas descargas. Eran bañadas de tiros y gritos de hombres. Ellos decían, “¿así quieren? Denle, mátenlos, no les tengan miedo”; luego fuimos a la calle y nos agarraron del pelo, nos quitaron las botas, los calcetines, nos hurgaron las maletas, nos tiraron la comida, nos dieron agua de unos charcos y nos decían: “miren esos muertos que hay ahí, ¿Saben quiénes son?”, nosotros les dijimos no, que solo íbamos a trabajar. Nos amenazaron con cuchillos y a algunas las agarraron a patadas. Luego llegó como el jefe y los otros le preguntaron: “¿entonces qué ondas con estas mujeres, las vamos a matar o qué?”. Él respondió que no, que había que entrevistarlas y tomarles una foto, y amenazó que, si abríamos la boca divulgando información, entonces sí nos iban a matar», explica Arcadia, quien al haber trabajado anteriormente en una de las extractoras de la Corporación Dinant, aduce haber reconocido ese día en los agresores, a algunos de los vigilantes de la empresa agroindustrial.

Tras el ataque, que duró un par de horas, fallecieron: Ciriaco de Jesús Muñoz (50), Ignacio Reyes García (53), Raúl Castillo (48), Teodoro Acosta (39) y José Luis Sauceda Pastrana (26).

«La comunidad estaba frustrada. Cuando tuvimos a la vista los cinco cadáveres, velándolos, estábamos consternados. En la comunidad decíamos: “hemos fracasado. ¿Qué vamos a hacer ahora?”. No teníamos una salida y una respuesta a tanta incertidumbre que se sentía. Empezamos a buscar cómo se iba a hacer el proceso para que los responsables del caso fueran judicializados. No había respuesta», comenta Pedro Ulloa.

Francisco Ramírez, quien ahora es coordinador de un kínder en la Guadalupe Carney, se toca la cicatriz que lleva en su rostro, al haber sido uno de los cuatro heridos de bala que sobrevivieron al ataque, y entre sollozos, comenta, «eso fue duro. Nos afectó mucho. La comunidad quedó con temor de que Miguel Facussé actuara de nuevo. Yo todavía casi no salgo, solo de la casa a la propiedad y me muevo dentro de la comunidad. La gente desde entonces guarda temor».

La comunidad de campesinos Guadalupe Carney está ubicada en el bajo Aguán, departamento de Colón en Honduras.
La comunidad de campesinos Guadalupe Carney está ubicada en el bajo Aguán, departamento de Colón en Honduras.

Una declaración «confesa»

El día siguiente de la masacre, los periódicos publicaron fotografías de los asesinados, destacando unas AK-47 entre sus cuerpos, que según los campesinos y las organizaciones de Derechos Humanos que han seguido el caso, fueron armas de fuego colocadas por los propios victimarios. 

Otras reacciones llenaron las páginas de los diferentes medios impresos. Abogados de la Corporación Dinant dijeron que los campesinos habían invadido la finca «a nombre del INA», a lo cual César Ham argumentó que agotarían las vías fiscales, pero que a «esa empresa no la habían demandado, porque las autoridades anteriores estaban confabuladas con los dueños», y mientras mostraba la escritura pública del título de tierra girado por la PGR, «responsabilizaba a Miguel Facussé de cualquier situación que le ocurriera a él, a su familia o a cualquier funcionario del INA». Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Defensa anunciaba que un contingente de policías y militares tomarían el control de la zona para «evitar más derramamiento de sangre». El entonces Presidente Porfirio Lobo Sosa, giró desde Taiwán las instrucciones para un desarme general en el Bajo Aguán. Mientras tanto, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, señaló que «Hugo Chávez, desde Venezuela, a través de sus “comparsas” en Honduras, estaban generando el caos, para agenciarse de los problemas de los hondureños». El entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, recomendó a ambas partes dialogar, porque «se estaba empañando la imagen del país a nivel internacional, lo que impedía seguridad en las inversiones extranjeras». Días después, la Secretaría de Seguridad expresaría que «investigaban nexos de los campesinos en el Bajo Aguán con grupos terroristas del sur, específicamente con el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)».

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El empresario Miguel Facussé Barjúm (1928-2015) es uno de las figuras más influyentes de la política nacional de finales del siglo XX en Honduras y uno de los actores más importantes del conflicto agrario en todo el país.

No obstante, hubo una declaración que llamó la atención sobre todas las demás, que la coordinadora del COFADEH, Bertha Oliva, define como «confesa por parte del perpetrador». Se trata de las declaraciones textuales dadas por el empresario Miguel Facussé el 16 de noviembre en el programa televisivo «Frente a Frente» y que fueron publicadas en la sección de «Nacionales» del diario La Tribuna, el miércoles 17 de noviembre de 2010, bajo la nota: «Reto al ministro a comprobar titularidad de las tierras en los tribunales: Facussé”»:

«El señor Ham sigue siendo un oso, pero no blanco, sino que de esos negros asesinos (…). El asesino de esa gente fue usted [dirigiéndose al ministro del INA]. Los campesinos llegaron diciendo que usted les había dicho que esas tierras eran de ellos y le dieron a mi gente cinco minutos para desalojarlos, allí empezó la tirazón (…). Venían con armas, pero usted los expuso sabiendo que teníamos seguridad para nuestros terrenos, a que los mataran, usted es el asesino (…). Así es que Ham ya calmate, vamos a los tribunales, dejá de hacer política, te has convertido en un asesino, porque mandaste a esos pobres hombres, los mandaste a la muerte. Sabías que nosotros estábamos armados y dispuestos a defender nuestros terrenos”.

Para Pedro Ulloa, esas declaraciones comprometieron al empresario, al «declarar que ellos tenían gente armada». El padre Ismael Moreno opina que esas palabras volvieron la masacre de El Tumbador, aún más emblemática, ya que «hubo un reconocimiento público por parte de un ciudadano de haber hecho uso de las armas para asesinar a los campesinos, acusándolos de usurpadores y de invasores de tierra. Por lo tanto, ahí tenemos también una expresión del sicariato colectivo, al usar el ejército para la defensa de grupos privados y además nos encontramos con la absoluta negligencia del Ministerio Público (MP) para actuar en correspondencia, al tener a una persona que confesó haber usado armas y de haber enviado a su seguridad privada para asesinar a los campesinos».

El jesuita explica que el MP al no actuar, permitió la ilegalidad y asumió el delito como un derecho de los terratenientes, «nos encontramos con un conflicto profundamente agrario que por no haberlo resuelto, el Estado llevó a ese grado de conflictividad con los terratenientes, quienes colocan a los campesinos como responsables mismos de la masacre».

Ante las declaraciones del ahora occiso empresario, Bertha Oliva, opina que la responsabilidad de la confesión ahora recae en la Corporación Dinant, «ese es nuestro propósito cuando hablamos de fortalecimiento del estado de derecho, que no es imponer porque yo tengo plata, a costa del sacrificio y sometimiento de la muerte de campesinos».

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Impunidad

El 18 de enero de 2013, la abogada del COFADEH, Carol Cárdenas, se apersonó a la audiencia inicial del caso de El Tumbador. El requerimiento fiscal había sido presentado por el delito de homicidio en perjuicio de cinco campesinos. Además de un requerimiento presentado en contra de cuatro guardias de seguridad y un ingeniero que estaba al mando de la logística dentro de la empresa el día de la masacre.

«Pero no se nos permitió estar en la audiencia inicial, argumentando que no teníamos una representación legal, a pesar de que íbamos acompañados por las viudas», explica la abogada, recordando que el juez argumentó que no se podían comprobar a las mujeres como viudas, al no tener legalmente una unión de hecho con los fallecidos, una figura civil no practicada en Honduras.

A pesar de las declaraciones de los testigos, tampoco hubo auto de prisión contra los supuestos autores materiales de la masacre, «el juez decretó un sobreseimiento provisional argumentando, que si bien es cierto se confirmó que el hecho había pasado, no se acreditó que los imputados hubieran participado en el mismo», explica Cárdenas, sin importar que los testigos dieron nombres de los posibles imputados.

Posteriormente el MP no increpó la decisión en los tres días posibles, aunque para la abogada, sí había elementos para presentar la apelación. «No solo no cumplieron con eso, sino que hasta la fecha el MP no ha presentado nuevos elementos para reabrir el caso. Hemos sostenido pláticas y reuniones con el coordinador de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA) y solo argumentan que están en secretividad, manifiestan que ellos saben dónde hay testigos pero que los testigos tienen miedo porque están acusados por otros procesos», detalla, por lo que considera que la investigación ha girado en contra de los testigos para obstruir el proceso.

Para Carol Cárdenas, el caso no avanza por el peso económico y político de la persona en quien recae la responsabilidad intelectual, «alguien reconocido, era un alto empresario. También las personas que están involucradas en este hecho eran personas encargadas de la finca y me imagino que es personal clave. También debido a la influencia que tiene la familia Facussé en los entes judiciales».

A más de cinco años después de la masacre, la investigación del caso está detenida, resultados concretos no hay, pese a las solicitudes por escrito que ha hecho el cuerpo legal del COFADEH. La respuesta que obtienen es reiterativa: que el proceso es secreto; pero «el código es claro, no puede haber secretividad para las partes, secretividad para el público en general sí, pero a nosotros como representantes de las víctimas no pueden mantenernos el trabajo así», añade la abogada.

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Denuncia internacional

Para Bertha Oliva, la actitud asumida por las autoridades es la que les «preocupa cada día más, ya que en casos como estos no es el tiempo el que se encarga de resolver el problema, sino cuando hay una autoridad preocupada para llevar a los perpetradores ante las instancias nacionales de justicia, pero en este proceso hemos visto un menosprecio en el abordaje del tema por parte de ellos».

El COFADEH no ha tenido la respuesta deseada, la que demandan las familias, los pobladores de la Guadalupe Carney, «la respuesta que exige la ciudadanía cuando hay un caso tan oprobioso como el de El Tumbador», expresa Oliva, quien además denuncia que con las exhumaciones que se han llevado a cabo de los cuerpos de los asesinados, se han borrado evidencias y acumulado justificaciones sin protocolos científicos, acciones que también afectan la parte emocional y psicológica de los familiares de las víctimas.

«Considero que estos son casos que hablamos de impunidad, pero también de corrupción en la aplicación de la justicia. También de manipulación en el abordaje del tema. Este no ha sido un caso aislado de un proyecto de exterminio y de intimidación para la población campesina. Es un caso que se da en un contexto de represión y eso lo hace emblemático», añade.

No obstante, esta organización que trabaja con los dolientes, sobrevivientes y familiares de las víctimas, llevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «porque en un país donde la mayor ausencia es la aplicación de justicia, al agotar sus procedimientos internos, hay que denunciarlo por otras vías», explica Bertha Oliva, quien espera que con esta acción el Estado reflexione sobre su incapacidad de implementar justicia.

«Es bochornoso para un país que tenga que intervenir un tribunal internacional a decirle “cometiste, fuiste indiferente y cómplice por inacción en tal caso”. No sienta bases de un país encaminado a democratizar y a fortalecer su institucionalidad, al contrario, cuando se lleva un caso afuera es porque la institucionalidad establecida no responde para lo que fue creada», señala.

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Panoramas

Sin caer en fatalismos, el padre Colato no augura «buenas noticias» para el futuro próximo del Bajo Aguán, preocupado por el conflicto del narcotráfico, que para él ha venido a complejizar aún más la zona, y una institucionalidad que recae en «pocas manos», el jesuita comenta que el escenario no se ve menos difícil a «corto plazo», pero confiesa creer «en la firmeza de los campesinos en formarse, defender y dignificar sus luchas, eso también es la esperanza».

Para cambiar el orden del poder en la región, opina que será necesaria una lucha organizada a nivel nacional, «con demandas y propuestas concretas para exigir el proceso de reforma agraria. Que realmente el campesino y la reforma sean acompañados por expertos en producción, administración, formación y comercialización».

Por su parte, Pedro Ulloa explica que para revertir la situación, la gente debe fortalecer su concepto organizativo, «de que las cosas no se deben hacer solo porque se nos ocurre. Hay que planificar y ver qué nos favorece o no. La gente aún es emocional, por lo que debemos fortalecer su visión política, la formalidad en lo que piensa y lo que hace». Él manifiesta que a raíz de su pensamiento algunos lo han tildado de formar parte de la «oposición», pero explica, «yo estoy pensando en la prevención».

El padre «Melo» enfatiza el papel del Estado, «que ha estado firmemente comprometido con la oligarquía hondureña y ha abandonado al campesinado hondureño».

«En las muertes que han ocurrido en la Guadalupe Carney y en el Bajo Aguán, el único responsable es el Estado hondureño. Porque desde los años 80 debió haber actuado en correspondencia, fue no solo negligente sino protector de la ilegalidad y a los que ilegalmente se fueron apropiando de la tierra. Por lo que se le debe pedir estrictamente cuentas de lo que ha ocurrido en el Aguán y lo que seguirá ocurriendo, si no hay respuesta al conflicto agrario que sigue acumulándose en la región», detalla.

La campesina Arcadia Ramos es clara y refleja el pensamiento de la gran mayoría. Seguirán intentando recuperar esa finca, porque «es nuestra y nosotros la queremos todavía, por todas esas familias que se quedaron sin su papá, eso no se puede quedar así».

Investigación y redacción: Ariel Torres Funes
Asistente de Investigación: Claudia Sevilla Ardón
Fotografías: Dany Barrientos
Reportaje impulsado por la campaña «Alto al Riesgo», compuesta por COFADEH, FIAN y CEHPRODEC.

One comment

  • Reina estrada

    junio 27, 2016 at 5:04 pm

    En Este articulo se puede ver como nuestros gobiernos han abandonado Por completo al pueblo campesino y con ello el futuro del pueblo de Honduras. Si nuestros gobiernos tuvieran un poquito de amor Por Honduras, protegerian al campesino y les apoya roan pues eso garantizaria seguridad ailmentaria para toda la poblacion. Desgraciadente la corruption de nuestros gobiernos es tan grande que no hay espacio publico libre de putrefaction…gracias Por Este precioso articulo que con Claros detalles el sufrimiento de nuestro pueblo campesino y con ello el
    Compromiso de todo un pueblo Por que se haga justicia a Los y las olvidados- Los descalsos, Los y las que que nos cultivar nuestros alimentos..

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