Por Julio Raudales
La economía hondureña sigue siendo la más vulnerable de Centroamérica y una de las más débiles del planeta. No lo digo yo, sino el Banco Mundial, quien publicó hace pocos días su base de datos actualizada.
A la luz de esta realidad inocultable, avalada por datos rigurosamente construidos, pienso que lo más conveniente es llamar la atención sobre sus elementos sobresalientes, para comenzar a hacer algo serio al respecto.
En efecto, sobre la base de un ingreso de US$ 1.90 dólares diarios por hogar, (unos 45 lempiras), nuestro país es el que tiene la mayor cantidad de hogares viviendo en pobreza en Latinoamérica y es, de acuerdo con las cifras, el que cuenta con la peor distribución y marginalidad en el subcontinente.
Pero también es, a la luz de los datos de la misma base, el territorio más propenso a desastres naturales en Mesoamérica, así como uno de los dos más violentos del continente. Su población, aun altamente rural, cuenta con limitado acceso a servicios públicos de calidad y permanece bastante aislada debido a la escasez de vías de comunicación modernas.
A lo anterior hay que agregar que en nuestra Honduras cuesta más hacer negocios que en ningún otro lugar de las Américas (salvo Haití), debido al excesivo control burocrático, la inoperancia del sistema judicial, las altas tasas impositivas nacionales y municipales, la percepción de inseguridad y la corrupción.
Pero más allá de las cifras harto conocidas, publicadas por algunos medios de comunicación y hechas virales en todas las redes sociales durante esta semana, deberían preocuparnos las causas fundamentales del deterioro relativo de la situación de vida de la mayoría de nuestros compatriotas. Solo así nos será viable responder preguntas como el porqué de la violencia, la migración masiva y la infelicidad que se respira en el ambiente.
Revertir la situación actual es un desafío mayúsculo y requiere de un esfuerzo permanente y comprometido de la ciudadanía, especialmente de quienes están organizados debido a la naturaleza de sus actividades cotidianas. Me refiero a los estudiantes, gremios profesionales, empresarios, académicos, trabajadores, campesinos, pobladores y demás, por supuesto bajo el liderazgo de un gobierno responsable y serio.
En ese sentido, es fundamental realizar cambios urgentes al menos en tres elementos que detallo a continuación:
Para comenzar, es necesario que las autoridades den señales claras de obediencia ciega a la voluntad ciudadana. Esto implica una mayor apertura democrática. Mientras permanezca instalada en la mente de los electores, la percepción de que no es su voto el que determina las decisiones públicas que atañen a su bienestar, será difícil que exista confianza en las medidas de cualquier índole que las autoridades puedan tomar.
Es fundamental entonces, que se presente ante la Cámara Legislativa, un programa de reformas electorales bien consensuadas, que garantice la pureza de los procesos de elección, tanto de primero como de segundo grado. El país no puede seguir sometido al riesgo de vivir elecciones generales como las del pasado mes de noviembre o procesos de escogencia de funcionarios como el recientemente ocurrido en el caso del Fiscal General o de la Corte Suprema de Justicia del 2016. Los mismos causan un estrés social de tal magnitud, que distrae demasiado la producción y por ende el crecimiento económico.
El segundo elemento es el avance en la consecución de una política fiscal progresiva, que afecte lo menos posible a los sectores productivos y que beneficie a los más desposeídos. Esto implica una revisión seria de las exoneraciones tributarias, una reestructuración de la carga impositiva y una reforma profunda en el gasto público.
Este proceso debe hacerse de manera muy reflexiva, haciendo una mixtura adecuada entre estudios científicos sobre la naturaleza de la política fiscal y mucha participación ciudadana. Es decir, una adecuada “economía política” de la política económica del país. Esto traerá confianza a la inversión privada y garantizará un adecuado desarrollo del capital humano y físico en el país.
Por último, hay que profundizar en un esquema agresivo adoptado para la atracción de inversión, tanto nacional como del extranjero. El Programa 20-20 provee una adecuada plataforma para el despegue, ya que ha definido de manera adecuada las ventajas competitivas de nuestro territorio. Es indispensable el apoyo decidido de las autoridades y sociedad civil organizada a dicha iniciativa, lo que sucede es que la misma no fructificará, si no se complementa con los dos elementos mencionados previamente.
¡Es ahora o nunca!, debemos presionar para que las cosas comiencen a cambiar en el país. Ni el futuro ni el destino esperan. Solo los hondureños podemos salvar a Honduras.
Julio Raudales es sociólogo, vice rector de la UNAH, presidente del Colegio de Economistas de Honduras, ex Ministro de Planificación y Cooperación.
