Por Daniela Aguilar
Llegó al poder como la alternativa en un país asqueado por la corrupción de la política tradicional. Sin embargo, Morales se perfila a pasar a la historia como el sepulturero de la CICIG.
La presidencia del mandatario guatemalteco Jimmy Morales parece estar pegada con goma. En los últimos días se volvió a salvar de que el Congreso le levante la inmunidad para que sea investigado por la financiación irregular de la campaña electoral que lo llevó al sillón presidencial en enero de 2016. Además, una sala de lo contencioso administrativo suspendió provisionalmente la cancelación de su partido político, el derechista Frente de Convergencia Nacional que está en el ojo del huracán por vulnerar las normas de financiación de los partidos políticos. Sin contar con que la Liga de Higiene Mental pidió que le practiquen un examen psiquiátrico.
A esto se suma el declive de su popularidad frente a una creciente campaña intimidatoria, cada vez más evidente, contra la Comisión contra la Impunidad y Corrupción en Guatemala (CICIG). Morales ha criticado en duros términos a la CICIG en reunión con el secretario general de la ONU Antonio Guterres y ha declarado persona no grata al jefe de la CICIG, Iván Velásquez. Mientras que la retención de las visas de once funcionarios del organismo por parte de la Cancillería y la confirmación de que el Ministerio de Gobernación emitió la orden para que una caravana militar con armamento de grueso calibre rodee las instalaciones de la CICIG, el mismo día que Morales anunció su salida del país, son solo dos de los hechos más recientes.
Aunque visto en perspectiva, la embestida del gobierno de Jimmy Morales no apunta solamente a la CICIG. La salida del organismo, que se hará efectiva en septiembre de 2019 si nada cambia, será la estocada final de un plan diseñado para acabar con una estructura judicial que se fijó como meta remover la corrupción del país, que ha corroído sus cimientos. Una ironía para un electorado que hizo a Morales presidente para que fortalezca lo que ahora está destruyendo.
Antes de ganar la presidencia de Guatemala, el ex actor y comediante Jimmy Morales tenía cero experiencia en cargos públicos. Antes, intentó sin éxito llegar a la alcaldía del Municipio de Mixco en 2011, lo que lo convertía en el único candidato presidencial sin pasado político. En circunstancias normales, aquello habría significado una desventaja, pero Morales fue hábil para explotar la indignación ciudadana que llegó a su punto más álgido con el escándalo de defraudación aduanera ‘La Línea’, que embarró al entonces mandatario Otto Pérez Molina y precipitó su renuncia en septiembre de 2015. Solo un mes después, Morales ganaba la Presidencia bajo el lema “ni corrupto ni ladrón”. Sin embargo, hoy le gritan ladrón y lo abuchean en espacios públicos.
El punto sin retorno del plan orquestado por Morales y respaldado por la élite guatemalteca para terminar con el sistema judicial contra la impunidad, fue el primer pedido de la Fiscalía para que el Congreso le levante la inmunidad en septiembre de 2017. Ya para enero de este año, oficializó el cambio del Ministro de Gobernación y casi a la par, vinieron reformas estructurales que comenzaron con la salida del director de la Policía Nacional y de tres subdirectores. Mientras que, en junio, se procedió a la remoción, seguida de la baja, de quince jefes y subjefes de la Policía.
Jimmy Morales ha lanzado sus dardos también contra otras instituciones claves, con la finalidad de construir un sistema a su medida. En esa misma línea, también despidió al director de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), cuya colaboración fue clave para las investigaciones que llevó en los últimos años el Ministerio Público con el apoyo de la CICIG. Mientras que hace pocos días, la fiscal general Consuelo Porras, nombrada por Jimmy Morales en reemplazo de Thelma Aldama, revirtió los cargos de cinco fiscales regionales designados por su predecesora. Sin mencionar que Porras ha comenzado a bloquear las investigaciones de la CICIG, que tenía como estrategia desarticular estructuras corruptas por etapas, desde los eslabones más bajos hasta llegar a los altos mandos.
Ahora la Fiscal Porras afirmó que no dará paso a órdenes de capturas ni allanamientos hasta que las indagaciones del equipo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y el CICIG concluyan los casos y los puedan presentar completos. Un impedimento que en 2015 hubiese evitado el procesamiento de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti y el número uno, Otto Pérez Molina. Por otro lado, Consuelo Porras avanza junto a la embajada de EE. UU. en la conformación de una Fiscalía Transnacional que podría convertirse en el reemplazo de la CICIG.
Así como Morales fue hábil para canalizar la indignación ciudadana y convertirse de un momento a otro en el presidenciable favorito, el político ha sabido congraciarse con el que considera su principal aliado: Estados Unidos. Jimmy Morales, a sabiendas del descontento que traerían sus acciones hostiles, buscó con anterioridad ganarse el favor de la administración Trump moviendo su embajada en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén. Esa jugada, le valió el respaldo del secretario de Estado Mike Pompeo el día que anunció la salida del país de la CICIG. “Nuestra relación con Guatemala es importante. Valoramos los esfuerzos antinarcóticos y en seguridad”, tuiteó Pompeo. Aunque después el gobierno estadounidense ratificó el apoyo y relevancia del organismo contra la corrupción.
A nivel del triángulo norte, poco o nada han dicho los presidentes vecinos sobre el rumbo que ha tomado Morales. Juan Orlando Hernández, se limitó a sostener que Guatemala es un país soberano y a reiterar que en Honduras la lucha contra la corrupción no se detiene “caiga quien caiga”. Esto respecto al escrutinio interno que mantiene la Misión contra la Corrupción e impunidad (Maccih) en su territorio. Mientras que Salvador Sánchez Cerén de El Salvador, como nos tiene acostumbrados, no ha emitido comentario alguno. Está más preocupado por la sociedad estratégica que ha comenzado con China, después de cumplir con el condicionamiento de romper relaciones con Taiwan.
Los ánimos en Guatemala están caldeados y la reciente sentencia de 15 años de prisión contra la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, marcó un precedente y se convirtió en la prueba irrefutable de lo que puede lograr la CICIG. Un organismo que pese a todos los bloqueos y a que tiene fecha de vencimiento, continúa adelante con sendas investigaciones que alcanzan a Morales y las élites empresariales. Con el panorama así, al presidente Jimmy Morales no le queda más que cruzar los dedos y confiar en que su labor para desarmar la estructura anticorrupción le permitirá terminar su mandato sin ser procesado y que el próximo año la salida de la CICIG le garantizará un final distinto al de su predecesor Otto Pérez Molina. Aunque sea recordado como el presidente que puso fin a un mecanismo más que necesario.
Fuente: connectas.org
