/LOS CIVILES COMETEN LOS MAS OPROBIOSOS CRÍMENES PERO NO ESTÁN TIPIFICADOS COMO VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS: ALBA MEJÍA

LOS CIVILES COMETEN LOS MAS OPROBIOSOS CRÍMENES PERO NO ESTÁN TIPIFICADOS COMO VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS: ALBA MEJÍA

Los centros penales están crisis permanente por la falta de una política con enfoque de rehabilitación, dijo Alba de Mejía directora del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura (CPTRT), agregando que cuando la política es reprimir y encerrar, lo que se puede esperar es violencia.

La defensora de los derechos humanos lamentó y dijo estar preocupada de que casos como los que dieron en la cárcel de máxima seguridad “La Tolva” en Morocelí, El Paraíso, se puedan repetir en otras cárceles. Un motín que dejó dos muertos, Wilson Nahúm Fonseca Rodríguez y Elvin Josué Valladares.

Mejía afirma además que el haber entregado la administración de las cárceles a militares y civiles no garantiza ninguna rehabilitación, porque tanto civiles como militares no saben qué hacer en situaciones de motines y las indicaciones que reciben los custodios son de reprimir, el trato no debe ser ese, agrega.

Dice Mejía que a una persona que está privada de su libertad debe hacérsele sentir que aún es persona para que no sea una amenaza para nadie y el compromiso de toda la sociedad es contribuir para cuando se reintegre a la sociedad no sea un peligro.

Mejía explicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al gobierno de Honduras retirar a los militares de las cárceles, esperan que el gobierno atienda el llamado. También abogó porque a las personas privadas de libertad se les permita recibir la visita de sus familiares mediante la reforma del artículo 10 del reglamento de visitas porque reciben un trato cruel e inhumano en las cárceles.

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Según la defensora, las cifras de la población penitenciaria oscilan entre 20 y 21 mil privados de libertad, el 54% por ciento son procesados. Una de las víctimas mortales en los motines era procesado por lo que la familia perfectamente puede demandar al Estado de Honduras, porque para el procesado prevalece la presunción de inocencia.

Para que no se repitan este tipo de hechos en el sistema penitenciario del país se prometió cárceles de máxima seguridad, esto porque la historia de los cuerpos policiales y de las Fuerzas Armadas ha sido de corrupción, hasta el punto de llegar a coludirse con el crimen organizado, narcotráfico, pandillas, esa debilidad ha causado mucho daño al sistema de justicia penal del país, porque los policías y los militares nunca han sido condenados por esas actuaciones.

No existe control, lo que existe es contubernio, asociación ilícita de muchos policías y militares aunque -reconoce- que no son todos, pero existen ese tipo actuaciones que oscurecen la institución policial y la colocan en una situación de descrédito y de falta de confianza ante la población que es perjudicial para la gestión institucional.

Eso es público -agrega Mejía-, porque se ha informado que parte de los dineros de la extorsión son entregados a algunos sectores policiales involucrados en el negocio.

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La directora del CPTRT dijo que tienen más de 20 años de trabajar en los centros penales, la historia registra el trabajo en derechos humanos, en las cárceles con talleres de pintura, escritura, arte, donación de 10 computadoras al colegio que funciona en la cárcel Marco Aurelio Soto, la construcción de 4 pilas en 1998 e incluso la donación del molino de moler soya para las personas convalecientes o con anemia, “nuestro trabajo es de manera silenciosa”, dice.

“No podemos negarles el derecho al reclamo y a la denuncia, es la forma de promover y proteger los derechos humanos,” agrega.

En relación a si el crimen organizado, narcotráfico, maras o pandillas violan los derechos humano, Alba Mejía del CPTRT considera que falta avanzar hacia en ese punto, porque en este momento los únicos que violan los derechos humanos son los Estados, los civiles cometen los mas oprobiosos u odiosos crímenes y deben ser sometidos a la justicia del país, pero no están tipificados como violación a los derechos humanos. A los Estados se les controla mediante convenciones, tratados, convenios y recomendaciones, así se estableció desde la creación de la Carta Universal sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para sancionar sociedades o crímenes de lesa humanidad.

Según entendemos en lo expresado por la Licenciada Mejía, lo que impide declarar a las pandillas como violadoras de DDHH, es que a las pandillas, maras y narcotráficantes, no se les puede controlar a través de convenciones, tratados o convenios como sí a los Estados. Que la colusión de elementos de la policía con el crimen organizado impide el proceso de rehabilitación en las cárceles y la correcta aplicación de la justicia. Fanta, como dice  “avanzar hacia en ese punto”.