Por Fernando Reyes / Agencia Presentes
En el segundo trimestre, sucedió algo inédito para el colectivo LGBTI en la historia de Honduras: la Justicia admitió un recurso de inconstitucionalidad que busca inhabilitar el Artículo 112 de la Constitución hondureña. Allí se establece que “Se prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo. Los matrimonios o uniones de hecho entre personas del mismo sexo celebrados o reconocidos bajo las leyes de otros países no tendrán validez en Honduras.”
El recurso lo interpuso la organización lésbica Cattrachas y senta un precedente para establecer los siguientes pasos de lucha de la diversidad sexual centroamericana, muy vinculados a la reciente opinión consultiva solicitada por Costa Rica y emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a inicios de 2018. La opinión consultiva fue un paso histórico para reconocer que los países miembros deben adoptar medidas vinculantes a favor de los derechos de las personas de la diversidad sexual, incluidos el matrimonio igualitario y la identidad de género.
La opinión llegó en medio una crisis política en Honduras por la reelección del candidato Juan Orlando Hernández. Según la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, se registró la muerte de al menos 22 personas en unas semanas. A esto se le agrega la permanente fragilidad de los derechos humanos, por los altos niveles de violencia e inseguridad, un conflicto social generalizado e impunidad de las personas en el gobierno.
Hasta el momento, la Corte hondureña no se ha expedido, pero entre las organizaciones se presume una posible negativa, además de la resistencia de otros organismos estatales.
Si el Estado se niega en acatar la reciente opinión consultiva y brindar un dictamen desfavorable sobre el recurso interpuesto sentaría el primer precedente para que el país pueda acudir a instancias internacionales.
Este recurso se considera una oportunidad valiosa porque es una herramienta jurídica que pretende la declaración de inconstitucionalidad del artículo que atenta contra una ley fundamental de un Estado.
Mediáticamente, este recurso de inconstitucionalidad no tuvo mayor eco pese a las provocaciones típicas de lideres religiosos, acompañados de mensajes de odio en redes sociales, y las opiniones de actores políticos alineados al gobierno como desinformadores.
Las organizaciones han sabido utilizar estrategias además de la mediática y no ser participes de debates innecesarios, logrando apertura en procesos de incidencia a nivel internacional a través de la reciente visita del Relator especial para los derechos humanos y la reivindicación de la movilización social durante el 17 de Mayo, Día contra la homo-lesbo-trans fobia.
Grupos religiosos y resistencias
En Honduras las acciones de grupos fundamentalistas católicos y de la religión evangélica han logrado avanzar para mantener en el país acceso restringido y desinformación sobre temas considerados “progresistas o de agendas occidentales”, llegando incluso a prohibirse la anticoncepción de emergencia, el aborto, el matrimonio y la adopción por parejas del mismo sexo.
Frente a la opinión consultiva, diversos políticos de distintos poderes del Estado expresaron su negativa para facilitar el proceso en Honduras, siendo las reacciones mediáticas una referencia al carácter constitucional contra el matrimonio y la adopción en los Artículos 112 y 116, así como la reivindicación de la autonomía del país sobre futuras acciones vinculantes incluida la opinión consultiva de la Corte.
Entre las organizaciones de la diversidad sexual hondureña, no todas consideran que el matrimonio igualitario como una prioridad, ya que consideran que antes está el riesgo de vida de las personas LGBTI.
Foto: Diario La Tribuna.
