LA CRIMINALIZACIÓN DEL ESTADO

EGO12 octubre, 2016

Por Albany Flores


El Estado occidental actual experimenta una particular situación: el proceso de criminalización de sus estructuras administrativas, productivas y gerenciales. ¿Cómo?, demostrando la permeabilidad de sus instituciones y sus funcionarios frente a los grandes consorcios criminales que no sólo han invadido todos los estratos de la sociedad; también participan de los gobiernos actuales.

En su libro Gomorra, el periodista y escritor italiano Roberto Saviano, ha explicado detalladamente la forma en cómo la mafia de hoy —la Camorra—, ejerce un control casi absoluto de regiones enteras del territorio italiano. La Camorra es una mafia que opera en la región de Campagna y la ciudad de Nápoles, y alrededor de la cual giran una enorme cantidad de negocios ilícitos —y otros aparentemente lícitos—, en los que participa gran parte de la población, incluidos los representantes de la ley y el gobierno italiano.

En la opinión del cronista español Emilio Alvarado Pérez:

«Saviano nos muestra que lo peor de la Camorra no es su violencia… La Camorra no sólo son las familias que la componen y los cientos de sicarios. La Camorra son los miles de asalariados que no podían aspirar a un empleo decente en una región, Campania, abandonada secularmente por el Estado. Esos miles de asalariados de una estructura criminal, el Sistema, como la denomina Saviano, al trabajar para las familias camorristas, se convierten en cómplices colectivos de toda clase de delitos. La Camorra es también una tupida estructura de empresas legales en las que se lava el dinero conseguido mediante el crimen y la extorsión. La Camorra es un Sistema de empresas criminales que corrompen a ciudadanos, políticos, jueces, funcionarios y policías…. Eso es la Camorra, una sociedad paralela a la oficial, una economía criminal y sumergida con un potencial equiparable al de la economía legal» (www.iuazuqueca.org).

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Imagen de Saviano. Cortesía http://aguaplano.deviantart.com/

Dicha descripción parece distanciar muy poco de la propia situación de los Estados latinoamericanos —incluido el Estado hondureño— que desde finales de la década de 1980 han sufrido serias intervenciones criminales en sus estructuras.

Las organizaciones criminales de la actualidad han tomado parte de los sistemas políticos y económicos de los Estados. Lo ha hecho financiando las campañas electorales de los Partidos, nombrando a sus propios funcionarios, haciendo negocios con los gobiernos, e infiltrando sus miembros en los cargos de elección popular, en las cámaras legislativas y en toda la estructura gubernamental.

Todo ello ha recreado los conceptos de Estado Fallido o Narco-Estado. El primero se refiere al Estado que ha fallado en sus funciones y no garantiza los servicios básicos de una sociedad (Charles T. Call (2008). Mientras que el segundo hace referencia a aquellos Estados como México, Colombia u Honduras, donde las redes del narcotráfico han intervenido y de cierta forma “secuestrado” al Estado mismo, apoderándose de una cuota del gobierno y sobornando a los funcionarios públicos.

Un tercer concepto referente a este tema es el Estado débil, que se ha definido como aquel Estado cuyos elementos de estaticidad se han debilitado, y por tanto, las acciones de sus instituciones y sus funcionarios se vuelven ineficientes, pero no totalmente, como sí ocurre en el Estado fallido (Francis Fukuyama, 2004).

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Gabinete principal del Gobierno de la República de Honduras. Cortesía de Televicentro.hn

HONDURAS, ¿UN ESTADO DÉBIL O UN ESTADO FALLIDO?

Basados en la diferenciación que hemos hecho entre los conceptos de Estado fallido, Narco-Estado y Estado débil, no podemos decir que Honduras sea un Estado fallido, pues aun cuando la institucionalizad y la administración estatal presentan grandes deficiencias en la calidad gerencial y sufren de un considerable debilitamiento, éstas prestan sus servicios a la población, aunque los mismos estén degradados o sean de pésima calidad.

Tampoco podemos decir que sea un Narco-Estado —aunque presenta una severa influencia y condiciones para ello—, por lo menos no en su mayoría, pues la clase política gobernante en el presente, sigue siendo la élite oligárquica del siglo XX que desarrolló su capital financiero a partir de la industria y la manufactura. Con excepción de una particular clase política rural y semi-rural que ha tendido a desarrollar su capital por medio de la producción agrícola y la hacienda ganadera.

La idea de Estado débil se presenta como aquel Estado donde los procesos democráticos son raquíticos y vulnerables, en contraposición con el Estado fuerte, donde se desarrolla «un poder político con buen apoyo electoral (legítimo), que hace muy bien las cosas (eficaz y eficiente), porque así quiere hacerlo (democrático)».

En el estudio realizado por Edelberto Torres Rivas sobre la situación del Estado débil o el Estado fuerte en Centroamérica, el autor considera:

«La propuesta hoy día predominante es la del Estado democrático cuya función esencial es la distribución más justa de la riqueza que se produce, mediante políticas públicas aplicadas en esa dirección, por un cuerpo técnico de gran eficacia que dispone de recursos financieros suficientes. Todo este conjunto de rasgos analíticos requiere lo que se llama un Estado Fuerte, en contraposición al Estado o poder débil o raquítico, como han sido la mayor de las veces en casi todos los Estados centroamericanos…la conjunción de sistemas democráticos con Estados débiles constituye una anomalía de la historia» (Torres Rivas. Centroamérica, ¿un Estado débil y democrático?, ICEFI, disponible en: http://www.icefi.org/categories/16?clas=4&detail=257).

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Cortesía de El Heraldo.

He allí la principal premisa; los Estados fuertes son Estados democráticos, mientras que los Estados débiles raramente se democratizan y tienden a la represión por su poder debilitado.

Honduras es un Estado débil que carece todavía de una democracia fortalecida y consolidada. De hecho, el proceso democrático iniciado en la nación a partir de 1982 no logró consolidarse favorablemente; así lo probaron la ruptura de la democracia, la constitucionalidad y el Estado de Derecho durante el golpe de Estado del 2009.

Entonces, ¿la democracia novísima iniciada en 2010 —o en noviembre del 2009— ha traído visos de una verdadera democratización en el Estado a través de las organizaciones políticas?,  la respuesta es no.

La debilidad del Estado hondureño ha permitido justamente el debilitamiento de la democracia —el partido de gobierno ha tomado los tres poderes del Estado, subordinados al Ejecutivo—, así como también ha propiciado la permeabilidad del Estado frente al crimen, la violencia social, la inseguridad ciudadana, la corrupción, la depresión de la economía, el éxodo de los hondureños, etc.

Honduran soldiers guard 15 tons of seized cocaine in Patagallina, Santa Rita municipality, Yoro department, some 300 kms north of Tegucigalpa, on November 29, 2012. The drug -found in an underground vault that operated as a laboratory- was divided into 344 packs.
Foto: AFP PHOTO/STR

EL CRIMEN ORGANIZADO EN EL ESTADO (GOBIERNO).

Desde finales de la década de 1970, la época del Reformismo Militar, el Estado hondureño se ha visto expuesto por sus vínculos con el narcotráfico. Fueron esos vínculos los que desacreditaron a los gobiernos militares y al Ejército Nacional en las administraciones de Oswaldo López Arellano, Juan Alberto Melgar Castro y Policarpo Paz García.

Esa fue también una de las causas para que los Estados Unidos hicieran uso de su influencia en el territorio nacional, a través de su Embajador Dimitri Negroponte, para que cesaran los gobiernos militares en el país y se abriera paso la democracia civil, a través de medidas especiales y camufladas como el documento The Reaganomic to Honduras (Alcides Hernández. El neoliberalismo en Honduras).

En la primera década del siglo XXI, un caso particular evidenció las relaciones de los funcionarios públicos con el crimen organizado, y acabó con el privilegio de “inmunidad” que hasta entonces tenían los altos funcionarios del Estado, principalmente los Diputados. Nos referimos al caso del entonces diputado Armando Ávila Panchamé, representante del Partido Nacional, quien fue detenido en julio del 2003, acusado por narcotráfico.

«Desde hace dos meses la Policía le seguía la pista al Diputado de Yoro, Armando Ávila Panchamé. Las sospechas surgieron a inicios de año cuando cayó una avioneta con 397 kilos de cocaína en Arenales, Yoro. Los vecinos informaron haber visto en el sector una camioneta rojo vino, con placa 00070, la misma en que fue detenido el sábado el parlamentario… El diputado nacionalista renunció a su inmunidad y fue puesto anoche a la orden del Juzgado de Letras de Catacamas por el delito en mención» (http://www.radiojai.com.ar).

En el transcurso de los cinco gobiernos pertenecientes al siglo XXI —contando la segunda parte del gobierno de Carlos Flores y lo que va de la presente administración—, se han hecho públicos una importante cantidad de hechos sobre funcionarios del Estado que se han visto coludidos con el crimen organizado: tráfico de armas, corrupción, trata de personas, tráfico de influencias, lavado de dinero, y sobre todo al narcotráfico.

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Cortesía Diario La Prensa.

Un caso aislado de los muchos que se han presentado, se dio recién en 2015, cuando el Diputado por el Partido LIBRE, Edgardo Castro, denunció que «el Estado hacía negocios con los Cachiros… y que construyeron carreteras y les pagaron por el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), y el SIAFI es del gobierno» (El Libertador.hn 3/11/15).

Según reportes del Consejo Nacional Anticorrupción, al menos 7 Alcaldes han sido detenidos en el presente gobierno por ligamientos con el narcotráfico. Por otra parte, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros reportó que hasta agosto de este año se reportaron al menos 3,340,967 transacciones atípicas en la banca nacional; que podrían estar ligadas al lavado de activos provenientes de la narcoactividad (El Heraldo, 5/08/2016).

En enero del presente año, el ex-asesor presidencial, Marvin Ponce, declaró que muchos empresarios y políticos hondureños tienen nexos con el narco:

«En San Pedro Sula hay mucha gente que se dedica a lavar activos y están ahí en la Cámara de Comercio e Industria de Cortés; y se volvieron ricos de la noche a la mañana», expresó.

Quizá el caso más sonado por el delito de lavado de activos sea la liquidación forzosa a la que fue sometido el Banco Continental, propiedad de la poderosa familia Rosenthal, a comienzos de este año.

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Cortesía Diario La Prensa.

Además de todo lo expuesto, está el caso de la Policía Nacional y del Poder Judicial, cuyos monstruosos niveles de corrupción, es uno de los problemas más grandes a los que se enfrenta la sociedad hondureña de hoy, en la cual no ahondaremos, por ser este un tema que merece un estudio particular.

EL NARCO, UN GOBIERNO PARALELO. 

Al igual que en el caso italiano, mexicano y colombiano (con sus particularidades), el Estado hondureño ha sido parcialmente secuestrado por el crimen organizado, no sólo en sus estructuras administrativas internas, sino también en sus aspectos y factores sociales.

El narcotráfico ha penetrado al gobierno (funcionarios), a la economía nacional (lavado de activos), a la industria, al comercio, y la sociedad en general.

En su libro, Zero, Zero, Zero (p.11), volviendo al tema de la cocaína como asunto social-estatal, Roberto Saviano escribe:

«La coca la consume quien ahora está sentado a tu lado en el tren y la ha tomado para despertarse esta mañana, o el conductor que está al volante del autobús que te lleva a casa porque quiere hacer horas extra sin sentir calambres en las cervicales. Consume coca quien está más próximo a ti. Si no es tu padre o tu madre, si no es tu hermano, entonces es tu hijo… Es el policía que está a punto de pararte, que esnifa desde hace años y ahora ya se han enterado todos y lo escriben en cartas anónimas que mandan a los oficiales esperando que lo suspendan…».

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Portada de Zero, Zero, Zero. Edición de Feltrinelli.

¿Qué significa esto?, la respuesta es muy sencilla; significa que como sociedad hemos creado nuestros propios monstruos, significa que para que el negocio del narcotráfico funcione (a costa de sangre y muerte) necesita consumidores, es decir, necesita que la complicidad y apoyo de la sociedad, como en efecto sucede.

Como hemos escrito en nuestro artículo El origen de nuestra Nación, en los años correspondientes a la última década, la definitiva consolidación del Estado ha enfrentado un nuevo gran reto: la implantación de lo que bien podríamos llamar un gobierno paralelo o un gobierno de facto, es decir, el Narco-Estado.

El crimen organizado —el narcotráfico—, cuenta con estructura logística internacional, un mando indiscutible, armas, enormes recursos económicos, sus propios “soldados” armados y entrenados, impuesto propio (impuesto de guerra), territorios tomados (existen sitios en Honduras donde la policía no interviene), capacidad combativa; y sobre todo tres cosas que le faltan a los gobiernos nacionales: eficacia, sentido de la responsabilidad del cumplimiento del deber y cero tolerancia contra la corrupción dentro de su estructura.

Los gobiernos son ineficientes e ineficaces, el crimen organizado no. Los gobiernos son corruptos, el crimen organizado no. Allí está la pérdida de la batalla estatal frente al narco; en la debilidad institucional del Estado frente a la fuerte estructura criminal.

El crimen organizado ha creado una nueva etapa en el Estado: su criminalización. Por ello, no sólo se ha infiltrado en los gobiernos, también les ha declaro la guerra, como ha sido el caso puntual de Estados Unidos (Chicago y Miami en el siglo XX) Colombia, México, El Salvador y Honduras (parcialmente) en América Latina.

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