Tegucigalpa, 15 de abril,
El gobierno de los Estados Unidos a través de su Embajada en Tegucigalpa, presentó esta semana su informe de la situación de Derechos Humanos en Honduras, como parte del reporte anual que gobierno norteamericano entrega sobre cada país del continente.
En términos generales y luego de hacer una comparación de las cifras de violaciones a los Derechos Humanos en el país, el informe evalúa de manera positiva la gestión del gobierno de Juan Orlando Hernandez, en comparación con los números de 2014 y años anteriores.
El reporte resalta el esfuerzo realizado por el gobierno de Juan Orlando Hernández en proceder judicialmente en contra de figuras de autoridad que han cometido abusos en sus funciones, incluyendo el arresto de diputados, jueces, alcaldes y oficiales del ejército y la policía. Resaltando que la violencia en las zonas rurales relacionadas con disputas de territorios campesinos e indígenas, incluyendo la región del Bajo Aguán, se mantiene significativamente inferior a años anteriores.
Sin embargo, llama la atención al calificar como un problema serio de Derechos Humanos, la debilidad institucional, especialmente en el sistema judicial, que contribuye a fomentar la impunidad en el asesinato arbitrario y otras actividades delictivas ejecutadas por las fuerzas de seguridad en el país.
“La impunidad continua siendo un grave problema, los procesos en contra de militares y oficiales de policía involucrados en violaciones a los Derechos Humanos avanzan muy despacio o se mantienen inconclusos” -cita el informe en inglés.
Entre los avances que presenta el informe, se encuentran la reducción de los asesinatos de mujeres, de 636 mujeres asesinadas en 2014, a 526 en 2015, reduciéndose en 110 casos. 290 de esos casos son considerados por el informe como feminicidios (muerte de mujeres por el hecho de ser mujeres).
Entre los casos que más alarma el informe, está el de la desaparición forzada del líder del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Donatilo Jimenez Euceda, desaparecido el 8 de abril en su lugar de trabajo en el CURLA, ciudad de La Ceiba y por el cual está siendo juzgado el pandillero José Augusto Túrcios, luego de hallar suficientes indicios de culpabilidad en el caso. Sindicalistas y familiares afirman que la desaparición de Jimenez está relacionada con su activismo en la Universidad.
Igualmente el informe menciona los casos de asesinato por los cuales miembros del ejército, Policía Militar de Orden Público o Policía Nacional se encuentran en proceso judicial: Mario Enrique Santos arrestado y asesinado en la Rivera Hernández de San Pedro Sula; Wilber Alexander Espinoza, asesinado en el Triunfo, Choluteca, por el oficial de franco Yelson Gustavo Salinas Vallejo; Yoslin Isaac Martinez Rivera de once años de edad, asesinado en San Pedro Sula en un fuego cruzado con pandilleros y por el cual guardan prisión varios miembros de la PMOP; José Armando Gómez Sanchez en San Rafael, Lempira, asesinado por el policía prófugo Donis Joel Figueroa; Armando Maradiaga Quiroz, torturado y asesinato, caso por el cual guardan prisión nueve miembros del noveno batallón de infantería; así como el asesinato de los hermanos Ramon Eduardo Díaz Rodríguez y Zenia Maritza Díaz Rodrigues ocurrido en 2014, asesinatos por el cual guardan prisión cuatro miembros de la Inteligencia Militar.
Resalta el informe del gobierno norteamericano, la forma de proceder de las autoridades ante las protestas que estallaron en mayo y que se mantuvieron de forma semanal durante varios meses en las principales ciudades del país. “Las fuerzas de seguridad evitaron el conflicto (con los manifestantes) y proveyeron un espacio para la protesta pacífica hasta las cercanías de Casa Presidencial y zonas de mucho tráfico en Tegucigalpa y otras ciudades” -dice el informe, agregando que en pocas ocasiones la policía usó gas lacrimógeno y el cañón de agua para dispersar la protesta violenta.
