La Comedia de las Audiencias

Este lunes comenzó la parte más crítica del proceso de elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas: las audiencias públicas. El objetivo de estas audiencias es corroborar, a través de una examinación presencial por parte de la comisión interpartidaria de diputados, no sólamente las competencias técnicas y profesionales de los candidatos, sino probarlos en su fibra moral para determinar su integridad y asimismo inspeccionar su historial político y su experiencia en cargos públicos. Siete fueron los candidatos que participaron este lunes en las audiencias, entre ellos José Luis Valladares, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras y actual Secretario General de la Presidencia, y Felipe Morales, parte de la Junta Liquidadora de la Dirección de Transporte, ambos mencionados como favoritos para representar al Partido Nacional en el Tribunal Superior de Cuentas.

Desde el principio, el carácter público de las audiencias se puso en duda, ya que a pesar de que la Secretaría del Congreso Nacional publicara un comunicado detallando el procedimiento para solicitar el permiso para estar presente en las audiencias (según el comunicado, cualquier ciudadano interesado en presenciar las audiencias podía someter esta solicitud enviando una nota a Secretaría), llegada la hora de la verdad la entrada fue restringida al público en general y a los medios de prensa, quienes tuvieron que realizar las entrevistas -a los candidatos que quisieron hablar- en los bajos del Congreso Nacional. Dentro del salón Ramón Rosa, donde se realizaban las audiencias, sólo se encontraban, además de los entrevistados y la terna de diputados, la gerente legislativa, Karen Motiño, personal de Congreso TV que realizaba la transmisión en vivo, y algunos ayudas de cámara.

 

Además de lo anterior, otro tema preocupante fue la examinación que realizaron los diputados a los candidatos, utilizando preguntas de calidad deplorable. Obviedades de la talla de «¿Qué es el Tribunal Superior de Cuentas?» hasta preguntas ingenuas del estilo «¿Favorecería usted a un familiar o político afín a su partido de tener que ejecutar una investigación?» fueron la regla durante el cuestionario. Añadiendo, también, el agravante de haber omitido preguntas que se propusieron utilizando el procedimiento indicado por Secretaría, casos graves en los que tuvieron algún involucramiento los candidatos fueron pasados por alto en la discusión. Vale la pena aclarar que en una elección para funcionarios de esta investidura, donde la ley especifica en sus requisitos que los elegidos deben ser de probada catadura ética en el desempeño de las funciones públicas, todo caso de irregularidades en los que se haya visto implicado, directa o indirectamente, un candidato o aquellos cercanos a él, cobra especial relevancia en un proceso de audiencias públicas.

En suma, estas audiencias ratifican lo manifestado por la sociedad civil al retirar su veeduría: el proceso está viciado por negociaciones políticas, y la transparencia pregonada a diestra y siniestra por los que lideran dicho proceso es un fachada sostenida por todos los integrantes de la comisión multipartidaria, al margen de lo que algunos diputados hayan expresado en medios de comunicación. La disonancia cognitiva fue evidente.

Según lo manifestado por algunos miembros de la comisión en los bajos del Congreso, se espera que el día martes por la tarde o el día miércoles se proceda a la elección de los nuevos magistrados, quienes por lo visto serán, nuevamente, representantes de intereses político-partidarios y no del pueblo hondureño.