Desde el escándalo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en el que se reveló que alrededor de 7 mil millones de lempiras fueron desfalcados de las aportaciones de miles de trabajadores a nivel nacional para financiar campañas políticas en las pasadas elecciones, en particular la campaña del Partido Nacional, se llegó a la conclusión de que era necesario regular de manera más efectiva el flujo del financiamiento a los partidos, así como fortalecer la auditoría institucional para evitar que procesos abiertos de malversación de fondos públicos, como lo fue en el caso del IHSS, vuelvan a pasar desapercibidos.
Luego de la exigencia de los sectores civiles de un ente contralor independiente al gobierno, en enero del 2016 se firma con la Organización de Estados Americanos el convenio de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, o por sus siglas MACCIH, que comenzaría su instalación formalmente el 19 de abril del presente año. Una de las líneas de acción de la MACCIH que ha sido estipulada explícitamente es generar un esquema que regule el financiamiento de las campañas políticas, lo que pasa, inevitablemente, por una reforma a la ley electoral del país.
El proceso, entonces, recae en gran medida en el Congreso Nacional y en la Comisión de Asuntos Electorales, una de las comisiones ordinarias que desarrollan las funciones en este poder del estado.
En enero del 2014 se aprobó la nueva Ley orgánica del Congreso Nacional de Honduras modificando varios elementos estructurales para hacer más eficiente su gestión legislativa. Dentro de esas modificaciones, se creó una gerencia legislativa y se redujeron las comisiones ordinarias de un número de 61 a 29. Una de esas 29 comisiones ordinarias es la Comisión de Asuntos Electorales, integrada por José Alfredo Saavedra (Partido Liberal) como presidente, Antonio Rivera Callejas (Partido Nacional) como vicepresidente, Augusto Domingo Cruz Asensio (Partido Demócrata Cristiano) como secretario, además de los diputados Doris Alejandrina Gutiérrez (PINU), Fanny Valladares (Partido LIBRE), José Alfredo Saavedra (Partido Liberal), Welsy Vásquez (Partido Nacional), y David Reyes (PAC).
Esta comisión es particularmente relevante en este período, considerando, además de la entrada de nuevos actores al ruedo político y de las pretensiones que se han externado en lo referente a la reelección presidencial, enmarcadas en el escándalo del IHSS, que existe la tarea consignada de trabajar con la MACCIH y el Tribunal Supremo Electoral para elaborar un instrumento legal que permita una regulación más expedita de las campañas políticas.
Desde la instalación de la MACCIH el 19 de abril del presente año, se designó a Jacobo Domínguez como el coordinador de la línea de trabajo referente a los asuntos de la corrupción en el sistema electoral y político del país. La Comisión de Asuntos Electorales ha sostenido varias reuniones con Domínguez desde el mes de junio para entrar en esta labor.
Según la agenda establecida por la MACCIH, en septiembre del presente año, cuando comienza la carrera electoral a lo interno de los institutos políticos, debe aprobarse lo que se conoce como Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Campañas Electorales.
“Es un proyecto legislativo integral que plantea una unidad de fiscalización de estos fondos de las campañas políticas”, explica Jacobo Domínguez agregando que “uno de los principales elementos que detonan la corrupción son los acuerdos que subyacen entre los candidatos y determinados factores, donde el dinero utilizado para financiar las campañas no necesariamente tiene que ser producto de actividades delictivas como el narcotráfico, sino que puede ser también producto de la malversación de fondos o ser la causa para que se comiencen a llevar a cabo procesos de lavado de activos”.
La unidad propuesta en el marco de este proyecto de ley sería técnica, y estaría adscrita al Tribunal Supremo Electoral, según lo que explica Domínguez.
“Lo que va a hacer (la unidad de fiscalización) son auditorías de los fondos en el caso del financiamiento, en caso de que se apruebe, y de la deuda política, para comprobar el origen cierto de los fondos con los que se realizan las campañas en este momento”, comenta Jacobo Domínguez.
Este proyecto de ley se está consensuando entre tres diferentes proyectos que han presentado el Poder Ejecutivo, el diputado por la UD, Edwin Pavón, y el Tribunal Supremo Electoral. Dos de los elementos primordiales en lo que sería el consenso de estos proyectos presentados sería, primero el acompañamiento directo de la MACCIH y segundo la designación de techos para el financiamiento de los partidos políticos.
Una de las cosas, sin embargo, que tanto el designado especial de la MACCIH Jacobo Domínguez y el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Antonio Rivera Callejas, diputado por el Partido Nacional, han manifestado, es que esta reforma a la ley electoral deja por fuera los asuntos políticos que han encendido el debate nacional, particularmente con la entrada de nuevos actores a la escena electoral.
Algunos de esos asuntos políticos corresponden a la integración de los nuevos institutos políticos en Tribunal Suprema Electoral, que actualmente está conformado solamente por miembros de los partidos tradicionales del país, lo que en la práctica crearía un sesgo en el funcionamiento de este ente; asimismo, el debate sobre la segunda vuelta electoral para hacer de las elecciones presidenciales un proceso más representativo, y finalmente, el asunto de la reelección presidencial, que hasta el momento sigue siendo ilegal desde un punto de vista apegado por entero a lo estipulado en la Constitución Nacional de la República de Honduras.
Existen otras propuestas de reforma, como la institución de voto electrónico, prohibición del traslado de votantes, etcétera. En entrevista con diario La Tribuna en noviembre del 2015, el diputado Antonio Rivera, en su condición de vicepresidente de la Comisión de Asuntos Electorales, manifestó, “Hay cualquier cantidad de propuestas de reformas pero no se pueden aprobar todas. Unas porque no hay voluntad política y otras por el tiempo. (…) Lo ideal es que las autoridades de los partidos se reúnan para que hagan una nueva ley electoral, pero es difícil que lo hagan porque estamos a un año que se presenten planillas para cargos de elección popular.”
Jacobo Domínguez, por su parte, manifestó lo siguiente: “Lo que sí debemos decirlo es que la discusión se limita en este momento al tema de financiamiento”.
Otro elemento a considerar es la inscripción de nuevos partidos políticos y el costo de la misma. En el período electoral anterior se inscribieron cuatro partidos nuevos: Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Partido Anticorrupción (PAC), Partido Alianza Patriótica Hondureña (APH) y el Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (FAPER). De estos cuatro nuevos partidos, dos de ellos, Alianza Patriótica y FAPER, recibieron en conjunto menos de 10,000 votos a nivel nacional. Sin embargo, este año, la Corte Suprema de Justicia concedió dos amparos para permitir que ambos partidos permanecieran constituidos y en el goce de sus facultades.
Actualmnte son seis partidos políticos nuevos los que se han presentado a inscripción en el Tribunal Supremo Electoral, que serían Partido Justicia Nuestra (Miguel Nolasco), Partido Liberación Democrático de Honduras (LIDERH – Lempira Viana Mora), Partido Organización de la Reserva Democrática (ORDEN – José Antonio Sorto), Partido Va Movimiento Solidario (VAMOS – Augusto Cruz Ascensio), Partido Nacional Republicano Hondureño (PANAREH – Heriberto Baquedano) y finalmente Partido Movimiento Acción Social (MAS – José Lagos). El proceso de inscripción de estos partidos, que no tienen hasta el momento ninguna visibilidad en el acontecer nacional, asciende hasta el momento al costo de tres millones de lempiras, según lo expresado por el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros Batson.
La Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Campañas Electorales, que está agendada para su aprobación el 11 de septiembre, dejará por fuera tanto el intensivo proceso de inscripción de nuevos partidos como la regulación de financiación de la campañas políticas durante las elecciones internas, y se aplicará hasta las elecciones generales del año 2017, lo que abre una ventana de posibilidades para el desarrollo de estrategias que permitan eludir los techos de la MACCIH.
A pesar de que el consenso entre todos los partidos que conforman la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional y la MACCIH es que la agenda tenga que ver exclusivamente con el tema de financiación de campañas políticas, sin una reforma electoral que englobe elementos más allá del tema de los fondos la ley no puede ejecutarse de manera integral, comenzando por el hecho de que actualmente no existe representación en el Tribunal Supremo Electoral del Partido Libertad y Refundación y Partido Anticorrupción, que en las elecciones generales anteriores obtuvieron la segunda y la cuarta posición, respectivamente, de votos a nivel nacional.
La transparencia debe augurarse desde la creación de un partido, determinando, a través de mecanismos adecuados y rigurosos, que este partido cuenta con el respaldo popular y no contribuirá a exacerbar la deuda política. En este punto es curioso notar que uno de los líderes de los seis nuevos partidos en el proceso de inscripción en el TSE es Augusto Cruz Ascencio, integrante también de la Comisión de Asuntos Electorales en el Congreso Nacional.
Sin duda la creación de una unidad contralora adscrita al TSE que certifique la procedencia legal de los fondos utilizados en campañas políticas es un paso hacia el frente en camino a transparentar la corrupción estructural que aqueja el aparato estatal en nuestro país, pero la MACCIH debe ser capaz de abrir su análisis para incluir un contexto político dentro del estudio de las causas de la corrupción en el tema electoral.
Cuando un sector político tiene enteramente bajo su poder una o varias esferas de las instituciones públicas, el riesgo de cometer abusos de autoridad que desemboquen en actos de corrupción se acrecientan de sobremanera. Es en ese sentido, entonces, que una reforma electoral incluyente frenaría cualquier monopolio político y en consecuencia parte del flagelo de la corrupción, que actualmente aqueja a la institucionalidad nacional.
