Honduras

Justicia y salud social

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Por Andrés Pavel.

La propuesta nacionalista de reducir la edad punible en Honduras se ha transformado, tras suscitar una controversia feroz, en el planteamiento supuestamente más moderado de endurecer las medidas penales contra los menores. Superficialmente, los promotores de esta medida afirman que su necesidad surge del hecho de que más de la mitad de los delitos en nuestro país son cometidos por menores de edad, usualmente al servicio de una pandilla, con lo que en apariencia se demuestra un compromiso con la lucha contra el crimen organizado; pero como con frecuencia sucede en política, esto no es del todo intelectualmente honesto. Existen propuestas mucho mejores, pero por no ser convenientes para el establecimiento político, duermen ese ya conocido sueño perpetuo legislativo.

Antes de pasar a un mayor análisis de las consecuencias de tal propuesta, recordemos que Hernández y sus seguidores muy bien saben el alto costo diplomático y de erosión de los derechos humanos que tendría la aprobación de medidas en contra de los menores de edad, sea en forma de reducción de la edad punible o de penas elevadas. El repudio internacional en contra del gobierno del presidente Hernández, cuyo nombre de por si ya está bastante manchado, dejaría a Honduras más aislado diplomáticamente; alejarse de la influencia de la comunidad internacional solo beneficia a un gobierno que favorece desmedidamente el autoritarismo y el despotismo de sus cúpulas, en detrimento del bienestar de su pueblo. Por demás, aunque no prospere esta iniciativa, sólo forma un frente más —al igual que lo fue la recientemente aprobada ley bozal— en un ataque continuo y sistemático contra las libertades humanas fundamentales por parte del gobierno nacionalista con la intención de ampliar su poder sobre la sociedad.

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Dejemos claro que sí es muy necesario adoptar fuertes medidas para mejorar el sistema de lucha contra el crimen organizado, sobretodo en vista de que, a diferencia de lo que afirma el gobierno, los dirigentes de transporte afirman que el cobro de extorsión se ha ido incrementando a pesar de los mecanismos aplicados para combatir este delito. Nadie duda tampoco que los menores de edad, tradicionalmente y cada vez más, son empleados como soldados de las pandillas en sus negocios ilícitos (incluso llegando a ocupar rangos de mando bajo en estas estructuras; en muchos barrios bajo el control de una pandilla, “el que manda” puede ser un menor de edad). Pero más allá satisfacer un emocional deseo de venganza, el problema toral de desmantelar al crimen organizado jamás podrá ser resuelto por medio del apresamiento de estos jóvenes que son empleados  como sus herramientas.

La población en general ya conoce muy bien cómo funciona el “reclutamiento” de jóvenes en una pandilla; un siniestro eufemismo para un proceso que se parece a la trata de personas, y que convierte a los menores básicamente en esclavos de la pandilla. Estos menores son la pieza más dispensable en una estructura criminal, y al ser perseguidos y apresados, son fácilmente reemplazados volviendo a “reclutar”. Excepto en el caso de bandas delincuenciales pequeñas, la actividad del crimen organizado nunca ha sido realmente golpeada por el apresamiento de los menores que tienen a su servicio. Al contrario, esto conduce a enfebrecer la actividad de las pandillas, que rápidamente buscan privar de su libertad a más menores para reemplazar a sus “efectivos” perdidos. En los últimos años hemos verificado que el aumento de las detenciones de menores no vulnera de manera apreciable a estos grupos delictivos.

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Si queda claro que tomar represalias contra los jóvenes satisface el reflejo emocional de venganza de una sociedad víctima del crimen organizado, pero no va a ayudar al país a librarse de la actividad delincuencial sino que amenaza con desatar una crisis social aún más profunda de la que vivimos, ¿qué alternativas tenemos? La más importante, y por la cual debemos luchar los hondureños, es la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, coloquialmente llamada “Ley de los Sapos”. Ya hemos comprobado la efectividad que tiene este sistema de acumulación de inteligencia para desenmascarar y desmantelar estructuras del crimen organizado en los sonadísimos casos de las confesiones de los Cachiros en EEUU. Esta herramienta, que permite emplear a los propios delincuentes para detener a sus cómplices, permitirá que nuestros cuerpos de seguridad lleguen a capturar a la totalidad de los involucrados en la planificación y comisión de un delito. Por varias décadas ya hemos resentido en nuestro sistema de justicia la vulnerabilidad e impunidad que provoca la ausencia de esta herramienta; quizás se ha sentido aún más en los últimos años, en que el oneroso e invasivo aparato de seguridad implementado por el presidente Hernández no ha logrado traerle tranquilidad al pueblo hondureño a pesar del aumento masivo de las detenciones e incautaciones.

¿Por qué estamos discutiendo la reducción de la edad punible, una medida que nos expone a antagonizar a la opinión internacional, una medida que ni siquiera tendrá impacto apreciable contra el crimen, cuando existen otras propuestas tan superiores que deberían ser, de lejos, prioritarias? Es difícil imaginar que el presidente Hernández y sus colaboradores no están conscientes de todo lo que se ha planteado en este artículo. Pero malintencionadamente, han escogido traer a colación un tema altamente controversial como la violentación de los tratados internacionales sobre la niñez, para darle nuevamente un matiz político al tema de la seguridad con la intención de obtener el beneficio propio, y sobretodo para apartar de la atención pública cambios que son mucho más apremiantes bajo la avalancha de la polémica que han suscitado con este debate.

Claro tenemos que los nacionalistas y otros políticos no están nada anuentes a implementar la Ley de Colaboración Eficaz, cuando esta misma, que es igual de efectiva en contra de la corrupción gubernamental como contra el crimen organizado, les ha hecho tanto daño desde EEUU a través de las declaraciones vertidas por los Cachiros en el juicio a Fabio Lobo, a cuya captura condujo la misma ley. Pero para el pueblo hondureño, es imprescindible que demos este paso en el robustecimiento de nuestro sistema de justicia. Y entre más rápido volvamos a este enfoque y olvidemos las desatinadas medidas, tan vergonzosas para nuestro país, que se ha aventurado a formular Hernández, mejor.

También puede ver el video sobre la Ley de Colaboración Eficaz: 

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Las opiniones vertidas en esta columna son responsabilidad única del columnista. El pulso comparte esta opinión para enriquecer el debate nacional sobre temas de importancia para la patria.

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