Honduras

En defensa de la libertad de expresión

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La moción de reforma al artículo 335b del Código Penal de Honduras, presentada por el Diputado y líder de la bancada nacionalista en el Congreso Nacional, Óscar Álvarez Guerrero, no sólo significa un nuevo intento del oficialismo por violentar los derechos fundamentales de la ciudadanía a la libertad de expresión y la emisión del libre  pensamiento; también significa un nocivo retroceso en la conquista de las libertades primarias de cualquier sociedad, así como un golpe decisivo a los procesos democráticos de la nación.

La propuesta del líder oficialista alerta a los medios de comunicación, los periodistas, las asociaciones de prensa y la población en general, que entienden que la aprobación de la reforma causaría graves consecuencias y lesiones a la opinión pública, y por tanto, sería un nuevo paso en la toma del poder total que el Partido Nacional ha venido hilvanando desde hace algunos años.

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La libertad de expresión es una conquista histórica de los pueblos del mundo, y su consecución ha estado ligada a innúmeras batallas, conflictos y procesos sangrientos que no debemos repetir. Es más, intentar coartar el derecho a la libre emisión del pensamiento y la expresión en el siglo de las comunicaciones (redes sociales, internet), da muestra de un profundo desconocimiento de la realidad y un apego por las medidas radicales propias de los “gobiernos de la fuerza” de los siglos pasados. «La libertad de expresión forma parte de los derechos humanos de las personas y está protegida por la Declaración Universal de 1948 y las leyes de todos los Estados democráticos. Esta libertad supone que todos los seres humanos tienen derecho de expresarse sin ser hostigados debido a lo que opinan».

Entonces, no se trata solamente del peligro que puede significar la ratificación de esa reforma —que entre otras cosas aseguraría un poder casi omnímodo al gobierno impositivo de Juan Orlando Hernández—, sino del convencimiento de una vez por todas que la presente administración sí tiene intereses de control definitivo, propio de un gobierno dictatorial; tal como ya lo ha demostrado con la toma de los tres Poderes del Estado, la alianza con los militares y las iglesias, y su proyecto reeleccionista.

El problema es más grande. Aunque el Partido Nacional ha asegurado que la única intención de la reforma está orientada a la “no apología” del terrorismo —lo que ellos entienden por terrorismo—, el punto de inflexión radica en la coartación de la legítima oposición ejercida desde el pueblo a través de la libre emisión de la palabra y las ideas.

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Dicho de otra manera, este proyecto de reforma parece esconder otra verdad: el intento de la clase política por frenar las duras críticas de las que cada día es objeto el PN y el actual gobierno por todos los actos de corrupción, abusos de poder y sus supuestos vínculos con el narcotráfico, porque claramente se les pone en evidencia y denuncia ante la comunidad nacional y extranjera. Es decir, la verdadera intención del oficialismo parece no ser el control de la “criminalidad terrorista”, sino silenciar la opinión de la ciudadanía pensante.

Así reaccionó el Colegio de Periodista de Honduras ante la propuesta de Álvarez:

«Que luego de amplio análisis y proceso de consultas con nuestro gremio, así como con expertos del derecho constitucional, derecho penal, ex-Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, se concluye y ratifica que el 335b violenta garantías constitucionales, especialmente aquellas que garantizan la expresión y emisión del pensamiento…Concretamente dicho apartado transgrede los artículos 72 y 74 de la Constitución de la República, artículos 13 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos que se refieren a la Libertad de Pensamiento y Expresión, artículo 2 de la Ley de Libertad de Pensamiento y otras disposiciones internacionales en materia de Derechos Humanos de las cuales el Estado de Honduras es suscriptor[1]».

El señor Óscar Álvarez Guerrero debe tener razones muy personales para presentar una moción de carácter retrógrada y anti histórica como la mencionada, porque un político con ideas para el siglo XXI no se anotaría con un tipo de propuestas que no hagan retroceder en el tiempo, como si nunca antes hubiésemos visto los resultados fatales que la privación del pensamiento ha dejado a las sociedades del mundo entero.

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Álvarez es uno de los más viejos funcionarios del actual gobierno y del presente de su partido. Pero, ¿qué decisiones visionarias pueden esperarse de un político ligado a las estructuras más conservadora y represivas de Honduras?, aunque pocos se lo reclaman, el pueblo hondureño —mucho menos la historia— no ha olvidado cuáles han sido políticas y acciones emprendidas y ejecutadas por el señor Álvarez. No hemos olvidado que durante su gestión como Ministro de Defensa en el gobierno de Ricardo Maduro fue él quien implementó la “política de la venganza” emprendida por el gobierno de Maduro contra la pandillas por haber dado muerte a su hijo.

No hemos olvidado que fue durante ese gobierno cuando comenzó una matanza sin tregua entre los entes represivos del Estado y las agrupaciones criminales que entre otras cosas causó la muerte de más de 104 reos que fallecieron calcinados en el incendio del presidio de San Pedro Sula; la mayoría jóvenes apandillados. No hemos olvidado que fue en su nueva etapa como Ministro de Seguridad (2010-2011) en el gobierno de Porfirio Lobo cuando más de 377 reos murieron también calcinados en la cárcel de Comayagua. Pero quizá éstos sean sólo algunos de los ejemplos más visibles de su visión del mundo, como si el mundo fuera una barraca o un pozo.

Lo que tampoco hemos olvidado es que todos los Estados cuyos gobiernos cohibieron la expresión popular han degenerado en regímenes autoritarios, dictatoriales y frecuentemente violentos. Es fue el caso de muchos gobiernos hondureños del siglo XX, particularmente de los gobiernos nacionalistas del dictador Tiburcio Carías y los gobiernos militares de la segunda mitad de siglo.

¿Qué otra cosa, además de represión, le ha dado Óscar Álvarez a Honduras?, ¿seguridad?, No, represión no es seguridad, represión es violencia, no paz. Pero tampoco ha dado seguridad, pues desde el gobierno de Maduro hasta la presenta administración —gobiernos en los que ha participado consecutivamente—, Honduras registra los niveles más altos y hasta epidémicos de inseguridad pública y ciudadana, de criminalidad, narcotráfico y homicidio[2].

Momento cuando seguidores de Libre agreden a periodista de Radio Globo, frente a los juzgados de lo civil en Tegucigalpa.

Momento cuando seguidores de Libre agreden a periodista de Radio Globo, frente a los juzgados de lo civil en Tegucigalpa.

La situación de la libertad de expresión en los países latinoamericanos ha registrado un ambiente favorable desde el fin de las dictaduras de la región, no obstante, en la última década ha experimentado un declive importante, según los estudios presentados por la UNESCO:

«Varios países latinoamericanos han aprobado nuevas leyes sobre los medios de comunicación: para algunos, esto representa una oportunidad para transformar el paisaje mediático en un ámbito más plural y menos concentrado; para otros es una oportunidad para que los gobiernos actúen contra los medios críticos de sus gestiones. Este debate también se ha reflejado en aquellos casos donde se han tomado medidas para revisar leyes obsoletas, como las heredadas de las dictaduras militares. También se ha registrado la tendencia, por parte de funcionarios públicos, a iniciar acciones penales contra periodistas y medios de comunicación, aunque en la mayor parte de los casos estas no han prosperado[3]».

Desde 2001 hasta mayo del 2016, por lo menos 64 periodista y comunicadores sociales han sido asesinados en Honduras por el cumplimiento de su trabajo; esto pone de relieve que la delicada situación de la libertad de expresión no es un asunto de hoy, sino un flagelo del que no hemos sabido librarnos. Según el CONADEH, sólo en el gobierno de Porfirio Lobo se dieron grandes retrocesos en la tolerancia y ejercicio de la libre expresión y comunicación:

«Como parte de su política de confrontación con los medios de comunicación, en enero del 2012, el Presidente de la República, Porfirio Lobo, anunció que enviaría al Congreso Nacional un proyecto de ley para regular el ejercicio del periodismo a fin de garantizar que los medios difundan informaciones imparciales. En diciembre de ese mismo año, acusó al propietario de dos medios de comunicación de conspirar contra su gobierno[4]». Pero la situación ha empeorado en la presente administración, como muestra la intención del partido de gobierno a través del Diputado Álvarez.

Si el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia validan la moción que ha hecho el Óscar Álvarez sobre la reforma al artículo 335b del Código Penal que atenta totalmente contra la liberta de expresión, la nación entera habrá retrocedido a la época más cruenta y oscura de su pasado; a la vez que quedará confirmado que el proyecto reeleccionista no es solo continuidad del ejercicio del poder, sino un gobierno dictatorial: una dictadura.

Citas al pie. 

[1] Comunicado del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), 3 de abril del 2017.

[2] Léanse los informes del IUDPAS y el Observatorio de la Violencia de la UNAH, 2015.

[3] “Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de medios: situación regional en América Latina y el Caribe”. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002290/229042S.pdf.

[4] Informe sobre el estado general de los Derechos Humanos en Honduras, CONADEH, 2013. Disponible en: http://app.conadeh.hn/Anual2013/pdf/info2013/Libertad%20de%20expresi%C3%B3n,%20informaci%C3%B3n%20y%20de%20opini%C3%B3n.pdf

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