La Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, o la MACCIH, no tuvo una recepción muy cálida en nuestro país desde la etapa de su concepción. En una sociedad convulsionada por el escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que exigía a través de las Marchas de las Antorchas la versión hondureña de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), auspiciada por la ONU, la idea de la MACCIH fue recibida con sospecha, especialmente cuando la propuesta llega por medio de los canales oficiales del gobierno, que anteriormente había intentado sin éxito convencer a la población de apoyar un ente netamente nacional cuyas siglas eran SIHCIC (Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y Corrupción) para investigar este caso, utilizando un burdo juego de homofonía para pretender usurpar el legítimo reclamo ciudadano.
La sospecha creció cuando se reveló que el organismo internacional que estaría a cargo de la MACCIH sería la Organización de Estados Americanos (OEA), la que dejó una muy mala imagen en el país después del fracaso de su gestión para ayudar a Honduras durante y después de lo ocurrido en el golpe de estado contra Manuel Zelaya en el año 2009. Sin embargo, con la reciente elección en Mayo del 2015 de un nuevo Secretario General, Luis Almagro, y tras lanzar el proyecto de “la nueva OEA”, que se caracteriza por un enfoque principal en los derechos humanos (“más derechos para más gente”, en palabras del Secretario General) y la unificación de los organismos análogos bajo la misma, quedó claro que la formación de la primera misión de la OEA de esta índole en todo el continente podría contribuir a recuperar la credibilidad debilitada no solamente en Honduras, sino en Centroamérica y el resto de América Latina.
Desde el principio, y debido en parte a la inusual apertura con la que el gobierno de Honduras recibió a la misión, se decía que la MACCIH no poseía “dientes”, es decir, que no tenía poder para judicializar casos y que su alcance se reducía a una mera asesoría en contraposición a la CICIG, quien por ese entonces había judicializado a la vicepresidenta Roxana Baldetti y al presidente Otto Pérez Molina, que renunció a su cargo antes de culminar su mandato, y que dentro de sus atribuciones se encontraba, además de actuar como asesor a los organismos estatales de seguridad, el poder de actuar como querellante adhesivo según lo establecido en el Código Procesal Penal de Guatemala, el poder de interponer denuncias contra funcionarios públicos, el poder de actuar como un tercero interesado en los procedimientos disciplinarios a los funcionarios denunciados y además garantizar la confidencialidad de los colaboradores en los casos que investiga.
A cuatro meses de la instalación oficial de la MACCIH en el país, el tema que ha predominado, dada su importancia para dar inicio a la ejecución de las acciones de la misión, es la financiación de la misma a través de fondos internacionales. “(Es) este tema administrativo que nos fastidia mucho porque a ustedes no les importa,” manifestó el vocero oficial de la misión, Juan Jiménez Mayor, en un taller que brindó la MACCIH a la prensa en el tema de periodismo de investigación y el rol de la prensa en contra de la corrupción, al cual El Pulso asistió. Jiménez Mayor ha dejado claro que el tema del financiamiento, que en el primer mes era prácticamente nulo, se ha resuelto de manera mucho más expedita que en el caso de la CICIG, a la que le tomó aproximadamente siete meses agenciarse el capital internacional para comenzar sus funciones. El capital de la MACCIH, actualmente, proviene de Estados Unidos, Canadá y Alemania como representante de la Unión Europea. El vocero de la MACCIH explicó también que el caso del asesinato de Berta Cáceres, ocurrido antes que la misión se instalara en el país, fue un gran obstáculo para la obtención de los fondos.
En el momento presente, la MACCIH se encuentra en proceso de concluir la organización y de lanzar las primeras líneas prioritarias para su gestión en el país. La misión trabajará principalmente en torno a cinco ejes: la creación de una jurisdicción anticorrupción con jueces y fiscales certificados por la MACCIH, el fortalecimiento de los aparatos de control (por ejemplo, el Tribunal Superior de Cuentas y la Procuradoría General de la República), el análisis y propuesta de reformas legales pertinentes, la creación de un observatorio ciudadano que interconecte los observatorios y portales de transparencia existentes y, finalmente, la reforma judicial y de seguridad pública. La forma en la que abordará estos ejes es principalmente a través del ensamblaje de un equipo de expertos internacionales para hacer el acompañamiento en las diferentes áreas, capacitación vía entrenamiento práctico, la exigencia a los entes estatales de la incorporación de las medidas designadas y la certificación de los procedimientos que estén de acuerdo a las líneas de la misión, pero en última instancia la MACCIH no intervendría como un actor principal ni tendría capacidad de acción desconcentrada del acompañamiento a los entes del estado.
El vocero de la MACCIH, Juan Jiménez, dejó claro que hasta el momento han recibido una gran apertura de parte del Fiscal General de la República, del Procurador General, del presidente de la Corte Suprema de Justicia y en general de parte de todas las autoridades del sistema judicial en el país a pesar de haber, en sus palabras, “lanzado mensajes que no han gustado al gobierno,” lo que supone un hecho sin precedentes en la historia de nuestros gobiernos. Hay que colocar, sin embargo, todas las cosas en su contexto: nos encontramos en la víspera de un período electoral en el que el oficialismo ya ha trazado la línea de la reelección, en medio de dos años y medio repletos de escándalos que han trascendido a nivel nacional e internacional, entre ellos corrupción, extradiciones y asesinatos de alto perfil. Es claro que si el régimen oficialista aspira a repetir la función, tendrá que hacer la limpieza, o al menos dar la apariencia de la misma. Y la MACCIH, si se desliga del contexto, servirá para brindar el sello de aprobación a esa fachada.
Varios son los hitos que vienen para la MACCIH a corto plazo. En primer lugar se encuentra la Ley de Financiamiento y Fiscalización de Campañas Políticas, que de aprobarse sería, al menos a nivel mediático, la primera gran victoria de la misión, y sumado a ello se encuentra el interés de los partidos políticos por enterarse de los nuevos lineamientos que tendrán que surcar para financiar la empresa electoral. Hasta el momento, las negociaciones a puertas cerradas y tras la cortina han dejado sólo dos elementos que faltan por consensuar entre los actores políticos: el “techo” o límite financiero con el que podrán contar los partidos y la forma de designación para el titular de la Unidad de Fiscalización de Campañas Políticas, unidad que estará a cargo de realizar auditorías certificadas a las campañas de los partidos y que podría descalificar una victoria electoral de comprobarse irregularidades en este aspecto. Algo que han dejado claro los integrantes de la misión es que su enfoque está en la ley, mientras que el contexto político que rodea el proyecto, como el tema de la reelección o de las reformas al proceso electoral, no son de su interés.
Luego tenemos el informe del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), a presentarse a mediados de septiembre en Washington. Consiste en una evaluación del estado de la transparencia en el país elaborado, en esta ocasión, por Argentina y Antigua y Barbuda. En base a este informe, la MACCIH estructurará un Plan de Acción Nacional para seguir las recomendaciones que se estipulen en dicho informe.
El siguiente producto importante que entregará la MACCIH será su primer informe semestral a la OEA el 19 de Octubre, que dará cuentas sobre todas las actividades realizadas por la misión hasta ese momento. Asimismo, según la programación de la misión, la jurisdicción anticorrupción en su fase inicial se proyecta para enero del 2017.
Son muchas las promesas de la MACCIH, y el cumplimiento de las expectativas impuestas sobre la gestión que realice la misión indudablemente requiere de un esfuerzo amplio y concentrado de parte de varios actores y en un lapso de tiempo que posiblemente exceda los cuatro años iniciales que estipula el convenio establecido con el gobierno de Honduras. La semilla de las acciones que lleven a cabo sus integrantes no comenzará a dar sus primeros frutos sino hasta el próximo año, según las proyecciones establecidas por la misión misma. Hasta entonces es menester observar de cerca los pasos que vaya concretando la MACCIH, para asegurarnos de que la misión tiene una sana dentadura, o de lo contrario, verificar la blandura de sus encías.
