La Alianza para la Prosperidad, un «deja vú» para el triángulo norte

Tegucigalpa. Esta semana se dio la visita en Tegucigalpa del senador del Estado de la Florida y ex precandidato presidencial de los Estados Unidos por el partido republicano, Marco Rubio, quien anunció que continuará apoyando los procesos de reformas institucionales en Honduras a través del Plan Alianza para la Prosperidad. «Hemos visto cómo la cooperación entre Honduras y Estados Unidos está dado resultados positivos», dijo en cadena de prensa, agregando que «falta mucho por hacer...
Redacciónseptiembre 5, 2016

Tegucigalpa.

Esta semana se dio la visita en Tegucigalpa del senador del Estado de la Florida y ex precandidato presidencial de los Estados Unidos por el partido republicano, Marco Rubio, quien anunció que continuará apoyando los procesos de reformas institucionales en Honduras a través del Plan Alianza para la Prosperidad.

«Hemos visto cómo la cooperación entre Honduras y Estados Unidos está dado resultados positivos», dijo en cadena de prensa, agregando que «falta mucho por hacer y la reforma institucional es muy importante. Vemos que hay un esfuerzo legítimo y verdadero y regreso a Estados Unidos con la idea de apoyar este proyecto».

La Alianza para la Prosperidad surgió para buscar solución a la llamada crisis de los niños migrantes de 2014, cuando miles de menores llegaron a la frontera norteamericana generando una crisis humanitaria, que trajo un alto costo económicos y políticos para el gobierno de Obama.

El Plan presenta las líneas estratégicas de acción que los gobernantes del triángulo norte deberán seguir para dar respuesta a la crisis de la región y contener la masiva migración de indocumentados a Estados Unidos.

El Congreso estadounidense aprobó a inicios de este año el financiamiento de 750 millones de dólares para ejecutar el plan, con lo que arrancará la participación de Estados Unidos. El plan, con una duración de cinco años, podría llegar a sumar US$15 mil millones para los tres países que integran el Triángulo Norte.

Dice Luis Solano en el ensayo presentado en el periódico guatemalteco Plaza Pública sobre la Alianza para la Prosperidad:

«Aunque en el discurso público de las partes interesadas prevalece que el multimillonario plan es para contener la masiva migración y las causas que la provocan, en el fondo este plan no es más que un proyecto empresarial cuyos objetivos últimos son impulsar y consolidar grandes inversiones privadas con la participación de los Estados. La atracción de inversión privada extranjera y la explotación de recursos naturales, entre otros, se observa en los fines de la Alianza para la Prosperidad».

Para el área centroamericana, la Alianza para la Prosperidad no nos es original. Ya en la década de los 60, en la administración del presidente John F. Kennedy, se presentó la Alianza para el Progreso que buscaba detener la ola expansiva de la revolución cubana de 1959 y que sirvió como modelo para el desarrollo de la maquila de la década de los 70 y los programas de ajuste estructural de los 80, seguidos por los procesos de privatización de la década de los 90 que echó al traste el Estado de Bienestar que en su momento se intentó implementar en América Latina, después de las dictaduras de los cuarenta.

Podemos asegurar, basados en los índices de desarrollo de la región centroamericana  de los últimos cincuenta años, que la Alianza para el Progreso fue un fracaso para las mayorías hondureñas y que los únicos beneficiados fueron los sectores de la burguesía incipiente en la década de los cincuenta.

Y, en ese sentido, creemos que sin cambios reales en el país, el Plan de la Alianza para la Prosperidad será nuevamente un proyecto que solo beneficiará a los grupos económicos más fuertes.

«Aunque hemos logrado cierto avance en mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, nuestros esfuerzos han sido insuficientes para generar un cambio sustancial en la oferta de oportunidades y de progreso para nuestra población y ofrecerles una mejor calidad de vida que permita revertir el patrón demográfico de migración», señala el documento firmado por los mandatarios del Triángulo Norte en su parte introductoria. 

El documento traza líneas estratégicas de acción que espera atraer capitales que inviertan a partir de «reducir los costos de energía, realizando las inversiones esenciales para mejorar la infraestructura y la logística y facilitar el comercio de manera más integral y concentrar y focalizar estas inversiones y acciones en zonas y regiones que puedan convertirse en futuros centros dinamizadores de desarrollo».

Más de lo mismo, que antes llamaron Plan Puebla Panamá y más adelante Plan Mesoamérica.

Según el en ese entonces canciller hondureño, Arturo Corrales, «la iniciativa comprende invertir anualmente US$1 mil millones de dólares a partir de 2016, y por cinco años, para los tres países». De acuerdo con Corrales, la asistencia de Estados Unidos es de «apenas el 20% de los recursos y el resto lo pondrá el Norte de Centroamérica con fondos propios e inversiones privadas y préstamos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo».

Desde el anuncio del Plan de la Alianza para la Prosperidad del presidente Obama para el triángulo norte de Centro América, una serie de cambios se han venido generando en la región.

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Presidentes de Centroamérica y John Biden en la firna del Plan para la Prosperidad en 2014.

Joe Biden, vicepresidente de los Estados Unidos, expuso en una columna opinión en The New York Times, las exigencias de la administración de Obama para aportar la millonaria ayuda. «Una educación deficiente, la corrupción institucional, la delincuencia descontrolada y la falta de inversión hacen que estos países estén estancados», dice Biden, agregando lo que es, al final, la principal motivación para los Estados Unidos: «si no encuentran oportunidades en este (Centro América), todo el hemisferio occidental (Estados Unidos) sufrirá las consecuencias».

Más adelante en las negociaciones, Biden indica que el gobierno de Honduras firmó un acuerdo con Transparencia Internacional para combatir la corrupción, recordando que  Guatemala destituyó a altos funcionarios sospechosos de corrupción y de ayudar al tráfico de personas.

«El esfuerzo que hay que realizar de manera conjunta», indica Biden, agregando que el mismo va dirigido a mejorar la seguridad con énfasis en el combate al narcotráfico, trata de personas y delitos financieros; mejorar la recaudación fiscal, combatir la corrupción, modernizar los sistemas judiciales con el fin de atraer inversión internacional.

En la audiencia ante el Senado estadounidense del Secretario de Estado John Kerry para defender la aprobación de la ayuda económica de la Alianza para la Prosperidad, el senador demócrata Patrick Leahy, recordó que en Centro América hemos vivido en las últimas décadas, bajo el régimen de «oligarquías corruptas, guerras civiles, cuadrillas de la muerte» y donde ahora persiste «el crimen organizado y una corrupción profundamente enraizada y extendida».

Leahy concluyó advirtiendo: «Doy la bienvenida a un nuevo enfoque en esa región, pero quiero asegurarme de que los miles de millones que hemos solicitado van a gastarse de forma diferente que en el pasado».

¿Cómo se gastará ahora ese dinero?

Hay que reconocer que el gobierno de Juan Orlando Hernández está haciendo un esfuerzo —a regañadientes quizás, pero esfuerzo al fin— para cumplir con las condiciones que el gobierno de Obama ha impuesto para el desembolso de la Alianza para la Prosperidad.

La entrada en acción de la MACCIH este año, la depuración de la Policía Nacional y otras instituciones del estado en busca aparente de liberar la institucionalidad de las garras del crimen organizado son una muestra de ello.

Es quizás a eso a lo que se refiere el senador Rubio cuando dice «la cooperación entre Honduras y Estados Unidos está dado resultados positivos».

Aunque la experiencia vivida en Centro América en los últimos cincuenta años de la Alianza para el Progreso nos advierte, que quizás cuando se inyecta esa cantidad de dinero a un estado con la crisis institucional como la que vive Honduras, lejos de fortalecer la institucionalidad, termina agravándose.

«En el mejor escenario, la propuesta de Washington es un desperdicio de dinero». Indica Juan Carlos Hidalgo, analista del Cato Institute en un artículo crítico a la Alianza para la Prosperidad publicado en España y continúa: «En el peor escenario, dar mil millones a gobiernos con lúgubres historiales de transparencia y derechos humanos empoderará a políticos corruptos en detrimento de los centroamericanos a los que se pretende ayudar».

Queda por ver, si lo que estamos viviendo ahora con la Alianza para la Prosperidad, es o no un deja vú.

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