Cuando creíamos que la discusión sobre las reformas penales terminaría luego de su aprobación por el Congreso Nacional, con los votos únicos de la bancada del Partido Nacional y el juego de la silla de las bancadas liberal y de libre, aparece un nuevo artículo en la reforma que no se había socializado en casi dos meses de discusión y que involucra a medios de comunicación y redes sociales.
Dice el agregado:
ARTÍCULO 335-B: APOLOGÍA E INCITACIÓN DE ACTOS DE TERRORISMO. Quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de éste, será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión.
En 2003 sucedió la masacre de la cárcel de El Porvenir, en la ciudad de La Ceiba, donde murieron 69 pandilleros asesinados de la forma más brutal, los comentarios en muchos medios de comunicación de periodistas y audiencia, eran escalofriantes. Expresiones como «está bien que los maten a todos», se repetían una y otra vez en la prensa sin ninguna responsabilidad.
Más adelante, en 2004, 103 pandilleros murieron calcinados en la cárcel de San Pedro Sula, la reacción de un gran sector de la ciudadanía fue parecida a la del año anterior en la masacre de El Porvenir. En ese momento estábamos en medio de una campaña mediática que venía desde el gobierno de Ricardo Maduro, Óscar Álvarez era el ministro de seguridad y con sus propaganda inspiraba el odio a los pandilleros, y ese rechazo se veía reflejado en la opinión pública.
«Esta bien que los maten», decían periodistas de radio sin vergüenza alguna. «Quémenlos a todos», repetía su audiencia.
Recientemente, en 2012, en el incendio de la prisión de Comayagua, murieron quemados más de 360 privados de libertad, las declaraciones que aparecieron en redes sociales y medios de comunicación fueron parecidas a las que surgieron en 2003 y 2004. Ya no eran pandilleros, esta vez eran delincuentes pero igual, según los comentarios que llenaron las notas en las versiones digitales de los periódicos, «merecían morir».
En septiembre de 2015, Rigoberto Andrés Paredes asesinó en la torre Metrópoli al abogado Eduardo Montes, una tragedia que nos tocó de cerca. Yo había conocido a Rigoberto Andrés en el café de sus familia en el centro de Tegucigalpa, tenía un gran cariño por su padre, el poeta Paredes y mantengo aún un gran respeto y cariño por su madre, la historiadora Anarella Vélez. Eran los meses de las antorchas indignadas y el escándalo del Seguro Social llenaba los titulares. Lo que me sorprendió del hecho, fue ver la reacción en las redes sociales, de personas que defendían y hasta invitaban a emular la acción de Paredes Vélez, calificativos de «héroe», «si hubieran más Rigos este país cambiaría» y expresiones de «qué harías si te encuentras con el presidente en el ascensor» fueron publicadas sin reparo por personas a las que respeto.
No busco aquí profundizar en lo que hizo Rigoberto, existe un proceso judicial que dirá lo que pasó y aplicará justicia. Tampoco quiero hablar de las distintas masacres carcelarias en el país, ni pretendo calificar estas acciones como terroristas.
Pongo nomás estos incidentes —y las reacciones que generaron el los medios de comunicación y redes sociales—, como ejemplos de cómo, en determinados momentos, nuestros comentarios irresponsables en redes sociales no hacen sino agregar más odio a una sociedad altamente polarizada como la nuestra y nada ayudaban a aliviar el dolor de las familias afectadas. Lejos de estar amparados por el derecho de la Libertad de Expresión, nuestras participaciones bordan la apología del crimen.
Seamos honestos. Las redes sociales destilan odio e ignorancia de ambos lados. Nos han dado una herramienta que no hemos sabido apreciar y hoy reclamamos porque buscan limitarla. Hemos creído que las redes sociales son espacios para decir lo que se nos venga en gana, sin comprender jamás las consecuencias de nuestros discursos. Nos amparamos en el anonimato para pedir magnicidios o masacres, sin querer entender que atrás de la pantalla hay personas que puedan actuar inspirados por nuestras publicaciones. Esas personas pagan por sus acciones y nosotros, desde nuestras pantallas azules, seguimos destilando odio.
Una apología es una argumentación en defensa de algo, normalmente de unas ideas. En principio, defender unas ideas o enaltecerlas no tiene ninguna valoración negativa ni problemática. Pero si esas ideas están relacionadas con el terrorismo existe un problema legal, pues el terrorismo, en todas partes, es una actividad delictiva.
Atrévase usted a ir a Europa o a Estados Unidos y publicar en twitter o Facebook, apología de las acciones terroristas y vea qué pasa. Alegue luego Libertad de Expresión y espere el resultado.
Se podría afirmar que la apología del terrorismo es la excepción de la libertad de expresión. Cualquier idea se puede defender en un país democrático, no importando su significado ni ningún otro aspecto. Ante esta norma general, hay una excepción: todo vale menos la defensa de unas ideas que justifiquen o pretendan alentar una acción terrorista.
El conflicto entre la libertad de expresión y su limitación es más evidente en países en donde existe el fenómeno terrorista. Y aunque, por ser un delito político, existen algunos medios de comunicación que ideológicamente comparten algunas valoraciones con ciertos grupos, que en determinados momentos son catalogados como terroristas —El Congreso Nacional Africano al que perteneció Nelson Mandela, fue en su momento catalogado como Terrorista mientras luchaba contra el Apartheid—. El contenido apologético de la información que comunican se encuentra en una frontera delicada, ya que hay el amparo del principio reconocido de la libertad de expresión y a la vez existe una incitación a la violencia.
El 6 de abril de 1994, tras la muerte de los presidentes de Ruanda, Javenal Habyarimana, y el de Burundi, Ciprian Ntayamira, extremistas hutus ruandeses iniciaron una sangrienta persecución contra los tutsi. Una masacre que terminó con la vida de más de 800.000 personas y en el que la emisora La Radio de las Mil Colinas jugó un papel muy decisivo. La radio fue empleada como un instrumento de propaganda de desprestigio, emitiendo mensajes en los que los Tutsis eran ridiculizado y despreciados. La milicia hutu fue informada por la RTML de los lugares donde estaban sublevándose los tutsis y de que estos debían ser eliminados. El genocidio terminó con la vida de más de 800.000 personas. ¿Estaba la La Radio de las Mil Colinas amparada en la Libertad de Expresión o estaba haciendo apología del terrorismo?
