El Comité Nacional por la Liberación de Prisioneros Políticos en Honduras y familiares de los detenidos tras participar en las manifestaciones de la crisis post electoral en Honduras realizaron un plantón frente al Ministerio Público (MP) para exigir la libertad de los encarcelados.
El calor casi sofocante, indicativo del verano y la proximidad del feriado de Semana Santa no fue una característica que detuviera el clamor de familiares de los detenidos. Estos privados de la libertad sufren mucho, lejos de sus parientes que padecen y experimentan la amargura de tenerlos lejos y encerrados pero también viven una situación de precariedad económica al no tener una figura proveedora en el hogar más en un país con altos índices de pobreza y reproducción de la misma. Emilia Paz relata la historia de su nieto (Jonatan Ricardo Perla Pérez) a veces interrumpida porque su pensamiento es más rápido que sus palabras, o por las lágrimas que caen en sus mejillas y refrescan un poco el golpe de calor que recibe, con una voz firme y matriarcal cuenta:
“Jonatan es un cipote sano uste, sano, ahí se crio, mi hermana le ayudaba a mi hija a criarlo, este cipote nunca el anduvo de andar en la calle el trabajaba porque tienen una niñita con la muchacha, lo venían a trae para trabajar a la albañilería a chapiar a cualquier cosa el ahí iba, uste sabe los trabajos ahorita están… mas para la juventu ahorita no hay trabajo y es un cipote, tiene una niña, el llora bastante por esa niña, bastante y la niña viera cuando mira a esos soldados viera como dice: esos hombres llevaron a mi papa, dice”
Jonatan fue capturado la madrugada del 26 de diciembre, entraron a su casa y se lo llevaron. Emilia Paz llegó desde Pimienta Cortés a exigir la liberación de su nieto preso en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara conocida como “El Pozo” donde ella asegura que desde el 31 de diciembre no lo ven por la documentación que tienen que presentar para obtener un carné de visita.
Ellos son jornaleros, trabajan de lo que le salga, de albañiles, de chapear, de lo que salga. Están bien delgados, están sufriendo.
Agregó, elevando el tono de voz para que su eco penetrara las paredes del edificio del Ministerio Público, mientras Carlos H Reyes recibía el mismo golpe seco de calor al tiempo que exigía a gritos la liberación de los presos políticos que este “régimen” -como denominan este segundo mandato de Juan Orlando Hernández- mantiene en su poder. Con pancartas hechas de cartulina y mantas con la técnica de estarcido con diferentes leyendas, por ejemplo las del FNRP, banderas color púrpura, banderas de Honduras y fotos de los presos cuando tenían una sonrisa dibujada en su rostro.
Waldina Alvarenga, hermana de Roque Jacinto Alvarenga Corea, vive la misma situación, no ha visto a su hermano quien está detenido -al igual que Jonatan Ricardo Perla Pérez- en la cárcel de máxima seguridad “El Pozo” y quien también fue capturado en la madrugada del 26 de diciembre; otra persona por la que sus familiares ponen las manos al fuego y se golpean el pecho en signo de su inocencia y aún con pocos recursos propios o prestados lograron trasladarse hasta Tegucigalpa para participar en esta manifestación por lo que consideran una injusticia.
En su testimonio Waldina asegura que los detenidos sufren maltrato psicológico y violación de Derechos Humanos, pide -con voz firme y resuelta- la liberación no solo de su hermano, sino de todos los presos que -en sus palabras- son personas humildes y trabajadoras, piden se les permita retornar a su vida anterior, en la que estaban libres mantenían y ayudaban a sus familiares. Jacinto también es padre de una niña.
“Como personas humildes a veces no podemos hacer nada.”
Tristeza es la palabra del día en boca de los manifestantes, una tristeza profunda por la situación en la que se encuentran ellos y sus familiares. La pobreza acompaña a estas personas que no tienen la capacidad de pagar un buen abogado:
“somos familias pobres que no tenemos como luchar para acceder a un buen abogado que les pueda ayudar a ellos, a veces no tenemos ni para movernos, tenemos que buscar la manera de hacer algo por ellos”
Roque Jacinto es empleado del Ingenio Santa Matilde. ¿Qué se puede hacer? Con el gobierno corrupto que tenemos no podemos hacer nada contra lo que pasa en el país, se preguntó Waldina, mientras el acto se desarrollaba con la voz de Carlos H. Reyes aún pidiendo la liberación de los presos políticos. Mientras, Jacinto sigue recluido en una celda de concreto, confinado a esos cuantos metros cuadrados de nueva vida en espera de salir o de la próxima comida.
Tal vez su lucha siga, tal vez el diálogo resuelva algunos tópicos de carácter político, tal vez los políticos, los mismos por los que Jacinto y Jonatan están presos, nunca los conozcan y su vida se desarrolle en paralelos paradójicamente desiguales, mientras los políticos hacen sus mitins, los presos piensan en volver a su casa y dormir en sus camas.
“No son asesinos, no le hacen mal a nadie,” dice Waldina a los micrófonos esperando que esa confirmación personal y familiar le devuelva a su hermano la libertad de seguir con su vida. Mientras que Emilia Paz –abuela de Jonatan- apela a la divinidad, a su fe en la iglesia y en el reconocimiento de la comunidad de que a su nieto y los demás:
“Los acusan de varias cosas y ellos no tienen ningún delito, todo el mundo los conoce como cipotes bien honrados. Exigimos libertad para ellos porque no deben nada.”
La incertidumbre, la ansiedad y la nostalgia se unen en una emoción fuerte que quita el sueño, el hambre y a veces la fe en el sistema judicial hondureño. Waldina y Emilia son mujeres fuertes que a veces se rompen –porque son humanas– piden, exigen la liberación de sus familiares. Le piden a Dios eso, no le piden ganar la Loto ni tener un negocio, la simplicidad de sus peticiones está enfocada en sus parientes encarcelados únicamente -como relata Emilia– “por andar manifestando, por salir a decir fuera JOH”.
Según datos del Comité Nacional por la Liberación de Prisioneros Políticos en Honduras son 22 los encarcelados y 80 criminalizados, hombres y mujeres en procesos penales desde el inicio de la crisis post electoral que podría fecharse el 28 de noviembre del 2017.
