Tegucigalpa, 15 de abril.
Todo indica que el actual intento de depuración de la Policía Nacional viene sobre una urgencia inédita a los anteriores intentos. El gobierno de Juan Orlando Hernández está en la necesidad de demostrar un esfuerzo real en el tema del combate a las mafias que se han incrustado en las estructuras del Estado para hacer su negocio (y la Policía es de las más urgentes) o de lo contrario corre el peligro de quedar al margen de la Alianza para la Prosperidad, que los Estados Unidos busca impulsar en los países del triángulo norte centroamericano.
Una nueva manifestación de la diplomacia de la zanahoria y el garrote se ha puesto en operación, donde si Hernández no se mueve por la zanahoria de los 250 millones de dólares, atrás de él viene el garrote de la intervención directa o encubierta del gobierno norteamericano, como ha demostrado ser capaz en las más recientes persecuciones y extradiciones en donde parece que nadie está libre de ellas.
La instalación de la MACCIH, la creación de juzgados especiales de jurisdicción nacional para combate a la extorsión y la corrupción, la instalación de la comisión interventora y el aviso de nueve generales de la actual cúpula policial en investigación, son señales inequívocas de que “algo” está pasando al interior de la institución armada.
Es ingenuo pensar que este movimiento del gobierno haya tomado por sorpresa a los policías. Las primeras acciones de la “Operación Avalancha” daba claros avisos que la estocada sería hasta el fondo, antes incluso de que saliera a la luz pública el reportaje de El Heraldo desnudando los vínculos entre la policía y el asesinato de figuras de renombre en la lucha contra el narcotráfico. Y como generales que son, es de suponer que han reaccionado bajo los pasos de una cuidada estrategia.
Primero vino el yo no fui fue teté de los oficiales, las reacciones de sorpresa de los involucrados. Aparecieron los generales en programas de televisión sorprendidos por estar siendo mencionados en relación a la muertes de Arístides Gonzales y Alfredo Landaverde aduciendo que ellos, los jerarcas de la Policía Nacional, “no sabían nada” de lo que en la institución estaba pasando. “Es una grosería, yo cómo voy andar en esas cosas, a un amigo, ni quiera Dios” -dijo Ramirez del Cid al borde de las lágrimas en una entrevista transmitida por televisión nacional.
Sin embargo poca gente les creyó a los generales. Poca gente cree ya en la Policía. Tantas muertes en los últimos años ha quitado la fe de la población en la institución.
Luego vino el dedo acusador, en donde los policías se intentan presentar a la luz pública como simples objetos manipulados por mentes perversas que desde afuera de la institución aprovecharon su poder para obligarlos a delinquir.
El comisionado de policía, Henry Osorto Canales, acusó a un ministro y viceministro, cuyos nombres no precisó, de “haberse repartido los corredores de la droga y haber trabajado para los carteles del narcotráfico”.
Otro fracaso para los generales. Las declaraciones de Osorto solo demostraron a la población que lejos de cuidarla de los carteles, los oficiales se dejaron comprar por las mafias. ¿Si ellos sabían de las acciones del “misterioso” ministro y su segundo a bordo, por qué no reaccionaron? La espada de Damocles sigue pendiendo sobre las cabezas de las estrellas y los soles y da la impresión de que su suerte está echada.
En el más reciente movimiento, aparecen de forma sincronizada las esposas de los oficiales de la policía que serán dados de baja en las próximas semanas, hablándonos en foros y programas de radio y televisión a nivel nacional, de las bondades humanas de sus esposos, los generales hoy cuestionados por estar en la cabeza de una institución que huele a podredumbre, como que el ser buen esposo excluyera el ser mal policía.
“Invito a los hondureños para que luchemos porque los buenos policías se queden, que no se vayan por la puerta de atrás y los apoyemos”, dijo Carolina Figueroa, esposa del general Jorge Alberto Mejía Espinoza, quien afirmó además que su esposo no piensa renunciar a la institución.
Otro fracaso más para los generales. La vieja imagen de las manzanas podridas no parece funcionar más en una institución que huele a alcantarilla. Queda por ver cuál será el siguiente movimiento de la cúpula oficial. La Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional conformada por Omar Rivera, Vilma Morales y Alberto Solórzano tiene todas las miradas encima y Juan Orlando Hernandez se está jugando mucho más que 250 millones de dólares.
