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Kuczynski paga el precio por indultar a Fujimori

Miles de peruanos exigieron este jueves la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski en marchas en todo el país contra el indulto al exgobernante Alberto Fujimori, que derivaron en algunos choques entre manifestantes y policías.

La policía reprimió con bombas lagrimógenas a manifestantes en San Isidro, un distrito residencial y empresarial del sur de Lima.

Los agentes también arrojaron gases lacrimógenos a una columna que se desvió del trayecto autorizado en la zona central de Lima.

Al caer la noche, la protesta seguía desarrollándose en el centro de la capital, donde según la policía marcharon unas 5.000 personas, mientras que canales de televisión hablaban de unas 8.000.

Se trata de la tercera protesta desde que Kuczynski decretó el perdón a Fujimori en la víspera de Navidad. “Kuczynski tiene que irse, le ha mentido a la gente de una manera descarada”, dijo Verónika Mendoza, excandidata presidencial de izquierda, al participar en la marcha en la ciudad andina de Cusco.

“Ésta es una movilización para manifestar nuestro desacuerdo hacia el indulto porque estamos seguros que ha sido una negociación política”, dijo a la AFP Carla Coronado, una artista plástica de 36 años, en una protesta en el parque Kennedy de Miraflores, en el sur de Lima.

Movilizaciones similares contra el indulto se realizaron en las ciudades de Arequipa, Cusco, Iquitos, Chiclayo, Huancayo y Trujillo, entre otras, según medios peruanos.

En Madrid y Berlín grupos de peruanos protestaron frente a las embajadas de Perú con fotos de víctimas de Fujimori, dijeron medios locales.

Los familiares de las víctimas intentarán anular el indulto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que programó una audiencia para el 2 de febrero para revisar el caso.

Kuczynski dijo que indultó por razones humanitarias a Fujimori, de 79 años. Sin embargo, han surgido evidencias de que el perdón obedeció a una negociación con un sector del fujimorismo que permitió al presidente salvarse de ser destituido por el Congreso en diciembre por sus lazos con la cuestionada empresa brasileña Odebrecht.