La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural presentó un requerimiento fiscal en contra de Marlon Escoto, exminsitro de educación, por los supuestos delitos de usurpación de tierras y daños agravados en perjuicio de la comunidad Pech, de Culuco, Dulce Nombre de Culmí, Olancho.
La Federación de Tribus Pech de Honduras (Fetriph) recibió el 31 de julio de 2013 del Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF) el título de propiedad en dominio pleno a favor de la etnia Pech de Culuco, pero el 29 de mayo de este año, la Fetriph interpuso una denuncia en contra de Marlon Escoto, quien en marzo comenzó trabajos en la zona, apropiandose de un área de unas 405 manzanas de terreno, dentro del terreno que abarca el título comunitario.
Desde abril Escoto comenzó a trabajar la tierra realizando quemas y sembrando semillas mejoras, lo que según la denuncia ha causado un daño al terreno, lo que constituye el delito de daños agravados.
Dicho predio comunal ocupa con una extensión de un poco más de dos mil 821 hectáreas, en la zona de amortiguamiento de la RHBRP, registrado en el Sistema Unificado de Registros del Instituto de la Propiedad con código registral número 1505-0508-00059. El título constituye un patrimonio inembargable, intransferible, indivisible e imprescriptible de la Tribu Indígena Pech de Culuco.
La fiscalía ha declarado que en la investigación se constató que Alva Marlene López Moreno, se declaró heredera sin testamento de un terreno de 104 manzanas de su fallecido esposo Mario Isabel Sánchez Hernández, en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, mismas que no han sido inscritas debido a que están dentro de una área forestal de la La Reserva de la Humanidad y Biosfera del Río Plátano (RHBRP) y que son las que se habrían prometido en venta a Marlon Escoto.
Es de recordar que la UNESCO, declaró la Biosfera del Río Plátano, Patrimonio de la Humanidad, en estricta observancia y cumplimiento del Convenio 169 de OIT, la Constitución de la República, Ley de Propiedad y Ley Forestal, con opinión emitida por la Procuraduría General de la República (PGR).
Por su parte, Escoto ha declarado que no se ha cometido ninguno de los delitos de los que se le acusa y que incluso fue la comunidad la que le sugirió hacer la compra de un terreno (el terreno de la señora Alva Marlene López Moreno) según Escoto la hacienda ya tiene 30 años de existir, pero la comunidad indígena extendió su título comunitario y esa extensión comprende parte de esa propiedad.
Escoto afirmar que la compra fue de buena fe y ha sido detenida para solucionar esta situación y, asegura que el requerimiento debe ser para las personas que están vendiendo el terreno.
“Lo que es de ellos y está en su título así debe ser y así debe corresponder, lo que se debe establecer es el vínculo con la persona que ha tenido en venta la propiedad para que se establezcan esos límites y se aclare la situación”, declaró Escoto.
Escoto asegura que él ha hablado con la comunidad y que también se han sorprendido por situación y dice que está dispuesto a colaborar para que se haga efectivo el derecho de la comunidad. Lamenta que este tema se haya mediatizado y reitera su disposición de llegar a un acuerdo porque lo más importante es la relación con la comunidad y definir el área, costos o la devolución del terreno que no está completamente saneado.
