El Estado de Honduras, como signatario de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación, se sometió este pasado 28 de noviembre ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial para el examen periódico del informe estatal sobre las acciones realizadas en contra de la discriminación y el racismo. La delegación hondureña estaba compuesta por dieciséis funcionarios hondureños, bajo la coordinación de la titular del Instituto Nacional de la Mujer, Ana Aminta Madrid, aunque quien tomó el papel preponderante durante la consideración fue el ingeniero agrónomo Tulio Mariano González, ex ministro de Cultura, Artes y Deportes y actual titular de la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS). Además de los mencionados, la delegación hondureña contaba con la integración de la Subsecretaria de Estado en Derechos Humanos, Alba Marcela Castañeda, el Subsecretario de Estado en el programa Vida Mejor de SEDIS, Miguel Zúniga, el diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso Nacional, Marcos Velásquez, y el diputado por el departamento de Colón Óscar Ramón Nájera, entre otros.
La consideración del informe de país comenzó con la rendición del previamente mencionado informe periódico por parte del ingeniero Tulio Mariano González, que en sus puntos principales manifestó la existencia desde 2016 de una Política Pública contra el Racismo y la Discriminación Racial, dentro de la que se establece que el racismo es penado por la ley hondureña. Esta política pública se fundamenta en varios ejes, que son la participación social y política de los pueblos originarios y afrohondureños, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el acceso a la administración de la justicia, el derecho a los bienes patrimoniales y ancestrales, el derecho al trabajo digno y el derecho a la tierra y a los recursos humanos. Con base en los ejes antes mencionados, el ingeniero González presentó diferentes logros del Estado de Honduras en este tema. En materia de participación social y política, González enfatizó en un significativo incremento de diputados afrohondureños y lencas electos al Congreso Nacional en las pasadas elecciones del 2017, logrando una representación total de 20 diputados electos, 11 de los cuales son hombres y 9 mujeres. Asimismo, se mención el proyecto de reforma al artículo 105 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (LEOP), presentado por el diputado Marcos Velásquez, para establecer cuotas de participación dentro de las instituciones partidarias y en los procesos electorales para favorecer a los pueblos originarios y afrohondureños.
En el tema de educación, González manifestó que a nivel nacional existen unos 919 centros educativos que ofrecen educación intercultural y bilingüe a los diferentes grupos étnicos del país, atendiendo a aproximadamente 90,000 niñas y niños. Otro de los logros que mencionó el titular de la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños fue la publicación del primer diccionario en lengua misquita, y la contratación de al menos 5,000 maestros de los diferentes grupos étnicos para ser empleados en los centros educativos para esta población. En el eje de salud, González reportó que el Plan Estratégico Institucional 2018-2022 de la Secretaría de Salud contempla un enfoque con énfasis en género e interculturalidad, cuyas acciones han incluido un curso de enfermería para miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la apertura de un centro de salud para el pueblo tolupan y la creación de un Centro Integral para Buzos Lisiados en La Mosquitia, por la alta incidencia de condiciones de salud derivadas de la pesca artesanal por buceo, que sigue siendo la principal actividad económica en el departamento de Gracias a Dios.
En el tema de la administración de la justicia, González informó sobre los avances del proceso judicial en el caso del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, que se encontraba ya en etapa de juicio y por el que fueron hallados culpables siete de los ocho imputados en el caso. El delegado de Honduras manifestó que existe actualmente una mayor conciencia de la ley y contra la discriminación racial, lo que ha llevado a aumentar el número de denuncias por este delito de 50 a 500 en la Fiscalía Especial de las Etnias. En el caso del acceso a tierras y bienes patrimoniales y ancestrales, González reportó que se han otorgado 158 títulos de propiedad a pueblos originarios y afrohondureños, así como el trabajo legislativo en torno a un proyecto de ley de consulta previa, libre e informada para consensuar proyectos de desarrollo con las comunidades de los diferentes grupos étnicos, que se encuentra actualmente en dictamen y en proceso de socialización y la que se espera aprobar el próximo año.
En el caso de la mujer y la niñez, el delegado González afirmó que «persisten factores estructurales y culturales que propician su discriminación,» y que actualmente el brazo de inclusión y atención social que emplea el gobierno para atender a la niñez y a las mujeres son los quince programas sociales de la plataforma Vida Mejor adscrita a SEDIS. El delegado de Honduras finalizó su informe reiterando el compromiso del Estado de Honduras por mejorar la situación de los pueblos originarios y afrohondureños para lograr su plena inclusión en la vida política, social y económica del país.
Finalizada la presentación del informe, el relator de país ante el comité, Pastor Elías Murillo de Colombia, procedió a hacer sus observaciones sobre el informe, destacando tres desafíos fundamentales para el Estado de Honduras en materia de derechos para los pueblos indígenas y afrodescendientes: el primero, la extrema pobreza y desigualdad; el segundo, la situación de violencia que impera en el país; y el tercero, la corrupción sistémica en las instituciones y la sociedad. El relator de país colocó especial énfasis en la falta de datos estadísticos en el informe periódico que sustentaran los avances presentados ante el comité. Esta observación fue reiterada en varias ocasiones por otros miembros del comité, que pidieron conocer datos específicos relacionados con los resultados del programa Vida Mejor en relación a los grupos étnicos de Honduras, datos cuantitativos de los resultados de las políticas públicas en defensa de los pueblos originarios, mujeres y niños, estadísticas que demuestren que la tipificación de los delitos de racismo hayan disminuido la discriminación en la sociedad, información sobre estadísticas de denuncias, tipos de procesos jurídicos, aplicación de artículos de la ley y convenios internacionales y número de sentencias por racismo y discriminación racial.
En conclusión, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU encontró en el informe de la delegación de Honduras una grave falta de datos cuantitativos y estadísticos que sustentaran los logros que se presentaron en el informe. Se detectaron vacíos importantes en el ámbito de educación, salud e implementación de políticas públicas que favorezcan a los grupos étnicos del país.
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