Aunque en la Constitución de Honduras reconozca el derecho a la salud, no todos los ciudadanos conocen sus derechos y la historia así como la actualidad bajo un contexto de pandemia, demuestra que el Estado no ha velado para que se cumpla.
El doctor Luther Murillo, director de la fundación Luagu Hatuadi Waduheño, dijo que «como sociedad terminamos aceptando la práctica histórica de políticos corruptos, con recortes de salud, no tomándolo como prioritario».
La pandemia solo ha agudizado el sistema de salud, en la cual los hospitales están cerca de alcanzar su máxima capacidad y colapsar, además de que se desconoce si están abastecidos de medicamentos, de equipo de protección personal y otros instrumentos que su insuficiencia ha denunciado por los trabajadores de salud.
«Una gran parte de la población «no tiene ni el derecho» de enfermarse», en contexto de pandemia viene a ser más profundo», dijo Murillo en el foro organizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
El derecho a la salud es el goce al más alto nivel de bienestar, explica Murillo, abarcando el principio de acceso y disponibilidad que deben tener todos los sectores de la sociedad, en especial aquellos grupos vulnerables.
«El artículo 145 de la Constitución reconoce el derecho a la protección de salud. Nosotros vivimos en un ambiente donde históricamente se ha ignorado el derecho elemental a la salud y lo han convertido en un privilegio de pocos».
Proyectos han sido abandonados, «víctimas de ataques por el sistema, que destruye todo lo alternativo que puede exponerlo que con poco se puede hacer mucho», el presupuesto cada vez se vuelve menos prioritario y sufre de recortes y el servicio de atención se ha convertido en el inadecuado o incompleto.
Asimismo, el derecho de los empleados de salud también han sido violados, al no ser abastecidos con los insumos o equipos necesarios para proteger su integridad y puedan desempeñar su trabajo.
«Para estas personas que luchan por nosotros y que no hay ni un pago o cheque que puede emitir cada 30 días, la Secretaría de Salud nunca podrá pagar el esfuerzo que realicen en distintos escenarios», enfatizó Murillo.
«Cuando se trata de enfermedades como esta pandemia es claro que esta íntimamente relacionado con el principio de la responsabilidad del Estado, el derecho a la vida y a la salud deben ser priorizados, incluso en esta época de crisis».
