«Ha Lugar» Antejuicio contra magistrada Delmy López

EGO4 julio, 2017

Delmy López es coimputada en el caso Shalom.

Tegucigalpa. Francisco Morazán.

La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ), por medio de la Fiscalía Especial de Impugnaciones notificó en las últimas horas la Sentencia que declara «Ha Lugar» la solicitud de Antejuicio promovida contra la Magistrada Integrante Permanente de la Corte de Apelaciones de lo Civil de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, Delmy Elizabeth López Paz, por suponerla responsable de los delitos de Tráfico de Influencias y Abuso de Autoridad en el sonado caso Shalom.

Este fallo, proferido por «Unanimidad de Votos» por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según reporta el Ministerio Público, se produce luego que durante casi 18 meses, en distintas etapas de este proceso, existieran una serie de dilaciones a lo interno del Poder Judicial, con las cuales la antejuciada se había visto favorecida, no obstante, el reciente Juicio Oral y Público contra el ex vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, ahora condenado, ha dejado claro las conductas ilícitas atribuidas por el Ente Acusador.

La Magistrada López Paz, a petición de Teodoro Bonilla, con quien mantenía una cercana relación, manipuló e influyó directamente para que Jueza con Jurisdicción Nacional, Liz María Ernestina Núñez Cardona, conociera el expediente Shalom y favoreciera con resoluciones al margen de la Ley a dos parientes del ex vicepresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, en un proceso penal incoado en su contra en enero de 2014 por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) por varios delitos de criminalidad organizada en San Pedro Sula.

En ese entonces, la operadora de justicia se desempañaba como Juez con Jurisdicción Nacional, siendo objeto de un ascenso posteriormente.

El Equipo Fiscal que logró el Fallo de Culpabilidad contra Teodoro Bonilla, está analizando si concurren las circunstancias agravantes que establece la norma procesal penal para peticionar la pena máxima de nueve años de reclusión, de cara a la Audiencia de Individualización de Pena que se realizará el próximo 21 de de agosto.

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