Por: Iván Velásquez, Comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)
En la última década, Guatemala se ha convertido en un lugar donde las élites poderosas, antes intocables, han aprendido a temer a la justicia penal. Ese es el legado de una comisión independiente y resiliente que fue creada para desmantelar un sistema de corrupción arraigado que gobernaba desde los niveles más altos de la industria y el gobierno.
Después de un largo conflicto armado, una estructura de poder paralela capturó el sistema de justicia y otras instituciones en Guatemala, alimentó la pobreza y la violencia, y provocó que muchas familias salieran a buscar mejores condiciones de vida en otros países. Fue en este contexto que activistas y organizaciones de derechos humanos locales comenzaron a entender la necesidad de reformas profundas. Sus exigencias llevaron al gobierno a invitar a la Organización de las Naciones Unidas a apoyar un nuevo tipo de institución independiente. Desde entonces, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha perseguido exitosamente la corrupción gubernamental en los niveles más altos y también al crimen organizado, con el fin de restablecer la confianza en el Estado de derecho. En el proceso, la CICIG se convirtió en una de las instituciones más populares del país.
Tuve el honor de ser el comisionado de la CICIG, cuyo mandato finaliza hoy martes 3 de septiembre. A pesar del éxito de la CICIG en el enjuiciamiento de muchas personas poderosas, fue Jimmy Morales, el presidente saliente de Guatemala, quien decidió no extender el mandato después de enfrentarse a una investigación criminal. Su miedo a la CICIG es un reconocimiento de la eficacia de la comisión. Su éxito al alejar finalmente a la CICIG debe prender focos de alerta.
La CICIG comenzó a operar de lleno en 2008, con el mandato de identificar y desenmascarar redes criminales, apoyar la investigación judicial y el enjuiciamiento de quienes las componen y recomendar medidas para garantizar que no resurjan. Los investigadores y fiscales internacionales trabajaron con empeño.
Desde el principio identificamos la necesidad de un marco legal más sólido, la implementación de herramientas y técnicas de investigación modernas y la importancia de dar poder a los fiscales independientes. Los jueces que trabajan en los tribunales de alto riesgo, por recomendación de la CICIG, demostraron ser más independientes y efectivos.
A fines de 2015 la CICIG expuso a una red criminal que lideraba el entonces presidente y el vicepresidente de Guatemala. Ambos renunciaron y fueron arrestados. De repente, la palabra “responsabilidad” tuvo peso y significado para los ciudadanos comunes que habían perdido la confianza en el Estado. Decenas de miles marcharon en las calles en apoyo de la comisión.
Por supuesto, esto provocó mucho miedo en los sectores con poder, y era de preverse una reacción de su parte. Las encuestas mostraban que una gran mayoría de guatemaltecos apoyaba nuestro trabajo, que también contó con un fuerte respaldo internacional, incluido el apoyo de los dos partidos —demócrata y republicano— en Washington.
Después de que la CICIG anunció que estaba investigando a Morales y miembros de su familia por irregularidades en el financiamiento de sus campañas electorales, él y otros comenzaron a amenazar a la comisión y lanzaron una campaña para erosionar el apoyo de los partidos políticos estadounidenses. Gastaron millones en cabilderos de Washington y enviaron a Estados Unidos un torrente de funcionarios estatales para argumentar que la CICIG era una operación izquierdista. Cuando el gobierno del presidente Donald Trump anunció que trasladaría su embajada en Israel a Jerusalén, Guatemala fue el primer gobierno en hacer lo mismo, en un esfuerzo por acercarse a EE. UU. y continuar su intento de desacreditar a la comisión.
Su esfuerzo fue recompensado y el año pasado, cuando Morales me impidió regresar al país y violó el acuerdo con las Naciones Unidas, la respuesta tibia de la administración de Trump fue como un sello de aprobación. Fue entonces cuando Morales se negó a extender nuestro mandato.
Ahora Guatemala enfrenta nuevamente tiempos difíciles. Los poderosos intereses económicos y las organizaciones criminales se sienten envalentonados. Han recuperado el control.
Pero los guatemaltecos ya han probado lo que es vivir bajo el imperio de la ley. Estamos seguros de que no tolerarán que este sea pisoteado. Deben movilizarse para proteger a los jueces y fiscales independientes. Las organizaciones de la sociedad civil y los medios independientes también tendrán que desempeñar un papel más importante en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Se enfrentarán a presiones y ataques.
Más allá de Guatemala, los éxitos de la CICIG han impulsado la creación de una entidad similar en Honduras, respaldada por la Organización de los Estados Americanos. El nuevo presidente de El Salvador se ha comprometido a crear uno también, y las madres de los desaparecidos en México también están exigiendo un mecanismo internacional contra la impunidad.
La experiencia de la CICIG ha demostrado al mundo que hay un nuevo modelo para enfrentar los crímenes enmarañados y transnacionales. Pero cuando la comunidad internacional acepta construir estos modelos, debe mantenerse firme en su apoyo, y eso incluye los tribunales regionales de derechos humanos. En última instancia, los ciudadanos deben movilizarse para defender los avances que se han realizado.
