La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) se ha encontrado con un muro en el Congreso Nacional en su primer año de mandato. A los pocos meses de su instalación en el país, la clase política gobernante le tomó el pulso y se dio cuenta que la MACCIH sería presa fácil ante un poder altamente concentrado que ha operado en la impunidad y que explota la pobreza y la desigualdad a su favor. Se trata pues, de un fenómeno que la MACCIH sola difícilmente tendrá respuesta y que muchos de nosotros estamos tan acostumbrados a convivir con ella que la vemos parte del folklore hondureño, me refiero a la corrupción política; aquella cometida por políticos con el fin último de adquirir o mantener el poder por medios ilegítimos –no solo ilegales, pero contrarios a la moral.
A diferencia de los otros tipos de corrupción que conocemos, la corrupción política viene a dañar la misma política –por eso muchos no creemos en políticos o en la democracia como forma de gobierno-; viene a desnaturalizar su carácter concertadora y de resolución de conflictos, por una de arreglos bajo la mesa, cuotas de poder y clientelismo. Producto de la corrupción política, tenemos leyes pandas, políticas públicas que benefician solo a los poderosos, instituciones débiles e impunidad. Se puede decir que en Honduras la corrupción política es la antesala de los grandes fraudes públicos, de las licitaciones amañadas, de los contratos sobrevalorados y de actos de corrupción que le quitan el acceso a la salud, educación, seguridad y oportunidades económicas a las grandes masas populares.
Ahora bien, ¿cuál es el efecto de la corrupción política en la Ley de Política Limpia? Para responder a esta pregunta debemos conocer cómo surge la Ley. En primer lugar, no surge como una necesidad de los partidos políticos –aunque por varios años se venía discutiendo como parte de las reformas políticas necesarias-, sino como una apuesta externa proveniente de la MACCIH, en respuesta al muy conocido episodio del dinero sucio del fraude al IHSS que había financiado a políticos del Partido Nacional. Al ser algo impuesto a regaña dientes, pues lo lógico para la clase política sería mutarla a sus necesidades e intereses. De esa manera, un proyecto de ley que, en septiembre de 2016, contemplaba un solo comisionado encargado de dirigir la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, aparece con tres comisionados en octubre de 2016. Asimismo, una ley que entra en vigencia en enero de 2017, tarda cuatro meses en nombrar los tres comisionados de la Unidad de Financiamiento.
Se podría argumentar que los diputados están en su derecho -y deber- de hacer los cambios necesarios, pues tienen como mandato constitucional “legislar” y que la distribución entre las tres principales fuerzas políticas es una manera de mantener la frágil gobernabilidad, especialmente en momentos electorales. Sin embargo, el hecho de utilizar el proceso legislativo para justificar sus intereses egoístas de poder, muestra el rompimiento del contrato moral que tiene la clase política con la ciudadanía. Algo que nuestros políticos no comprenden y no creo que quieran comprender, pues los beneficios siguen superando los costos.
Ahora bien, muchos ya sabíamos que esto iba a suceder, pues no es la primera vez que sucede -y lastimosamente no será la última. Sin embargo, veamos las repercusiones.
Primero, al estar a tres meses del pitazo de salida de la campaña electoral (finales de agosto, 2017), los tres comisionados de la Unidad de Financiamiento, no podrán cumplir con su mandato. Es de tomar en cuenta que debe transparentar y fiscalizar las cuentas de 14,000 candidatos a elección popular y aún la Unidad no tiene presupuesto, reglamento, recurso humano o interconexión tecnológica.
Segundo, el uso indebido de recursos públicos; el dinero sucio de la corrupción, del crimen organizado y narcotráfico continuará financiando políticos y campañas.
Tercero, la MACCIH y en especial, la División de Reforma Política Electoral, dejará una institucionalidad politizada, sin independencia y cuyos resultados posiblemente se verán hasta el año 2021 –ya la MACCIH habrá concluido su mandato de cuatro años.
Cuarto, la población hondureña quedará a la deriva, sin saber sí sus candidatos son limpios, transparentes, representan sus intereses y están dispuestos a atender sus necesidades.
Sin duda, el panorama no es nada alentador para nosotros los que queremos a Honduras. Prácticamente es como que, si no hubiera una Ley de Política Limpia, pues no hay garantías de transparencia o financiamiento licito. Quedará a nosotros los ciudadanos revertir esto, a través de nuestra capacidad de organización, movilización e incidencia. Sin duda no tendremos una herramienta legal o una unidad de financiamiento para sacar fuerzas o información, pero tenemos algo que los políticos necesitan: EL VOTO.
No solo participemos en una competencia electoral, sino también en una competencia por la transparencia. Exijamos a nuestros candidatos que transparenten sus patrimonios, conflictos de interés y pagos tributarios, solo así sabremos realmente para quién trabajaran.
