Internacionales

Informe sobre Audiencias Públicas de la CIDH

el

 16 de agosto de 2017, 163 Período de Sesiones.

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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró el 163 Período Extraordinario de Sesiones en Lima, del 3 al 7 de julio de 2017, a invitación del Estado Peruano. Se realizaron 18 audiencias sobre situaciones de derechos humanos en Argentina, Colombia, Ecuador, México y Venezuela. La Comisión Interamericana agradece a los Estados y la sociedad civil su activa participación en las audiencias.

A continuación se presentan reseñas de las audiencias en el orden cronológico en el que fueron realizadas.

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1 – Impacto de la crisis política y económica sobre la niñez en Venezuela

En esta audiencia, la parte solicitante aludió a la reforma penal y su impacto sobre los adolescentes en conflicto con la ley en Venezuela y denunció que el Estado no asume su responsabilidad por las afectaciones a niños, niñas y adolescentes en el marco de las protestas. Asimismo, proporcionó información acerca de la crisis hospitalaria en el país y las acciones judiciales a favor de niños que esperan atención médica, la severa limitación de medicamentos y los graves casos de infección en los hospitales, que han llevado incluso a la muerte de niños, como lo manifestó en su testimonio la madre de una víctima.

Por su parte, el representante de Estado de Venezuela expresó solidaridad con la madre presente y dijo que se investigarían la muerte del niño para establecer la responsabilidad correspondiente. Por otra parte, la representación del Estado relató las iniciativas estatales en materia de salud y programas sociales, así como hizo referencia a las medidas de entrega directa de alimentos a la población. Además, afirmó que la disponibilidad calórica se mantiene por encima de lo que establecen estándares internacionales y que se garantiza la seguridad alimentaria en Venezuela. Por último, la representación del Estado expresó su preocupación por la responsabilidad de los dirigentes de oposición política en la participación de niños y adolescentes en las protestas violentas.

La Comisión destacó la importancia de asegurar la atención de la niñez en las etapas iniciales, pero también en la adolescencia, y de un sistema institucional para la atención integral de sus derechos. Asimismo, hizo un llamado a la voluntad política en favor de la población, en particular la niñez afectada por la grave situación de derechos humanos que enfrenta Venezuela; y finalmente solicitó que el Estado invite a la Comisión Interamericana a visitar el país.

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2 – Derecho a la asistencia jurídica gratuita como parte de las garantías judiciales en Venezuela

Esta audiencia fue solicitada por el Estado de Venezuela para presentar los logros alcanzados en materia de asistencia jurídica gratuita. Las autoridades presentes informaron que la Defensa Pública cuenta con 1.500 defensores públicos y explicó que ésta fue sustraída de la esfera del Poder Ejecutivo para convertirse en un órgano autónomo del Poder Legislativo, que brinda tutela judicial efectiva, defensa gratuita y expedita para todas las personas sin distinción, con sentido de igualdad social y con énfasis en los grupos vulnerables. Asimismo, indicaron que la Defensa Pública representa a todas las personas en las diferentes etapas procesales penales y administrativas. Las autoridades señalaron que 35.950 usuarios revocaron poderes a sus abogados privados y argumentaron que esto refleja la gran confianza depositada en la justicia venezolana.

Por su parte, las organizaciones representantes de la sociedad civil indicaron que la Defensa Pública no es independiente y que es utilizada como instrumento político. Informaron además que existe una práctica reiterada de intentar desplazar a la defensa privada a las personas detenidas arbitrariamente en las manifestaciones o en casos que impliquen violaciones de derechos humanos para obstaculizar la denuncia y ocultar evidencias de tortura y tratos crueles.  Denunciaron también la imposición de trabas a defensores de derechos humanos e indicaron que a lo largo del año 2017, 17 defensores públicos fueron despedidos por no asistir a marchas convocadas por el gobierno.

La Comisión manifestó preocupación por actos que puedan afectar el derecho a tener asesoría gratuita y elegida por la persona y reiteró su solicitud de anuencia al Estado para realizar visita a Venezuela.

CAR20  CARACAS  VENEZUELA   13 12 2016 - Un grupo de personas aguarda para realizar transacciones bancarias hoy  13 de diciembre de 2016  en Caracas  Venezuela   Miles de venezolanos acudieron hoy a las entidades bancarias publicas y privadas del pais para despojarse de sus billetes de 100 bolivares  el de mas alta denominacion en la moneda local  que perdera su valor y dejara de circular el jueves por orden del presidente del pais  Nicolas Maduro  EFE MIGUEL GUTIERREZ

EFE/ MIGUEL GUTIERREZ

3 – Derecho a la vivienda en la región

Durante esta audiencia regional, la organización solicitante informó sobre los desafíos en materia de acceso a la vivienda en la región, la situación de los asentamientos informales en los países del continente y la vulneración del derecho a la vivienda y consecuentemente de otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Según la información presentada, más de 104 millones de personas viven en asentamientos informales en América Latina, con limitado acceso a servicios básicos. Durante la audiencia se expusieron casos de Colombia y México así como los testimonios de pobladores de los asentamientos informales de El Faro en Medellín (Colombia) y Huertos de Manchay en Lima (Perú). En relación a México, se señaló la importancia de que el Estado reconozca los asentamientos informales y los incluya en sus censos nacionales. Respecto de Colombia, se destacó la necesidad de sensibilización sobre la problemática mediante políticas públicas que se desarrollen en diálogo y consulta con las y los pobladores de los asentamientos. La organización representante de la sociedad civil solicitó a la Comisión Interamericana que inste a los Estados miembros de la OEA a cumplir con los tratados internacionales firmados, dando efectividad a derechos ya reconocidos y desarrollando políticas públicas transversales sobre el derecho a la vivienda. Asimismo, solicitaron que la Comisión reconozca los asentamientos informales como zonas de vulneración de derechos humanos y que le atribuya prioridad al tema y a la población afectada, por medio de la elaboración de informes específicos y recomendaciones a los Estados. Por último, se solicitó que la CIDH inste a los Estados a incluir a los asentamientos informales en los conteos y censos nacionales, haciendo pública esta información y  permitiendo que se conozca la realidad de los mismos.

Por su parte, la Comisión Interamericana destacó la importancia de que se realice una audiencia sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como lo es el derecho a la vivienda. Asimismo, reiteró que es responsabilidad de los Estados garantizar el derecho a la vivienda digna.

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4 – Situación del derecho a la libertad de expresión en Colombia

En esta audiencia, la organización solicitante de la audiencia, informó sobre hechos de violencia, agresiones, ataques, amenazas y presiones contra periodistas que se han venido registrando desde 2016 a la fecha. La organización afirmó que existe un 99.7% de impunidad en los homicidios a periodistas y un 100% de impunidad con relación a las amenazas.  En cuanto al mecanismo de protección para periodistas, caracterizó la labor del gobierno y de la Unidad de Protección como “reactiva” a la solicitud de los periodistas, demorada y desarticulada. En ese sentido, argumentó sobre la necesidad de generar un sistema nacional de prevención que incluya a las tres ramas del poder público. Asimismo, la organización expuso sobre la persistencia de severos desafíos para garantizar el derecho a la información en Colombia, especialmente dada la falta de medios de comunicación; según se informó, 83 municipios de Colombia carecen de medios de comunicación, o bien la única fuente de información local es la que provee el Ministerio de Defensa a través de la radio militar. Por otra parte, la organización de la sociedad civil denunció la existencia de censura digital en Colombia mediante la remoción de contenidos de Internet, así como la desprotección de derechos en el ámbito digital a partir de la aplicación de legislación que permite la interceptación de comunicaciones en casos de inteligencia sin orden judicial previa. La solicitante de la audiencia también denunció que las radios comunitarias se encuentran “asfixiadas económicamente” y no cuentan con informativos locales. Finalmente la organización se refirió al proceso de Paz y sostuvo que es fundamental garantizar la no injerencia en la libre circulación de información a través de la pauta de publicidad oficial y el acceso a la información sobre el proceso de paz.

Por su parte, el Estado ratificó su compromiso con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Colombia. La Fiscalía General de la Nación informó que la entidad ha venido trabajando en conformidad con los estándares interamericanos sobre libertad de expresión y en coordinación con organizaciones de la sociedad civil para garantizar que se investiguen los crímenes cometidos contra periodistas. Asimismo indicó que estableció directrices a los fiscales para la citación a periodistas dentro de una investigación penal, de manera de priorizar la protección a la libertad de expresión y al secreto profesional. Reconoció que desde la perspectiva de la investigación judicial se ha identificado que persisten dificultades para lo cual se ha diseñado una “estrategia específica” dirigida a periodistas que permita contar con mayores niveles de eficacia en la investigación. La Unidad Nacional de Protección informó que actualmente cuenta con 139 periodistas y comunicadores sociales protegidos. Asimismo, el Estado aseguró que está trabajando para reducir la brecha digital y  garantizar la conexión a internet a través de distintos proyectos e indicó que ha otorgado frecuencias de radio: 669 comerciales, 300 de interés público y 625 comunitarias.

La Comisión expresó que es preocupante que persistan los niveles de impunidad que fueron indicados por la sociedad civil. Por su parte, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, manifestó el interés de la Relatoría Especial en seguir brindando apoyo técnico a Colombia para fortalecer la libertad de expresión en el país. El Relator requirió mayor información sobre las denuncias de situaciones de censura en las Zonas Veredales y con relación a las acciones previstas por la Unidad Nacional de Protección para afrontar la situación en las zonas identificadas como problemáticas. Finalmente sostuvo que es necesaria una reforma de la ley de servicios de radiodifusión, la profundización de la implementación de la ley de acceso a la información pública y la adopción de una ley de regulación de la publicidad oficial.

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5 – Situación de derechos humanos de las personas afrodescendientes afectadas por el conflicto armado en Colombia

En esta audiencia, las organizaciones solicitantes denunciaron los inúmeros efectos del conflicto armado sobre las poblaciones afrodescendientes en Colombia, en particular mujeres y personas desplazadas. Señalaron la invisibilidad de estos grupos y, sobretodo, la falta de implementación del “Capítulo Étnico” del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia. Las organizaciones apuntaron que la falta de políticas públicas con enfoque étnico y de género ha agravado la situación de estas poblaciones en la región del Pacífico. Las organizaciones hicieron referencia al paro cívico de Buenaventura e indicaron que fue un reclamo de acceso a fuentes laborales, vivienda, agua potable, educación, salud y otros derechos económicos, sociales y culturales. Denunciaron que esta protesta pacífica fue reprimida con uso excesivo de la fuerza por medio del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), dejando a 19 personas heridas con armas de fuego.

Por su parte, el Estado explicó que reconoce los impactos acentuados del conflicto armado sobre las poblaciones afrodescendientes, pero subrayó los acuerdos firmados con el Comité del Paro Cívico de Buenaventura, que incluyen la creación de un fondo de inversión exclusivo para obras prioritarias en la región. Además, el Estado de Colombia destacó los mecanismos legales de asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y los mecanismos de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de tierras para las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

La CIDH pidió al Estado que informe sobre las medidas específicas que adoptará para promover el acceso a derechos económicos, sociales y culturales a las poblaciones afrodescendientes de la región del Pacífico. La Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial reiteró la importancia del levantamiento de datos desglosados por género y origen étnica de las victimas del uso excesivo de la fuerza en Buenaventura y reiteró la importancia de que garantice el derecho a la manifestación pacífica a las poblaciones afrodescendientes.  La Comisión hizo un llamado al Estado de Colombia  para que tome las medidas necesarias para la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

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6 – Caso 12.953 – Juan Carlos Martínez Gil, Colombia

La CIDH celebró una audiencia de fondo sobre el caso 12.953 en el cual la presunta víctima, Juan Carlos Martínez Gil, rindió su declaración sobre los hechos relacionados con el caso. El señor Martínez indicó que en junio de 2007 se desempeñaba como líder sindical de Educadores Unidos de Caldas y participó de una manifestación pública y pacífica. Agregó que en dicha manifestación fue agredido por un agente policial, quien le disparó en la cara y que, como consecuencia de ello, perdió la vista en uno de sus ojos. Las organizaciones peticionarias alegaron que Colombia es responsable por dicho atentado en contra de la vida e integridad del señor Martínez. Indicaron que a la fecha las autoridades estatales no han esclarecido lo sucedido y que no se han sancionado a las personas responsables.

Por su parte, el Estado sostuvo que no tiene responsabilidad sobre lo sucedido. Ello en tanto a nivel interno adoptó las medidas necesarias de investigación para identificar y sancionar a las personas responsables. El Estado colombiano explicó que existe en trámite un proceso penal, un procedimiento disciplinario y un proceso contencioso administrativo.

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7 – Situación de derechos humanos de las personas LGBTI en México

Las organizaciones de la sociedad civil que solicitaron esta audiencia denunciaron la actual crisis de violencia e inseguridad en México, que afecta en mayor medida a grupos históricamente vulnerados y en particular a las personas LGBTI. Denunciaron que en México 6 personas son asesinadas al mes en función de su identidad de género y que entre 2007 y 2015 ocurrieron 283 feminicidios de mujeres trans. Las organizaciones señalaron también que hay ausencia de datos oficiales sobre estas víctimas de violencia y que las autoridades sistemáticamente fallan en realizar las debidas investigaciones con un enfoque especial y de género, lo que por su vez fomenta altos índices de impunidad.

El Estado mexicano señaló los esfuerzos hechos en cuanto a adopción de medidas anti discriminación. En 2014 se aprobó reformas a la ley que prohíbe la discriminación de carácter de género, incluyendo la homofobia, la misoginia, y otras formas conexas de intolerancia. Las autoridades del Estado se refirieron a la creación del Programa Nacional para Igualdad y No Discriminación, que incluye como estrategia impulsar acciones contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género y establece medidas para la debida atención y no discriminación por parte del personal policial; y una cartilla de derechos de las víctimas de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género.

Durante la audiencia, la Comisión reconoció los avances alcanzados por del Estado mexicano en materia de derechos de las personas LGBTI, tanto a nivel normativo como a nivel de políticas públicas. La CIDH subrayó la necesidad de un trabajo conjunto de la sociedad civil y el gobierno para dar efectividad a las normas ya en vigencia en el Estado mexicano. Asimismo, la Comisión reafirmó la necesidad de que el Estado invierta esfuerzos para hacer efectivo el principio de no regresividad en el ámbito de los derechos LGBTI.

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8 – Justicia e impunidad en México

Durante la audiencia sobre justicia e impunidad en México, las organizaciones de sociedad civil denunciaron que el sistema de justicia mexicano se caracteriza por los alarmantes niveles de corrupción e impunidad. Las organizaciones informaron que el enclave de la impunidad es la falta de investigación y sanción de crímenes atroces como la tortura, la desaparición forzada y la ejecución arbitraria. Además, señalaron que las investigaciones frecuentemente incluyen diligencias ineficientes, intrascendentes, o tardías por lo que las evidencias esenciales se pierden, además de que no transversalizan la perspectiva de género ni un enfoque diferenciado y que a ello se suma la carencia de servicios periciales independientes. Asimismo, denunciaron que el Estado mexicano es incapaz de investigar y sancionar los graves crímenes que ha cometido en el pasado. Destacaron que para hacer frente a esta problemática, es necesario un poder judicial autónomo e independiente de los poderes políticos. Las organizaciones solicitaron a la CIDH que se sume a la firma de un acuerdo de cooperación para la consolidación de un consejo asesor contra la impunidad que debería ser firmado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con el Estado de México, en un formato que permita la participación más amplia posible de la sociedad civil.

Por su parte, el Estado de México reconoció que se enfrenta a un reto significativo para hacer realidad el pleno disfrute de los derechos humanos en materia de procuración y administración de justicia. Los representantes del Estado señalaron que México ha emprendido reformas estructurales sin precedentes para implementar un modelo jurídico competitivo frente a los enormes retos de violencia y las organizaciones criminales y que para ello se han tenido en cuenta los procesos de reforma de justicia en países como Chile, Colombia, Costa Rica y Perú. En relación a las graves violaciones a los derechos humanos, los representantes del Estado señalaron que en materia de protección a defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, se acordó un plan de fortalecimiento que incluye un mapeo de zonas de riesgo, la creación de unidades estatales de protección para realización de acciones estratégicas en coordinación con el mecanismo federal y la elaboración de un protocolo nacional para la protección de personas defensoras.

La Comisión destacó positivamente el reconocimiento por parte del Estado de México de los retos que enfrenta en materia de justicia. Asimismo, cuestionó a la delegación del Estado sobre la posibilidad de nombrar a un grupo de expertos y expertas en el campo de los derechos humanos y del combate a la impunidad para asesorar al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción para revertir la tasa de impunidad imperante en el país, manifestando la voluntad de la CIDH en contribuir en la ejecución de esta recomendación. La Comisión también reiteró que el Estado de México debe combatir la impunidad en todos los niveles de gobierno.

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9 – Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa, México

En esta audiencia convocada de oficio por la CIDH, los representantes de la sociedad civil señalaron que, a partir de la intervención del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) el Estado abrió nuevas líneas de investigación y ha formulado un cronograma de actividades, pero que a pesar de esto el Estado sigue sin avanzar en la determinación del paradero de los estudiantes y sigue sin determinar responsabilidades. Además, informaron sobre supuesto actos de espionaje cometidos por el gobierno federal contra representantes de los familiares de los estudiantes y miembros del GIEI a través del malware pegasus.

Por su parte, el Estado aseguró que todas las líneas de investigación se encuentran abiertas y existe el compromiso de cumplir con el cronograma en los tiempos propuestos. El Estado informó asimismo contar con avances en relación con la captación de imágenes por medio de vuelos y respecto del análisis de los teléfonos de los estudiantes desaparecidos. Además, informó sobre los resultados de las pruebas periciales realizadas sobre el “quinto autobús”. El Estado expresó también su compromiso con la investigación de los presuntos hechos de espionaje.

La Comisión destacó la obligación del Estado de avanzar en las investigaciones y esclarecer lo ocurrido con los estudiantes, realizando mayores esfuerzos y respetando el cronograma propuesto. Asimismo, informó sobre la remisión de un cuestionario al Estado en el marco del monitoreo que realiza el Mecanismo Especial de Seguimiento. Por otra parte, la Comisión expresó su preocupación respecto a las denuncias de espionaje y solicitó al Estado información sobre la investigación de estos hechos. Asimismo, informó sobre la recepción de una carta de parte de integrantes del GIEI en la que se informa que varios miembros del grupo podrían haber sido víctimas de espionaje por parte del Estado mexicano.

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10 – Justicia Especial para la Paz y responsabilidad de terceros en Colombia

Las organizaciones solicitantes de la audiencia plantearon sus preocupaciones en torno a la ley 1820 de 2016 y al Acto Legislativo No. 01 de 2017 sobre la implementación del Acuerdo de Paz.  Informaron que esta normativa es limitadora ya que podría excluir del procesamiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o brindar tratamientos especiales a terceros financiadores de violaciones graves cometidas en el conflicto armado, si no se prueba su participación activa y determinante. Además, plantearon la falta de regulación de la reparación por parte de empresas y empresarios de las violaciones a derechos humanos por ellos cometidas y las altas tasas de impunidad en la que se encuentran tales violaciones. Las organizaciones de la sociedad civil recomendaron a la Comisión que se pronuncie sobre la obligación del Estado colombiano a investigar a todas las personas que sin formar parte de los grupos armados son responsables por violaciones y a garantizar los derechos de las víctimas a la   verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Asimismo, recomendaron que solicite al Estado proporcionar un informe sobre el estado de reglamentación de la jurisdicción para la paz y las medidas implementadas para garantizar los derechos de las víctimas, además del cumplimiento por parte del Estado de su deber a investigar a todos los responsables.

El Estado indicó que las víctimas son el eje central del Acuerdo de Paz y explicó que la JEP establece las bases para identificar, juzgar y sancionar a los terceros civiles con participación activa y determinante en los crímenes más graves con competencia compulsiva y para resolver la situación jurídica de todos los terceros con alguna responsabilidad en los crímenes y con voluntad de reconocer su participación, sea por participación directa o indirecta. Asimismo, indicó que la JEP viene a corregir la impunidad de crímenes de terceros.

Por su parte, la Comisión se pronunció sobre las garantías de participación para las víctimas en los procesos ante la JEP e indicó que los actos indirectos de terceros deben ser investigados y sancionados de acuerdo a los estándares internacionales. Asimismo, reiteró su apoyo al proceso de paz e hizo un llamado para continuar con los esfuerzos para alcanzar la paz en Colombia.

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11 – Derecho a la libertad de expresión y democracia en Venezuela

Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron un patrón estructural de impunidad que persiste en los casos de violencia contra periodistas en Venezuela. Indicaron que en el contexto de las protestas, se verifica una represión desmedida contra manifestantes, reporteros y fotógrafos debidamente identificados; represión que incluiría robo de equipos y destrucción del material de reporteros y fotógrafos. Según informaron las organizaciones, en 2017 más de 400 trabajadores de medios de comunicación han sido lesionados, detenidos, robados y hostigados mientras cubrían las manifestaciones de protesta en el país. Además informaron tener documentadas centenas de denuncias de violaciones al derecho a la libertad de expresión. Las organizaciones solicitaron a la Comisión que insista en la realización de visita in loco a Venezuela y que atienda las solicitudes de medidas cautelares para proteger a los periodistas en riesgo.

Por su parte, la representación del Estado argumentó que no existe un patrón sistemático de agresiones a periodistas en Venezuela; que los casos existentes son puntuales y han ocurrido en contextos de violencia y para control del orden público. El Estado reconoció que ocurrieron situaciones de abuso en el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra periodistas, sin embargo, argumentó que las agresiones a periodistas ocurren en una zona que no está bajo el control del Estado nacional, sino que están bajo el control de autoridades opositoras. Además, el Estado sostuvo que no existe una política de bloqueos de señal de Internet, sino acciones administrativas puntuales.

La Comisión expresó preocupación cuanto al impacto de la polarización política en Venezuela sobre la libertad de expresión. El Relator para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, hizo referencia a la hostilidad, los ataques y amenazas contra periodistas por parte incluso de altos funcionarios públicos y recordó que el Estado tiene la obligación de prevenir, proteger y de investigar estos casos.

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12 – Denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela

Esta audiencia fue privada.

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13 – Situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en la Provincia de Buenos Aires, Argentina

En esta audiencia, las organizaciones solicitantes indicaron que en la Provincia de Buenos Aires el sistema penitenciario se encuentra colapsado y se caracteriza por una crítica situación de hacinamiento, que resulta principalmente de las políticas de encarcelamiento masivo y del uso excesivo de la prisión preventiva. Asimismo, denunciaron la utilización de comisarías como centros permanentes de detención y manifestaron su preocupación frente a esta situación, dado que las comisarias no son lugares aptos para el alojamiento. Según la información que presentaron las organizaciones, en los últimos 5 años un total de 43 personas habrían perdido la vida en comisarías de la Provincia de Buenos Aires. Indicaron también que actualmente el número de personas en comisarías equivale a 3.010 personas, cuando sólo hay 1.037 camas.

Por su parte, el Estado manifestó su acuerdo en el sentido de que la situación carcelaria requiere un consenso político al que todavía no se ha llegado. Además, señaló algunas medidas adoptadas para dar respuesta a la crisis carcelaria, entre las cuales la declaratoria de emergencia penitenciaria, la adopción de protocolos de requisas; la remoción de autoridades penitenciarias, e la inversión en alimentos e infraestructura.

La Comisión reiteró su preocupación por la situación en que se encuentran las personas en las comisarías, misma que no resulta compatible con su dignidad humana, y manifestó su interés en que el Estado colabore con la sociedad civil para buscar las formas que permitirían reducir el uso de la prisión preventiva, tales como la aplicación de medidas alternativas a la misma.

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14 – Denuncias de asesinatos de mujeres por razones de género en Argentina

En esta audiencia convocada de oficio por la CIDH, las organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por los altos índices de feminicidios que se observan en Argentina, y que encuentra sus raíces en la desigualdad y en la discriminación en razón de género. Las organizaciones denunciaron que en el año 2016, un total de 254 mujeres fueran asesinadas por razones de género y que del total de los casos, únicamente el 9 % ha recibido sentencia condenatoria. Asimismo, destacaron la situación de particular riesgo que enfrentan las mujeres migrantes, mismas que se exponen a una diversidad de situaciones de violencia en el transito migratorio y en los lugares de destino.

Por su parte, el Estado señaló que la problemática de la violencia de género hace parte de su agenda política y que las líneas de acción adoptadas en este sentido tienen como ejes estructurales el enfoque diferencial y la interseccionalidad. Asimismo, informó que entre las medidas  adoptadas por el Estado para abordar esta problemática, se encuentran la mesa nacional de trabajo con participación de los tres poderes, la creación de área de litigio estratégico en materia judicial y el establecimiento del observatorio de violencia contra las mujeres.

La Comisión reiteró su preocupación ante el incremento de actos de violencia y femicidios y llamó al Estado a investigar dichos actos con la debida diligencia, y a promover la protección y seguridad de las víctimas. Asimismo, la Comisión reiteró al Estado que debe, con carácter de urgencia y en colaboración con la sociedad civil y otras partes interesadas, intensificar sus esfuerzos para prevenir y erradicar los feminicidios, las violaciones y otras formas de violencia de género contra las mujeres y las niñas.

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15 – Situación de derechos humanos de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados venezolanos en países de América

Durante esta audiencia regional, las organizaciones solicitantes informaron a la Comisión sobre la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas que han emigrado de Venezuela debido a la “crisis humanitaria” que actualmente vive el país. Según la información que presentaron, recientemente ha aumentado de manera significativa la cantidad de migrantes venezolanos que han dejado el país rumbo a otros Estados de Centroamérica y Sudamérica. Con respecto a las solicitudes de asilo, denunciaron alarmante aumento: de 4 mil solicitudes en el año 2014 para 34 mil solicitudes en el año 2016. Las organizaciones indicaron que muchos Estados de la región han adoptado buenas prácticas que han permitido que los venezolanos permanezcan y busquen trabajo en sus territorios, sin embargo afirmaron que es necesario que tales Estados adopten una postura más contundente frente a la problemática e implementen políticas públicas para enfrentarla. Las organizaciones denunciaron que la falta de información real sobre la cantidad de personas que han emigrado contribuye a la invisibilización de la problemática. Asimismo, denunciaron que sigue existiendo en la mayoría de los Estados de la región la percepción de que las personas venezolanas no son refugiadas y no necesitan protección internacional, desconsiderando así la vulneración masiva de derechos humanos que ocurre en el Estado de Venezuela actualmente. Finalmente, las organizaciones de la sociedad civil pidieron generar más solidaridad entre los Estados del continente con las personas venezolanas.

El Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, relator sobre los derechos de los migrantes, manifestó su preocupación sobre esta situación y cuestionó las posibilidades de acceso a la justicia de los migrantes venezolanos. La Comisión llamó a los Estados Miembros de la OEA a adoptar medidas para reforzar los mecanismos de responsabilidad compartida con relación a la situación de los migrantes venezolanos, a la vez que les instó a no adoptar medidas que limiten o vulneren los derechos humanos de los migrantes y de los solicitantes de refugio procedentes de Venezuela.

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16 – Caso 12.918 – Amafer Guzmán Cruz y otros, México

La CIDH llevó a cabo una audiencia de fondo sobre el caso Amafer Guzmán Cruz y otros, en la cual Abdellán Guzmán Cruz, una de las presuntas víctimas del caso, rindió su declaración sobre la supuesta persecución que sufrieron sus familiares a partir de 1974 y que resultó en la supuesta desaparición forzada de 5 de sus familiares. Guzmán Cruz indicó también que su hermano, Alexander Guzmán Cruz, fue detenido y torturado y que como consecuencia de dichas torturas actualmente sufre de discapacidad mental. Asimismo, indicó que con posterioridad, como consecuencia de su búsqueda por justicia, su domicilio ha sido allanado en al menos tres ocasiones en 2008, 2012 y 2015, y que él y algunos de sus familiares han recibido diversas amenazas de muerte. Las organizaciones peticionarias presentaron argumentos de fondo y reiteraron su solicitud a la CIDH de que emita el informe de fondo del caso.

Por su parte, el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad internacional con relación a algunas de las violaciones de derechos humanos alegadas por los peticionarios, indicó que en general ha investigado los hechos del caso conforme a los estándares internacionales y que ha puesto en marcha diversos mecanismos a fin de reparar integralmente a las presuntas víctimas del caso.

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17 – Denuncias de violencia y hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos en Ecuador

Durante la audiencia sobre violencia y hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos en Ecuador, las organizaciones de sociedad civil lamentaron la ausencia de la representación del Estado. Señalaron que en la actualidad en Ecuador las personas que defienden los derechos humanos viven diversas situaciones de vulnerabilidad, no solamente en función de la labor que ejercen sino también debido al contexto político, económico y social en que desarrollan sus actividades. Las organizaciones solicitantes de la audiencia informaron que las amenazas y el hostigamiento han provenido tanto de actores privados como estatales y que no existe una instancia especializada para denunciar los casos de criminalización y ataques contra personas defensoras de derechos humanos. Además, denunciaron la ausencia de una debida diligencia y una adecuada investigación de los casos de violencia y hostigamiento contra personas defensoras y la inexistencia de un sistema de protección adecuado. Las organizaciones señalaron también que el delito de ataque o resistencia a la autoridad es el de mayor utilización en los procesos de criminalización de personas defensoras en Ecuador. En este sentido, las organizaciones solicitaron a la CIDH que recomiende al Estado de Ecuador tomar las medidas que sean necesarias a nivel administrativo, legislativo o judicial para garantizar la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos conforme los estándares internacionales, especialmente la generación de entornos propicios y seguros para la defensa de los derechos humanos. Asimismo, pidieron a la Comisión que siga realizando el seguimiento y monitoreo de la situación de derechos humanos en Ecuador, procurando que la sociedad civil ecuatoriana cuente con espacios suficientes para presentar sus denuncias y propuestas.

Tras expresar preocupación frente a la ausencia de la representación del Estado en la audiencia, la CIDH manifestó también su preocupación frente a la información presentada por las organizaciones solicitantes sobre los ataques y amenazas en contra de personas defensoras en Ecuador y urgió al Estado a adoptar medidas urgentes para reconocer y proteger la labor de defensoras y defensores.

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18 – Industrias extractivas y el derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas en Ecuador

El Gobierno del Ecuador se excusó de participar en la audiencia a través de un informe escrito.
Las organizaciones solicitantes de la audiencia presentaron información sobre los impactos de los proyectos mineros y petroleros llevados a cabo en sus territorios sobre el derecho a la identidad cultural de las comunidades. Denunciaron que al implementar los proyectos extractivos no se realizan adecuadas consultas a los pueblos indígenas, causándoles daños irreversibles. Las organizaciones alegaron que, a pesar de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que determina la realización de consultas al pueblo, el Estado sigue licitando bloques petroleros en el territorio del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku sin realizar consultas previas. Con la XI Ronda Petrolera, que comenzó en 2012, se buscó concesionar 21 bloques petroleros que cubrían más de 2,4 millones de hectáreas. Pero, solamente un 7% de la población afectada habría sido consultada. Los representantes de la sociedad civil denunciaron que el pueblo Sapara se ha visto afectado desde 2015 por incursiones en su territorio ancestral, sin previa consulta, con la intención de asegurar la futura explotación petrolera de un área que afectaría el 68% de la superficie de su territorio. Se informó además que el Pueblo Shuar Arutam actualmente enfrenta uno de los conflictos más álgidos en el territorio Shuar, en función de la explotación minera de cobre a través del Proyecto Panantza – San Carlos.

La Comisión reafirmó que la consulta previa, libre e informada sobre temas que afecten el territorio y modo de vida de los pueblos indígenas es un derecho establecido en resoluciones de la CIDH y resaltó el deber del Estado de garantizar que cualquier iniciativa de desarrollo o proyecto de aprovechamiento de recursos naturales contemple la participación de los pueblos indígenas. Asimismo, la Comisión afirmó que tales proyectos deben respetar la identidad de los pueblos indígenas y beneficiarlos concretamente.

Frente a la ausencia de la delegación del Estado de Ecuador, la Comisión señaló que esta impide o dificulta de manera severa que la CIDH pueda cumplir con su mandato. Para la Comisión Interamericana, las audiencias son una herramienta esencial para recibir información a fin de cumplir con el mandato que le han asignado los propios Estados de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Acerca Redacción

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