La realidad del pueblo garífuna en un país a la venta

En el caso de los pueblos garífunas nos estamos apoyando con el resto de los movimientos sociales e impulsando plataformas comunes.

Sobre el monocultivo de la palma africana tenemos que actuar de inmediato ya que es un modelo de producción que genera hambruna, en vez de cultivar maíz y frijoles se está cultivando palma que además es un negocio comprobadamente poco rentable para el campesinado.

Es importante hacer una discusión sobre la efectividad de las plantaciones de palma conjuntamente con los movimientos campesinos como el MUCA^* y MARCA^**, realizar una evaluación sobre el costo-beneficio de estos cultivos.

Hay que considerar sobre todo el impacto que además generan al ambiente, como la desviación de cursos de agua que luego afectan directamente a las poblaciones sobre todo en el Bajo Aguán, incluidas las comunidades garífunas,

Actualmente hay 28 comunidades afectadas por la desviación del curso de un río en el Aguán.

Es realmente algo inconcebible que los tomadores de decisiones, en este caso los gobernantes, permitan este tipo de afectación al ambiente por pura ganancia económica, llegando a niveles surreales.

Esto es un problema muy grave y a ello se suma que quien intente organizarse para resistir a estos atropellos es amenazado de muerte.

El pueblo garífuna está siendo tremendamente afectado por todos estos proyectos que cuentan con el aval del gobierno.

Venimos siendo atacados con mayor intensidad luego del golpe de Estado inclusive a través de leyes que nos perjudican como la recientemente aprobada ley de cuencas que permitirá al gobierno ceder a privados la concesión de todas cuencas en el país, dejando a las comunidades relegadas y sin poder usufructuarlas.

Se trata de una privatización de los bienes comunes y de los recursos naturales sin precedentes en Honduras, es algo maquiavélico.

Hemos estado en una resistencia activa conjuntamente con el Stibys, pidiendo justicia por Berta Cáceres pero también formando parte de la resistencia al modelo extractivista que nos están imponiendo y a las denominadas ciudades modelos con sus megaproyectos turísticos que son una verdadera amenaza para las comunidades garífunas.

De Trujillo a la Mosquitia se extiende la región cedida para estos proyectos a los que se suma una concesión privada que otorgó el gobierno para la explotación de petróleo en la costa marítima. Ahora la compró la Shell y la situación es muy complicada.

El tema más importante en este momento involucra la consulta a las comunidades sobre estos megaproyectos. El gobierno está impulsando una ley de consulta, pero sin consulta, realmente un chiste.

Está usando a la CONPAH (Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras), una articulación de “representantes indígenas” que se pasan en los hoteles tomando decisiones por todos los pueblos originarios sin su consentimiento y aval.

Con relación a esto, recientemente realizamos una manifestación frente a las oficinas de Naciones Unidas en Tegucigalpa, exigiendo que seamos tomados en cuenta el Copinh y la Ofraneh, las dos organizaciones que luchamos por el derecho a consulta de los pueblos originarios.

El plantón molestó mucho a la ONU, que cree ser, como mínimo, incuestionable.

Hace unas semanas hablé personalmente con la relatora de las Naciones Unidas para los derechos de los indígenas, Victoria Tauli que realizó un muy buen informe sobre la situación de los pueblos originarios en Honduras, con la particularidad que reservó un capítulo aparte para el caso de Berta Cáceres.

Tauli ha tomado una posición muy firme en el tema de la consulta, lo que le costó que el gobierno de Honduras diera inicio a una campaña de desprestigio en su contra. Tauli es una mujer muy solidaria, viene de una larga lucha del movimiento social en Filipinas y es una persona vinculada desde siempre con la defensa de los derechos de los pueblos originarios.

El informe de la relatora de la ONU, detalla con precisión la situación en Honduras porque ella estuvo muy presente en las regiones conflictivas, antes y después del asesinato de Berta.

La ley de consulta debe partir del Convenio 169 de la OIT, el instrumento jurídico que tenemos para defender nuestros derechos, sobre todo porque el Estado tiene varios asesores que hacen lobby internacionalmente para promover proyectos sin consultar a las comunidades y nosotros no hemos logrado eso.

Cuando estuvo la relatora aquí para reunirse con las tres instancias involucradas en el tema de la consulta (Estado, pueblos originarios y sector privado), ya salió la prensa a decir que la relatora se había maravillado por los avances en las políticas públicas para los pueblos indígenas, nada más lejos de la verdad.

Lamentablemente la prensa es oficialista, y nada dice sobre las violaciones a los derechos humanos que se comenten a diario en este país. El 1 de mayo hubo una feroz represión contra las manifestaciones en el Día Internacional del Trabajador, algo que en mi vida había visto, para mí ese día es algo sagrado pero vivimos en una dictadura evidentemente.

No creo que haya una receta para salir de esto, sí creo que es importante hacer un trabajo conjunto local, comunitario, de organización, algo que no hemos logrado aún.

Honduras es un país desmovilizado, desorganizado y sin conciencia, y hasta que logremos cambiar esto y que sean las propias comunidades las que se manifiesten y se planten firmes contra proyectos que les son perjudiciales, no vamos a avanzar.

Afortunadamente en algunas regiones ya hemos logrado echar a algunos extractivistas que venían con unos permisos dados por algún gobernador y se decían dueños de las tierras.

Porque tenemos que entender que no se trata de lo que diga yo, Miriam Miranda, sino de cómo enfrentan las comunidades estas invasiones, debemos fortalecer la resistencia local, y de la suma de varias resistencias sacar la fuerza para salir de esto.

Imagínense si tuviésemos decenas de MUCA en el país, estoy segura que no hubiese bajado nunca todo el Ejército al Bajo Aguán como sucedió en 2010, cuando para combatir la resistencia campesina, estuvo literalmente todo el Ejército Nacional al servicio del empresario Miguel Facussé.

Estamos ante una situación complicada que requiere de estrategias muy inteligentes para poder salir, sobre todo porque estamos en un país que piensa con el estómago, están los oportunistas electoreros y ahora además se sumaron los evangelistas, que son unos fanáticos religiosos que hacen campaña para tal o cual candidato y esto es muy grave.

Tenemos tres pestes aquí: hambre, oportunismo y evangélicos, algo que pasa en Colombia, en Guatemala, en Brasil. Hay que saber cómo abordar estos flagelos, tenemos que ver cuáles son las columnas vertebrales de la resistencia.

En el caso del Bajo Aguán, las empresas procesadoras de palma africana, que reciben fondos del Banco Mundial, no se preocupan por la situación de los campesinos, o los asalariados o los pueblos originarios.

Por ejemplo si la Corporación Dinant envía informes de que están mejorando, los del BM se quedan con eso y no se preocupan por indagar las condiciones en las que tienen a sus trabajadores o trabajadoras.

Bajo los sellos de certificación, que es lo que a las compañías les interesa para poder continuar vendiendo, se esconde una realidad terrible.

Ahora mismo en el Vallecito, los garífunas estamos rodeados de las plantaciones de palma de Facussé pero no cedemos nuestro territorio para este cultivo y sufrimos la presión diaria por eso.

Resistir a este modelo de monocultivo es una de las formas que hemos encontrado para salir de este rollo, porque hay otras formas de producir y si nos enfocamos en ellas podremos avanzar como país, como pueblo.

Las comunidades indígenas estamos luchando para que no se homologue la ley de consulta que está llevando adelante el gobierno nacional, porque lo está haciendo a espaldas de los verdaderos representantes de los pueblos indígenas.

Pagó a un consultor peruano y con él y algunos gatos locos está relatando la ley que además es sabido que en Perú ha sido un desastre esto.

La piedra angular de nuestros problemas en este momento es la consulta, es decir que todos aquellos proyectos extractivos que quieran iniciar aquí deberían ser consultados a las comunidades.

Honduras ratificó el Convenio 169 en 1995, pero no lo cumple.

Ahora en Ginebra, en la próxima reunión de la Conferencia internacional del Trabajo, en junio próximo, seguramente el gobierno irá a presentar su informe como lo hace siempre, diciendo que han avanzado, etcétera, para poder limpiar la imagen de Honduras en el mundo.

Se escudan en la lucha contra el narcotráfico para dar una buena imagen en el exterior pero nada hablan de las diarias violaciones a los derechos humanos de los hondureños y hondureñas.

De la aprobación de la reforma del Código del Proceso Penal que permitió que en Honduras se criminalice la protesta social nadie habla allá afuera.

Por lo tanto tendremos que hacer fuerza y para eso contamos con la UITA para poder informar verdaderamente lo que está sucediendo a diario en este país y que ello llegue a todas las instancias internacionales.