L.61,908,000 COSTÓ EL «PODER CIUDADANO»

EGO7 septiembre, 2016

PODER CIUDADANO, UN SEMANARIO PARA LA LEGITIMACIÓN DEL DISCURSO POLÍTICO EN EL GOBIERNO DE MANUEL ZELAYA.

Desde la publicación de «La Época», órgano oficial de divulgación del gobierno del Doctor y General Tiburcio Carías, probablemente no hubo en Honduras otro periódico gubernamental con tanto impacto mediático durante todo el siglo XX. La Época fue un diario financiado, publicado y distribuido por el Partido Nacional, dirigido por Fernando Zepeda Durón, y en el que participaban hombres de pensamiento favorables al régimen cariísta como Eliseo Pérez Cadalso, Marcos Carías Reyes, entre otros. 

En él se promovían las ideas, proyectos, mandas y decretos de la administración nacionalista, a la vez que se informaban las disposiciones del gobierno a la ciudadanía y se rendía culto a la figura caudillista del General Carías para el proyecto continuista.

No obstante, el 30 de octubre del 2007, el gobierno liberal presidido por Manuel Zelaya hizo público el lanzamiento oficial del «Poder Ciudadano», semanario que en adelante sería el principal medio de difusión de las actividades del gobierno. El periódico se presentaba como una nueva herramienta de información y transparencia de la gestión y administración de las actividades públicas en las distintas dependencias del Estado. De hecho, con el fin de crear condiciones para ello, el gobierno impulsó una serie de disposiciones jurídicas, creándose la Comisión del Instituto del Acceso a la Información (IAIP), liderada por Elizabeth Chiuz Sierra, y la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana. En una entrevista ofrecida al semanario la comisionada Chiuz Sierra manifestó: «[…] con el acceso a la información se supone transformar el ejercicio del poder, pues ya no habrá quienes al amparo de su investidura le oculten al pueblo información que es de interés general» (Poder Ciudadano, 3-9/12/2007, p. 6). 

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La dirección del semanario estaba a cargo directamente del Presidente Zelaya, y estaba orientado a cubrir el aparato publicitario de su gobierno, que había perdido el respaldo de la prensa tradicional por las acciones, alianzas y políticas públicas de su gobierno, que adversaban los intereses económico-políticos de los grupos de poder, y que estaban encaminadas a la consolidación del proyecto político de Zelaya. La prensa tradicional dejó de dar cobertura e importancia a las actividades promovidas desde el Ejecutivo, principalmente a las decisiones y discurso del presidente de la República, constantemente confrontativas. 

En los 21 meses de operación (noviembre del 2007-Junio del 2009), y las aproximadamente 83 ediciones que se hicieron, el semanario fue transformándose considerablemente, pues aunque en un principio no aparecían —a excepción del director— los nombres de las personas que conformaban el equipo de trabajo del periódico, con el tiempo, a comienzos del 2009, éste reclutó algunos de los nombres más importantes de la cultura, el pensamiento y el arte nacional. Nombres como los de Rodolfo Pastor Fasquelle, Sagrario Prudott, Galel Cárdenas o Roberto Sosa —quien pasó a dirigir el suplemento cultural  «El buzón de la poesía» donde publicaba el trabajo y las opiniones de importantes autores e intelectuales nacionales y foráneos, incluido él mismo—, aparecieron en la publicación. 

La aparición repentina, más la masiva y gratuita circulación del semanario causó la rápida reacción de los medios tradicionales y la ciudadanía, que comenzaron a especular sobre la procedencia de los recursos económicos que sostenían al órgano, aunque las opiniones de los  actores de la industria y la oposición política era todavía moderada, cuando menos discursivamente. Según la opinión del propio semanario, el Poder Ciudadano destapaba tópicos que la mayoría de los medios de comunicación del país dejaban de lado intencionalmente, pero que mostraban los avances que estaba teniendo el país en diferentes áreas. Por otro lado, en una entrevista concedida para los reporteros del semanario sobre la existencia del mismo, el representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Benjamín Bográn, dijo: «[…] casi todos los gobiernos del mundo tienen un periódico y un medio de comunicación por el cual informan al pueblo de las diversas actividades que realizan, y esto puede significar un ahorro en los costos de publicidad del gobierno» (Poder Ciudadano, 5-11/11/2007).

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La acción de los sectores que adversaban al gobierno se hizo sentir apenas en la segunda edición del semanario, cuando miembros de la Policía Metropolitana intimidaron y supuestamente persiguieron a dos de los repartidores del periódico, cuya adquisición era gratuita. La noticia apareció en la página 3 de la edición correspondiente al 12-18 de noviembre del 2007, y además denunciaba que 500 ejemplares del periódico habían sido confiscados sin explicación alguna por parte de los uniformados de la Alcaldía.  A partir de entonces, como una respuesta inmediata por parte del periódico, la publicidad de las obras que el gobierno emprendía en sus diferentes instancias se acentuó considerablemente, al tiempo que se intensificó la campaña ideológico-política de trasfondo electoral impulsada desde el Ejecutivo, y que exaltaba considerablemente la figura del Presidente de turno.

A comienzos del 2008, gracias a una fuerte mercadotecnia y publicidad, el Poder Ciudadano llegó hasta cada uno de los rincones de Honduras a los que no había llegado ningún otro periódico gubernamental, y a los que no podían llegar, por motivo de rentabilidad, los periódicos de tradición citadina como La PrensaEl Tiempo, o El Heraldo. De este modo, el Poder Ciudadano llegó a tener una gran aceptación en todo el territorio nacional, pues al ser gratuito, y al estar amparado en la estructura gubernamental, podía llegar a todos los estratos sociales del país. 

El gobierno de Manuel Zelaya siguió el modelo de corte popular utilizado durante casi todo el siglo XX por las democracias liberales de las repúblicas satélites de la URSS (al menos en la publicidad del gobierno y el culto al líder) e hizo un uso de carácter personalista de los medios noticiosos del gobierno; pues la mayor parte de la información procesada tenía como principal función el afán publicitario de un gobierno populista que buscaba la reelección a través de la modificación de la Ley Electoral y la reforma a los artículos pétreos de la Constitución de República. La estructura discursiva de las ambiciones políticas del gobierno —un gobierno de corte izquierdista inspirado por el modelo del Socialismo del siglo XXI,  e impulsado por el fenómeno triunfalista de las nuevas izquierdas sudamericanas que habían arrebatado el poder a las derechas en Ecuador, Bolivia, Brasil y principalmente Venezuela—, tenía como horizonte la legitimación de la empresa continuista del gobierno.

A raíz de sus cuatro ediciones y sus más de 600,000 ejemplares mensuales, el Poder Ciudadano resultaba una herramienta de verdadero provecho para los propósitos y la difusión de las propuestas ideológicas con las que el gobierno pretendía influenciar a la ciudadanía. El semanario no sólo exaltaba las acciones del gobierno, también insistía en tres cuestiones fundamentales para las aspiraciones del Presidente: la Reforma a la Ley Electoral, las alianzas con los pueblos sudamericanos, la reforma a los artículos pétreos de la Constitución, la instauración de la Cuarta Urna, y sobre todo la promoción de la figura presidencial casi como si éste fuera un candidato a la presidencia del país y no el gobernante de la nación. De hecho, de nadie es desconocido que al momento del Golpe de Estado de junio del 2009, el Presidente Zelaya se posicionaba con mayores índices de popularidad ante los mismos presidenciables (Elvin Santos y Porfirio Lobo) para las elecciones generales de ese año.

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Financiamiento, malversación, y pugna jurídica en el Poder Ciudadano.

El 9 de mayo del 2008, Radio Cadena Voces, estación perteneciente al Grupo Invosa, denunció una supuesta malversación de los fondos estatales y de los fondos publicitarios que sostenían la publicación semanal del periódico. En su edición del 10 de mayo de ese año, el diario sampedrano La Prensa publicó una breve nota en la que evidenciaba «una millonaria malversación de fondos en el órgano oficial de divulgación del Gobierno, denominado Poder Ciudadano», la cual estaría siendo investigada por la Fiscalía Contra la Corrupción y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

A la vez, cuestionaba las actividades administrativas del semanario, pues: «[…] se habrían malversado unos cuatro millones de lempiras percibidos por pagos de publicidad… Supuestamente hay un desfase de cuatro millones de lempiras correspondientes a publicidad cobrada por los meses de octubre a diciembre del año anterior (2007). Presuntamente se obliga a instituciones estatales a pautar en dicho medio informativo cancelando 20 mil lempiras por publicidad en una página. La irregularidad consiste en que supuestamente el pago se deposita en cuentas particulares de funcionarios del Ejecutivo y no en la Tesorería General de la República».

Más tarde, en entrevista concedida a La Prensa, el fiscal especial contra la corrupción, el señor Henry Salgado, manifestó: «Vamos a hacer una inspección. Hay que ir a ver dónde está el periódico y consultarle al administrador si es cierto que hubo ganancias, si hay cobros, si hay publicidad que se cobra, dónde se deposita y si se está creando un periódico con recursos del Estado hondureño» (La Prensa, edición del 13/05/2008). Asimismo, el Tribunal Superior de Cuentas y la Fiscalía Especial Contra la Corrupción revisarían que el semanario contara con personería jurídica y que cumpliera con los puntos establecidos en la Ley de Administración Pública.

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Por otro lado, el magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, Renán Sagastume, confirmó que el ente contralor iniciaría una investigación a través de un equipo auditor para determinar si en efecto existía responsabilidad civil, penal o administrativa en el manejo del erario público en el caso del semanario. Al parecer, el proceso de las investigaciones se diluyó en medio de los muchos conflictos sociales y políticos entre el oficialismo y una oposición que cuestionaba fuertemente las acciones emprendidas desde el Ejecutivo.

Sin embargo, el 21 de julio, el director ejecutivo del TSC, Moisés López, confirmó el inicio de una investigación en torno al gasto de más de 38 millones lempiras por parte del gobierno para la publicación del Poder Ciudadano desde noviembre de 2007 hasta junio del 2008. La investigación, amparada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que había aprobado el mismo gobierno, reveló una serie de incongruencias en los reportes ofrecidos: gastos confusos, planillas alteradas, sueldos que no se correspondían con los puestos de los funcionarios, malversación de los recursos adquiridos por publicidad, etc.

Para efectos de la información ciudadana desde un órgano no oficial, el periódico Proceso Digital publicó una reseña en la que establecía que el semanario era impreso en El Salvador y en la imprenta de una periódico de San Pedro Sula, que el gobierno gastaba un total de 4 lempiras por impresión y 1 lempira por la distribución de cada ejemplar, lo que hacía un total de 5 lempiras por ejemplar solamente en impresión y distribución. Se descubrió que el tiraje semanal era de 125,000 ejemplares (600,000 mensuales), que por supuesto no podían costearse con el dinero recaudado con los diez anuncios publicitarios con los que contaba el periódico, estimado cada uno en 22,400 lempiras que eran pagados aparentemente de forma obligatoria por varias de las dependencias del Estado (Proceso Digital, edición del 21/07/2008).

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Si cotejamos la suma estándar recaudada en publicidad para cada edición (un promedio de 224,000 lempiras) con los costos de impresión y distribución de cada edición (625,000 lempiras), notaremos inmediatamente que ambas sumas no son coincidentes y que hay un déficit de al menos 401,000 lempiras que al parecer salieron de las arcas del Estado. Sin contamos que esta gasto era semanal, significa entones que el gobierno tenía un gasto mensual indirecto de unos 2,500,000 lempiras. 

Sin embargo, con la recaudación mensual de unos 896,000 lempiras en pauta publicitaria con las instancias del Estado, el gobierno tenía un gasto mensual directo de 1,604,000 lempiras sólo en la impresión y distribución del Poder Ciudadano. En realidad, como vemos, todo el dinero provino del Estado. Calculamos entonces que en los 21 meses y las aproximadamente 83 ediciones de Poder Ciudadano, la administración de Zelaya gastó un aproximado de 52,500,000 lempiras sólo en la impresión y distribución del semanario oficial. 

En revisión de muchos ejemplares del semanario resguardados en la Hemeroteca Nacional de Honduras, encontramos a los siguientes anunciantes del periódico: BCH, IMPREMA, HONDUTEL, ENEE, ENP, Despacho de la Primera Dama, Secretaría de Educación, SOPTRAVI, INFOP, PRAF, CONATEL, SAG, FFAA, Banco Azteca, Sula, Secretaría de Turismo, Instituto Hondureño de Turismo, Secretaría de Gobernación y Justicia, Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), etc. Como se observa, la gran mayoría de ellos fueron instituciones públicas. 

Todo esto, fuera de los gastos incurridos en el pago de planilla, cuya suma mensual se ha estimado en 448,000 lempiras para 25 empleados —aunque la planilla presentada por el gobierno enumera 37—, lo que hace un estimado gasto anual de 9,408,000 de lempiras en pago de planilla. Aun así, si diéramos estas cifras por ciertas, significa entones que el gobierno gastó un aproximado de 61,908, 000 lempiras en la realización y sostenimiento del semanario oficial Poder Ciudadano entre octubre del 2007 y Junio del 2009, aunque en la práctica pudo ser mucho más.

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