Destrucción de manglar, impunidad y protección política de las mafias:
Un estudio de cómo nace y crece el crimen organizado en el Sur.
Ciudad de Choluteca, Honduras.
Marzo de 2016
«Debemos irnos» —me dijo Carlos, el contacto local que nos llevó a Guapinol, señalando con la mano el agua que subía alcanzando la calle principal—. «Si nos quedamos más tiempo, la marea nos va a cerrar el paso y no es conveniente pasar la noche acá» —remarcó, viendo nerviosamente al fondo de la calle.
Yo miré el agua oscura subiendo desde los manglares, cubriendo poco a poco las casas de madera.
«¿Esto pasa todos los días?» —pregunté, me parecía sorprendente que los vecinos tomaran la inundación de la marea con tanta calma.
«Siempre —dijo Carlos—, cuando sube la marea lo cubre todo».
Guapinol es una pequeña aldea de unas cien familias de pescadores artesanales de Marcovia, municipio de Choluteca, en el golfo de Fonseca al sur de Honduras. Ubicada al filo del Área de Manejo de Hábitat «Las Iguanas–Punta Condega», es una zona aislada entre los humedales y esteros, que colinda con las grandes camaroneras. Su economía tradicional, a parte de la pesca, depende de la recolección de canechos y curiles en los esteros y las raíces del manglar. Desde hace dos décadas ha pasado, además, a ser el centro del tráfico de camarón robado de las grandes y pequeñas fincas; y ahora no falta quien sugiera que la aldea se está convirtiendo en el nuevo centro del tráfico de coca hacia Estados Unidos. Las mafias locales aspiran a construir su estructura como «Los Cachiros», que comenzaron como ladrones de ganado en Olancho y Colón y terminaron construyendo una de las redes criminales más complejas del país.
Llegamos a Choluteca respondiendo a la denuncia de la destrucción del manglar en la reserva, hecha por un grupo de canecheros y desde que llegamos, todos los caminos nos señalaban a Guapinol.
«Deben ir —nos decían líderes ambientalistas y cooperativistas de Marcovia—. Si quieren saber qué pasa con el manglar, en Guapinol está la causa».
Pero cuando pedíamos un guía para llevarnos, todos remarcaban lo peligroso del lugar. Porque Guapinol está además en una zona gris, entre Honduras, Nicaragua y El Salvador, y lejos de la ley de todos.
Nuestra presencia no pasó desapercibida. Recorrimos la única calle de la aldea, siempre seguidos por un ejército de ojos que no creían nuestra coartada de andar allí buscando pescado.
«Tienen que hablar con Pedro, el de la pulpería —me dijo Carlos en el carro—, él le va a decir quién es Bertín Cruz».
Así, llegamos hasta una pulpería al final del camino.
La casa de Pedro resalta de las demás de la aldea. Es una construcción de concreto, construida para ser negocio y no residencia, un cajón oscuro y caliente con una alacena en una esquina que separa una pequeña pulpería llena de refrescos y churros.
Atrás del mostrador estaba Pedro, sentado.
Saludamos, nos presentamos, hablamos de nuestro reportaje del manglar y preguntamos por Bertín Cruz. Fue cuando Pedro se puso nervioso. Miraba constantemente afuera de la tienda, como buscando encontrar a alguien en la entrada.
«Yo no sé nada» —nos dijo. Su descortesía parecía estar forzada por el miedo.
Pedro se levantó de la silla de plástico en la que estaba y se sentó en una vieja silla de ruedas que tenía cerca. Era un hombre grande y gordo de unos 30 años. Al levantarse pude reconocer que le faltaba una pierna.
«¿Sobre qué quieren hablar?» —preguntó.
«Sobre la destrucción del manglar en la reserva Iguanas —dije—. Tengo entendido que a los pescadores artesanales les crea muchos problemas».
«Eso es culpa de los carreteros —respondió—. Ellos sacan la madera del manglar cuando aún está verde y han acabado con todo».
Un joven entró a la pulpería de Pedro y pidió un paquete de cigarros. El joven nos miraba insistentemente, revisando nuestro equipo y apariencia. Llevaba en su pecho una bala de M16 colgada como medalla y en el brazo izquierdo una pronunciada cicatriz.
«¿De qué canal vienen? —preguntó el joven.
«Es un periódico digital que se llama El Pulso» —respondí.
«Están haciendo un reportaje sobre el manglar» —interrumpió Pedro. Su voz temblaba.
El joven miró a Pedro y sonrió, pagó el paquete de cigarros y salió de la pulpería.
«Váyanse ya, por favor —suplicó Pedro—. No quiero que me vean hablando más con ustedes».
Afuera el joven conversaba con el resto de nuestro grupo. Cuando me acerqué se despidió y caminó sonriendo al final de la calle, en donde cargaban dos lanchas con combustible.
«¿Y ese quién es?» —pregunté, con la atención puesta en el joven que se alejaba.
«Es uno de los hombres de Bertín» —me respondió Carlos y me señaló la casa enfrente del muelle: —Esa casa que ve allí, esa era la casa de Bertín, antes, cuando era pobre».
Yo vi la casa, nada fuera de lo que en aquella aldea parecía normal.
«¿Y quién demonios es Bertín Cruz?» —pregunté.
***
Bertín Cruz Cárdenas sigue siendo un pescador. Detrás de los varios vehículos del año que ahora tiene parqueados frente a su imponente mansión en el centro de la ciudad de Choluteca (a pocas cuadras de la casa del Prócer «Sabio» Valle) es aún aquel cipote de Guapinol, que miraba pasar las lanchas llenas de camarón en contrabando rumbo a los distintos restaurantes chinos de Tegucigalpa, y que algún día se prometió hacer todo lo que tuviera que hacer para salir de la pobreza que le rodeaba.
Ahora es un exitoso empresario. Dueño de la finca BERMAR, una camaronera en expansión que construyó sobre lo restos de una cooperativa de pescadores.
De cuarenta años, estatura media y contextura atlética es carismático y temperamental. Carlos nos contó en el carro, cómo en una borrachera Bertín disparó a la pierna de Pedro y por eso tuvieron que amputarla.
«No fue por una razón en especial —dijo—, simplemente estaba borracho y se volvió loco».
Pedro no quiso confirmarme la historia cuando le pregunté. Volvió a insistir que debíamos irnos, agregando además que los hombres de Bertín nos observaban.
En 2012 Cruz Cárdenas se sumó a la Cooperativa de Pescadores Marinos Artesanales del Sur de Honduras Limitada (COOPEMASUHL), una cooperativa de ocho años que estaba a punto de morir, luego de no haber logrado renovar la licencia ambiental para la explotación del camarón, con los consecuentes problemas financieros que ello trae.
COOPEMASUHL funcionaba en la zona de reserva «Las Iguanas–Punta Condega», una reserva natural con una superficie de 4,169 hectáreas y un área de influencia sobre 6 comunidades costeras, entre las que destacan El Venado y Guapinol.
En 2004 obtuvo una concesión de diez años por parte del Estado de Honduras de 52 hectáreas de playón albino y en 2005 consiguió la licencia ambiental otorgada por la Secretaría de Recursos Naturales, con el compromiso de trabajar el camarón de forma artesanal, para minimizar el impacto ambiental en la zona. Todo esto a pesar de que el área en mención había sido anteriormente concesionada al Grupo Granjas Marinas, en fecha 8 de marzo de 1999, según consta en documentación de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), que explica como se había dejado sin explotar por ser parte de una área designada como «protegida» bajo el tratado internacional RAMSAR 1000, relativo a la convención de protección de humedales de importancia internacional como hábitat de aves acuáticas.
«Teníamos 4 lagunas que hicimos a pura pala» —nos dijo uno de los cooperativistas, agregando que fue Bertín quien metió tractores para extender la finca que ahora cuenta con 25 lagunas.
El 4 de enero de 2011, la Dirección de Biodiversidad de la SERNA rechazó la renovación ambiental a COOPEMASUHL, después de estudiar el impacto y considerar que la finca constituía un peligro para el sistema de humedales de la zona sur del país. En la resolución SERNA07-2011, que declaró «Sin Lugar» a la solicitud de COOPEMASUHL, se indica que la misma se niega, porque la cooperativa no cumplió con el contrato de medidas de mitigación necesarias e indispensables para minimizar el impacto en la reserva, que además se encuentra declarado como el sitio número 1000 (de 1900 que hay en todo el mundo) que incluye el convenio RAMSAR.
«Bertín llegó y comenzó a comprar barato las acciones de los cooperativistas. —Contó un socio fundador de COOPEMASUHL—. Compraba a 150,000 o 200,000 lempiras cada acción y les decía que si no vendían iban a perder toda la inversión, hasta que se hizo con catorce acciones, de veinte socios que éramos. Los seis restantes no quisimos vender, nos parecía que compraba muy barato y que la camaronera valía más. Entonces nos corrió sin pagarnos nada. Ya ni siquiera nos deja entrar a la finca. De eso hace dos años…»
Con el control total de COOPEMASUHL, Bertín procedió a disolver la cooperativa, trasladando las acciones de manera «gratuita», a su propia empresa llamada Cultivos, Importación y Exportación de Productos Marinos, S. de R.L., también conocida como «BERMAR».
Un fiscal del ambiente que conoció del caso de la reserva Iguanas y nos pidió mantener su anonimato, al no estar autorizado para hablar del caso con la prensa, nos comentó que dicha transacción de COOPEMASUHL se encuentra al margen de la ley, pues el artículo 61 de la Ley de Cooperativas de Honduras establece para las cooperativas la prohibición de fusionar o convertirse en Sociedad Mercantil o Sociedad Civil.
«La ley ya recoge una forma para disolver las cooperativas y vender las acciones a una empresa mercantil no está dentro de la ley —dijo el fiscal».
En 2013, Bertín Cruz, dueño de la camaronera de COOPEMASUHL, a través de su empresa BERMAR, procedió a meter tractores, extendiendo su territorio a 350 hectáreas, de las 52 hectáreas originales; descombrando cerca de 300 hectáreas de manglar virgen de más de 10 metros de altura, acto que sería tipificado como delito ambiental grave si la ley fuera llegar algún día a las Iguanas.
Jarvin Álvarez, líder de la asociación de Cocheros de Marcovia, nos comentó en una entrevista, cómo el manglar es importante para la subsistencia de cientos de familias de la zona.
«Cuando se iban expandiendo nosotros dimos cuenta a las autoridades y nadie nos hizo caso —dijo Álvarez—. Ahora que el hombre ya pegó al mar, están queriendo tildarle a los campesinos y cocheros que son los que han deforestado esa zona y es mentira, porque nosotros no tenemos capacidad de meter un tractor allí».
Una hora de tractor en la zona cuesta 1,800 lempiras. La asociación de cocheros que se dedican a recoger leña seca del manglar para vender a las tortilleras de Cedeño, comentan que entre todos los treinta y cuatro socios hacen apenas 3,000 lempiras al día.
La policía nacional constantemente hostiga a los carreteros que salen de los manglares con las carretas de caballos llenas de madera. Les acusa de estar deforestando la reserva y les obliga a pagar multas que van hasta los 1,000 lempiras por carreta (cuando el ingreso promedio de los carreteros anda por los 150 lempiras diarios).
«No tenemos capacidad económica de deforestar 300 hectáreas de manglar —comenta Marcelino Velázquez, también de la Asociación de Carreteros—. Para eso se necesita mucha plata y nosotros somos pobres».
Moisés Osorto, líder de los Pescadores Artesanales de Choluteca, nos explicó cómo el manglar sirve para la subsistencia de las familias de la zona.
«Las especies que nosotros necesitamos para vivir están en las raíces de los manglares —nos dijo Osorto—, se encuentra allí: canechos, curiles, madera. Todo está en lo que nosotros llamamos las ñangas (lodo en el fondo del manglar y del estero). En los humedales además desova la tortuga marina y todo eso lo está destruyendo esa camaronera ilícita».
Ilícita, porque no tiene concesión ni permiso de operación.
***
El 6 de mayo de 2015, la Fiscalía del Ambiente de Choluteca presentó requerimiento fiscal en contra de BERMAR y sus socios, por el descombro y la roturación de 300 hectáreas de manglar en una zona protegida. La investigación inició a principios de 2014, luego de la denuncia interpuesta por la Asociación de Carreteros. Los delitos de los que se acusa a Bertín Cruz Cárdenas, con las agravantes y el concurso ideal, son imputables a una pena de 5 a 10 años de reclusión.
«Se pidió en el requerimiento la neutralización de los efectos del delito —cuenta el fiscal—. En materia ambiental eso quiere decir que se debe dejar de hacer lo que sea que esté haciendo para impedir que se siga dañando el ecosistema».
La defensa argumenta que BERMAR ha estado en posesión de la tierra desde 2004, año que inició COOPEMASUHL y que cerrar operaciones ahora incurriría en un alto costo económico que sobre pasa los cincuenta millones de lempiras.
Dicho argumento carece de sentido legal, pues en derecho civil, quien construye en propiedad ajena sabiéndose sin derecho (BERMAR no tiene concesión del estado), pierde lo construido. O sea, la defensa argumenta que una vez hecho una inversión para efectuar un acto ilícito, se debería de permitir la actividad hasta recuperar la inversión.
«¿Será que se pueda aplicar este precedente a las armas de los mareros y los aviones de los narcotraficantes?, pues en alguna inversión han incurrido para hacerse con ellas. O peor, ¿a los sobornos que recibe los políticos para interferir con la ejecución de la justicia, una vez sean identificados?» —Nos preguntó un líder comunitario que pidió no ser identificado, cuando le comentamos sobre los argumentos que la defensa presenta en el caso de BERMAR.
El Inspector de la SERNA, Juan Diego Sánchez, nos explicó cuál es el trámite para conseguir una licencia ambiental en un proyecto camaronero: «Ahora las licencias ambientales se dan de manera satelital y si están en una zona prohibida el mismo sistema le indica a uno que no procede» —dijo Sánchez, remarcando que si el proyecto está en una reserva natural o no cuenta con los títulos de propiedad respectivos, es imposible que se dé una licencia ambiental.
Haciendo uso de los contactos políticos de Bertín Cruz, luego de haber contratado al anterior fiscal del ambiente, el abogado Aldo Santos como abogado defensor, el expediente de BERMAR se fue Ad Efecctum Videndi (a efectos de ser visto) a la recién electa Corte Suprema de Justicia, que pidió el documento para conocer del caso. Y la neutralización de los efectos del delito se suspendió hasta que se venzan los recursos de la defensa.
Una fuente al interior del juzgado en Choluteca nos comentó, que todo estaba listo para hacer la operación en contra de BERMAR, cuando llegó al juzgado un conocido e influyente diputado liberal de la zona sur y se encerró en la oficina del Juez Máximo Fernandez que conoce del caso, convenciéndolo de que actuaba en nombre de un Magistrado no identificado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de justicia, quien ordenaba se suspendieran las acciones en defensa del medio ambiente.
Mientras tanto, los habitantes de la zona siguen sufriendo las consecuencias de la destrucción ambiental y la falta de ley cualquiera en su zona del país.
El miércoles 16 de marzo dio inicio a varios días de movilización de grupos indígenas y ambientales en Tegucigalpa, que llegaron reclamando justicia para el asesinato de la líder ambientalista Bertha Cáceres. Entre los manifestantes iba un grupo de pescadores artesanales con una pancarta reclamando justicia en el caso Bertín Cruz.
Ellos alegan que BERMAR les ha bloqueado el paso al manglar en donde tradicionalmente pescaban.
«Están destruyendo el mangle, porque todo lo que la máquina levanta lo deja muerto» —dicen los canecheros cuando se les pregunta por la causa de su reclamo.
«Ahora hay menos cosecha de curiles y de canecho y muchas familias viven de eso. Hasta la pesca en el golfo se ha visto afectada» —dice Moisés Osorto de la Asociación de Pescadores Artesanales.
La tarde cae sobre Guapinol. Las familias prenden las fogatas para espantar a las plagas de zancudos con el humo. En los bares y billares comienza la música tropical a alto volumen, mientras los niños juegan en las pozas formadas en la calle por la marea.
Nosotros logramos salir a tiempo de la aldea. Recorrimos casi un kilómetro con el agua arriba de las llantas del carro mientras apreciábamos el bello atardecer en el golfo.
El caso de la reserva «Las Iguanas–Punta Condega» continúa aún inconcluso. Bertín Cruz permanece impune en la camaronera, sin prestar atención ni a las Leyes de la República ni al reclamo de las comunidades. Mientras tanto, las actividades delictivas crecen en la zona, se reportan con más frecuencia la presencia de hombres en uniformes camuflados que hablan con acento mexicano y se hacen llamar «Los Meros Toros». La inacción policial y las llamadas hechas por diputados, políticos y Magistrados inescrupulosos, hace crecer la Marea Negra sobre el sur de Honduras. Una marea que come comunidades enteras, ahogando el medio ambiente, familias campesinas, nuestra institucionalidad y, eventualmente, si nada se hace para impedirlo, el futuro próspero de Choluteca.
