REELECCIÓN PRESIDENCIAL EN HONDURAS.

Por: Albany Flores Garca.

La experiencia reeleccionista del pasado.

El último gobierno reelecto en Honduras fue el gobierno militar del Coronel de Aviación Oswaldo López Arellano. En realidad, más que una reelección, ese proceso fue una especie de constitucionalización del gobierno de facto que había comenzado con el Golpe de Estado propinado por el mismo Arellano al gobierno de Ramón Villeda y Modesto Rodas Alvarado en 1963; proceso que a la postre desencadenó una serie de mandatos militares conocidos como Reformismo Militar (1963-1982), que a su vez degeneró en un sin número de irregularidades en la administración pública, en actos de corrupción y en vínculos con el narcotráfico.

Antes de él, el último «gobierno civil» reelecto había sido el gobierno del Doctor y General Tiburcio Carías Andino, mediante la reforma constitucional de 1936 que estipulaba la ampliación del periodo de gobierno de 4 a 6 años. De ese modo, el gobierno del General Carías cumplió tres periodos de gobierno: un periodo regular de cuatro años (1933-1937), y dos periodos largos de seis años (1937-1943 y 1943-1949 respectivamente). Ese periodo de seis años se mantuvo durante todos los gobiernos en el país hasta la nueva Constitución dictada en 1982, que entre otras cosas dictaminaba la vuelta al gobierno civil y un periodo gubernamental de cuatro años en beneficio del ejercicio democrático y la alternancia en el poder de los gobiernos y los individuos. 

En su libro El neoliberalismo en Honduras, el ensayista Alcides Hernández ha manifestado que el regreso del país a la vida democrática —lo que resulta paradójico tomando en cuenta que hasta el gobierno de Roberto Suazo Córdova el concepto Democracia era casi inaplicable para Honduras— no se debió en ningún aspecto a la experiencia positiva o la madurez política de los ciudadanos y la clase gobernante, sino, sobre todo, a las influencias ejercidas por el gobierno de los Estados Unidos que presionaba a la nación hondureña para que realizara una limpieza en el sistema público nacional en pro de su mejoramiento económico.

Por ello, a comienzos de la década de 1980, el gobierno republicano de Ronald Reagan, a través de sus embajadores en el país (primero Sánchez y después Negroponte), y  por medio de un documento directriz titulado Reaganomic para Honduras (políticas económicas del gobierno de Reagan para Honduras) conminó al Gobierno de la República a integrarse a las políticas económicas de la región latinoamericana y del Caribe (Neoliberalismo), so pena de quedar fuera de las múltiples “prebendas y beneficios” económicos que el modelo económico regional ofrecía a los Estados afiliados. Entre otras cosas, para la aplicación de dicho modelo era necesario un gobierno civil.

Aun cuando el modelo Neoliberal —política y económicamente hablando— sólo se implantó definitivamente en el gobierno nacionalista de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), el mismo había venido formándose y creando condiciones precisamente desde la gestión de los gobiernos militares de Juan Alberto Melgar Castro y Policarpo Paz García respectivamente. Por esta razón, estos dos gobiernos militares, particularmente el último, han comenzado a estudiarse, más que como gobiernos militares, como los gobiernos de la transición de una vida pública militar a una vida pública de corte civil.

Al igual que el en siglo XIX, con sus correspondientes variaciones, la experiencia reeleccionista del siglo XX tuvo un particular carácter impositivo y dictatorial manifestado en la actitud intolerante e intransigente de un sólo partido: el Partido Nacional de Honduras. Tanto en los procesos reelectivos correspondientes a la administración del General Carías, así como en las reelecciones de los gobiernos militares (creemos que en realidad los gobiernos militares (1963-1982) fue un sólo gobierno con diferentes líderes) agrupados bajo en concepto de Reformismo Militar, estuvieron profundamente signados por características similares: la imposición de la condiciones políticas, económicas y sociales, el control de la opinión pública, el aniquilamiento político e intelectual de una oposición que no participó en la contienda electoral y que más bien permanecía en el exilio, una terrible experiencia reelectiva en el pasado (siglo XIX), etc.

Los procesos reeleccionistas del siglo XX sucedieron bajo situaciones unilaterales comandadas por el Partido Nacional, donde la oposición política representada en las figuras preponderantes del Partido Liberal fungió simplemente para “legitimar constitucionalmente” los comicios electorales y para validar la continuidad de los gobiernos nacionalistas y militares, que a fin de cuentas eran casi lo mismo.

Consideraciones alrededor de la reelección presidencial en el siglo XXI.

En el siglo XXI, dos figuras presidenciales han pujado (desde la Presidencia de la República) por la continuidad en el poder y la reelección presidencial: José Manuel Zelaya Rosales y Juan Orlando Hernández Alvarado; lo que por supuesto no significa que éstos sean los únicos interesados en la promoción de las reformas a la Constitución de la República, a la Ley Electoral y de las Organizaciones; que permitan, mediante la consulta popular que valide el continuismo de potenciales figuras políticas pertenecientes a las dos instituciones políticas antagónicas más fuertes del presente: el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación, aun cuando, sin parecer obtuso, no pueden descartarse totalmente figuras liberales como Carlos Flores Facussé.

Esa lucha por el continuismo y la reelección presidencial en Honduras se retomó desde la administración del gobierno liberal de Manuel Zelaya (2006-2009), cuando el entonces Presidente de la República emprendió una serie de medidas y políticas públicas encaminadas a la validación de su discurso político populista, y a la búsqueda de la reelección presidencial por medio de las reformas a los artículos pétreos de la Constitución nacional y a la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. De hecho, como todos recuerdan, dichas maniobras, concentradas casi totalmente en el proyecto de consulta popular denominado Cuarta Urna, propiciaron una crisis política y social sin precedentes en el nuevo siglo, desembocando posteriormente en el Golpe de Estado propiciado al gobierno de Zelaya en Junio de 2009, e impulsado por el propio Partido Liberal y las Fuerzas Armadas.

A partir de ello, entre junio de 2009 y enero de 2010, el Gobierno de facto de la República fue asumido por el entonces Presidente del Congreso Nacional y principal detractor del Presidente defenestrado, Roberto Micheletti Baín, quien había sido gran aliado de Zelaya en el pasado, y quien además representaba los intereses del Partido Liberal. En realidad, podemos considerar que el gran perdedor del Golpe de Estado de 2009 no fue ni siquiera el ex-Presidente Zelaya —a quien sólo restaban seis meses de gobierno—, sino el joven candidato presidencial del Partido Liberal, Elvin Santos, quien se proyectaba con un amplio margen de popularidad y posibilidad para alcanzar la Presidencia de la nación frente al candidato nacionalista Porfirio Lobo.

De este modo, Lobo Sosa, que ya había perdido las elecciones generales de 2005 frente al entonces candidato liberal Manuel Zelaya, resultó como gran beneficiado de la interrupción democrática, pues al destruirse el proyecto interno del Partido Liberal, también se destruyó la posibilidad de llegar al poder para Elvin Santos; por lo que el candidato Lobo Sosa del Partido Nacional resultó vencedor de las elecciones generales de noviembre de 2009 (consúltese los diarios de 2009). No obstante, para algunos sectores académicos, intelectuales y políticos, esa aparente ganancia de Lobo fue relativa, pues su gobierno terminó pagando las secuelas del Golpe.

Al mismo tiempo, el gobierno nacionalista de Porfirio Lobo (2010-2014), denominado como “Gobierno de la Unidad Nacional” por el enorme reto que suponía la reunificación de una ciudadanía con hondos rencores y divisiones por los hechos suscitados durante el Golpe de Estado y la época post-Golpe, fue sobre todo un gobierno timorato cuyos logros más importantes quizá fueron: la reinserción de Honduras en los organismos e instancias internacionales de las que había sido separada como pena por los conflictos políticos de 2009; la renegociación con los organismos económicos internacionales como el Banco Mundial y las cooperaciones de países europeos y asiáticos; el Acuerdo de Cartagena de Indias firmado con los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos de Venezuela y Colombia respectivamente; el regreso de Manuel Zelaya del exilio y la creación del Partido Libertad y Refundación como brazo político del Frente Nacional de Resistencia Popular, entre otros.

Por otra parte, el álgido tema de la reelección presidencial comenzó a reaparecer en el debate público cuando el Presidente del Congreso Nacional en el periodo de Lobo, Juan Orlando Hernández, llegó a la Presidencia del país después de derrotar a la candidata de LIBRE, Xiomara Castro Sarmiento, en las elecciones generales de noviembre de 2013. Si bien es cierto, aun cuando en los últimos gobiernos ha sido una constante que el Presidente del Congreso Nacional se convierta posteriormente en Presidente del Ejecutivo (como fue el caso de Flores, Micheletti y de Lobo), el caso de Hernández tuvo un matiz diferente, pues la sociedad percibía que aun en el mandato de Lobo, el verdadero poder tras el gobierno era Hernández Alvarado.

Al igual que Zelaya Rosales, Hernández Alvarado busca su continuidad en el poder de la nación a través de un plebiscito que promueva una Asamblea Nacional que a su vez modifique los artículos pétreos de la Constitución, que prohíben incluso la discusión sobre la reelección. De hecho, el reconocido jurista y ex-Canciller de la República, Edmundo Orellana, pronunciándose sobre el plebiscito que pretende realizar el gobierno para preguntar al pueblo si está o no de acuerdo con la reglamentación de la reelección, ha dicho:

«Plantear la pregunta de si se está de acuerdo con reglamentar o legislar la reelección supone que la reelección está permitida…si se inscribe al Presidente actual, debe inscribirse al ex-presidente Zelaya…los liberales dicen que su propuesta es distinta a la de los nacionalistas, pues éstos proponen “reglamentar la reelección” y la bancada liberal “legislar la reelección”. Se trata, pues, de lo mismo: promover el continuismo del Presidente Hernández (…) Libre es el ex-Presidente Zelaya. Su incuestionable liderazgo anula toda pretensión presidencial distinta de la suya. Se impone por su propio peso. Por eso, ve en la ambición del Presidente una oportunidad para él (…) sin embargo, el Presidente Hernández necesita de la participación de Zelaya en las elecciones para legitimarlas, porque está seguro que con las actuales reglas del juego electoral, su victoria está asegurada» (La Tribuna, 08/08/2016).

Sobre este mismo tema, el Dr. Israel Romero Puerto considera que «las preguntas que se deberían presentar al pueblo votante son: (1) ¿Desea usted que se regule la reelección presidencial? Si___ No ___; (2) ¿Desea usted que la reelección presidencial sea por una sola vez? Si___ No___; (3) ¿Desea usted que la reelección presidencial sea continua? Si___ No___; (4) ¿Desea usted que la reelección presidencial sea continua o alterna? Si___ No____. La papeleta debería contener las explicaciones necesarias. Por ejemplo, si marca No a la pregunta #1, deténgase y no marque más. Si marca Si a la pregunta #2, su respuesta aplica para las preguntas 3 y 4» (La Tribuna, 08/08/2016).

Por su parte, en una entrevista concedida a El Pulso, al consultársele sobre si existen condiciones aptas para la realización de un plebiscito y la implantación del continuismo en la Honduras de hoy, el reconocido historiador y analista político Jorge Alberto Amaya, ha expresado que:

«Nuestra experiencia reeleccionista en el pasado no ha sido buena, pero ya que las últimas elecciones han sido validadas por todos los sectores, y ya que, a pesar de la ruptura democrática de 2009, tenemos ya una experiencia democrática considerable, creo que el pueblo está listo para responder a un plebiscito o un referendum. Por otro lado, no creo que este año vayan a darse reformas a la Ley Electoral. Creo que el pueblo sí está listo para la reelección, pero los políticos no».

Ya el gran Eric Hobsbawm había advertido que la democracia sí puede imponerse a través de los ejércitos, como en efecto pretenden hacer los grandes imperios de hoy (Hobsbawm, 2004), y no obstante, en Honduras la democracia se impone no sólo a través de la extensión de los brazos armados del Estado, sino con el comportamiento desmedido, megalómano y frecuentemente dictatorial de los principales nombres de la política hondureña de los últimos años.

Por último, si algo queda claro en el presente escenario, es que habrá reelección, y que el caudillismo que creímos extinto con el fin del gobierno de Tiburcio Carías, sigue tan vigente como ayer.