La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó el pasado 23 de mayo que deberá suspender las visitas a la región y las audiencias de julio y octubre, debido a una crisis financiera «extrema», por la que anunció además que perderá a parte de su personal.
«La CIDH atraviesa una crisis financiera extrema que tendrá graves consecuencias en su capacidad para cumplir con su mandato y funciones básicas», indicó el ente a través de un comunicado que asegura que si no recibe fondos o compromisos de donaciones antes del 15 de junio, será inevitable «el desmantelamiento de áreas esenciales en el cumplimiento de su mandato», advirtiendo además que deberán proceder al despido de un 40% de su personal, cuyos contratos vencen a finales de julio, por no contar con los recursos para renovarlos.
La CIDH es financiada por aportes voluntarios de los Estados miembros de la OEA, de los cuáles este año solo Colombia, Chile, Argentina, Peru y EEUU han hecho efectivo su aporte, según manifestó el periodista Gesell Tobías de la Voz de América, basado en declaraciones que obtuvo del secretario ejecutivo de la CIDH, Miguel Álvarez Icaza.
«Durante muchos años hemos trabajado buscando apoyos, sin avisar a los medios, pero ahora estamos ante una situación gravísima», afirmó el presidente de la CIDH, James Cavallaro, en declaraciones a la agencia EFE.
«Nos enfrentamos a suspender las sesiones de julio y octubre y cancelar los contratos de casi la mitad del personal, lo que va a afectar de forma brutal a nuestra capacidad de atender casos», agregó.
En una entrevista concedida a El Pulso por el abogado Joaquín Mejía, doctor en Derechos Humanos que ha sido representante procesar de muchos casos ante la CIDH y la Corte Interamericana de DDHH, nos manifestó que fueron precisamente los gobiernos de Izquierda del continente, los que comenzaron un proceso de debilitamiento a la CIDH, que luego fue aprovechado por los gobiernos de derecha, también inconformes con el actuar del organismo.
«Los gobiernos de izquierda le hicieron el trabajo sucio a los gobiernos de derecha — manifestó Mejía—. Hay gobiernos como México, Perú, Colombia por ejemplo, que no han estado muy contentos con el trabajo de la CIDH pero nunca se han atrevido a tomar acciones que debiliten el trabajo del Sistema Interamericano, no obstante luego de las declaraciones por parte de los gobiernos de izquierda, principalmente los del Alba, que comenzaron a decir que la CIDH está bajo el mandato de los Estados Unidos, comenzaron a bloquear los fondos para su funcionamiento».
«Por ejemplo, a Brasil no le gustó que la CIDH dictara medidas cautelares para solicitar al gobierno brasileño que parara la construcción de una super represa que estaba siendo construida sin consulta previa a las comunidades indígenas. O en el caso de Bolivia, que se paró la construcción de una carretera que partía en dos el territorio indígena. En el caso de Ecuador, ya todos conocemos que el presidente ecuatoriano presentó una denuncia en contra de un periódico al cual se le dictó una condena tan desproporcionada que implicaba el cierre del medio de comunicación y esto fue criticado por la CIDH. A estos gobiernos no les gustó este tipo de acciones y comenzaron con el discurso de que la CIDH los atacaba por ser progresistas y que por lo tanto había que reformarla o crear un sistema paralelo, el cual, nunca fue creado», dijo Mejía.
La CIDH tiene actualmente en trámite 6.188 peticiones y casos en cuya gestión trabajan 26 personas de las cuales, si se producen los despidos, sólo quedarán 13, lo que agravará el retraso procesal «hasta un punto incompatible con el derecho de acceso a la justicia».
En 2015, según describió James Cavallaro, presidente de la CIDH, los países latinoamericanos y caribeños dieron apenas 200.000 dólares de aportación voluntaria a la CIDH, con 6.188 casos americanos, y 13,7 millones de dólares a la Corte Penal Internacional, que sólo tiene una preinvestigación de México.
«Esto lo que ha generado es la apertura de una caja de Pandora, donde aquellos gobiernos que no les gustaba las actuaciones de la CIDH se han aprovechado para debilitarla. Por ejemplo, en el caso de Colombia, el presupuesto que ha gastado en el último año el gobierno de Manuel Santos en unas cortinas para la casa presidencial, es más grande que el presupuesto que le dan a la CIDH. En el caso de México, que no está feliz con el informe que sacó este grupo independiente que investigó el tema de Ayotzinapa, lo que hizo fue quitarle el dinero que le da a la CIDH y dárselo a la Corte Penal Internacional que no lleva ningún caso de América Latina», dijo Mejía.
Joaquín Mejía manifestó además, al preguntársele sobre la reacción de Honduras ante el aviso de la CIDH, que «en el fondo están felices porque saben que se reducen las capacidades de vigilancia por parte de la CIDH».
«El problema de los estados es no comprender que el tema de los DDHH no es un tema de ideologías, sino un tema de compromiso con la dignidad humana y en ese sentido el poder, sea de izquierda o de derecha, está por naturaleza, muy cercano a violar DDHH y por lo tanto es necesario fortalecer una instancia independiente que pueda vigilar el comportamiento de los estados en materia de DDHH», agregó el abogado Joaquín Mejía.
El mensaje del cierre parcial de la CIDH parece claro. Algunos países se sienten incómodos cuando el organismo pone de relieve los desafíos que enfrenta la región en materia de derechos humanos.
Según Joaquín Mejía «Ha pasado como en la historia de Frankenstein. Se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora los estados le tienen miedo».
«La CIDH espera que la próxima Asamblea General de la OEA que se llevará a cabo del 13 al 15 de junio se adopte una decisión histórica y trascendental y se aumente de forma radical el presupuesto del fondo regular y asigne a la CIDH y al sistema interamericano de derechos humanos en general los recursos necesarios», pide el organismo en su nota.
