Vestidas de blanco, miles de personas abarrotaron la plaza de la Constitución de Guatemala este domingo, convocados por el lema “Guate por la vida y la familia”, en una marcha que recibió el apoyo de las grandes iglesias del país.
Aunque los convocantes no hicieron mención explícita, se trata de una exhibición de fuerza de los partidarios de una ley que recorta los ya pocos derechos sexuales y reproductivos existentes en el país centroamericano.
Alrededor de unas 15 mil personas lideradas por las iglesias católica y evangélica, protestaron el domingo en contra del aborto, justo cuando en Guatemala se discuten dos iniciativas de ley, una que restringe los derechos de la comunidad gay y otra que pide protección a niñas violadas y en la que se incluye despenalizar el aborto en esos casos.
El Congreso de Guatemala debate una ley que prevé penas de entre dos y cuatro años de prisión a las mujeres que sufran abortos, incluso involuntarios. Además, incrementa el castigo por interrupción del embarazo, prohíbe la educación en diversidad sexual y veta nuevamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los opositores a esta norma la califican de “anticonstitucional” y contraria a tratados internacionales, y anuncian recursos de amparo.
La norma en debate, más conocida como Iniciativa 52/72, endurece las penas por aborto y limita su uso terapéutico, prohíbe la educación “en diversidad sexual o ideología de género (sic)” y reitera el veto al matrimonio o unión de hecho entre personas del mismo sexo. El proyecto de ley ha sido impulsado por Aníbal Rojas, diputado del partido Viva (Visión con Valores, fundado por Harold Caballeros, uno de los pastores evangélicos más influyentes del país). El texto ya ha pasado la primera y segunda lectura. Está previsto que el martes o miércoles de esta semana afronte la tercera y última. En caso de que sea aprobado definitivamente, y ya ha obtenido los votos suficientes en las dos ocasiones anteriores, solo tendrá que ser sancionado por el presidente, Jimmy Morales, evangélico y apoyado en los sectores más reaccionarios del país.
La norma, en su artículo 13, incluye un apartado denominado “mortinatos” y que dice: “Cuando ocurriere la muerte natural o provocada del embrión o feto en el vientre materno, en cualquier etapa del desarrollo del mismo, desde la concepción, el médico que atienda el caso, estará siempre en el deber de rendir un informe de mortinato el que deberá ser proporcionado a los interesados que así lo soliciten, y remitido de oficio a donde corresponda”. Es decir, que el médico se convierte en policía.
Los médicos tendrían que denunciar, ir a las cortes como testigos incriminatorios y estarían faltando al secreto profesional”. Por otro lado, “las mujeres, en lugar de recibir atención como pacientes, deberían probar su inocencia”, alertaron varios doctores.
Además, dicha ley, prohíbe a las entidades educativas promover programas que informen sobre la diversidad, la ideología de género o enseñar conductas sexuales distintas a la heterosexualidad. También criminaliza con prisión de dos a cuatro años a una mujer que «cause su propio aborto».
Human Rights Watch pidió la semana pasada rechazar la iniciativa de ley, a la que calificó de “extremadamente peligrosa, pues cercenaría gravemente los derechos de las mujeres y personas LGBT en el país”. Agregó que el proyecto es abiertamente discriminatorio al criminalizar el aborto y exponer a procesos penales a las mujeres que sufran abortos espontáneos.
El debate del proyecto de ley llega en un contexto convulso en el país guatemalteco. El viernes, el presidente, Jimmy Morales, anunció que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una agencia anticorrupción dependiente de la ONU que le ha señalado en diversas ocasiones por financiación ilegal de su partido, FCN-Nación.
Si el proyecto entra en vigor, Guatemala entrará en la lista de países con la normativa más restrictiva del mundo en relación a los derechos de la mujer. En el vecino El Salvador, donde está prohibido el aborto bajo cualquier circunstancia, al menos 30 mujeres permanecen encarceladas tras perder a su hijo durante el embarazo. Fueron condenadas por homicidio a pesar de que ellas argumentaban haber sufrido problemas durante el embarazo.