Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia el sábado 1 de diciembre, en una ceremonia cargada de incertidumbre. AMLO, que peleó por el cargo durante doce años, hereda un México lleno de crisis profundas, y sus desiciones marcarán el rumbo de su legado.
La primera crisis que enfrenta es el crimen. Según Falko Ernst de Crisis Group, al menos 200,000 personas han sido asesinadas o desaparecidas desde el inicio de la “guerra contra las drogas” en México a finales de 2006, y la violencia está empeorando. 2018 ya ha superado a 2017 como el año con el mayor número de homicidios de acuerdo a los registros del país. Detrás del aumento de la tasa de homicidios, hay un ciclo de fallidos intentos de reformar las instituciones estatales – sobre todo frenar la corrupción y la colusión policial con el crimen organizado – y la mutación del crimen organizado.
La Guerra contra las drogas comenzó el 11 de diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón anunció un operativo contra el crimen organizado en el estado de Michoacán, donde a lo largo de 2006 se habían contabilizado cerca de 500 asesinatos entre miembros de los cárteles del narcotráfico. Para enfrentarlos, el gobierno mexicano privilegió el uso de las fuerzas armadas, movilizando además a la Policía Federal en compañía de los cuerpos de seguridad de cada entidad federativa y de diversos municipios, el ejército y la marina.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, hasta marzo de 2010 se había detenido a 121.199 personas a las cuales se ha vinculado con grupos del crimen organizado. Los grupos más afectados por las detenciones son los cárteles del Golfo y Los Zetas.
Entre diciembre de 2006 y enero de 2012 se estima que murieron alrededor de 60.000 personas mediante ejecuciones, enfrentamientos entre bandas rivales y agresiones a la autoridad. Este número de víctimas engloba a narcotraficantes, efectivos de los cuerpos de seguridad y civiles. Entre los civiles se encuentran periodistas, defensores de los derechos humanos y personas sin identidad o no identificadas que son ejecutadas por los cárteles. Otras estimaciones llegan a contabilizar hasta 150 mil muertos. Se desconoce con precisión el número de asesinatos de personas sin relación con actividades delictivas —que son llamadas «daños colaterales» por el gobierno—, los cuales han sido denunciados por diversas organizaciones.
Según Crisis Group, hace 10 años había un puñado de organizaciones criminales dedicadas ante todo al tráfico de drogas en México. Ahora, méxico se parece más a un mosaico de conflictos armados regionales, una colección de narco que se pelean entre sí por parches de territorio y que se aprovechan de las poblaciones civiles para obtener ingresos a través de la extorsión, mientras siguen vendiendo drogas ilegales.
La segunda gran crisis que deberá enfrentar el nuevo gobierno de López Obrador, son las “caravanas” de centroamericanos que buscan llegar a los EE.UU. La xenofobia, ahora evidente en un segmento de la población mexicana tensa aún más las relaciones entre México y EE.UU.
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Continúa el análisis de Crisis Group: Para López Obrador, las “caravanas” plantean un agudo dilema: muchos mexicanos le reprocharían sucumbir a la presión de Trump, viéndolo como una traición a su promesa de campaña de proteger los derechos básicos de los migrantes centroamericanos. Dicho esto, complacer a Trump podría prevenir fricciones no deseadas con los EE.UU. y las posibles consecuencias económicas que podrían generar.
Y el tercer desafío que parece crear polémica en México, son las consultas populares que ha anunciado realizará para reforzar sus políticas sobre seguridad, justicia y proyectos de infraestructura, como la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México. El ingreso del gobierno de México a una constante dinámica electoral hará eco en las estrategias de Hugo Chávez de mantener en constante consulta popular hasta lograr los cambios que necesitaba en la constitución para lograr su proyecto político.
El partido de López Obrador ha llevado ya a cabo una serie de consultas populares, sin supervisión independiente y con una participación de votantes alrededor del 1 por ciento, que le han dado a las políticas apoyadas por el presidente entrante una mayoría aplastante de más del 90 por ciento de los votos. El presidente electo y sus aliados muestran esto como expresiones de la voluntad popular pese a la limitada participación, pero la oposición podría tomarlo como un ejemplo de querer cubrir las decisiones sobre temas complejos de la política del país en un ficticio apoyo popular.
Por otro lado continúa la depreciación del peso mexicano y la disminución de la inversión extranjera directa, Falko Ernst afirma que esto supone un desafío para López Obrador, quién busca implementar ambiciosos programas sociales dirigidos a tratar las raíces socioeconómicas del crimen organizado. López Obrador ha hecho esfuerzos para conquistar a las elites políticas y empresariales, incluyendo la incorporación en un consejo asesor de empresarios y figuras mediáticas clave a las que previamente había nombrado como emblemas de la corrupción, afirma el analista de Crisis Group.
