JUSTICIA HONDUREÑA MANDA A PRISIÓN A DEFENSORES DEL AGUA EN GUAPINOL

ABarahona27 agosto, 2019

Siete pobladores de la comunidad de Guapinol en Tocoa, Colón, fueron enviados a prisión acusados del delito de asociación ilícita y portación ilegal de armas, aunque ellos y sus abogados defensores alegan que esto es producto de persecusión política por oponerse al desarrollo de proyectos extractivistas en la zona.

Los órganos de justicia determinaron establecer detención judicial para los siete acusados que fueron remitidos a la Penitenciaria Nacional Marco Aurelio Soto, en la comunidad de Támara; estableciendo la audiencia inicial para el próximo jueves 29 de agosto.

Los defensores de la comunidad de Guapinol se oponen a la contaminación de los ríos Guapinol y San Pedro que ha generado la empresa minera Inversiones Los Pinares.

Comunidad de Guapinol, municipio de Tocoa, departamento Colón. Honduras.

El abogado defensor Edy Tábora aseguró que el Ministerio Público se ha ensañado contra los pobladores por el hecho de defender sus tierras y recursos “es muy importante el llamado a la solidaridad internacional y nacional por lo siete defensores del agua, sobre todo por esta crisis humanitaria de agua que tenemos, ellos van a prisión porque el Ministerio Público persiste en mantener la criminalización contra los compañeros que son defensores del agua y la vida”.

Allan Portillo, también abogado de los imputados, señaló que no se ha respetado el debido proceso cometiendo arbitrariedades ya que hasta la fecha el Ministerio Público mantiene la acusación penal contra uno de los pobladores que falleció en el año 2015 “nos parece inaudito que estamos hablando de procesos judiciales a estas personas; están siendo incoados en delitos por defender sus tierras, esto solo demuestra la ineficiencia del Ministerio Público”.

Orlin Nahún Hernández, Daniel Márquez, Arnold Javier Aleman, Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kevin Alejandro, Ever Alexander, son los siete defensores del agua que han sido enviados a la cárcel.

El conflicto en la zona ha dejado como resultado seis personas muertas y una treintena de personas procesadas judicialmente.

Cabe señalar que donde se desarrolla la actividad minera de la empresa Los Pinares es en el parque nacional, Montaña Carlos Escaleras, declarada área protegida en el año 2012; pese a esto se han otorgado permisos de explotación que han ido contaminando el área en especial, los ríos de esta comunidad.

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