EL PROYECTO DE LA DISCORIA EN LA TIGRA

El ministro de Mi Ambiente, José Galdamez dice que los desarrolladorres del proyecto Bosques de Santa María, ubicado en la zona de amortiguación de La Tigra tienen su licencia ambiental y que también han presentado datos y han sido analizados, para esto se ha ha pedido la opinión de la Fundación Amitigra, del Instituto de Conservación Forestal (ICF), de la municipalidad del Distrito Central, del Comité Permanente de Contingencias (COPECO) y del Servicio Autónomo Nacional...
Redacciónagosto 30, 2019

El ministro de Mi Ambiente, José Galdamez dice que los desarrolladorres del proyecto Bosques de Santa María, ubicado en la zona de amortiguación de La Tigra tienen su licencia ambiental y que también han presentado datos y han sido analizados, para esto se ha ha pedido la opinión de la Fundación Amitigra, del Instituto de Conservación Forestal (ICF), de la municipalidad del Distrito Central, del Comité Permanente de Contingencias (COPECO) y del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).

Aunque si reconoce el problema del agua y el justo reclamo de los probladores, que no es por el proyecto en si, sino por el agua y la falta de la misma, también dice que ahí no hay un reservorio ni una represa para que el proyecto habitacional use agua, sino que es llevada de otros lados.

El Problema según Galdamez es del SANAA porque debe ser esa institución la que debe suplir de agua a esas comunidades.

También explica que si bien es cierto que el proyecto está dentro de la zona de amortiguamiento existen restricciones y que no se está entrando en la zona núcleo y acusó a la prensa de desinformar.

El reclamo de los pobladores es por el agua, reitero el ministro y aseguró que hay gente que tiene intereses de que el país no avance y en contra de la inversión.

Aunque Manuel Amador, presidente de la Asociación de Juntas de Agua de Honduras asegura que con ese proyecto se pone en riesgo el 20 o 30 por ciento del agua de la capital debido al impacto de este proyecto, que demandará también servicio de agua.

En marzo la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) “secuestró” documentación de MiAmbiente por posibles anomalias en la ejecución de este proyecto habitacional.

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