Unos de los negocios más retorcidos en los Estados Unidos son las cárceles privadas. 126,272 personas fueron encarceladas en 2015, lo que representa el 8% del total de la población carcelaria estatal y federal. Desde 2000, el número de personas alojadas en prisiones privadas ha aumentado en un 45%, eso, porque para el negocio, cada persona encarcelada representa jugosas ganancias.
En los Estados Unidos hay 2 millones 500 mil personas privadas de libertad, constituye el país con la mayor población carcelaria del mundo, el 80 por ciento son latinos y afroamericanos. Mucha de esa población está en cárceles privadas que han sido creadas con fines de lucro.
Los estados muestran una variación significativa en el uso de las instalaciones correccionales privadas. Por ejemplo, Nuevo México y Montana encarcelan a más del 40% de sus poblaciones carcelarias en instalaciones privadas, mientras que estados como Illinois y Nueva York no emplean prisiones con fines de lucro. Los datos recopilados por el Bureau of Justice Statistics (BJS) muestran que en 2015, 28 estados y el gobierno federal encarcelaron a personas en instalaciones privadas administradas por corporaciones como GEO Group, Core Civic (anteriormente Corrections Corporation of America) y Management and Training Corporation.
CoreCivic, anteriormente Corrections Corporation of America (CCA), es una compañía co-fundado en 1983 en Nashville, Tennessee por Thomas W. Beasley, presidente del Partido Republicano, Robert Crants, y T. Don Hutto; recibió inversiones iniciales de Tennessee Valley Authority, Vanderbilt University, y Jack C. Massey, el fundador de Hospital Corporation of America.
A partir de 2016, la compañía es la segunda mayor compañía privada de correcciones en los Estados Unidos. CoreCivic administra más de 65 centros correccionales y de detención estatales y federales con una capacidad de más de 90,000 camas en 19 estados y el Distrito de Columbia. Los ingresos de la compañía en 2012 superaron los $ 1.7 mil millones. Para 2015, sus contratos con las autoridades penitenciarias y de detención federales generaron hasta el 51% de sus ingresos. Operaba 22 instalaciones federales con capacidad para 25.851 presos. Para 2016, Corrections Corporation of America (CCA) junto con GEO Group estaban dirigiendo «más de 170 prisiones y centros de detención». Los ingresos de CCA en 2015 fueron de $ 1,790,00 millones.
CCA ha sido objeto de mucha controversia a lo largo de los años, principalmente relacionada con aparentes intentos de ahorrar dinero, como la contratación de personal inadecuado, cabildeo extensivo y falta de cooperación adecuada con entidades legales para evitar repercusiones. CCA renombrado como CoreCivic en medio del escrutinio continuo de la industria de prisiones privadas.
El 8 de febrero de 2017, el Procurador General de Mississippi Jim Hood interpuso una demanda contra MTC, junto con Cornell Companies, Wexford Health Sources, Global Tel Link, Sentinel Offender Services y muchos otros por presuntamente participar en contratos corruptos con el Departamento de Correcciones de Mississippi y su ex Comisionado, Chris Epps. La demanda alega que las compañías violaron las leyes de ética pública, extorsión y antimonopolio de Mississippi, y que estaba demandando para recuperar los costos y las penalidades de los contratos corruptos.
Chris Epps fue luego sentenciado a 20 años en prisión (actualmente está en una cárcel no privada).
Desde 2000, el número de personas en cárceles privadas ha aumentado un 45%, en comparación con un aumento general de la población carcelaria del 10%. En seis estados, la población carcelaria privada ha aumentado un 100% o más durante este período. El sistema penitenciario federal experimentó un aumento del 125% en el uso de prisiones privadas desde el año 2000, llegando a 34,934 personas en instalaciones privadas en 2015.
Cambios de leyes de inmigración
Fue el presidente Bill Clinton quien transformó las leyes migratorias y junto a congresistas del sur abrieron las puertas del Departamento de Justicia para contratar cárceles privadas para miles de indocumentados que llegaban al país.
Estas políticas continuaron con el presidente George Bush, quien implementó el Programa Streamline, dotando a la frontera fondos para que manejen su propio paralelo de justicia. Este programa continuó luego con el presidente Obama, con el Programa Comunidades Seguras (Secom, por sus siglas en ingles), que generó dos millones de deportados.
Según la organización Open Secrets.Org, miembros de los dos partidos han recibido donaciones, especialmente el grupo de los ocho senadores que promovían la reforma migratoria.
Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, Marco Rubio, republicano de Florida, Charles Shumer, demócrata de Nueva York, Jeff Flake, republicano de Arizona, Dick Durbin, demócrata de Illinois y Michael Bennet, demócrata de Colorado; cada uno recibió donaciones de $5000 (el limite por contribuyente), de CCA, Geo, sus inversionistas y familias. Aunque estas cifras serían superiores. Según Center For Responsive Politics las donaciones a políticos realizadas por CCA ascendería a 1.9 millones de dólares y GEO 2.9 millones entre 2003 y 2012.
A nivel federal, un cambio de política de la Administración Obama de 2016 para reducir la dependencia y finalmente eliminar los contratos de prisiones privadas fue revertido por el Fiscal General Jeff Sessions en febrero de 2017. La reversión tuvo lugar a pesar de reducciones significativas en la población carcelaria federal y un informe mordaz de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia que encontró que las cárceles contratadas a nivel federal tenían más incidentes de seguridad y protección que las prisiones públicas.
Actualmente, la Oficina Federal de Prisiones mantiene el mayor número de personas manejadas bajo custodia privada en la prisión. Los cambios en las políticas en el Departamento de Justicia en 2017 que pueden aumentar la duración de las sentencias y ampliar los procesamientos por delitos relacionados con drogas e inmigración pueden contribuir a la expansión de la contratación de más instalaciones privadas.
Existe un incentivo millonario para procesar y encarcelar migrantes.
De acuerdo a thinkprogress.org, en 2012, un inmigrante detenido le costaba al gobierno $166 la noche. Ese mismo año, según el mismo sitio, el Buró Federal de Prisiones le pagó $5.1 mil millones de dólares a las compañías carcelarias privadas por 23.000 inmigrantes detenidos.
La Agencia de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles), tiene contratos millonarios con estas empresas que manejan todo el proceso del detenido; incluyendo transporte, alimentación y cuidados médicos.
Un informe de 2012 publicado por the Public Interest analizó 62 contratos de gobiernos estatales con estas compañías privadas y reveló que más del 65% contiene cláusulas que obligan al Estado a garantizar una ocupación mínima del 80% de las camas, incluso si la criminalidad disminuiría.
Además, en varias cárceles privadas en Estados Unidos se les cobra la estadía diaria a los presos. En un artículo del 9 de noviembre de 2015, BBC Mundo describió lo que pasaba en el sistema penal de Ohio. Había reclusos que debían entre 20 y 35 mil dólares por entrar y salir de prisión después de cometer delitos menores.
