Por Jorge Martínez Mejía
A la memoria de Jorge Lara Fernández
Aunque no es fácil definir la situación actual en que se encuentra el Estado de Honduras debido a que recién proviene de un golpe de Estado considerado por muchos como el mayor acto de corrupción en la historia del país, sí se puede percibir que se encuentra en un proceso de consolidación autocrática como resultado del temor de la oligarquía a perder el control en la administración de los recursos que tradicionalmente han significado su status quo. El golpe de Estado de 2009 en Honduras no fue un acto precipitado de la oligarquía y sus legiones hegemonizadas, sino el cálculo de una red de poder de las derechas latinoamericanas con el amparo y respaldo del gobierno de Los Estados Unidos y las élites anticastristas del Estado de La Florida.
La marca de la colonialidad más perceptible de la oligarquía hondureña ha sido su desprecio racista hacia las poblaciones de origen indígena, hacia la negritud, hacia los campesinos y hacia los trabajadores campeños; obreros y obreras en general.
El machismo de los caciques rurales, la exclusión de inmensas mayorías de hombres y mujeres del campo convertidos en cinturones de miseria en la urbe, las decisiones políticas a espaldas de la Constitución de la República solo son rasgos de una institucionalidad republicana inconclusa que, como señala Aníbal Quijano, siempre están recordándonos que vivimos en repúblicas incompletas, en Estados naciones truncos e identidades mutiladas.
Durante los últimos 20 años, la región latinoamericana ha pasado por una experiencia de transformación revolucionaria, particularmente Venezuela, Bolivia y Ecuador. Gobiernos progresistas que han sido el resultado de una persistente lucha de distintos sectores populares con una visión crítica, reivindicativa y políticamente comprometida con la causa de los que, históricamente, han sido marginados de su propio poder soberano.
Son gobiernos que han llegado con un nuevo signo revolucionario, el de una nueva izquierda que se distanció de los postulados ortodoxos del Partido Comunista y del socialismo burocrático ruso. El socialismo del siglo XXI de América del Sur es un socialismo ciudadano, sostenido en el derecho de los pueblos originarios a tomar decisiones de carácter capital para las distintas naciones, entendidas estas como civilizaciones que cohabitan un mismo espacio y comparten una cosmovisión sostenida en la tierra madura, la tierra madre de todos, Abya Yala; una fusión de indianismo marxista, visión republicana y anarquismo comunitario.
Los Estados de América Latina han sido dirigidos históricamente por cúpulas burguesas, élites económicas conservadoras con una ideología de derecha, heredera de la colonia española y del entrometido imperio norteamericano. Es decir que las metrópolis de los viejos imperios han hegemonizado a estas élites burguesas para mantener el dominio heredado desde la colonia. A este dominio es que se han enfrentado las poblaciones originarias, indígenas, campesinos y obreros de todas las naciones de América Latina desde la invasión en 1492.
En Honduras, la principal narrativa política ha sido liberal, el marxismo no ha sido significativo ni política, ni intelectualmente, porque sus propulsores jamás lograron asimilar de manera comprensiva la teoría para traducirla y llevarla como narrativa a las poblaciones originarias ni a los hombres y mujeres del campo, a quienes excluyeron del proyecto emancipatorio porque no encajaban en la ortodoxia proletaria.
Aún en la actualidad, la incomprensión de las luchas de los pueblos indígenas y garífuna por parte de la casta política y sus facciones liberales y marxistas sigue siendo una evidencia de una visión poscolonial y eurocéntrica que descalifica la narrativa nativa de la resistencia de los pueblos originarios. Y esta narrativa popular nativa sí se ha apropiado de la narrativa marxista como opción para luchar por el poder y reconquistar su patrimonio ancestral.
Pero, para entender lo que sucede en Honduras es necesario saber qué pasó en los tres gobiernos de izquierda que se han producido como revoluciones en América del Sur ¿qué pasó en Venezuela? ¿qué pasó en Ecuador? ¿qué pasó en Bolivia?
Estamos hablando de naciones en donde el neoliberalismo implementado como modelo económico a finales del siglo XX, produjo un profundo impacto negativo en la población. Naciones con gobiernos tradicionales con serias dificultades para controlar el territorio y la vida ciudadana, con una herencia colonial racista que excluyó a las poblaciones originarias y se impuso mediante una férrea dominación religiosa y militar, con centros políticos afincados en ciudades capitales controlando a las poblaciones de las márgenes, una visión feudal en la administración del territorio y las personas, y una explotación rudimentaria de la materia prima, un extractivismo exacerbado y ramplón. Sociedades con una institucionalidad débil sin capacidad para la atención de las necesidades elementales de la población. Sin proveerle los servicios elementales y exponiéndolos a las más calamitosas formas de vida.
Jamás desarrollaron capacidad industrial propia y se dedicaron a saquear las arcas del Estado para adquirir capitales mal habidos, que posteriormente las convirtió en una burguesía financiera parásita de la explotación y exportación de materia prima.
La burguesía financiera es la misma oligarquía terrateniente heredera de la hacienda colonial, ahora con sistemas bancarios concentrados en la administración del capital, pero ideológicamente con el mismo lastre feudal. Por eso la economía de estas naciones no ha figurado de manera significativa en la economía mundial, a pesar de la descomunal riqueza de recursos. Mucho menos para convertir sus ganancias en beneficio para las poblaciones explotadas (Torres-Rivas, 2011).
Con muy poca capacidad para hacerle frente a las necesidades que padecen los habitantes y orientados a la satisfacción de las demandas del capital transnacional, han sido naciones con una imagen rural, atrasadas en el desarrollo de sus competencias de producción industrial.
La característica económica, social y política es que el poder y la riqueza se concentra en pocas manos y la pobreza y la miseria se distribuye en la mayor parte de la población que no figura en las estructuras de poder del Estado sino mediante amañados procesos políticos electorales. Modelos de democracia representativa que les enajena a los ciudadanos su capacidad soberana en la determinación de su propio destino.
En términos culturales, la característica principal de estos estados es la exclusión de los pueblos originarios, sus cosmovisiones y sus lenguas, no solo en el sistema educativo, sino de la vida social en general. Una imposición imperial de una cultura foránea sobre otras a las que no solo somete, sino que extermina paulatinamente.
Se trata de una realidad colonial, Estados periféricos donde aún opera un orden imperial y una gubernamentalidad dirigida a la exclusión del derecho soberano de los pueblos originarios a los que las élites burguesas dominantes jamás reconocerán su soberanía, mucho menos sus cosmovisiones serán incluidas en la construcción de sus Estados. Porque estas élites responden a intereses no solo de clase, sino a resabios raciales y feudales que han heredado de la Colonia.
La manera en que estos tres Estados del Sur de América han llegado a producir los cambios hacia una construcción de gubernamentalidad popular, no ha sido violenta porque han sido el resultado de procesos electorales propios de la democracia representativa que, en el camino de construcción del modelo de Estado Popular, han roto con dicho esquema excluyente y han instaurado nuevas formas de democracia centradas en la inclusión de las diferentes naciones originarias tradicionalmente excluidas del poder político.
Pero tampoco han sido procesos revolucionarios concedidos por ninguna buena voluntad oligárquica e imperial. La articulación de estos proyectos de país, tanto en Venezuela, Bolivia y Ecuador, en los que se incluyen las diferentes naciones y civilizaciones tradicionalmente relegadas de las decisiones del Estado, ha sido un proceso largo y arduo, con miles de víctimas, encarcelados, torturados, expatriados y asesinados. La lucha ha implicado la recuperación de una narrativa propia, de una memoria y una acción estratégica sostenida en el uso efectivo de distintas teorías, en las que el indianismo marxista, el republicanismo bolivariano y el anarquismo comunitario han enriquecido la lucha revolucionaria. La decapitación política de gobernantes corruptos adeptos a la más viles y apátridas oligarquías nunca fue fácil. Tampoco fue fácil la organización y la formación política sobre nuevas y exigentes necesidades de convivencia ideológica de la nueva izquierda revolucionaria. En algunos casos, los marxistas más ortodoxos se convirtieron en los principales enemigos de estas nuevas revoluciones.
En Ecuador, siete presidentes en diez años. Los libros de la historia ecuatoriana registran a Sixto Durán Ballén como el último mandatario, que en 1996 terminó el período de cuatro años para el que fue elegido en las urnas. Una revolución de las urnas llevó a Rafael Correa a la casa presidencial, empujado por una ciudadanía harta de tanta incompetencia política de los viejos cuadros de la oligarquía pro imperialista.
En Bolivia, una exigua minoría opulenta oprimía y negaba los más elementales derechos a aimaras, quechuas, guaraníes y otros pueblos originarios, la mayoría de la población. Jamás se les reconocía sus derechos colectivos a la identidad cultural, la autonomía y el territorio. El noventa por ciento de la población rural vivía en la pobreza y el país disputaba a Haití y Honduras el peor desempeño en la región por su índice de desarrollo humano. Las empresas estatales fueron privatizadas mediante disposiciones anticonstitucionales y escandalosos negocios armados entre la oligarquía y las trasnacionales.
En la Venezuela del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, más de la mitad de la población vivía bajo el umbral de la pobreza. Los ricos acaparaban el 20% de la renta nacional mientras el 40% de los niños y niñas no tenían acceso a la escuela. Eso en uno de los países principales exportadores de petróleo en el mundo. Solo la llegada del comandante Hugo Chávez, venerado en los barrios marginales, logró la ruptura de un Estado burgués, colonial, pro imperialista y corrupto, y produjo el más relevante liderazgo regional que movilizó a la región hacia la satisfacción de las exigencias y necesidades populares y la construcción de nuevos Estados revolucionarios que asustaron al Imperio y lo movieron hacia la producción de estrategias de control y freno a la entusiasta avanzada popular iniciada con la revolución sandinista del 79.
El Estado de Honduras, uno de los más conservadores de la región y considerado portaaviones del imperio norteamericano, se vio conmovido con el giro hacia el sur del presidente Manuel Zelaya Rosales. El golpe de Estado del 28 de junio de 2009 dio al traste con unas tibias reformas que afectaban de manera directa al sector más tradicional de la economía, a los terratenientes latifundistas y sus socios claves de la burguesía financiera, o lo que es lo mismo, a la burguesía financiera y a su lastre feudal. El golpe de Estado se produjo teniendo como marco la iniciativa de la Cuarta Urna, una consulta para saber si la población estaba de acuerdo en reformar y cambiar la Constitución por medio de una Asamblea Constituyente. Los dueños de los bancos, los terratenientes, los cafetaleros, la iglesia católica y evangélica, y los militares se confabularon y dieron un golpe de Estado con el visto bueno de los Estados Unidos, y evitaron un movimiento en línea con los cambios del Sur.
Así instauraron un gobierno ilegal, una dictadura que usó el rostro temporal de Roberto Micheletti a partir del cual se tejieron, con el más frío cálculo, las más oscuras relaciones. En la actualidad Honduras es un Estado ilegítimo, una gubernatura sostenida en la violencia dirigida desde el poder a través del aparato militar y los escuadrones de la muerte que han ido eliminando de manera selectiva a los dirigentes más connotados de la resistencia, a líderes ambientalistas y dirigentes de la oposición en general. El férreo control del territorio a través de las Fuerzas Armadas, el remozamiento del equipo armamentístico y la logística militar no ha sido un azar ni un antojo. Tampoco el vínculo con el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos y las masacres continuadas.
Uno de los principales objetivos de la oligarquía y sus grupos de inteligencia y estrategia política ha sido borrar la memoria de lucha de la resistencia popular, anular el coraje de la indignación, porque esa energía es su principal amenaza, a falta de una coherente narrativa de la lucha política. El establecimiento de la lucha anticorrupción como bandera o consigna también ha sido una línea agendada desde el poder oligárquico. Los principales valores que estructuraron al Frente Nacional de Resistencia Popular como figura principal de la lucha por las transformaciones mediante una Asamblea Nacional Constituyente, han ido quedando en el vacío de manera progresiva, mientras los cuadros políticos de la oligarquía se posicionan firmemente en las instituciones claves del poder político de espaldas a la legalidad.
No obstante, este movimiento es una reacción de la oligarquía, una expresión del temor a la estructuración y articulación política del movimiento social con los actores políticos de la resistencia, de su organización efectiva orientada a hacerse con el control del Estado. Es mentira que tengan definida una ruta política. La única claridad de la que son capaces es la de mantener sometidas a las poblaciones originarias, quienes se les escapan del control porque en cierta medida gozan de la autonomía mínima que les da la producción agrícola de subsistencia, y no dependen de un salario, de otra manera, ya les hubieran estrangulado, como estrangularon al movimiento sindical.
La agresiva estrategia que han puesto en marcha para controlar y lograr el apoyo de la totalidad de la empresa privada, los sindicatos, el movimiento de la sociedad civil, el movimiento social y popular, los grupos de presión social, el crimen organizado (narcotraficantes y sicarios), la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno colombiano, el mexicano y particularmente el gobierno de Estados Unidos, tiene como propósito fraccionar y agotar la lucha popular y la reacción efectiva de la protesta pública para perpetuarse mediante continuos golpes de estados constitucionales.
Controlar el poder del Estado para la oligarquía es de vital importancia porque el control de las instituciones del Estado les permite el control de la sociedad, sus organizaciones ciudadanas y a los ciudadanos mismos. Es desde los recursos del Estado, particularmente las Fuerzas Armadas, que pueden mantener su poder y control de la ciudadanía y sobre los medios de comunicación y las tradicionales relaciones oportunistas de la empresa privada parasitaria.
Los intereses económicos de las distintas facciones de la oligarquía hondureña son similares, pero muy poco se puede decir de si en realidad cuentan con un proyecto político aparte de perpetuar sus privilegios en el usufructo del presupuesto estatal. El slogan “El hombre sabe para donde va”, utilizado por el actual ilegítimo presidente caído en delito contra la forma de gobierno, sólo responde a un vacío ideológico, porque lo único que mueve a la oligarquía hondureña es su pavoroso temor a la soberanía popular.
Las enormes limitaciones en su propuesta política solo se ven rellenadas con una descomunal inversión de los recursos del Estado en la construcción de vías de comunicación y en la impresentable imagen de una candidatura presidencial delictiva.
Se trata no de una política de dominación, sino del terror de una oligarquía acorralada, incapaz de conocer a su propia población e incapaz de hegemonizar sobre la base de los valores de la ideología liberal; que prefiere aferrarse a sus intereses mediante el delito y el crimen para sostener un poder que ya no reside en ninguna moralidad, sino en la vergonzosa herencia de sus antepasados oscuros, quienes vieron en la matanza y la masacre del pueblo la única manera de mantener e poder. Solo saben saquear, llenarse los bolsillos con los bienes ajenos.
En Honduras ya se comienza a experimentar un Estado monolítico de férreo control de la sociedad. El botón de muestra del experimento imperial para poner freno a los genuinos procesos de reivindicación política de los pueblos de América.
