Cinco diputados guatemaltecos presentaron el martes un proyecto de ley para censurar y hasta mandar a la cárcel a quienes critiquen a políticos y candidatos en medios de comunicación y redes sociales, generando rechazo y acusaciones por eventual violación de medidas constitucionales sobre la libertad de expresión.
La iniciativa apunta a «aquellos que realizan actos de presión, persecución y hostigamiento» contra políticos en ejercicio o aspirando a cargos. El proyecto incluye eventuales sentencias de dos a tres años.
«Quién o quienes realicen actos de presión, persecución y hostigamiento a las personas postulantes, electas, designadas o en el ejercicio de su función política, durante o después del proceso electoral, por cualquier medio de difusión y/o en plataformas digitales, con la finalidad de impedir el ejercicio de sus derechos políticos, será sancionado con prisión de dos a tres años”, indicó el documento.
La diputada Eva Monte de la bancada Alianza Ciudadana, quien ha apoyado iniciativas del oficialismo, negó que se pretenda coartar la libertad de expresión, sino que se busca evitar la difamación.
«Esto es para evitar las campañas negras, este es un término que no está dentro del Código Penal y se busca agregar con esta iniciativa de ley», dijo Monte.
«No sé está afectando la libertad de expresión. Esto servirá para penar, por ejemplo, cuando se señala a un candidato o político en casos de corrupción y en realidad no está siendo investigado o denunciado. Eso será una forma de coacción y deberá ser sancionado. Esto también busca proteger a diputados, vicepresidente y presidente», explicó.
Monte ha apoyado al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de quien se sospecha que aceptó contribuciones de financiamiento de campaña ilícitas, pero el Congreso no aprobó la solicitud de retirar la inmunidad de enjuiciamiento que disfruta como presidente en ejercicio.
Morales niega el mal comportamiento.
En el extremo opuesto a la propuesta de ley estuvo el martes el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien dijo a periodistas que la iniciativa va en contra de la Constitución porque violenta la libertad de expresión.
«Va en contra de la libre emisión del pensamiento. Los políticos deben cuidar su accionar para evitar las críticas», indicó.
La propuesta deberá ser enviada a una comisión interna del Congreso para que sea analizada y se verifique que no afecte los principios que dicta la Constitución.
En febrero pasado hubo intentos de aprobar dos iniciativas de leyes que buscaban limitar las protestas ciudadanas y la libertad de expresión. Luego de varios pronunciamientos en contra, incluyendo uno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), éstas no fueron aprobadas.
En 2006, tras un fallo de la Corte de Constitucionalidad, fue derogado el delito de desacato por considerarse que atentaba contra la libertad de expresión.
El artículo 35 constitucional además establece que «no constituyen delitos de calumnia o injuria los ataques a funcionarios empleados públicos por actos puramente oficiales en el ejercicio de sus cargos aun cuando hayan cesado dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación».
En medio de las denuncias de posible actividad ilegal contra Morales, familiares y socios políticos, el presidente se ha desafiado a una comisión de Estados Unidos que investiga la corrupción en el país.
Morales se negó a renovar el mandato de la comisión por otros dos años, lo que le permite concluir su mandato en septiembre próximo y abandonar el país.
