The Associated Press (AP) en un comunicado dejó saber que se opone al intento de altos funcionarios de la Policía Nacional de Honduras que buscaban obtener registros telefónicos para identificar la o las fuentes de un artículo que denuncia la corrupción en la institución. La publicación de la cual los funcionarios querrían saber las fuentes detalla la colaboración del ahora jefe policial con un empleado de Wilter Blanco recientemente condenado a 20 años de prisión, según el informe citado en la nota, José David Aguilar Morán en el 2013 ayudó a concretar la entrega de 780 kilos de cocaína.
El gobierno hondureño sostiene que el reportaje es falso y las denuncias contra el alto mando de la policía “carecen de veracidad”. La negativa de AP en proporcionar la información solicitada se basa en que proporcionar esos registros violentaría la Constitución de Honduras y tendría un efecto negativo sobre la Libertad de Prensa, ante esto Karen Kaiser, vicepresidenta principal y asesora general de AP dijo:
«The Associated Press se opone enérgicamente a este esfuerzo de los agentes de la policía del estado de Honduras para intimidar a nuestros periodistas y fuentes, Los periodistas de AP no se acobardarán por esos intentos de intimidación.»
Además, Kaiser manifestó que ellos respaldan su historia y cuentan con testimonios de cuatro funcionarios policiales hondureños en activo y retirados, que hablaron bajo la condición de anonimato por temor a represalias, confirmaron partes del informe confidencial a la AP.
Parte del pedido a los fiscales, es un peritaje de todas las llamadas de un periodista a un funcionario policial, los números SIM de tres operadoras de telefonía móvil que efectuaron o recibieron llamadas al número telefónico mexicano del periodista. Un abogado de la AP mostró su preocupación porque el abogado del jefe de la Policía Nacional, José David Aguilar Moran, y otros dos altos oficiales de policía buscan la manera de averiguar quién o quiénes hablaron con la agencia de noticias.
La agencia se enteró a través de la prensa del país que Orbin Alexis Galo Maldonado (segundo abogado de José David Aguilar Morán) y el inspector general Javier Cerrato Cruz habían pedido a un fiscal que obtuviera los registros telefónicos. Dichos pedidos no son públicos. Existe la posibilidad de que las objeciones de la AP pudieran pasar por alto, pero se está a la espera del fallo de tres jueces de las cortes hondureñas, sobre si AP tendría que dar lo que la Policía Nacional solicita o no.
De acceder a las demandas de la Policía Nacional, la policía estaría conociendo las fuentes del reportaje y violaría los compromisos del país con la Libertad de Prensa y expresión contempladas en la Constitución.
Fuente: www.ap.org
