LA FUGA DE MEGAWATTS

Los proyectos estatales de generación de energía por recursos renovables La capacidad de producción energética de Honduras en la actualidad es de 1,700 Mwh (Megawatts hora), sin embargo, el consumo en las horas pico, es de un aproximado de 1,392.2 MWh. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica era en el pasado la única con el poder de comercializar la energía eléctrica que se producía en el país, permitiendo que en aquellos momentos en los que...
adminagosto 15, 2016

Los proyectos estatales de generación de energía por recursos renovables

La capacidad de producción energética de Honduras en la actualidad es de 1,700 Mwh (Megawatts hora), sin embargo, el consumo en las horas pico, es de un aproximado de 1,392.2 MWh. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica era en el pasado la única con el poder de comercializar la energía eléctrica que se producía en el país, permitiendo que en aquellos momentos en los que la ENEE tuviese excesos de energía, se conecte al Sistema Interconectado Centroamericano, y de esta manera vender energía generando ganancias para el país. Pero esto cambió.

Siguiendo con la ruta del documento que la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica publicó en 2015, en donde se explica que «la legislación fundamental que existía hasta el año 2006 era la Ley Marco del sub sector eléctrico y la ley de incentivos a la generación con fuentes renovables», se reconoce que la política energética del país dio un giro importante para el año 2007, con la intensión de disminuir la producción de energía a través de plantas térmicas, y pasar a darle mayor prioridad a la generación de energía a través de las llamadas tecnologías limpias, hidroeléctrica, biomasa y fotovoltaica, y poder actualizar la matriz de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

Para el 2 de octubre de 2007, el gobierno hondureño creó la Ley de promoción de la generación de energía eléctrica con recursos renovables, bajo el decreto 70-2007. En esta ley se garantiza los contratos a las empresas generadoras de energía eléctrica para «vender directamente a Grandes Consumidores o Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica, contando con la aprobación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), previo al aseguramiento de la demanda nacional de energía» además de «vender por iniciativa propia su producción de energía a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), teniendo esta última la obligación de firmar un Contrato de Suministro de Energía Eléctrica y comprar tal energía.»

En el artículo 2 de la Ley de promoción de la generación de energía eléctrica con recursos renovables, se expresa la exoneración de impuestos a las empresas generadoras de energía: por la venta de equipo, materiales y servicios, que estén destinados a la generación de energía eléctrica con recursos renovables; de todos los impuestos, tasas, aranceles y derechos de importación de equipo, materiales, repuestos, partes y aditamentos; impuesto sobre la renta, aportación solidaria temporal; impuesto al activo neto y todos aquellos conexos a la renta durante un plazo de diez años; impuesto de la renta y sus retenciones sobre los pagos de servicios u honorarios contratados con personas naturales o jurídicas extranjeras, y finalmente, los proyectos gozarán de todos los beneficios establecidos en la Ley de aduanas en relación con la importación temporal de maquinaria y equipos necesarios para la construcción y mantenimiento de los mismos.

José Luis Espinoza, director del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, ha sido uno de los investigadores sobre el impacto que en las comunidades tienen los proyectos de generación de energía por recursos renovables y la minería, nos recibió en su oficina para conversar sobre la producción energética en el país y sobre cómo él ve la situación actual de las comunidades donde las empresas han llegado para instalarse hasta el día en que ya no haya recursos que explotar.

Siempre vendieron en las comunidades que había un solo modelo de desarrollo –comienza diciendo Espinoza– y que la generación de energía hidroeléctrica, así como toda la energía limpia, de la que ellos hablan ahora, beneficiaría a los pueblos, y a los territorios. Decían que las comunidades debíamos entender que se hacía para mover más máquina de la industria, para generar más electricidad en las comunidades, para generar electricidad más barata. Todo esto era para el desarrollo de Honduras.

Espinoza relata que el mito del desarrollo y de la bondad económica para las comunidades se viene abajo cuando se dan cuenta que estos proyectos generadores de energía a partir de recursos renovables, están conectados al Sistema Interconectado Centroamericano, con una ley que beneficia a las empresas, y las faculta a vender los MW que producen al mejor postor, sin que las comunidades de quienes extraen los recursos hasta el punto de agotarlos, importen realmente.

En 2009, mediante el decreto de licitación internacional 100-1293/2009, se aprobaron 39 contratos de energía renovable, de 47 que eran en total, adjudicados por la ENEE el día 3 de octubre de 2010, estos proyectos tendrían un rango de entre 18 meses a 5 años de operación, según el documento de ANAFAE.

En Honduras, existen siete proyectos hidroeléctricos estatales, los detalles de estos proyectos salieron publicados en el Plan estratégico de la ENEE 2011-2014, que es la última actualización oficial de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

En 2015 la ENEE hizo una carta firmada por Reinaldo Ernesto Rojas, jefe del departamento de planificación económico, en respuesta a la solicitud del plan estratégico por parte de Emy Reina, jefa de la unidad de transparencia, anticorrupción y control de pérdidas, en donde Rojas a Reina le explicaba que «a raíz de la problemática financiera y administrativa por la que ha venido atravesando la ENEE desde hace varios años, y a solicitud del Congreso Nacional, el 18 de enero de 2013, el licenciado Emil Hawitt Medrano, en su momento Ministro de Energía y Gerente General de la ENEE, remitió el Plan de Acción para el Rescate Financiero de la ENEE, al Congreso Nacional de la República.» En la misma carta Rojas le explica a Reina, que la ENEE no recibió respuesta oficial del Congreso Nacional.

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El Complejo energético del Aguán, explica el documento de la ENEE, contempla diferentes plantas de generación de electricidad con fuentes de energía renovable, éstas son el Proyecto hidroeléctrico Río Aguán, el Proyecto hidroeléctrico Río Mame, el Proyecto hidroeléctrico Río Yaguala, el Proyecto de planta solar fotovoltaica Arenal, y el Proyecto planta de biomasa Arenal. El Complejo energético del Aguán tiene una capacidad de 220 MWh, y su costo fue de 400 millones de dólares, financiado a través de un préstamo del gobierno de Corea del Sur, este proyecto genera energía a través de hidroeléctrica, biomasa y fotovoltaica.

Los Llanitos, tiene una capacidad instalada para producir 98.18 MWh, según el estudio realizado por la empresa española Técnicos y Proyectos, S,A (TYPSA), está ubicado en Santa Bárbara, sobre el río Ulúa, el costo de este proyecto fue de 268.6 millones de dólares, financiados a través del Banco de Brasil, BCIE y la ENEE, Llanitos produce energía a través de una represa.

Jicatuyo, cuya evaluación de factibilidad estuvo a cargo de la empresa española TYPSA, está ubicado en Santa Bárbara y Cortés, produce 172.9 MWh, el proyecto costó 277.1 millones de dólares, y fue financiado por el Banco de Brasil, BCIE y la ENEE.

Patuca III, con una capacidad de producción de 104 MWh, está ubicado en Olancho y su costó fue de 264 millones de dólares, fue financiado por China Taiwan. En la construcción del proyecto se han contratado en distintas etapas a las empresas SINOHYDRO, que es la empresa estatal de la República Popular de China, además de la consultora SINTECH para la ejecución del diseño básico y las especificaciones técnicas del proyecto, y aunque el documento de la ENEE no especifica para qué se contrató a Taipower, éste dice que las acciones de la empresa fueron financiadas por el gobierno de la República de China Taiwan.

El proyecto de Patuca II, que tiene una capacidad de producción de 270 MWh y cuyo costo fue de 675 millones de dólares, no tiene especificaciones de los financistas del proyecto. Una situación similar pasa con el proyecto Patuca IIa, ubicado en Olancho, cuyo costo fue de 375 millones de dólares, y tiene una capacidad de 150 MW. Con el proyecto El Tablón, ubicado entre los departamentos de Santa Bárbara y Cortés, con una capacidad de 20 MW, y que tuvo un costo de 105 millones de dólares, sucede los mismo, no hay especificaciones de los financistas.

Los siete proyectos anteriores suman en total una capacidad de producción de 1,035.08 MWh y tienen un costo total 2,364.7 millones de dólares.

La intención de echar a andar estos proyectos, según la justificación con la que abre el artículo 1 del decreto 279-2010 o Ley especial reguladora de proyectos de energía renovable, es porque la matriz de transmisión de la ENEE ha quedado obsoleta para las necesidades energéticas actuales del país.

«Es de apremiante urgencia, interés público y necesidad nacional de la más alta prioridad, la construcción y puesta en funcionamiento de los proyectos de generación de energía con recursos renovables nacionales», indica el citado documento.

Las declaratorias municipales

En el departamento de Atlantida, los municipios de Tela, Arizona, San Francisco, y La Masica, han declarado sus territorios libres de minería, y declarado sus ríos como fuentes de agua exclusiva para el consumo humano de las personas que habitan esos territorios.

Estas declaratorias han sido el resultado de cabildos abiertos en donde las autoridades municipales y las poblaciones, no sólo han decidido proteger los ríos de sus territorios sino que tienen como objetivo dejar sin efecto aquellos decretos que otorguen concesiones en estos territorios, rechazando cualquier pretensión de exploración minera o de construcción de proyectos hidroeléctricos.

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Foto: radiohrn.com

En el caso específico de la declaratoria del municipio de San Francisco, esta declaratoria es de carácter permanente y perpetuo, haciendo respetar de esta manera el poder soberano del municipio. Asumir estos compromisos compromete a las autoridades municipales a defenderlas, incluso contra las instituciones estatales que pretendan contravenir estas decisiones.

Estos ejemplos de defensa de los territorios y de los bienes comunes, son en realidad la excepción a la regla, casos como los de San José, donde se instaló una hidroeléctrica contra la voluntad de la comunidad, o como el reciente caso de la comunidad de Santa Elena en el departamento de La Paz, en donde las autoridades municipales, según las denuncias del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz Honduras, MILPAH, están lejos de apoyar el posicionamiento de las comunidades.

José Luis Espinoza cuenta que en ninguna de las comunidades donde ya se está produciendo energía por empresas que han recibido concesiones por parte del gobierno hondureño la energía eléctrica ha disminuido en su costo.

El 29 de abril de 2015, laprensa.hn publicó un artículo en donde se informaba que a partir de la firma de la carta de intensiones del gobierno hondureño con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la tarifa promedio se ajustaba en un 2.5% a partir del mes de julio de ese año por lo que los usuarios ajustaría sus tarifas en los costos de generación, transmisión, distribución y operación del sistema de energía. Esta nota de La Prensa informa que el aumento se calcularía a partir las tarifas de diciembre de 2014, que era de 3.70 lempiras por kilovatio hora. Este incremento de 2.5% equivalió a un aumento de nueve centavos de lempiras por kilovatio hora.

Los MW que se fugan

La venta de energía es un excelente negocio, y siempre lo será, por ejemplo, es sintomático, hay mucha queja, inclusive del Sindicato de la empresa de energía eléctrica se queja por los altos precios que se están pagando por la generación de energía fotovoltaica. Todos los recursos cotizan en bolsa, pero el único que no cotiza en bolsa es el sol, el sol está abierto aparentemente para todo y es gratis. El problema ni siquiera es el tipo de generación de energía llamada «limpia», el problema es que aquí en Honduras, los grupos económicos, siempre buscan la manera de enriquecerse parasitando en las entrañas del Estado. –Continúa Espinoza.

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Foto: laprensa.hn

José Luis Espinoza explica que en el país se ha venido apostando por la generación de energía limpia desde los años ochenta, y argumenta que son las empresas privadas generadoras de energía a través de recursos renovables, las que están provocando una fuga incalculable de la energía que se produce en el país y de la que el Estado hondureño no percibe absolutamente nada, debido a la creación jurídica que protege a las concesiones otorgadas. Esto, dice Espinoza, aún no está comprobado, y se maneja a nivel de hipótesis, después de los resultados de algunos estudios que CEHPRODEC ha realizado en relación al tema.

Según Espinoza, la energía fotovoltaica o la producida por paneles solares, en el resto del mundo es mucho más barata pero en Honduras, el costo de la energía producida por plantas solares es incluso mucho más cara que la energía eólica.

La interconexión al Sistema Centroamericano, no se ha hecho con fines de negocios estratégicos del Estado de Honduras, sino que son salidas para grupos económicos, dadas las escasas posibilidades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para adquirir compromisos de compra-venta de energía. El asunto es el por qué. –Sentencia José Luis Espinoza, quien no sólo es el director de CEHPRODEC, sino que fue el responsable del documento «Concesiones territoriales en Honduras, una aproximación a la realidad», publicado en 2015 por la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica, ANAFAE.

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