«La MACCIH es el modelo de Honduras; no somos una copia de la CICIG»

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), es la émula de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Funciona desde el pasado 19 de abril, y tiene como objetivo investigar los casos de corrupción e impunidad que afectan a Honduras. El peruano Juan Jiménez Mayor, jefe de esa misión de la OEA, explica los alcances del mandato que deberá cumplir durante los próximos cuatro años para desterrar...
Redacciónseptiembre 14, 2016
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), es la émula de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Funciona desde el pasado 19 de abril, y tiene como objetivo investigar los casos de corrupción e impunidad que afectan a Honduras. El peruano Juan Jiménez Mayor, jefe de esa misión de la OEA, explica los alcances del mandato que deberá cumplir durante los próximos cuatro años para desterrar la corrupción y fortalecer los sistemas de político, judicial y de seguridad del país más violento del mundo.
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Un millonario desfalco en el Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS) sacó a las calles durante más de cinco semanas consecutivas a miles de hondureños, para exigir un alto a la corrupción e impunidad que se había apoderado de ese país. «Los indignados», como se hicieron llamar los manifestantes, con antorchas, banderas y pancartas en mano, a partir de mayo del año pasado invadieron las calles de Tegucigalpa, la capital de Honduras, para presionar al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado, a desbaratar a las organizaciones criminales que se habían apoderado del Estado hondureño, incluidos miembros del Partido Nacional, la agrupación política que lo llevó al poder a finales de 2013, el cual se había beneficiado con financiamiento ilícito.

Alentados por lo que ocurría en Guatemala, en donde la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y la Fiscalía desbaratan las redes de corrupción integradas por funcionarios, políticos y empresarios, y miles de ciudadanos que les apoyaban en las calles, los indignados hondureños empezaron a exigir una instancia similar en su país. Presionado por las manifestaciones sociales, los partidos de oposición y la embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa, Hernández Alvarado convocó a un diálogo nacional para crear un Sistema Integral de Combate contra la Impunidad y la Corrupción, y solicitó el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero los indignados rechazaron la propuesta del mandatario, e insistieron en la instalación de una comisión internacional con un mandato similar al de la CICIG.

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Foto: La Prensa

A finales de septiembre, la OEA le lanzó un salvavidas al gobierno hondureño, al proponerle la creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras  (MACCIH), una instancia con un amplio mandato (de cuatro años) para investigar y desarmar las redes de corrupción que operaban en ese país, proponer reformas al sistema judicial, político y de seguridad, y asesorar a la instituciones del Estado. El 19 de enero de este año, el presidente Hernández  Alvarado y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, suscribieron en Washington, el convenio que dio vida a esa misión internacional. Como jefe de la MACCIH (Vocero y Representante Especial del Secretario General de la OEA, según el acuerdo), fue nombrado al abogado y diplomático peruano Juan Jiménez Mayor, uno de los artífices de la lucha contra la corrupción en Perú, y promotor de la arquitectura legislativa contra las mafias y el crimen organizado en su país.

El 19 de abril de 2016, junto a una decena de funcionarios internacionales, Jiménez Mayor inició de forma oficial el trabajo de la MACCIH. Entusiasmado por los logros alcanzados en los primeros cuatro meses, y con un cúmulo de proyectos e iniciativas bajo el brazo, el jefe de esta misión habla en esta entrevista realizada en Tegucigalpa, sobre los desafíos, tropiezos y expectativas para hacer cumplir el mandato que le han confiado los hondureños, y aunque reconoce las similitudes que la MACCIH tiene con la CICIG —lo cual genera sombras y presiones por los alcances que la comisión de las Naciones Unidas ha tenido en Guatemala—, es enfático en indicar que el suyo es un modelo propio, hondureño, que no pretende emular al guatemalteco.

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Juan Jiménez Mayor, Foto: Plaza Pública.

¿Cuáles son los niveles de corrupción e impunidad en Honduras?

La gente tiene mucha desconfianza en sus instituciones producto de los procesos de corrupción que ha sufrido y sigue sufriendo el país. El caso de corrupción en el Seguro Social, fue el que nos trajo al país. La misión viene a contribuir a generar esa confianza que la población debe tener hacia sus instituciones, porque ese es un problema que afecta a la democracia, al sistema político, a la sociedad. La misión tiene el compromiso de contribuir a recuperar esa confianza, no solo en la investigación y resolución de los casos de corrupción, sino también en las reformas institucionales que necesita el país.

¿Qué motivó al Gobierno de Honduras a pedir el apoyo de la OEA para crear esta misión?

Esta misión es producto de todo un proceso político y social que existió el año pasado en el país a partir de un movimiento de indignados, que reclamó al Estado cambios para poner fin a la impunidad.  En virtud de esto, el Gobierno asumió el desafío de promover cambios en el país, y uno de esos cambios es la llegada de esta misión.

Pero los indignados hondureños, los que salieron a las calles durante semanas para exigir acciones en contra de la corrupción y la impunidad, no querían una misión de la OEA, sino que exigían una de las Naciones Unidas, similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Ese es el principal escollo que hemos tenido con el sector crítico del país, que al inicio de nuestro trabajo no entendió cuál es el propósito de la MACCIH. Con el tiempo la gente se está dando cuenta que la MACCIH es un proyecto importante. Es una misión distinta a la CICIG, por su origen y por su mandato, pero una misión que sí tendrá incidencia importante, y en los resultados que esta misión produzca se verán los cambios de percepción de los sectores críticos de la sociedad.

Las expectativas de la sociedad respecto a los alcances de la misión, son tan altos como poderosos los grupos fácticos a los que deberán enfrentar para combatir la corrupción y la impunidad.

Hay muchos sectores que no nos quieren, uno de ellos es el sector que maneja la corrupción en Honduras, y que busca siempre la impunidad. Nosotros estamos haciendo un trabajo ordenado y planificado para tener incidencia. No ha sido fácil. Desde que llegamos al país el 19 de abril, hemos tenido que superar varios desafíos. El primero fue el financiamiento de la misión; no teníamos dinero para arrancar el trabajo. El crimen de Berta Cáceres influyó en ello, porque se paralizó la cooperación hacia Honduras; pero la comunidad internacional, que es la que financia el cien por cien de la misión, entendió cuál es nuestro rol en el país. Remontamos también las críticas a la misión; hemos tenido muchas reuniones con la sociedad civil para explicarles cuál es nuestro mandato. Había mucha desinformación sobre eso. La gente creía que la misión no tenía facultades de investigación, y eso no es así. La misión sí puede hacer investigaciones; trabaja en equipo con la Fiscalía, con unidades de la Fiscalía certificadas por la misión, para participar en los casos. Los casos que investigamos los decidimos nosotros mismos en la misión, ni el Gobierno ni la Fiscalía nos dicen qué casos debemos investigar, sino que lo decidimos nosotros de forma autónoma y de acuerdo a nuestro mandato y objetivos.

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Pero eso es violatorio a la Constitución hondureña, porque el monopolio de la persecución penal le corresponde a la Fiscalía…

No porque lo hacemos en conjunto con la Fiscalía. Las investigaciones las realizaremos los investigadores y analistas internacionales de la misión en conjunto con los fiscales hondureños.  Son los fiscales hondureños los que deberán sostener los casos ante los tribunales, y son los jueces hondureños los que van a decidir sobre éstos. Lo importantes es que podamos transferir la tecnología de la investigación moderna de los casos de corrupción.

¿Cómo trabajar con instituciones como la Fiscalía, los tribunales o la policía hondureñas, que son consideradas altamente corruptas y promotoras de impunidad?

Dentro de nuestro mandato tenemos alcances importantes que no posee la CICIG en Guatemala. Haremos procesos de certificación de las unidades con las que vamos a trabajar en la Fiscalía. El Parlamento ya ha aprobado como Ley de la República, la creación de la Jurisdicción Nacional anti Corrupción, ésta será una unidad integrada por Jueces de Letras, Tribunales de Sentencias y Cortes de Apelaciones. Todo el circuito completo ha sido creado a propuesta de la MACCI, y en estos momentos estamos en el proceso de selección de los jueces y magistrados que trabajarán con nosotros.

¿Eso vulnera la independencia judicial?

Esto no significa que nosotros vayamos a darles instrucciones a los jueces, sino que éstos van a recibir la capacitación, entrenamiento e información que necesitan para poder analizar y tener una adecuada jurisprudencia que esperamos que en el futuro se pueda tener en el país.

Integrantes de la Maccih previo a la instalación de la Maccih en Tegucigalpa. Foto La Prensa
Integrantes de la Maccih previo a la instalación de la Maccih en Tegucigalpa. Foto La Prensa.

Insisto: elegir a los fiscales y jueces que investigarán y sancionarán los casos de la MACCIH, es tanto como ser juez y parte…

En el caso de los jueces, el convenio establece que la misión selecciona y certifica. Acordamos con el Poder Judicial es un proceso de selección en el que nosotros participamos. Hace algunos meses, por una sentencia de la Corte Suprema se desactivó el Consejo de la Judicatura que era el que seleccionaba a los jueces. Ahora mismo, esa atribución la tiene el Presidente del Poder Judicial. Por eso hemos optado por un mecanismo de selección abierto y transparente, que determine una valla alta en la selección de los Jueces y Magistrados que conocerán los casos de corrupción investigados por la MACCIH. Esto es muy importante: desde el punto de vista estratégico, la misión no puede trabajar con todos los Jueces de Letras del país que conocen los casos penales, sino que necesitamos de una jurisdicción especializada. Desde nuestro punto de vista, eso hará el cambio en el país sobre cómo procesar los casos de corrupción con unidades especializadas, como ocurre en Guatemala con la jurisdicción de Mayor Riesgo, o en Perú con la jurisdicción Anticorrupción.

Los jueces siempre tendrán independencia absoluta para juzgar y resolver, y nosotros vamos a pelear porque eso sea así. Lo que estamos buscando es que sean personas idóneas, profesionales comprometidos con la lucha contra la corrupción que Honduras está librando. El perfil que hemos considerado para estos jueces, por ejemplo, es que sean abogados que jamás hayan defendido a procesados acusados de corrupción o de crimen organizado, que no tengan ningún tipo de manchas en su trayectoria profesional. Van a tener que pasar una serie de evaluaciones, pruebas de conocimientos, deberán explicar el origen de su patrimonio, y aprobar las pruebas de confianza para ocupar esos cargos.

¿Confía la MACCIH en el Fiscal General de Honduras, Óscar Fernando Chinchilla?

Con el Fiscal General tenemos una relación muy positiva. El fiscal Chinchilla es una persona muy comprometida, está al día en los casos más importantes de la Fiscalía; nos ha abierto las puertas y con rapidez hemos coincidido en los objetivos de nuestra misión. El Fiscal General es una persona muy colaboradora con la misión, y estamos definiendo los términos de la certificación de fiscales que trabajarán con la MACCIH; también trabajamos en coordinación las investigaciones sobre el caso de corrupción en el Instituto de Seguridad Social. Contrario a lo que ocurrió en Guatemala, cuando la CICIG inició su trabajo, que hubo mucha controversia con el Poder Judicial y la Fiscalía, acá hemos tenido apoyo total.

¿Cuál es el alcance del mandato de la MACCIH?

Tenemos cuatro áreas. La de combate a la corrupción, que desarrolla las líneas de investigación que trabajaremos con los fiscales hondureños; esta división también se encargará de diseñar un Plan Nacional contra la Corrupción, completo y consensuado con la sociedad civil, cuyo cumplimiento será supervisado por la misión. Esta área también tendrá una unidad de reformas que tendrá a su cargo una serie de planteamientos de mejoras institucionales y de modificaciones normativas y leyes nuevas. Por ejemplo, estamos trabajando en la iniciativa de Ley de Colaboración Eficaz que es una norma muy importante que generará una herramienta para desarticular las organizaciones criminales; estamos trabajando también en modificar la Ley de Secreto, la cual ha generado un enorme retroceso en cuanto a las políticas de transparencia y acceso a la información pública; es una ley muy cuestionada.

Otra área se refiere a reformas político-electorales, que se refieren principalmente al financiamiento de los partidos políticos y que, en muchos casos, están asociados a corrupción. Esperamos que en breve sea aprobada por el Parlamento la Ley de Financiamiento y Fiscalización de Campañas Electorales, una herramienta poderosa que contempla levantar el secreto bancario y tributario, para investigar a los partidos y sus financistas. La otra área de trabajo de la misión es la de reforma de la justicia penal, una división a través de la cual tenemos la posibilidad de incidir en las reformas judiciales del país. Vamos a trabajar con la Fiscalía, el Poder Judicial, la Procuraduría, el Sistema de Cárceles. En el marco de esta división tenemos un Observatorio de la Sociedad Civil que será la ventana entre la MACCIH y la sociedad civil para efectuar un monitoreo y rendición de cuentas del sistema de justicia con la sociedad civil. Nuestra misión acaba en cuatro años, y queremos que este producto quede insertado y sea sostenible para que pueda existir un mecanismo de supervisión de la justicia. La cuarta área, es la de seguridad pública. En esta trabajamos en aportar elementos de mejoras instituciones en la policía, en la Secretaría de Seguridad, en los aspectos de investigación criminal. Vamos a trabajar en la profesionalización de la policía, para mejorar la carrera policial y su organización.

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La corrupción no es un fenómeno exclusivo del sector público y de los políticos. Los empresarios la fomentan, practican y se benefician con ello.

Sin duda. Eso es así y no podemos taparnos un ojo para decir que la corrupción viene solo del ámbito público. También serán objeto de nuestras investigaciones. Tenemos mapeados a los sectores sensibles a la corrupción: aduanero, compras públicas, construcción, industrias extractivas, energía, alianzas público-privadas. También estamos trabajando con el sector empresarial un Pacto por la Probidad Empresarial, que garantice prácticas distintas vinculadas a la probidad y la ética. Que los empresarios y las empresas asuman estas prácticas, y quienes no cumplan con esos estándares sean expulsados de los propios gremios empresariales. Que sea algo vinculante, más allá de un acto protocolario o la firma de un documento, que tenga la capacidad de limpiar al sector empresarial.

En Guatemala, cuando la CICIG empezó a investigar a empresarios poderosos por participar en hechos criminales como corrupción, lavado de dinero o evasión de impuestos, las cámaras empresariales se sintieron atacadas, cerraron filas y promovieron campañas de desprestigio en contra de la Fiscalía y la CICIG. ¿Han previsto ustedes reacciones similares en Honduras?

Yo vengo de una experiencia personal similar. Yo soy peruano, participé en mi país en la construcción de la arquitectura anticorrupción a finales del año 2000. He recibido amenazas, he estado en medio de circunstancias difíciles por participar en el combate a la corrupción de los años 90. Así que sabemos que cuando vengan los casos complejos vamos a recibir amenazas, que habrá campañas negras, que atacarán a nivel personal al personal de la misión. Eso ya lo hemos conversado al interior del equipo, sabemos que son los gajes del oficio, así que estamos preparados para eso.

Las reformas que pretenden impulsar deben contar con la venia de los políticos, y sin duda, las investigaciones de la MACCIH llevarán a muchos de éstos a la cárcel. ¿Cómo hacer para que los políticos no obstaculicen el trabajo de la misión?

Esa pregunta aún no tiene una respuesta definitiva. Hasta el momento no tenemos quejas del sector político; hemos recibido apoyo tanto del Gobierno como de los partidos de oposición. Algunos chispazos, pero en general el balance es positivo. Hace unas semanas acordamos con la Procuraduría General de la República, que es la entidad que defiende los intereses del Estado, en dar un viraje al tratamiento de los casos de corrupción. En Honduras, las normas permiten que un caso de corrupción pueda ser conciliado por la Procuraduría, siempre y cuando el Estado recupere lo defraudado. Por ejemplo, en un caso de enriquecimiento ilícito, si yo entrego al Estado el desbalance de mi estado patrimonial, con eso puedo evitar ser investigado y sancionado por ese delito. Ese es un tema de decisión política: la Procuraduría se ha comprometido a no conciliar ningún caso de corrupción. Eso nos permite, por el momento, por medio de un compromiso institucional de la Procuraduría, evitar ir al Congreso a pedir la modificación de leyes específicas. Nos congratulamos que sea una institución del Poder Ejecutivo hondureño la que esté apoyándonos con esa decisión.

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Si las investigaciones sobre corrupción avanzan, en algún momento tendrán que alcanzar a las estructuras criminales que han permeado el Gobierno hondureño…

Nosotros venimos a hacer un trabajo. Y desde febrero pasado cuando vinimos a Honduras a presentar la misión, lo dijimos: La persona que haya cometido un acto de corrupción tiene que ser investigada y tener que tener la sanción correspondiente. Nos hemos encontrado con casos en que se aplica la ley, pero esa ley genera escenarios de impunidad. Las leyes pueden ser decisiones políticas que en un momento tomó el país, pero que no son lo más adecuadas en un contexto en el que la población es intolerante a la impunidad. El papel de la misión es alertar sobre esos problemas, pero también generar los procesos de cambio para que esas leyes no se apliquen porque generan impunidad. El operador de justicia debe cambiar su visión y dejar de aplicar esas leyes; deben dejar de hacer lo que hacían antes y cambiar, porque ahora hay una política de Estado para detener la corrupción y la impunidad.

¿Es Honduras un Estado cooptado por mafias con fachadas políticas y/o empresariales?

 No podría hacer esa afirmación. Lo que sucede en Honduras, como en otros países de América Latina, es que tenemos altos niveles de corrupción que tenemos que cambiar. En la policía, en el sector descentralizado, en las municipalidades. Habría que analizar la profundidad de este fenómeno, pero estamos empezando la misión para saber cuál es el estado del país. Eso lo describiremos al investigar y penetrar en el fenómeno, como lo hicimos en Perú en donde no sabíamos cuál era la dimensión de la corrupción de (Alberto) Fujimori y (Vladimiro) Montesinos, hasta que comenzaron las investigaciones y se fue descubriendo todo el panorama. En Honduras estamos en un proceso inicial. El país está involucrado en un proceso de limpiar sus instituciones. El Estado asumió ese desafío, lo cual no es fácil, además, viendo la experiencia de Guatemala con el trabajo de la CICIG, que ha generado una enorme expectativa y atención acerca de cuál es la incidencia de una misión internacional en esta materia. Lo que está claro es que se está visibilizando el problema de la corrupción y eso es importante. Honduras ha identificado que tiene una enfermedad, y está tratando la manera de controlarla. Sabemos que la corrupción difícilmente va a ser extirpada, porque corrupción hemos tenido siempre y es parte de la naturaleza humana; pero lo importante es que la gente sepa que si comete un acto de corrupción tiene que pagar por eso.

Juan Jiménez Mayor, Foto Plaza Pública
Juan Jiménez Mayor, Foto Plaza Pública

¿Le ha servido a la MACCIH la experiencia de la CICIG?

Sin duda. La CICIG es un referente. A nosotros nos comparan mucho acá con la CICIG. Es importante conocer su historia y cómo evolucionó o involucionó. Lo más destacable aquí de la CICIG, ha sido el proceso que llevó a la cárcel a la Vicepresidenta (Roxana Baldetti) y al presidente (Otto) Pérez Molina, en el caso La Línea y el caso de Cooptación del Estado. Nosotros recién estamos llegando a Honduras, tenemos cuatro meses, pero la gente nos está exigiendo resultados. Nos ha tocado explicar que los procesos de investigación de gran magnitud no se resuelven en una semana, que se necesita de un proceso de maduración, de captación de datos, de análisis de información, de documentos para hacerlo con seriedad. Seguimos muy de cerca el trabajo de la CICIG, pero la MACCIH es el modelo de Honduras; no somos una copia de la CICIG. No me gusta plantearlo en esos términos. Creo que cada país tiene que seguir su propio modelo y su propio desafío, aunque tengamos elementos comunes de corrupción e idiosincrasia, en el caso de Honduras esta misión tiene un perfil distinto al que tiene la CICIG en Guatemala. Para nosotros la experiencia de la CICIG es importante porque conocemos el proceso de arranque, los desafíos que enfrentó (Carlos) Castresana (el primer comisionado de la CICIG) con los problemas iniciales con el Parlamento y el sistema de justicia. Nosotros hemos tenido menos piedras en el camino porque desde el inicio ha existido una voluntad política para que la misión venga al país.

La sociedad hondureña ve hacia Guatemala y observa cómo la CICIG ha capturado y llevado ante la justicia  a funcionarios, políticos, empresarios, banqueros… y esperan que algo similar ocurran en Honduras con la MACCIH…

Estamos en el inicio de esta misión. Ahora mismo somos 17 personas, esperamos que los fondos que se necesitan lleguen para completar el equipo de 70 personas que es lo que necesitamos para operar: fiscales internacionales, peritos, criminólogos, investigadores, analistas financieros, mientras no tengamos ese equipo no podemos avanzar. Nosotros tenemos el mandato y tenemos la decisión de cumplir ese mandato.

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¿A cuánto asciende el presupuesto de la MACCIH, y cuáles serán sus fuentes de financiamiento?

Necesitamos US$9 millones anuales. Hemos tenido respaldo de la comunidad internacional. Estados Unidos ha aportado US$5.2 millones; Canadá con 5 millones de dólares canadienses. Esperamos un aporte importante de la Unión Europea; estamos en conversaciones con Alemania, Inglaterra, Suecia y Suiza. La cooperación de América Latina también es muy importante. Estamos en conservaciones para incorporar a investigadores de países latinoamericanos a este proceso.

El Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) es importante para los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. ¿Qué tanta influencia tiene la embajada estadounidense en Honduras sobre la misión?

Los objetivos de la Alianza para la Prosperidad (que promueve Estados Unidos en la región) coinciden en muchos aspectos con los objetivos de la MACCIH: la transparencia y el combate a la corrupción. En esa medida, considero que es importante que nosotros tengamos información sobre cómo se viene trabajando en el cumplimiento de esos objetivos.

¿Cómo quisiera que concluyera su mandato al frente de la MACCIH?

No lo he pensado. Lo que sí quisiera es que la misión produzca resultados concretos en la lucha contra la corrupción y la impunidad; devolverle la confianza a la gente de que sus instituciones pueden funcionar.

Tomado de:

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