Una colaboración entre Expediente abierto / elpulso.hn
Honduras es un país violento, eso lo vemos en las páginas de los diarios: “La Chilindrina”, una niña de 15 años, originaria de El Mochito, Santa Bárbara, fue encontrada muerta y con signos de tortura en una casa abandonada en la colonia 11 de Marzo, en el sector de El Milagro, en Villanueva, Cortés. Nadie sabe cómo llegó allí. Al dar la vuelta a la página vemos como la policía detuvo a un hombre que quiso quemar a su propia madre en la aldea Las Playitas. En la página de enfrente, en ese mismo universo macabro de las notas de sucesos de ese día, otro hombre fue capturado porque intentó abusar de una niña de 12 años en el sector conocido como Caserío Coclan, en el municipio de Jesús de Otoro, Intibucá. Los nombres cambian, distintas víctimas, distintos victimarios, pero siempre es la misma historia que se repite día tras día.
Las páginas de los diarios y las pantallas de los noticieros se pintan de rojo, con la sangre de las víctimas de una guerra no declarada y nadie sabe cómo parar las efusiones sanguíneas que inundan las calles de Honduras.
El Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) reportó 22 femicidios en enero de este año. Según el registro de ingresos de cadáveres en la morgue de San Pedro Sula y Tegucigalpa, la cifra ascendió a cerca de 50 casos durante el mes de febrero. La mayoría de las mujeres fueron asesinadas con arma de fuego, muchas mostraron señales de tortura en su cuerpo que expertos interpretan como “mensajes” enviados a terceros. Las mujeres víctimas, lienzos de mensajes de muerte. Aproximadamente cada 15 horas otra mujer pierde la vida de forma violenta en este país.
Según el boletín del instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) en 2017 hubo 207 decesos de mujeres con características de femicidios, “muchos más que los transportistas y embolsados con 97 y 98 casos,” afirma el reporte de IUDPAS.
El Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH), sin embargo, afirma como un avance que debemos celebrar, que el número de mujeres asesinadas disminuyó cien casos, de 488 decesos en 2016, bajó a 388 a 2017. Pero las buenas noticias están aún lejos de llegar.
Un cálculo superficial presentado por la Asociación Calidad de Vida (ACV) en relación a la violencia contra las mujeres, de 5,058 mujeres muertas de forma violenta en los últimos doce años, con por un promedio de tres hijos por mujer, da como resultado 15,174 niños y niñas en orfandad a causa de femicidios. Esas son otras víctimas de la violencia contra las mujeres.
Honduras es signatario de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también conocida como Convención de Belém do Pará. Además, ha aprobado un cuerpo de leyes que incluyen: la Ley del Instituto Nacional de la Mujer (INAM), la Ley contra la Violencia Doméstica (reformada) y la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. Adicionalmente, en el año 2013, el Congreso aprobó el Decreto No. 23-2013 a través del cual realizó una reforma al Código Penal incorporando el femicidio en la tipología de delitos contemplados.
Pero la construcción del marco legal es insuficiente. Las víctimas siguen apareciendo.
«Todos los datos indican que Honduras es de los países de Latino América que tienen la tasas de femicidios más altos» —afirma Abebech Assefa, directora del programa de Desarrollo para Centro América, del Ministerio de Asuntos mundiales de Canadá. «Las mujeres en Honduras, especialmente las mujeres jóvenes, viven situaciones muy difíciles que les impiden la posibilidad de desarrollarse plenamente», continúa, mientras explica el interés del G16 en atender la violencia contra la mujer en Honduras.
El G16 es una plataforma de coordinación en donde los jefes de misión en Honduras se juntan para coordinar intervenciones y diálogo político que de soluciones a los problemas del país. La muerte violenta de mujeres está entre sus prioridades.
«En Honduras, sabemos que el nivel de impunidad es muy alto, sobre todo para crímenes en contra de las mujeres», agrega Assefa.
Un país con tantas víctimas, también está lleno de victimarios.
Al año, aproximadamente 600 hombres llegan a la Unidad de Servicio Comunitario de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) a realizar trabajos comunitarios, castigados por diferentes tipos de agresiones en la familia. En promedio alrededor de 120 hombres llegan mensualmente por violencia doméstica y según reporta la prensa nacional, la mayoría de esos sujetos fungen como personal de vigilancia o guardaespaldas, o sea, tienen acceso a armas.
De las 5,058 mujeres que murieron de forma violenta entre 2006 y 2018, 70% de ellas fueron asesinadas con arma de fuego, 75% por sus parejas, ex parejas o conocidos y 95% de los casos de muertes de mujeres quedan impunes.
Para Cristina Alvarado, del Comité de Mujeres Visitación Padilla, «es una vergüenza que el Ministerio Público señale que el año pasado apenas lograron 30 sentencias condenatorias en relación a los femicidios. Esto deja el mensaje de que en Honduras es gratis asesinar mujeres».
Elvira Cuadra, investigadora asociada de Expediente Abierto, en un informe por publicar por esta organización indica que la respuesta del Estado hondureño a la crisis que viven las mujeres violentadas en este país, es fortaleciendo las capacidades institucionales. Han creado unidades especializadas en todas las instituciones del sistema de justicia penal, a fin de atender los casos de femicidio, muertes violentas y violencia contra las mujeres. Han creado la Fiscalía Especial de la Mujer, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la ATIC en el Ministerio Público; una unidad especializada de investigaciones en la DPI y la creación de los Juzgados Especiales contra la Violencia Doméstica en el Poder Judicial.
El G16 reconoce el valor de fortalecer la institucionalidad, especialmente el poder judicial para investigar y judicializar los casos de violencia contra las mujeres, pero los esfuerzos aún son incipientes.
«La problemática sigue igual para las mujeres en el país, no se ve ningún cambio», afirma Noemí Dubón, del Foro de Mujeres por la Vida. «Cada día las cifras no bajan, aumentan y preocupa porque la forma como se asesina a las mujeres son cada vez más crueles. Es preocupante y tiene que ver con la impunidad y que no se crean políticas para prevenir las muertes de mujeres».
«No hay una visión integral de atención y prevención de violencia contra la mujer», afirma Cristina Alvarado, de Visitación Padilla. «Hoy por hoy, la apuesta de este gobierno es Ciudad Mujer. Nosotras consideramos que es un elemento que aporta, pero no es con eso que vamos a resolver todos los problemas que sufren las mujeres». Alvarado señala, que además de la violencia intrafamiliar, muchas mujeres son víctimas de situaciones que las obliga al desplazamiento forzado por la violencia «y Ciudad Mujer no les está dando una respuesta a esto, menos a las mujeres que necesitan una casa refugio».
Ciudad Mujer es el programa estatal que busca como objetivo contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres en Honduras en las áreas de autonomía económica, atención a la violencia contra las mujeres, salud sexual y reproductiva, mediante una red de servicios ofrecidos de manera integral por las instituciones públicas competentes, según indica su página web. En el proyecto confluyen 15 instituciones públicas que coordinan, colaboran y cooperan entre sí para brindar servicios con calidez y calidad para el desarrollo integral de la mujer hondureña, en un ambiente de confianza y esperanza.
Es un proyecto aún nuevo, recién se inauguró el año pasado y poco se conoce de sus resultados. Intentamos varias veces entrevistar a las administradoras del proyecto Ciudad Mujer, pero el esfuerzo no logró resultados.
«El gobierno pretende hacer que toda la ayuda que llega para atender la violencia contra la mujer se vaya a Ciudad Mujer», advierte Cristina Alvarado, señalando que la violencia que viven las mujeres no se puede separar de la situación estructural que vive el país.
«Tenemos que tener una mirada interseccional; debemos cruzar las variables de pobreza, discriminación y violencia. Nosotras señalamos que la violencia es una expresión de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres», concluye Alvarado, en su intervención hecha junto con un colectivo de base de Visitación Padilla, a representantes del G16 en la colonia 30 de noviembre.
El 5 de marzo de 1908, Nueva York fue escenario de una huelga de mujeres que reclamaban la igualdad salarial, la disminución de la jornada laboral a 10 horas y un tiempo para poder dar de mamar a sus hijos. Durante esa huelga en la fábrica de Sirtwoot Cotton, perecieron más de un centenar de mujeres quemadas, en un incendio que luego se atribuyó al dueño de la fábrica como respuesta a la huelga.
A raíz de ese incidente violento se declaró el 8 de marzo como día internacional de la mujer.
Hoy, 110 años más tarde, sigue siendo la búsqueda de la erradicación de toda forma de violencia en contra de las mujeres, el vientre que une por igual una lucha que está lejos de terminar en Honduras, pero debe seguir, por “La Chilindrina” y esas casi 400 niñas y mujeres que este año serán un número en las estadísticas de muerte.
Publicado primero en expedienteabierto.org
