/GUATEMALA MUESTRA POR QUÉ LA CIA DEBE SER CONSIDERADA RESPONSABLE DE TORTURAS

GUATEMALA MUESTRA POR QUÉ LA CIA DEBE SER CONSIDERADA RESPONSABLE DE TORTURAS

BY ELIZABETH OGLESBY

La nominación de Gina Haspel para jefe de la CIA ha reavivado el debate sobre la rendición de cuentas por la tortura. Un grupo bipartidista de senadores, incluido John McCain (R-Ariz.), exige una mayor transparencia por parte de la CIA sobre la participación de Haspel en el waterboarding (submarino) y otros actos de tortura en el centro que dirigía la CIA en Tailandia, así como su papel en la destrucción de videos de sesiones de tortura.

A medida que se intensifican las discusiones sobre la nominación de Haspel, otros procedimientos legales contenciosos -los actuales juicios por genocidio en Guatemala- nos recuerdan que la sanción de tortura por parte de los EE. UU. Tiene una larga y oscura historia con la que aún tenemos que contar.

Guatemala nos muestra por qué la amnesia es peligrosa y por qué el Senado debe rechazar la nominación de Haspel.

El 9 de marzo, pocos días antes de la nominación de Haspel, testifiqué en un tribunal de la ciudad de Guatemala en dos juicios de genocidio contra el ex dictador guatemalteco, el general Efraín Ríos Montt (1982-1983), y su jefe de inteligencia, el general José Mauricio Rodríguez Sánchez.

Durante seis horas, describí cómo el ejército guatemalteco masacró a las comunidades mayas a principios de la década de 1980 y capturó, torturó y “desapareció” a los sobrevivientes durante su guerra contra los insurgentes izquierdistas.

Los Estados Unidos apoyan los esfuerzos de Guatemala para enjuiciar a los violadores de los derechos humanos. Al mismo tiempo, los juicios nos recuerdan que la participación de la CIA en la tortura no es una anomalía del mundo inmediato posterior al 9/11, sino que se remonta a décadas atrás. Los documentos desclasificados del gobierno de EE. UU. Revelan que a partir de la década de 1960, la CIA entrenó a los militares guatemaltecos en técnicas represivas encubiertas, como el secuestro, la tortura, la desaparición y la ejecución de presuntos disidentes comunistas.

Avance rápido de 30 años, y la represión dejó 200,000 muertos y 40,000 desaparecieron por la fuerza, con la Comisión de la Verdad de Guatemala de 1999 atribuyendo el 93 por ciento de estos crímenes a las fuerzas gubernamentales.

Las desapariciones forzadas masivas, lo que ahora llamamos “rendición”, se extendieron a otros países latinoamericanos durante las décadas de 1970 y 1980, con la colaboración activa de agencias de inteligencia estadounidenses en operaciones como la Operación Cóndor para atacar y eliminar a los disidentes, según muestran los documentos desclasificados de los EE. UU.

Guatemala muestra por qué el enjuiciamiento de los derechos humanos es clave. No es solo un ajuste de cuentas con el pasado. Estos casos están entrelazados con el presente y el futuro. Muchos de los notorios violadores de los derechos humanos en Guatemala todavía tienen el poder, dentro y fuera del gobierno. Algunos son líderes reputados de sindicatos del crimen violento que desestabilizan el país.

No es de extrañar: si los criminales de derechos humanos no son procesados, pueden continuar corroyendo el estado de derecho. A veces, se “blanquea” nuevamente en posiciones respetables de alto nivel del gobierno. Algunos tienen una preocupación similar con Haspel.

Finalmente, Guatemala muestra que los torturadores y otros abusadores de los derechos humanos pueden ser procesados, incluso al más alto nivel.

Además de los juicios por genocidio, más de una docena de antiguos oficiales militares guatemaltecos de alto rango son acusados ​​en casos de tortura y desaparición forzada ocurridos durante los años ochenta.

Estos oficiales despliegan la misma defensa que los arquitectos torturadores en los EE. UU.: afirman que hicieron lo que era necesario para proteger al país de una amenaza inminente. Pero los tribunales de Guatemala no lo están comprando.

Al igual que los EE. UU., Guatemala ha debatido sobre ofrecer inmunidad a los violadores de los derechos humanos. Pero a diferencia de Estados Unidos, los tribunales guatemaltecos han rechazado la amnistía por ser incompatible con el derecho nacional e internacional. Mientras los Estados Unidos se han alejado del enjuiciamiento de la tortura, Guatemala ha nombrado fiscales especiales y tribunales de alto riesgo para juzgar casos de derechos humanos.

Estados Unidos ha apoyado estos esfuerzos de rendición de cuentas. Entre 2008 y 2016, Estados Unidos entregó $36 millones a la Comisión Contra la Impunidad respaldada por los Estados Unidos en Guatemala, que está ayudando al Ministerio Público de Guatemala a investigar casos de alto riesgo. El personal de la Embajada de EE. UU. a menudo asiste a audiencias de derechos humanos de alto perfil en Guatemala y tuitea su apoyo a casos de derechos humanos.

En un informe de octubre de 2017, el Servicio de Investigación del Congreso de los EE. UU. Calificó los esfuerzos de Guatemala por enjuiciar los casos de alto perfil de los derechos humanos y el crimen organizado como un “paso adelante” en el desarrollo democrático del país. Time Magazine nombró a la Fiscal General de Guatemala, Thelma Aldana, una de sus 100 personas más influyentes en 2017.

El 14 de marzo, un grupo bipartidista de 14 líderes del Congreso, incluido el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, envió una carta al Departamento de Estado afirmando que contar con fiscales fuertes en Centroamérica es una “prioridad política importante” para los Estados Unidos, en el marco de un plan de estabilidad regional.

Por supuesto, la ironía es que muchos de los altos oficiales militares enjuiciados en Guatemala son graduados de la Escuela de las Américas del Ejército de los Estados Unidos. Entonces, en cierto sentido, los EE. UU. se enfrentan a su propio pasado en Guatemala.

Si solo pudiéramos aplicar esta lógica a nosotros mismos. Guatemala y los Estados Unidos están sujetos a la Convención de la ONU contra la Tortura, que prohíbe la tortura, sin excepciones, y exige que se procese a los torturadores.

Según la American Civil Liberties Union y Human Rights Watch, al menos 100 personas murieron a causa de torturas infligidas en centros de detención de Estados Unidos en todo el mundo después de 2001. Sin embargo, un informe del Comité de Inteligencia del Senado de 6.000 páginas sobre el programa de detención e interrogatorio de la CIA, completado en 2014, sigue siendo en su mayoría clasificado.

La Senadora Diane Feinstein (D-Calif.), quien encabezó la investigación de tortura del Senado, ha pedido a la CIA que desclasifique los registros sobre la participación de Haspel en el programa de rendición y tortura de la CIA. McCain le pidió a Haspel que se comprometiera a desclasificar el informe del Senado de 2014 sobre la tortura. Estos son pasos importantes.

Sin embargo, sabemos lo suficiente sobre el historial de Haspel como para concluir que ella es una elección peligrosa para el jefe de la CIA. El Senado debe rechazar su nominación.

Lo que sabemos puede ser suficiente para que el Departamento de Justicia lance una investigación sobre las acciones de Haspel en la CIA, especialmente su papel potencial en encubrir evidencia.

Si Guatemala puede enjuiciar a sus torturadores y reconstruir el estado de derecho, nosotros también podemos hacerlo.


Elizabeth Oglesby es profesora asociada de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Arizona, Tucson y miembro de Public Voices en el Proyecto Op-Ed. Es coeditora de “Guatemala: historia, cultura, política” y “Guatemala: la cuestión del genocidio”. Fue testigo experta en los juicios por genocidio en Guatemala en 2013 y 2018. Nota original en inglés publicada en http://thehill.com

Las opiniones vertidas en esta columna son responsabilidad única del columnista. El pulso comparte esta opinión para enriquecer el debate nacional sobre temas de importancia para la patria.