Holocausto Jurídico: 115 abogados asesinados desde 2009

EGO27 agosto, 2016

“Mucho se parecen entre sí el terrorismo artesanal y el de alto nivel tecnológico, el de los fundamentalistas religiosos y el de los fundamentalistas del mercado, el de los desesperados y el de los poderosos, el de los locos sueltos y el de los profesionales de uniforme: Todos comparten el mismo desprecio por la vida humana  los asesinos de los seis mil seiscientos ciudadanos triturados bajo los escombros de las torres gemelas, que se desplomaron como castillos de arena seca, y los asesinos de los doscientos mil guatemaltecos, en su mayoría indígenas, que han sido exterminados sin que jamás la tele ni los diarios del mundo les prestaran la menor atención.”

Eduardo Galeano

“Asesinan abogada hondureña junto a otra persona en el barrio la granja de Comayagüela”. Subrayaba en la sección de sucesos de El Heraldo del 20 de agosto de 2016.  Al día siguiente, 21 de agosto, todos los periódicos locales e internacionales anunciaban la muerte de la abogada Miriam Izaguirre del Cid. En todos se explicaba que previo al suceso, la señora había recibido una llamada de un supuesto cliente -con quien se vería en las afueras del juzgado capitalino dos horas después. Según dictaron los rotativos, su esposo -de quien no se menciona el nombre- fue quien la llevó al sitio donde luego sería ejecutada.

A eso del mediodía, ella y un individuo de joven edad quien en un inicio se dijo que era un cliente de la abogada, se encontraban en uno de los establecimientos comerciales de la zona, a una cuadra del Juzgado. Según la historia, de repente se escuchó una balacera. Todos, hasta los guardias de seguridad y policías que resguardan el recinto judicial, se escondieron de la lluvia de balas. Al cabo de unos minutos, se encontró sin vida el cuerpo de la abogada junto a su compañero de escena. En el lugar se hallaron alrededor de 40 casquillos de bala de diferentes calibres. En seguida llegaron las cámaras y bases móviles de empresas dedicadas al comercio de la comunicación y proyectaron el drama de la familia llorando junto a su ser querido. Otros, los espectadores de a pie, que sólo curioseaban y daban declaraciones, coincidían en que los asesinos andaban vestidos de policías.

Al día siguiente el vocero oficial de la policía, Luís Osavas Olivera,  se preguntaba ante los medios si los policías que estuvieron en la escena del crimen fueron «negligentes» al escuchar los disparos y correr a esconderse. Ese sector pasa atiborrado de uniformados la mayor parte del día, pero a esa hora de la muerte de la abogada del Cid, nadie estaba allí para hacer frente a los delincuentes que segaron su vida.

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Luego el Subcomisionado Maradiaga de la Policía Nacional  declaró, según él, que la señora estaba defendiendo a un pandillero, lo cual no fue desmentido ni verificado, es más, nadie volvió a hablar sobre lo señalado. Por otra parte se especula que la occisa tenía vínculos familiares con el ex comisionado Ricardo Ramírez del Cid, quien un diario internacional señaló como supuesto autor intelectual del asesinato del ex titular de la Dirección de lucha Contra el Narcotráfico (DCLN), Alfredo Landaverde y del «zar antidrogas», Julián Arístides Gonzáles.

“Este Asesinato viene a sumarse a una lista de tristezas, entre ellas, el asesinato de la joven universitaria, las golpizas que le dieron a otras mujeres en distintos puntos del país, los femicidios, las violaciones de niños y niñas. La impunidad total”, fueron las palabras de Jessica Sanchez, intelectual y defensora de los derechos de la mujer.

El Abogado Vladimir Rodríguez Paz coincide con Sanches al decir que “impunidad, sería jurídica y socialmente la palabra más apropiada a utilizar en el caso de los 115 abogados y abogadas asesinadas, si nos damos cuenta que el 95% de estos asesinatos se encuentran sin una investigación seria, consecuentemente no se conoce el móvil, ni autores intelectuales y materiales de los mismos”.

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Situación de abogados litigantes de abogados en Honduras

Alrededor de unos 115 abogados han sido asesinados en Honduras de 2009 a la fecha. Cuatro fueron asesinados en agosto de este mismo año, entre ellos Miriam del Cid. No es de extrañar que los abogados mismos señalen que es la carrera más peligrosa a ejercer en el país, a veces con jocosidad y otras veces con tristeza.

Se maneja que el 90% de los abogados asesinados han sido defensores de personas con delitos ligados al crimen organizado.

La comunidad de abogados se encuentra en alerta roja. Una  cantidad de más de dos mil abogados han dejado de ejercer su profesión a causa de la violencia y las amenazas. El problema de la inseguridad en Honduras se ha volcado ahora en contra de quienes ejercen el derecho. Roberto Herrera, Comisionado de Derechos Humanos, apuntó que el 80% de estos asesinatos han sido con arma blanca.

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Perspectivas

Según José María Castellanos, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, los abogados penalistas como es el caso de Miriam Izaguirre del Cid, son los que tienen más riesgo en materia de seguridad, puesto que sus clientes, en su mayoría, son grupos antisociales que se dedican a la comisión de delitos.

«Si es una profesión de alto riesgo con un índice elevado de peligrosidad -afirma Castellanos-, en este sentido el abogado debe ser muy minucioso a la hora de escoger sus clientes y además muy responsable con su propio bienestar y por ningún motivo deberían prometer cosas que no pueden cumplir. Pues, en esta instancia es el juez el único que puede dictar sentencia y hasta ese momento no hay nada concreto. Lo único que puede hacer el abogado litigante, podría de alguna manera construir la teoría del delito y velar por los mejores intereses del cliente. No más».

“Esta profesión es de resultados, el abogado que no consigue una medida sustitutiva o condena absolutoria no come porque no se le pagan honorarios, entonces la presión si existe, hay varios abogados amenazados y el CAH está en toda la disposición de apoyarlos, no está demás lanzar una invitación a los abogados que se sienten amenazados que se avoquen al Colegio de Abogados Hondureños, que está en la disposición de brindarles el apoyo necesario, cabe decir, que los últimos diez asesinatos de profesionales del derecho están ligados al crimen organizado”, agregó el presidente del Colegio de Abogado de Honduras.

Por su parte el abogado penalista Neptaly Rodezno comenta al respecto de la muerte de la Abogada Miriam del Cid: “creemos que en sí, el sistema de seguridad no funciona, para los abogados ni para ningunos de los ciudadanos que vivimos en este país, la inseguridad es terrible y máxime cuando nosotros en el ejercicio de la profesión tomamos casos un poco complicados, esto nos pone más en riesgo de perder nuestras vidas”.

Aparentemente, los abogados en el ejercicio de su profesión se encuentran días a día con personas  que piensan que porque van a pagar considerables cantidades de dinero deben estar eximidos de sus errores, lo que de alguna u otra manera genera violencia y represalias contra los abogados y no solo contra ellos sino contra sus familias.

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Reacción del colegio de abogados

El Colegio de Abogados de Honduras (CAH), por medio del Abogado José María Castellanos, presidente de esa institución informó a El Pulso que ha dispuesto de un millón de lempiras para medidas de protección para los abogados litigantes que se sientan en riesgo de atentados hacia sus vidas y que ya no sucedan más casos como es la abogada del Cid.

«Ellos podrán acceder a estas medidas de protección financiadas por el monto antes mencionado si se  confirma que es cierto», indica el abogado Castellanos.

Esas medidas de protección son escolta personal o guardaespaldas o vigilancia, este último es que permanecería en el bufete o en la casa del afectado.

El abogado hizo hincapié en que el Colegio de Abogado de Honduras no debería ser el garante de la seguridad de los trabajadores del derecho, pero que está consciente que el Estado no es capaz de brindarle seguridad a más de ocho millones de habitantes y en razón de esto, ellos están tratando de poner su granito de arena con esta medida, ya que los litigantes son los únicos que no cuentan con protección dentro de la estructura judicial. Está contemplado además el pedir la apertura de la fiscalía especial para el abogado en el Ministerio Público, para darle un órgano investigativo al gremios, en este sentido, cualquiera que diera muerte a un abogado tendría que cumplir la pena máxima, es decir, cadena perpetua.

“El caso de la abogada del Cid, es la proyección de la sociedad en que vivimos, es la proyección del diario vivir del hondureño común, ni cerca de las edificaciones de justicia se tiene seguridad. Se siente temor y se pierde confianza para seguir trabajando en la profesión más peligrosa de Honduras. Ser abogado en Honduras es el equivalente al de un limpiador de vidrios en un rascacielos de Nueva York, con la diferencia que estos tienen arneses de protección en caso de resbalarse y en Honduras los abogados estamos totalmente desprotegidos”, -indica el abogado Vladimir Rodríguez.

El caso de la abogada del Cid, es uno de muchos que probablemente no tendrán un juicio justo como muchos que se quedan en la impunidad y los penalistas exigen leyes que los defiendan de toda una serie de adversidades que los involucran a ellos y sus familias.

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