La situación de los privados de libertad en Honduras es caótica. Los esfuerzos del actual gobierno por crear nuevos institutos penitenciarios ha solventado parcialmente algunos problemas en las cárceles de las dos principales ciudades del país: Tegucigalpa y San Pedro Sula. Pero en el resto del país la situación de los presos es inhumana, y las condiciones de las cárceles siguen siendo las mismas: crimen, muerte, edificios inadecuados, hacinamiento, insalubridad y un sin número de riesgos.
La terrible situación de los presos en hondureños se ha visto evidenciada desde los incendios de las cárceles de San Pedro Sula, La Ceiba y Comayagua; donde los siniestros dejaron calcinadas a cientos de personas que cumplían distintas penas por distintos delitos. Esto, solo para poner un ejemplo.
Para muchos sectores de la sociedad civil esos incendios fueron provocados por los líderes del Partido Nacional. Su teoría se apoya en que todos esos incendios ocurrieron durante gobiernos nacionalistas; y en el caso de los más graves —en realidad todos fueron graves— como los de San pedro Sula (2004) y Comayagua (2011), la opinión pública ha culpado directamente al actual Diputado y ex-Secretario de Seguridad, Óscar Álvarez Guerrero. Dichas acusaciones son algo que podamos afirmar o desvirtuar.
El gobierno de Juan Orlando Hernández ha iniciado un plan de acción para contrarrestar los problemas que el gobierno ha considerado más graves en los presidios: el hacinamiento, la corrupción y el control interno de las maras.
La inauguración de la cárcel El Pozo, ubicada en el Municipio occidental de Ilama, en el departamento de Santa Bárbara, fue anunciada como un centro penitenciario de “Máxima seguridad” a donde irían los presos más peligrosos y los líderes de las pandillas.
A solo unos días de la inauguración de las cárcel se inició el proceso de traslado de los presos más peligrosos de la Penitenciaría de San pedro Sula y de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto. La expectativa de la población fue grande, pero de nuevo la ilusión se resquebrajó.
La prensa informó que el gobierno había dispuesto cientos de hombres armados (policías, cobras, militares, etc.) para custodiar el traslado de los presos hasta Santa Bárbara. Todo marchaba bien, hasta que la misma prensa comenzó a informar sobre el escape de al menos 18 delincuentes peligroso de la Penitenciaría Nacional que supuestamente estaban en la lista de traslados, y que habrían sobornado a los custodios y personal administrativo de la Penitenciaría para escapar de El Pozo.
El gobierno se apresuró a manifestar que cada uno de esos presos sería recapturado «tarde o temprano», que se castigaría a los culpables con todo el peso de la ley y que eso era la muestra más clara «del terror que le tenían los criminales a la nueva cárcel». Apenas pronunciadas esas palabras, trascendió que uno de los presos fugados había sido anunciado días antes como uno de los trasladados a El Pozo.
Eso minó de nuevo la confianza del pueblo en las autoridades, como ya había ocurrido cuando las se detuvo a un sujeto acusado de homicidio que también estaba «preso» en El Pozo, por lo menos eso decía su historial. ¿Cómo es posible que muchos de los supuestos presos de El Pozo estén libres y cometiendo nuevo crímenes?, ¿es cierto que es una cárcel de máxima seguridad?, ¿para quién lo es?
Marina García, una mujer de 53 años residente en la localidad de Jícaro Galán, al oriente del país, dijo que «era injusto que la forma en cómo las autoridades trataban a su hijo —preso en El Pozo—, que lo trataban como un animal. Y que eso era ilegal porque su hijo ya estaba pagado su delito con la cárcel, y no todos los presos del país eran miembros de maras o pandillas». Además agregó que desde hacía más de dos meses que no la dejaba ver a su hijo. Casos similares han ocurrido en la nueva cárcel de Morocelí (El Pozo II).
Desde finales del 2014 se informó que las cárceles de Honduras estaban sobrepobladas, y que los centros penitenciarios estaban a un 300% de su capacidad. Por ello el gobierno construyó esas nuevas cárceles.
Hasta febrero de 2012 «había en las cárceles de Honduras: 125 enfermos mentales, 202 personas de la tercera edad, 60 mayores de 18 años que fueron condenados siendo menores y 9 enfermos terminales. Asimismo, se informó que en el 2011 se otorgó un total de 2,275 excarcelaciones, en los siguientes conceptos: 342 libertades condicionales; 3 por la Ley de Reo sin Condena; 246 conmutas; 8 prescripciones; 356 suspensiones condicionales de la persecución penal; 1,050 conciliaciones; y 270 sentencias absolutorias».[1]
«En los 24 establecimientos penitenciarios de Honduras habría un total de 11,727 personas privadas de libertad (sin contar los internos del Centro de Segregación Administrativa‐PNMAS): 11,318 hombres y 409 mujeres; del total de reclusos/as, 5,627 serían procesados y 6,100 serían condenados, para una relación de 47.98% procesados y 52.02% de condenados. Los internos/as en prisión preventiva (aproximadamente 5,627) se encuentran por lo general mezclados con aquellos/as que ya han sido condenados».[2]
Cada día los noticiarios hondureños anuncian numeroso detenidos por diversas violaciones a las leyes. Muchos de ellos son enviados a prisión.
Los frecuentes problemas ocurridos en las nuevas cárceles (corrupción) demuestran una vez más que los problemas de las cárceles hondureñas no se resuelven solamente construyendo más cárceles. Los problemas delincuenciales y carcelarios deben resolverse creando oportunidades de estudio y trabajo a la ciudadanía.
Mientras haya carencias de educación y oportunidades laborales habrán criminales, y por tanto, habrá más presos. Pero el objetivo debe ser eliminar las cárceles —eso dirá que hemos mejorado como sociedad—, no seguir abriendo más.
Citas al pie.
[1] http://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/honduras-ppl-2013esp.pdf, p. 8.
[2] Ibíd.
