La violación y asesinato de Riccy Mabel Martínez Sevilla en julio de 1991 captó los titulares y la atención nacional durante años en Honduras; causó una gran indignación, manifestada en manifestaciones y otras acciones públicas, y ha sido descrita como un caso de prueba del grado de impunidad de los militares.
Riccy Mabel Martínez, de 17 años de edad, era estudiante de la Escuela Normal Pedro Nufio, desapareció el 13 de julio de 1991 después de visitar el Batallón de Comunicaciones en las afueras de Tegucigalpa, para solicitar la liberación de su novio, Rubén Hurtado Padilla, que había sido reclutado para el servicio militar (La Prensa 16 de febrero de 1998, ibíd., 14 de febrero de 1997). Su cuerpo fue encontrado el 15 de julio de 1991 por un arroyo, mostrando signos de violación (ibid.).
Uno de los principales sospechosos de su violación y asesinato fue el jefe del batallón, el coronel Angel Castillo Maradiaga, cuya voz fue identificada por el director de su colegio como la que llamó anónimamente para dar la ubicación de su cuerpo (ibid.). Los exámenes forenses de la ropa de la víctima llevados a cabo por el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) mostraron actividad sexual de al menos cuatro hombres; se encontró que el vello púbico y el semen encontrados en su ropa coincidían con los del coronel (ibid.).
Un sargento, Santos Eusebio Ilovares Funez, se presentó a los tribunales tres días después y afirmó haber sido responsable del crimen y fue encarcelado (ibid., 4 de octubre de 1996), aunque luego afirmó que los oficiales en posiciones más altas lo habían obligado a hacerlo (ibíd., 16 de febrero de 1998). En agosto de 1991, el coronel Angel Castillo Maradiaga y el ex jefe de personal del batallón, Ovidio Andino Cuello, fueron detenidos, pero este último fue liberado en enero de 1992 (ibíd., 4 de octubre de 1996).
Tanto el coronel como el sargento fueron retenidos en la Penitenciaría Central en 1991 y sentenciados en 1993 a penas de prisión de 16 años y medio, y 10 años y medio, respectivamente, por la juez Maria Antonieta de Castro (ibid.). La sentencia fue rechazada por un tribunal de apelaciones que alegaba errores de procedimiento en el juicio, pero luego fue ratificada por el mismo juez en 1995 (ibíd., 4 de octubre de 1996). El tribunal de apelaciones aceptó la sentencia después de revisar las correcciones a los errores de procedimiento y pasó el caso a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ratificó la sentencia (ibid.). Sin embargo, Castillo Maradiaga presentó un «recurso de casación»; después de revisar este recurso legal, la CSJ rechazó la sentencia y devolvió el caso al tribunal de apelaciones para su revisión (ibíd.). El 2 de octubre de 1996, el tribunal de apelación anuló la sentencia y devolvió el caso al tribunal penal (ibíd.). En este punto, el sargento Ilovares Funez se declaró inocente y declaró que había asumido la responsabilidad por el crimen bajo la presión de un coronel Herber Munguia Morales, jefe del destacamento C-2, quien supuestamente le dijo a Ilovares Funez que recibiría una casa, un salario y lanzamiento después de dos años; sin embargo, Ilovares Funez afirmó desde su celda que solo recibió ocho meses de salario (ibid., ibíd., 14 de febrero de 1997).
En febrero de 1997, el juez penal José Octavio Calix declaró que el sargento Ilovares Funez había matado a Riccy Mabel Martínez Sevilla la noche del 13 de julio de 1991 tras intentar violarla, y lo condenó a 15 años de prisión, mientras absolvía al coronel Angel Castillo Maradiaga de cualquier fechoría (ibid.). El juez Calix afirmó que la adolescente no fue violada, a pesar de la evidencia forense en contrario, y sentenció al sargento por homicidio simple (ibid.).
Posteriormente, el tribunal de apelaciones ratificó parcialmente esta sentencia, al liberar al coronel de cualquier responsabilidad y sentenciar a Ilovares Funez a 10 años y medio por violación, cambiando el período anterior de 15 años por asesinato (ibíd., 16 de febrero de 1998). Semanas antes de esta decisión judicial, un testigo clave, el vendedor de helados Esteban García, quien afirmó haber visto al adolescente abordar un automóvil idéntico al del coronel, fue golpeado hasta la muerte por una pandilla en un aparente robo (ibid.). La familia de la adolescente, que públicamente rechazó la absolución del coronel, nunca acusó al sargento de participar en el crimen; sin embargo, el sargento declaró que renunciaba a reclamar su inocencia, ya que haber estado preso durante más de siete años le permitiría buscar su liberación (ibid., ibíd., 14 de febrero de 1998).
El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos y el grupo de teatro juvenil El Manchen presentaron una obra de teatro en noviembre de 1996 en San Pedro Sula basada en el caso de Riccy Mabel Martínez (ibíd., 15 de noviembre de 1996).
En una entrevista dada a la prensa, los militares presos dijeron que el entonces jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras general Luis Alonso Discua Elvir conocía la verdad del asesinato de la estudiante Riccy Mabel Martínez.
«Discua sabe quiénes mataron a la joven, porque recibió un informe al respecto, y me dan ganas de llorar de ver que hay gente que no tiene hombría» de decir la verdad, afirmó el coronel Angel Castillo Maradiaga.
El sargento Santos Ilovares Fúnez, el otro involucrado, sostuvo que se autoinculpó por orden de Discua, en aquel entones jefe de la institución castrense.
Castillo Maradiaga reafirmó a la prensa local, tras conocer la anulación de su sentencia, que «yo no maté a Riccy. Ilovares debe decir quién lo hizo, porque fue él quien le dio aventón hacia Tegucuigalpa». «Me sacrificaron por un delito que cometió otra persona, que no sé quién es, pero Ilovares sabe todo acerca del crimen contra esta muchacha; no digo que él la mató o la violó, pero sí le dio aventón», insistió el oficial, quien en ese momento convalecía en el hospital de las Fuerzas Armadas tras una intervención quirúrgica.
Ilovares Fúnez aseguró que «si me eché su muerte (de la estudiante) fue porque las Fuerzas Armadas me obligaron».
«No podía hacer nada porque el coronel Herbert Munguía Morales (entonces jefe de Inteligencia Militar) había llegado con instrucciones del alto mando de las Fuerzas Armadas, que en ese entonces era comandada por el general Discua, para que me responsabilizara de esa muerte», relató.
El ex defensor de Castillo Maradiaga, Francisco Lagos, sostuvo que la embajada de EEUU influyó en la condena contra los dos militares para proteger a agentes del Departamento Antidrogas (DEA) que supuestamente participaron en el crimen.
La madre de la estudiante, Nora Sevilla de Martínez, adelantó que, si los dos militares son absueltos, recurrirá a organismos jurídicos internacionales.
Después de cumplir 10 años en prisión, en 2001, salió de la cárcel el coronel Ángel Castillo Maradiaga. Un solo periódico publicó la salida de prisión del coronel. La pequeña noticia, apenas dos columnas, que nadie comentó, contrasta con el hecho de ser uno de los suceso que más dio que hablar y escribir en medios electrónicos y escritos del país.
El caso Riccy simboliza el inicio del proceso cultural y legal de desmilitarización de Honduras y rompió la impunidad absoluta que hasta entonces tenía la jerarquía castrense.
