/JUVENTUDES EXIGEN POLÍTICAS SOBRE SALUD SEXUAL EN HONDURAS

JUVENTUDES EXIGEN POLÍTICAS SOBRE SALUD SEXUAL EN HONDURAS

«La verdad del sexo, al menos en cuanto a lo esencial, ha sido presa durante siglos de la forma discursiva de la confesión y no de la de la enseñanza (la educación sexual se limitará a los principios generales y a las reglas de prudencia), ni de la de la iniciación (práctica esencialmente muda, que el acto de despabilar o de desflorar sólo torna risible o violenta).» Michel Focault

Hablar de sexualidad desde un enfoque de salud en Honduras es igual a hablar de ¡pecado!, mientras tanto, la televisión, diarios, anuncios publicitarios y  música nos bombardean constantemente con una idea del sexo donde las mujeres se reducen a un objeto de placer para el hombre y en que la violencia contra la mujer es la máxima; el aparato estatal se niega a abordar el tema con una perspectiva capaz de reducir las brechas de desigualdad de género y ahondar en los problemas estructurales que atañen a la población en relación a la salud sexual sobre todo a la niñez, juventudes y mujeres. Según cifras de la Secretaría de Salud, del 2014 al 2018 se han registrados 154, 626 partos de niñas y adolescentes a nivel nacional, solo en el pasado año 2018 se registraron 26, 823 partos en niñas y adolescentes en edades entre los 10 y 19 años, lo que se traducen directamente en al menos 73 partos de niñas y adolescentes por día, de estos, 770 casos corresponden a niñas de entre los 10 y 14 años. Todo esto pasa desapercibido para los tomadores de desiciones y autoridades que usualmente rigen su criterio con base en fundamentalismos religiosos.

La violencia sexual, como causa de las altas tasas de embarazo en niñas y jóvenes, nunca ha sido genuinamente afrontada por el Estado en Honduras, aún entendiendo que somos el segundo país en Latinoamérica con mayor porcentaje de embarazos en jóvenes y que en su mayoría son consecuencia directa de una violación sexual. Solo en el año 2017, según el Observatorio de Violencia contra la Mujer del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), con base en la información obtenida por parte de la Dirección Nacional de Medicina Forense, serían 3,067 el número de casos de violencia sexual registrados por parte de este ente, de los cuales, 2,664 ocurrieron en contra de niñas y mujeres jóvenes menores de 18 años. Esta alarmante situación es una consecuencia histórica de la oposición que han tenido grupos fundamentalistas religiosos para crear una ley integral de educación en sexualidad laica capaz de brindar información culturalmente relevante, científicamente rigurosa y apropiada a la población joven.

«En Honduras 73 niñas al día son obligadas a ser madres.» (Foto: intervención en una pared de la ciudad de Tegucigalpa)

El fundamentalismo religioso como atraso en la promoción de los Derechos Sexuales

En febrero de 2003 Carlos Ávila Molina, quien fungía como Ministro de Educación en la administración del ex presidente Ricardo Maduro y que en la actualidad se desempeña como embajador de Honduras ante el Vaticano, fue el primero en frenar los intentos de las organizaciones de sociedad civil y cooperación internacional para la implementación de las Guías de Salud Sexual, «Hablando con los Jóvenes de Sexualidad«, elaboradas por la Asociación Hondureña de Lactancia Materna, las cuales preveían socializarse en centros de educación media del país.  En 2005 nuevos esfuerzos enmarcados en el cumplimiento de la ley de VIH y los Objetivos de Desarrollo del Milenio surgen para la implementación de nuevas guías, esta vez con aplicabilidad para los sectores de educación pre-básica, básica y media, sin embargo; en el año 2006 luego de ser validadas y estar listas para su puesta en marcha mediante un proyecto piloto en 70 municipios, la señora Martha Lorena Alvarado de Casco quien fuera en ese momento diputada por el Partido Liberal de Honduras, fundadora y presidenta del Comité Provida Honduras, arremete contra esta iniciativa mocionando en el Congreso Nacional, la propuesta de creación del Consejo Consultivo para la Educación Sexual el cual se encargase de reelaborar las guías de Salud Sexual, esta vez apegadas a los valores morales promulgados por las élites del poder. Finalmente aprobadas las nuevas guías con el visto bueno de los representantes del fundamentalismo religioso del país, su puesta en marcha comenzaría en el mes de julio de 2009, hecho que no ocurrió debido al golpe de Estado.

La ruptura del orden constitucional en el año 2009 dio cabida a que grupos afines a sectores religiosos ejecutaran su agenda en detrimento de los derechos contenidos en la Constitución de la República y los Tratados y Convenios Internacionales en relación a la promoción de la salud a los cuales está adscrito el Estado de Honduras. Como primer paso se aprobó por el gobierno de facto mediante acuerdo ministerial No.2744 la «prohibición, promoción, uso, venta, compra y cualquier política o programa relacionado con la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), así como la distribución pagada o gratuita y comercialización de fármacos de emergencia, en farmacias, droguerías o cualquier otro medio de adquisición.» a través de la Secretaría de Salud en octubre de 2009, esta misma fue una iniciativa propuesta en principio por la ex diputada Martha Lorena Alvarado de Casco en el mes de abril, mediante decreto 54-2009, el cual  fue vetado por el ex presidente Manuel Zelaya, a pesar de ello; la sra. Alvarado, el entonces ministro de salud Mario Noé Villarfanca y otro grupo de médicos, aprovecharon la crisis política del país para por fin prohibir la anticoncepción de emergencia bajo el argumento de que el mecanismo de acción de la píldora es abortivo, aunque la Organización Mundial de la Salud es explícita en determinar lo contrario.

El consumo, compra y venta de la píldora anticonceptiva PAE fue prohibida y penalizada en 2009 bajo los mismos estándares de condena por aborto establecidos en el código penal de Honduras. Desde su prohibición múltiples organizaciones de mujeres y juventudes han abogado por su despenalización.

El periodista y filósofo mexicano, Edgar Gónzales Ruiz en su libro Cruces y sombras: perfiles del conservadurismo en América Latina (2005) cita dos momentos interesantes en la trayectoria anti-derechos del comité Provida a través de su máxima representante Martha Lorena Alvarado de Casco, el primero data en mayo de 1997 cuando el gobierno a través de una campaña se encontraba promoviendo el uso del condón femenino, la susodicha acusó al Ministerio de Salud de intentar utilizar a las mujeres como «animales de laboratorio» para probar si el condón realmente funcionaba. El segundo se da el 26 octubre de 1999 cuando el comité Provida Honduras, junto con autoridades de algunos Centros de Salud y otras señoras de la socialité hondureña, organizaron el evento, un «Té para la vida» con el fin de recaudar fondos, y realizar la acción de brindar a las mujeres un ajuar con artículos para bebés con el fin de despertarles el «sentido» de la maternidad. A esto agregamos, que el 12 de abril de 1994 la Sra. Martha Lorena visitó la ciudad de Washington para hacer lobby contra la promoción y distribución del anticonceptivo Ovrette, la entonces presidenta del comité Provida Honduras se presentó ante congresistas del gobierno Estadounidense acusando a USAID de participar en programas que parecían más control de la población en lugar de planificación familiar.

Las juventudes se posicionan y luchan por derechos sexuales

En la actualidad los esfuerzos siguen, esta vez articulados desde las voces de las juventudes quienes proclaman la necesidad de acabar por fin con el señorío encabezado por miembros de grupos religiosos y políticos de élites conservadoras. Iniciativas de la sociedad civil lideradas por mujeres y jóvenes toman la dirección de la lucha por la salud en torno a la sexualidad, como ejemplo tenemos la plataforma Somos Muchas quienes buscan la despenalización de la PAE y la aprobación del aborto por tres causales, (por violación, por teratogénesis y cuando se pone en riesgo mortal la vida de la madre), también; la Plataforma Nacional de Adolescentes y Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Honduras cuyas exigencias van encaminadas a que se cumpla la Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud, la  elaboración final y aprobación de un Protocolo de Atención Integral para Sobrevivientes de Violencia Sexual y la aprobación de una ley integral de educación en sexualidad.  Todas exigencias legítimas para garantizar el pleno goce de los Derechos Humanos, a los cuales Honduras se ha adscrito a través de convenios y tratados internacionales, sin embargo; la falta de voluntad política y la intromisión de sectores conservadores dentro de los espacios de toma de desiciones, sigue siendo piedra de tropiezo ante los enormes esfuerzos de la ciudadanía y organizaciones no gubernamentales.

Desde el golpe de Estado de 2009, las calles de Tegucigalpa se han convertido en el espacio alternativo para que los jóvenes plasmen sus incorfomidades y exigencias.