/HUELGA DE FISCALES DE 2008, EL INICIO DE 10 AÑOS DE CRISIS POLÍTICA
fiscalesenhuelgadehambreun48172

HUELGA DE FISCALES DE 2008, EL INICIO DE 10 AÑOS DE CRISIS POLÍTICA

En 2008 un grupo de fiscales se apostó en los bajos del Congreso Nacional de Honduras para exigir el no «engavetamiento» de los casos de corrupción en el país. La huelga inició el 7 de abril, cuando los entonces fiscales Jary Dixon Herrera, Soraya Morales, Luis Javier Santos y Víctor Fernández —presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH)— se declararon en huelga de hambre. La huelga duró 38 días.

El más emblemático de la huelga, Jary Dixon, declaró que la protesta tenía como finalidad denunciar las muchas irregularidades que ocurrían en el Ministerio Público, así como las arbitrariedades en el despido, traslado y rotación de fiscales.

«Estamos viendo cómo algunos fiscales de la Fiscalía contra la Corrupción están siendo trasladados para que aquellos casos que estaban por presentarse a los tribunales de la República, ya no se presentan», expresó.

Los fiscales consideraron que Ministerio Público se había convertido en un instrumento de protección para personas de mucho poder en el Estado. Dixon expuso que la huelga era para enviar un mensaje claro al pueblo hondureño.  «Es necesario levantar la cabeza ya, es necesario que esta corrupción que se ha apoderado de las instituciones administradoras de justicia cese ya, porque está causando demasiado daño al pueblo hondureño», sostuvo.

El conflicto empeoró cuando los fiscales huelguistas agregaron a sus demandas la destitución del Fiscal General de la República, Leónidas Rosa Bautista, y del Fiscal General Adjunto, Omar Cerna, por considerar que éstos no cumplían con sus funciones de impartir justicia equitativamente, y por abusos de autoridad en los casos de despido o remoción de fiscales en todo el país.

huelga_fiscales-1

Según informó el Movimiento por la Dignidad, los fiscales de la Fiscalía Contra la Corrupción que apoyaron a la huelga «atravesaban momentos muy difíciles», debido a las represalias de su jefe inmediato, el entonces Fiscal Especial Contra la Corrupción, Henry Salgado.

La mayoría de fiscales son víctimas de expresiones verbales orientadas a descalificarlas de su trabajo, ofrecerles traslados, rotaciones e inicios de procedimientos disciplinarios. Xiomara Osorio, de la Fiscalía Espacial Contra la Corrupción que maneja casos importantes ha tenido diferencias de criterio con su jefe inmediato, quien la sometió a un procedimiento disciplinario que terminó con una sanción administrativa de suspensión por cinco días sin goce de sueldo, expresó el Movimiento en un comunicado posterior del 2 de agosto del 2008.

Refiriéndose al caso de Osorio, el presidente de la AFH, Víctor Fernández declaró que ello «era el reflejo de la intolerancia utilizada como mecanismo por la administración del Ministerio Publico para reprimir a todos los fiscales que hacen compromisos para combatir la corrupción».

Xiomara Osorio había estado involucrada en el escándalo de impunidad del caso Bancorp, en el que el gobierno declaró pérdidas de más de 114 millones de lempiras, producto de los dineros del pueblo hondureño que había invertido en la liquidación del banco; aunque había invertido casi 800 millones para liquidar el banco para que los ahorrantes no perdieran su dinero.  

Al principio de la huelga se estimó que el número de casos de corrupción que supuestamente el Ministerio Público había engavetado era 15; pero con el avance de las investigaciones y de las propias declaraciones de los implicados en el conflicto, la prensa reveló que el total de los casos era mucho mayor.

Ante la Secretaría General del Congreso Nacional se presentó un total de 41 denuncias, —25 presentadas por los fiscales que iniciaron la huelga de hambre, y 16 por particulares—, todas con el propósito que los Diputados investigaran la injerencia o no, para retrasar justicia, por parte de las máximas autoridades del Ministerio Público. El informe presentado a la Cámara contenía 52 páginas detalladas.

Algunos de esos casos eran: 1. PRAF–Salud (año 2006); 2. Construcción de aulas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH (2000); 3. Denuncia contra ex alcalde capitalino Miguel Rodrigo Pastor (2005); 4. Caso Bancorp (2000); 5. Pago a periodistas (2005); 6. Caso Incehsa (2005); 7. TRESCOM (2001); 8. Registro Nacional de las Personas (2005); 9. Falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad (2005); 10. Nombramiento ilegal del director de la OABI; 11. Denuncia en contra de juez Marco Rogelio Clara García (2007); 12. Donación de Primera Dama de Venezuela (2001); 13. Caso PRONTO; 14. Caso Carlos Roberto Acosta; 15. Caso “Sesenta grados”; 16. Combustibles Municipales de San Pedro Sula (2007); 17. Gasolinazo (2004); 18. Avionazo (2006); 19. FOSOVI (2007); 20. Denuncia presentada contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales, entre otras

Hondura's President Manuel Zelaya, left, speaks as Costa Rica's President Oscar Arias looks on during a press conference at the Juan Santamaria International airport in San Jose, Sunday, June 28, 2009. Soldiers seized Honduras' national palace and sent Zelaya into exile in Costa Rica on Sunday, hours before a disputed constitutional referendum. Zelaya, a leftist ally of Venezuelan President Hugo Chavez, said he was victim of a coup. (AP Photo/Kent Gilbert)
Hondura’s President Manuel Zelaya, left, speaks as Costa Rica’s President Oscar Arias looks on during a press conference at the Juan Santamaria International airport in San Jose, Sunday, June 28, 2009. Soldiers seized Honduras’ national palace and sent Zelaya into exile in Costa Rica on Sunday, hours before a disputed constitutional referendum. Zelaya, a leftist ally of Venezuelan President Hugo Chavez, said he was victim of a coup. (AP Photo/Kent Gilbert)

El ambiente de crispación política y social que se produjo por los hechos y eventos alrededor de la huelga provocó el involucramiento directo de líderes religiosos, políticos, representantes de la sociedad civil, diplomáticos y el mismo Presidente de la República, Manuel Zelaya; quien manifestó estar «unido y en total acuerdo con la demanda por la justicia que están haciendo los fiscales en Tegucigalpa».

Zelaya no sólo se dio a la tarea de visitar a los huelguistas, también pidió públicamente la destitución del Fiscal Adjunto, Omar Cerna, involucrado en un escándalo de corrupción y nepotismo por supuestamente haber influido para el nombramiento ilícito de un pariente suyo como Director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI); uno de los casos que motivaron la huelga.

«El verdadero problema de Honduras es que no se aplica la ley a quienes la infringen», manifestó Zelaya Rosales (Diario La Prensa, edición del 26 de abril del 2008).

Ante la solicitud de renuncia efectuada por Zelaya Rosales, Cerna expresó que no estaba dispuesto a renunciar a su cargo por simples caprichos, y que sólo lo haría «mediante un juicio previo».

Cerna manifestó que no le preocupaba las reacciones que pudiese ocasionar su negativa ante la petición de Zelaya, y al contrario de ello, llamó a los huelguistas y al Presidente Zelaya a respetar el Estado de Derecho. Aclaró que «renunciar sería un antecedente funesto» para la democracia y la legalidad.

Los sectores opuestos al gobierno de Zelaya acusaron a los involucrados en la huelga de estarse presentado a los intereses de Zelaya, cuyo objeto era reemplazar a Rosa Bautista y Omar Cerna por fiscales pertenecientes al oficialista Partido Liberal; pues tanto Rosa Bautista como Cerna eran del opositor Partido Nacional.

Trascendió que en reunión privada, Zelaya le había solicitado personalmente a Cerna que renunciara a su cargo, a lo que éste respondió de nueva cuenta con una negativa. Además, Cerna fue requerido por la presidenta del Comité Central Ejecutivo del Partido Liberal, Patricia Rodas, quien —pese a no tener competencias jurídicas para hacerlo— también exigió la renuncia de Cerna.

Al parecer la intención del gobierno del Poder Ciudadano era nombrar en esos cargos a la esposa del Secretario de la Presidencia, Sonia Marlina Dubón como Fiscal General, y a la titular de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Rixi Romana Moncada como Fiscal Adjunta; pues ello despejaría muchos obstáculos y abriría las puertas para el proyecto reeleccionista de Manuel Zelaya. 

Hasta el 7 de mayo la huelga contaba ya con unas 31 personas, entre fiscales, líderes sociales, religiosos y artistas: Sarah Aguilar, Luis Santos, Elmer Díaz y Eduardo Díaz; el líder de los jesuitas, Ismael Moreno (padre Melo), Tirza Flores Lanza (Magistrada y hermana del Secretario de la Presidencia Enrique Flores lanza), la cantautora Karla Lara, las feministas Daisy Flores y Gilda Rivera, etc.

El 25 de abril, en extensa entrevista para el noticiario TN5 de la Corporación Televicentro, el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez advirtió que el clima de incertidumbre que había provocado la huelga y las acciones del Ejecutivo «no era lo más adecuado para Honduras».
El 25 de abril, en extensa entrevista para el noticiario TN5 de la Corporación Televicentro, el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez advirtió que el clima de incertidumbre que había provocado la huelga y las acciones del Ejecutivo «no era lo más adecuado para Honduras».

El cardenal expresó su apoyo a los huelguistas porque ellos estaban luchando «contra el enemigo más grande de este país: la corrupción». Pero aclaró que no estaba de acuerdo con la destitución del Fiscal General y el Fiscal Adjunto.

Por su parte, el pastor evangélico, Evelio Reyes, también intervino como mediador, pero sus intentos fueron fallidos.

Luego de la nula intervención de Reyes, el Congreso nacional nombró una Comisión Mediadora conformada por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Ramón Custodio López, y por el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Juan Ferrera. No obstante, la comisión representante de los huelguistas rechazó la mediación.

El Congreso propuso que fuera el CONADEH la entidad que «atendiera la solicitud planteada por los fiscales en huelga», e instó a ese organismo y al CNA a seleccionar un experto internacional para que practicara una auditoría técnico-jurídica de los expedientes del Ministerio Público, denunciados como «engavetados». La auditoría debería ser entregada 60 días después de la contratación del experto.

El Ministerio Público reiteró que no habría ningún tipo de represalias contra los fiscales huelguistas, y que elaboraría un reglamento interno para las rotaciones del personal. Además se constituiría una Comisión de Seguimiento integrada por los Diputados Elvia Argentina Valle (PL), Rodolfo Irías Navas (PN), Ramón Velásquez Nazar (DC), Silvia Ayala (UD), y José Toribio Aguilera del PINU.

El pastor evangélico, Evelio Reyes, también intervino como mediador, pero sus intentos fueron fallidos.
El pastor evangélico, Evelio Reyes, también intervino como mediador, pero sus intentos fueron fallidos.

Algunos analistas como Jorge Illescas expresó que quienes estaban detrás del conflicto estaban «propiciando un golpe de Estado, porque la postura del Congreso era favorecer el diálogo».

Otros como el Diputado Toribio Aguilera fue enfático al decir que Casa Presidencial era la responsable de dirigir y promover la huelga, porque la visión del gobierno de Zelaya era la misma visión del gobierno chavista de Venezuela y otros gobiernos de Sudamérica: acabar con el Estado de Derecho para realizar a su antojo el proyecto continuista del gobierno del Poder Ciudadano y del propio Presidente Manuel Zelaya.

Al finalizar la huelga, el 15 de mayo de 2008, el Secretario del Congreso nacional, José Alfredo Saavedra, manifestó que «el fin de la huelga significaba la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño». Por su parte, el presidente de la AFH, Víctor Fernández declaró que «la huelga culminaba, pero la lucha apenas comenzaba».

Tras el fin de la huelga, el Congreso Nacional aprobó dos decretos para dar cumplimiento a las demandas de los fiscales. Además reclamaron el compromiso del Presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti de que la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, las autoridades del Ministerio Público, los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral se realizarían con «absoluta transparencia».

Fotografía de Honduras Laboral

Óscar Estrada (Honduras, 1974). Es guionista, novelista y abogado. Productor de radio novelas y documentales sociales. En 2008 dirigió el largometraje «El Porvenir». Ha publicado los libros «Honduras, crónicas de un pueblo golpeado» (2013), la novela «Invisibles» (2012) y más recientemente su colección de cuentos «El Dios de Víctor y otras herejías» (2015). Fundador de la revista «Lastiri». Actualmente dirige la editorial con sede en Washington D.C. Casasola LLC.