Tegucigalpa.
Para Jorge Lanza, dirigente del Consejo Nacional del Transporte, la criminalidad les ha dejado como resultado 2,300 personas muertas. «Las autoridades aún no nos han dado una explicación de quién los mató», exclamó consternado el veterano transportista. De 20 a 30 propietarios de transporte han tenido que abandonar el país para salvar la vida y la de sus familias, 100 autobuses han sido quemados, y más de 1,000 millones de Lempiras en pérdidas en un aproximado de 10 años, sin que haya quién pueda parar el flagelo de la delincuencia. «La quema de unidades es por el maldito impuesto de guerra», dijo, argumentando que los extorsionadores están exigiendo dinero extra porque quieren que se les pague un aguinaldo.
«Las autoridades de seguridad del gobierno no ha podido dar el ancho con las políticas y estrategias en el Ministerio de Seguridad», dijo, si bien reconoce que en algunas áreas se han ejecutado cateos y capturado mucha gente relacionada con el tema de la extorsión. A criterio del transportista, «no llegan hasta el principal de los extorsionadores».
Para Lanza las autoridades de seguridad «solo toman la hebra de hilo pero la cortan y no agarran el carrete».
«Sigan el hilo de la madeja hasta el origen —dijo, refiriéndose a los cabecillas— y se darán cuenta de quiénes y cuántos son los que están atrás de las extorciones».
«Aquí se da espacio al delincuente para que operen libremente, por eso recurren a acusaciones de que somos los responsables de los crímenes entre empresarios», dijo.
Lanza recordó además en la entrevista para El Pulso, que la última acusación del gobierno a los transportistas es que transportan droga en las unidades.
«Por no reconocer que ha fracasado con la seguridad», criticó el empresario.
«Aquí se cometen cantidad de crímenes, asesinatos, extorsiones, robos y cualquier tipo de delitos y violaciones de Derechos Humanos, y no se encuentra una patrulla. Hay videos, porque a los criminales no les importa que hayan cámaras al momento de cometer los delitos, pero nunca se captura a los que aparecen en los filmados».
Se le consultó al dirigente del transporte sobre el crecimiento que hubo en el rubro, entre los años 2011 a 2013, y por qué se cuestiona de dónde salieron las millonarias inversiones de capital para la compra de lujosas unidades, tanto en el transporte urbano como interurbano.
El empresario, por su parte, aseguró que el crédito lo obtuvieron los dueños de buses, con la banca hondureña y con las financieras que tienen las mismas importadoras de vehículos, que son firmas reconocidas en el país y donde adeudan hasta 1,000 mil millones de lempiras.
«Algunos empresarios están saliendo de la deuda, porque pasaron los 5 año del crédito. Otros refinanciaron su deuda porque no pudieron pagar en el período», dijo, aduciendo además que hay transportistas que aún están terminando de cancelar la flota de unidades adquiridas que en esa época costaban un millón de Lempiras y que «al ver la demanda las importadoras incrementaron el precio y ahora una unidad tiene un costo de $ 80,000 dólares cada autobús, 2 millones de Lempiras».
«En ese tiempo un bus costaban 55 y 50 mil dólares, ahora le aumentaron el doble porque ven que el negocio es bueno», aseguró Lanza que además afirma que los transportistas del país están «enjaranados con los bancos, con casas hipotecadas para poder hacer el cambio de unidades».
Lanza nos afirmó en la entrevista, que los transportistas buscarán cambiar los autobuses amarillos por nuevas unidades, pero exigen que el Instituto del Transporte le dé cumplimento a la Ley y revisar las tarifas, para establecer precios reales que se deberán cobrar por el servicio de transporte urbano.
Asegura Jorge Lanza que los pleitos siempre han existido entre los Transportistas, porque hay unos que se creen más listo y consiguen licencias para operar rutas en corredores sin ningún estudio socioeconómico, atropellando a otros que está trabajando ese mismo corredor, «pero los conflictos se ha arreglado en el pasado de forma tranquila sin amenazar la vida de nadie».
«El problema actual es que se están otorgando permisos de operación de rutas a funcionarios públicos que no se conforman con chupar una sola teta, quieren tener dos tetas en el pico a la vez, la champa que tienen en el Estado y la que nos compete a los transportistas», dijo Lanza, reclamando que al hermano del presidente Tony Hernández le han dado una ruta de transporte que se llama «Ruta Lenca Express», según él lo anunció el año pasado.
Según Lanza, los sucesos que se están dando con la quema de unidades, «es por el maldito impuesto de guerra. Los individuos (los delincuentes) quieren más dinero, quieren aguinaldo, quieren dinero extra», dijo.
Como dirigente y empresario del transporte, Jorge Lanza exigió que las autoridades se investiguen si se lava dinero del crimen organizado o narcotráfico entre los nuevos transportistas que han ingresado y los viejos, que revisen todos los bienes de los empresarios para saber cómo alguien ha obtenido dinero para comprar diez unidades de un solo.
«Porque en 10 unidades se requiere una inversión de 20 millones de Lempiras», dijo.
«Si esto sucede es porque alguien le dio dinero para eso», afirmó, advirtiendo que no salvarán a ninguno de los transportistas que esté metido en delitos de esa naturaleza, crimen organizado o narcotráfico.
Jorge Lanza explicó que con la nueva Ley de Transporte desaparecerá el conflicto de pelearse las rutas, porque el dinero lo recibirá por comisión, no por tarifa, o día trabajado.
«El dinero que reciba un autobús lo recibirán todos, no habrá que pelear ni maltratar a los usuarios», dijo.
«Ese cambio de quitarle el dinero al conductor de las manos resolverá uno de los grandes problemas que tiene el transporte en el país», afirmó, aduciendo que aspiran a que el transporte hondureño sea igual o mejor al de los países del Sur de América.
Según indica Jorge Lanza, dirigente de los transportistas, «hay transportista que se han ido del país por amenazas a muerte, compañeros que se han ido por miedo a que los liquiden han sido amenazados con sus familia. De veinte a treinta compañeros transportistas han tenido que abandonar el país».
Sobre las acusaciones de que los conductores y cobradores esta coludidos o forman parte de las maras y pandillas, el dirigente apuntó que han puesto a disposición de las autoridades competentes a que se investiguen a sus colaboradores, porque son estos, los mismos opera doradores de Justicia y de investigación que les extienden las hojas de antecedentes y licencias de conducir, documentos que exige la Ley y que los acredita para poder trabajar.
«En las horas no laborales, como patronos no podemos responder por lo que hacen nuestros trabajadores después que salen de la empresa, porque no podemos manejar la vida privada de nadie, si hacen otras cosas, no nos compete a los transportistas investigar porque no somos autoridad», dijo.
Jorge Lanza nos contó en la entrevista para El Pulso, que son cuatro hermanos los propietarios del transporte que iniciaron en 1980, uno de sus hermanos trabajaba en la embajada Americana y dejó el trabajo en 1984 para dedicarse a manejar su propia unidad. Él solo contaba entonces con 23 años de edad cuando empezó, conduciendo por 10 años su propio autobús. Para 1994 contaban ya entre los tres hermanos, con 20 unidades por lo que decidieron dedicarse a supervisar y controlar los autobuses, contrataron conductores y en la actualidad cuentan con 30 unidades pequeñas de 28 y 30 pasajeros que denominan rapiditos.
En 1996 montaron un taller industrial donde brindan servicios en la fabricación de piezas de equipo pesado, tractores y cargadoras de grandes empresas, al mismo tiempo el taller les permite dar mantenimiento a su flota de autobuses.
El empresario lamentó que los gobiernos en honduras no han tenido la voluntad política de realizar los cambios, el transporte se ha mantenido estancado. En el 2011 el gobierno de Porfirio Lobo Sosa les obligó a cambiar la flota de unidades, pero no les cumplió con el pago del bono por los autobuses amarillos, porque cobran 4.00 Lempiras por pasaje, cantidad que no cubre los costos de operación, por lo que el gobierno tiene una deuda desde hace 5 años que no les pagan ese estímulo bono.
«La situación es difícil —lamentó Lanza—, estamos poniendo los muertos, pagamos el dinero de nuestra bolsa a la extorsión, ese dinero que debería ser de nuestras utilidades. El gobierno debería ser más responsable y no tildarnos de narcotraficante para lavarse las manos por algo que no ha podido cumplir, es responsabilidad de los gobernantes garantizar la seguridad de su pueblo, porque la inseguridad cabalga por todos los sitios, no es posible que se diga que vivimos en un país de Estado de Derecho, un país de Leyes, donde debe haber justicia, pero ¿para quien son las Leyes a quienes se la aplican?»
CL
