11/6/2019
Por Gilberto Ríos Munguía (•)
Los gremios médico y magisterial lograron retomar la calle al demandar la derogación de los decretos de reestructuración de los sectores de Salud y Educación, que corrían grave peligro de despidos masivos y reducción de presupuesto por las presiones de ajuste fiscal por parte del Fondo Monetario Internacional desde su visita de Marzo; a medidos de abril la presencia en la calle de ambos gremios se hizo sentir con el acompañamiento de los /as estudiantes universitarios y la ciudadanía consciente.
Tras las protestas del 29 y 30 de abril, los decretos tuvieron que ser retirados por sus mocionantes: el propio Presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva, quien un día antes se había burlado con risas sarcásticas de la oposición en el hemiciclo, tuvo que anunciar muy seriamente su derrota. Según algunos analistas, la derrota fue doble para Oliva ya que él pretendía ser el buen alumno del FMI para demostrar sus capacidades serviles a los intereses de los organismos financieros internacionales, condición sine qua non de los que aspiran a una candidatura presidencial por los partidos que representan la élite.
Los gremios aglutinados en la Plataforma de Lucha en Defensa de la Salud y la Educación Pública, no se quedaron ahí, inmediatamente plantearon la necesidad de la derogación de los decretos de emergencia de Presidencia y Consejo de Ministros (Decretos PCM), mediante los cuales el ejecutivo podría operar los despedidos masivos tanto en el área de Educación y como en la de Salud Pública; algunos de estos decretos habían sido aprobados en el marco de la represión contra los gremios luego de las luchas contra el golpe de estado de 2009. Las movilizaciones fueron masivas, a nivel nacional y con amplio apoyo de otros sectores, pero el síntoma era ya diferente, más allá de la derogación de los decretos, la ciudadanía coreaba el famoso “¡fuera joh”! (Fuera Juan Orlando Hernández), que más bien encarna una demanda de carácter político y la necesidad de lograr la salida del Partido Nacional de la administración del Gobierno.
En los primeros días de junio el régimen cedía nuevamente ante las presiones de la calle y derogaba los decretos de emergencia; inmediatamente aprobaba nuevos decretos PCM, (sin que existiera reunión del Consejo de Ministros), en los que se especifica que no se harán despidos masivos ni se tomaran represalias contra los manifestantes, entre otras garantías. No obstante existen ambigüedades y son peligrosas viniendo de un gobernante que ha faltado un sinnúmero de veces los acuerdos; ¿Se pretendía con esto lograr únicamente la desmovilización? ¿Por qué durante 10 años se sigue administrando la salud y la educación pública del país con Decretos de Emergencia? Además sin los PCM en funciones el Gobierno debía volver a las leyes que garantizan la carrera docente (Estatuto del Docente) y del gremio médico (Estatuto del Médico Empleado).
Por su parte el Partido Libertad y Refundación Libre, ha manifestado su apoyo irrestricto a la lucha de la Plataforma, guardando una distancia prudente por la enorme campaña de desprestigio que ha desatado el régimen por todos los medios, tratando de desacreditar la lucha gremial, arguyendo que son “intereses políticos” los que motivan a los sectores sociales a salir a la calle y que “todo se trata de una estrategia de desestabilización de la oposición para debilitar al gobierno”. Aun así, la bancada del Partido Libre se ha declarado en Insurrección Legislativa, llevando a cabo protestas desde el hemiciclo e impidiendo se continúen aprobando leyes lesivas a los intereses populares.
Las calles y carreteras del país dan testimonio de otro nivel de consciencia de la población; el pueblo ha adquirido confianza en sus posibilidades de cambiar la correlación de fuerzas del régimen opresor y las fuerzas opositoras; acá están jugando ya no solo intereses de los sectores populares propiamente hablando, sino de empresarios, iglesia católica, otros partidos de oposición, capas medias de profesionales, etc. que demandan también el cambio o el fin del gobierno y la necesidad de enrumbar al país por un camino democrático.
En los últimos días el Comando Sur ha informado de la presencia de 300 marines norteamericanos en territorio nacional, lo mismo que la presencia militar en tres países más en Centro América: Belice, Guatemala y El Salvador, supuestamente para auxiliar a las fuerzas nacionales en caso de desastres naturales (¿?); lo mismo que en medios alternativos han circulado imágenes de movimientos militares del ejército de Honduras en varios sectores del país. Los rumores y las especulaciones no se han hecho esperar: unos manifiestan que “los mismo gringos se llevarán a joh”, esto por las vinculaciones con el narcotráfico (tomando en cuenta que su hermano Tony Hernández ya está siendo juzgado en un tribunal del sur de Nueva York por tráfico de toneladas de cocaína), otros dicen que serán los mismos militares los que planean un golpe de estado, para evitar ser extraditados o porque se ha irrespetado la carrera militar por parte del mandatario que se ha saltado los ascensos de las promociones 22, 23 y 24 del ejército, colocando en los altos mandos a cercanos amigos y colaboradores de la institución castrense.
En Honduras muchas cosas podrían pasar, las lecciones de las recientes jornadas de lucha apuntan a una agudización mayor de las contradicciones, sobre todo por la sana insistencia de la Plataforma de continuar la movilización popular y el enorme apoyo de la opinión pública y otras fuerzas de oposición importantes en el país. Un maestro de la dirigencia es entrevistado en la calle y con mucha consciencia política ante la pregunta de si lo que buscan es el fin del régimen, contesta: “nosotros somos el frente de masas y estamos cumpliendo con nuestro papel, ahora faltan las vanguardias políticas que asuman su responsabilidad histórica”.
(•)Dirigente del Partido Libertad y Refundación.
