A pesar de la millonaria inversión en seguridad, creación y transformación de organizaciones que luchan contra el crimen y centenares de capturas, no se ha dado con la clave que elimine este flagelo, mientras tanto miles de hondureños a diario son extorsionados, siendo obligados a entregar sus ganacias, huir o pagar con su vida.
“¡Ladrón, ladrón, agárrenlo se llevó mi cartera!” Gritaba una mujer de unos 16 años a la orilla del bulevar Fuerzas Armadas en la capital, dos guardias de la seguridad privada de una colonia cercana intentaron reaccionar y darle seguimiento al asaltante, pero este se cruzó ambos carriles del bulevar y miró desde el otro lado a los hombres, cuando intercambiaron miradas entre los guardias, se dieron cuenta que la persecución sería inútil y desistieron.
Dentro de un restaurante de comida china ubicado en las cercanías había unos cinco clientes, todos hombres, ante los gritos se acercaron a los amplios ventanales para atestiguar el intento fallido de persecución. Quien más interesada se mostró fue la dueña del restaurante, una mujer china de unos cuarenta años que dijo que eso pasaba todos los días, que ya conocían a ese ladrón en la zona, restándole importancia al hecho.
Luego de breves minutos pasó la novedad del asalto y los hombres comenzaron a platicar sobre como se ha desmejorado la calidad de vida en el país, más que lamentos, fue un ejercicio de catarsis colectiva, como en una reunión de alcohólicos anónimos cada uno fue contando sus padecimientos por el orden.
El más impactante fue el de José (pseudónimo) es un conocido taxista en la zona, hace más de 15 años que todas las mañanas se estaciona en la entrada de esa colonia para esperar pasajeros. Explicó que con el esfuerzo de 20 años de trabajo logró comprar dos carros con sus respectivos números de taxi y también una casa que heredó de su madre la logró convertir en cuatro apartamentos para alquiler.
En sus planes, su vida estaba resuelta, viviría de las rentas de los vehículos y los alquileres, pero dice que los últimos cinco años de su vida han sido un calvario, donde le han matado a un hijo, ha sido asaltado en innumerables ocasiones y ahora no puede regresar a su casa ni cobrar sus alquileres porque la pandilla lo ha amenazada a muerte por no cumplir con el pago de extorsión.
“Acá ya peor no le puede ir a uno, a veces hasta he pensado que sería mejor que me hubieran matado, mi hijo andaba uno de mis taxis y me lo mataron por asaltarlo, eso fue en el 2015, él andaba trabajando y por una papada me lo mataron, de eso uno no se recupera y ahora ya no puedo ir a mi casa, la que le costó una vida de trabajó a mi mamá, porque si voy me matan esos hijos de p…”.
Mario cuenta que en febrero de 2015 acababa de terminar su jornada de trabajo en el taxi y estaba con unos amigos cuando otro de ellos recibió una llamada y dijo que habían matado a un taxista, dice que en ese segundo su sangre se congeló y su corazón se detuvo, algo le dijo que era su hijo.
“No ocupé que me dijeran nada, sentí que algo malo le había pasado a mi hijo, el amigo que recibió la llamada me quedó viendo, pero no tuvo el valor de decirme nada hasta unos minutos después, él no le hacía daño a nadie, no exijo justicia porque acá eso no existe, a las autoridades no les interesó, ellos nos ven como un perro muerto más”, lamentó Mario.
Según Mario hay dos posibles móviles para el crimen de su hijo, el primero; envidias en el grupo de taxistas o el segundo por la extorsión, ya que estaban comenzando un nuevo punto de taxis y ambas hipótesis son igual de probables, expresa que ninguna de las autoridades se contactó con él ni nadie de su familia para informar algún avance en las investigaciones, según la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), solo uno de cada diez crímenes se resuelve en Honduras, cuando se refiere a homicidios, es aún más bajo.
Luego de eso se deshizo de los números de taxi y luego de los vehículos, quedándose trabajando en un taxi sin número, o como se conocen popularmente “VIP”, atendiendo de forma exclusiva la clientela que tiene sus números de teléfono, con menos exposición para ser víctimas de la extorsión, estuvo más tranquilo, hasta este año, que nuevamente se ve acosado por grupos criminales.
“En la zona donde vivía ha sido tranquilo, si ha habido cipotes que se han metido a pandillas pero no se metían con uno, es más lo protegían de alguna forma, había respeto, pero como desde septiembre del año pasado han llegado otros, que asaltan y han sacado gente de sus casas, a mí me pedían seis mil lempiras mensuales, eso es imposible que yo lo pague, no tengo capacidad ni intención de hacerlo, entonces en este momento yo ya no voy ahí, es triste dejar botado lo poco que uno tiene, no se imaginan”, expreso Mario mientras que de sus ojos aguados se escapaba una lágrima, actualmente vive donde una sobrina aunque tiene esperanzas de volver en algún momento a su hogar.
En el año 2014 se creó la Fuerza Nacional Antiextorsión para luchar contra la creciente ola de cobros forzosos en el país, según sus propias estadísticas capturó hasta finales del año pasado a más de ocho mil personas y evitó el pago de más de 230 millones de lempiras, afirmando que este flagelo se había reducido en un 35 por ciento.
La FNA en el mes de julio fue elevada a una Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), para ampliar su rango de acción y darle un incremento en el número de agentes, nueva indumentaria y vehículos para combatir delitos de alto impacto.
En octubre de 2017 se inauguraron los nuevos Tribunales Antiextorsión, creados para juzgar específicamente los delitos relacionados con el impuesto de guerra, hasta octubre de este año, coincidiendo con su aniversario, se presentaron 236 expedientes, habiendo dictado 179 sentencias.
Se lograron 133 condenas, equivalentes a un 74 por ciento, mientras que fueron absueltos 46, equivalentes a un 26 por ciento a quienes no fue posible probar su participación en las acusaciones.
Pero la percepción en la sociedad de la reducción que proclama el gobierno es distinta, no se cree en esas estadísticas, según la Encuesta Empresarial 2017 realizada por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), más de 32 mil empresas han cerrado debido al cobro de la extorsión en los últimos seis años, consideran que la Policía no brinda suficiente seguridad y que las empresas gastan cada vez más en protección privada.
Muestra de esto es que el viernes 26 de octubre del año en curso un grupo de hombres llegaron a una pulpería en la colonia Santa Teresita, ubicada en la salida a Olancho desde la capital, ellos llegaron a cobrar la extorsión que los negocios de la zona están obligados a pagar a las pandillas, al no satisfacer su reclamo, le dispararon a la señora Rudi Amelia Chávez Padilla, quien fue trasladada al Hospital Escuela Universitario donde falleció horas después.
El lunes 30 de octubre las cámaras de medios de televisión llegaron a esta misma colonia para dar cobertura a la noticia que la familia de la señora Chávez Padilla abandonaba su hogar sacando sus pertenencias en un camión bajo una fuerte escolta de policías militares, aunque en el momento la familia negó que fuera por amenazas, sino que expresó que lo hacían por precaución.
Durante la mañana del 1 de noviembre fueron capturados Marco Tulio Ordóñez Vargas (24) y Fredy Josué Alvarenga Gavarrete (24) en la aldea Cerro Grande, según la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) son cabecillas de la pandilla 18 y los responsables de cobrar extorsión en la Santa Teresita.
Al momento de la detención andaban 136,000 lempiras en efectivo, presuntamente producto del cobro de extorsión y se les acusa en los juzgados de ser responsables del delito de extorsión y lavado de activos, a pesar de la afirmación de la FNAMP de ser quienes cobraban extorsión en la Santa Teresita, hasta el momento no se les ha acusado ni a ellos ni a nadie de matar a Chávez Padilla.
Tan solo unos días antes, varios buses fueron tiroteados en distintos puntos de la capital y el 23 de octubre mataron a Francisco Carbajal (65), conductor de buses de la empresa Hedman Alas que iniciaba el día con el recorrido hacia San Pedro Sula, recorrido que realizó por más de quince años. Al día siguiente se capturó a uno de los presuntos hechores y para intentar evitar esto vuelva a suceder, patrullas de la Policía escoltan los buses de esta empresa en algunos tramos.
En la multitudinaria caravana de asilados que salió de San Pedro Sula con rumbo a Estados Unidos uno de los mayores clamores de los migrantes es la falta se seguridad en el país y el asedio de las pandillas, la lucha frontal y armada contra las estructuras criminales no es suficiente, se debe de buscar una solución multidimensional a este problema.
Alberto Taybo, secretario de la Federación Nacional de Trabajadores (FENATRA) dijo que con el incremento al transporte público autorizado por el gobierno lo que sucedió es que se traslado a los usuarios el pago de la extorsión, el impuesto de guerra que los transportistas pagan a distintas bandas criminales:
“Ese lempira de ajuste sirve para que los transportistas puedan resarcir los impuestos que cobran ilegalmente algunos sectores. Miramos que el Gobierno lo que hizo fue trasladar al pueblo este impuesto que los transportistas pagan a los extorsionadores”.
