Honduras

El gobierno compartido de las cárceles de Honduras

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Sobrepoblación penitenciaria, falta de apoyo gubernamental, corrupción interna y externa, falta de programas reales de rehabilitación, falta de custodios institucionales, falta de control sobre los reos, violación de los derechos humanos de algunos presos privilegiados sobre la población común, son algunas de las falencias en el sistema penitenciario de Honduras.

El periodista irlandés Paul Connolly se sometió a la justicia hondureña y fue condenado al centro penal de Danlí el Paraíso, al oriente del país, como parte de su documental: Dentro de las Prisiones más Peligrosas del Mundo (Inside the World’s toughest prisons) Connolly retrata todo el proceso de internamiento penitenciario, en lo que el llama: “La Capital Mundial de los Asesinatos”. Honduras, uno de los paises con las tazas más altas de asesinatos del mundo, que en el año 2016 cerró con una tasa de 59 homicidios por cada 100 mil habitantes, solo seguida por El Salvador. El sistema penitenciario no se da abasto, la sobrepoblación y la falta de una rehabilitación efectiva es una pequeña bomba de tiempo que ha estallado por segmentos pero, se prevé una explosión general devastadora pronto, un ejemplo fue lo sucedido en la granja penal de Comayagua el 14 de febrero del año 2012, suceso que registró 382 reos muertos, sin que hasta el momento haya un retribución a los familiares de las víctimas y penas para los supuestos responsables que fueron absueltos de los cargos a excepción de uno de ellos.

El enfrentamiento entre los rondines y miembros de la pandilla Barrio 18 dejó un saldo de 68 personas muertas en la cárcel El Porvenir en La Ceiba en 2003,​ el incendio del centro penal de San Pedro Sula en 2004 entre otras.

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Cárcel de Danlí. Foto: RadioHouse.com

Una investigación del periódico digital El Faro.net sobre el centro penal de San Pedro Sula evidenció la falta de autoridad de los efectivos carcelarios y que en su lugar los reos (organizados) ejercen la administración del penal con un sistema arcaico de rondines penitenciarios que son los encargados internos del lugar, José Cardozo (Chepe) es el rey justo de “la cárcel del infierno” como titularon la crónica los periodistas salvadoreños.

Las jerarquías se dividen en:

Los paisas, que no pertenecen a maras o pandillas .

Los miembros de la Mara MS 13 Salvatrucha.

Los del Barrio 18.

Lea además:

El sistema carcelario sigue en jaque

Mantener el control es cuestión de uno o dos muros que separan un infierno normal de uno hiperrealista. Connoly vivió esta experiencia en la cárcel de Danlí, donde un lugar alejado del duro y helado piso de la sobrepoblada bartolina cuesta 135 dólares, como le explicó uno de los coordinadores del lugar. Internamente el penal está a cargo del preso Neri Calero, condenado por asesinato. Una pregunta directa sería ¿cómo, cuándo o bajo que acuerdos o circunstancias se dio este cambio? y ¿los encargados del Instituto Nacional Penitenciario (INP) están al tanto? De este sistema de cogobierno o gobierno compartido, que según una visita al centro penal de San Pedro Sula las autoridades del lugar lo justifican como un “mal necesario” ante las carencias de personal y de recursos. Se podría considerar un misterio que este sistema se mantenga de pie, porque los mismos policías penitenciarios están al tanto de que son insuficientes para tener el control completo de la cárcel, el ejemplo de esto son los 15 policías contra casi 700 presos de la cárcel de Danlí, una situación irregular y de alto peligro. Connoly hace su trabajo sin ser juez ni parte, el control de la prisión lo tienen los reos.

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Neri Calero jefe de los rondines de la cárcel de Danlí.

El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRTR) califica este fenómeno de la siguiente forma:

“La figura de los coordinadores de los módulos u hogares, en todos los centros penales, quienes castigan físicamente a los demás privados de libertad”, y “los cobros ilegales para poder permanecer en un determinado módulo u hogar, por parte de los coordinadores de los módulos, de hasta 250 dólares”. CIDH, Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, OEA/Ser. L/V/II, adoptado el 31 de diciembre de 2011, párr. 44.

De igual forma, el ERIC ha informado que los coordinadores (llamados también “rondines”) “son personas privadas de libertad que gozan de la confianza de los directores de los centros penales y en muchos casos, se han visto involucrados en el tráfico de armas y drogas, así como en la aplicación de vejámenes y torturas contra otras personas privadas de libertad; todo ello, con el silencio cómplice de las autoridades”. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Diagnóstico del Sistema Penitenciario Hondureño a la Luz de los Derechos Humanos (2005), pág. 65.

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Datos relativos a las estructuras físicas de los centros penitenciarios y a la distribución y situación procesal de la población reclusa.

Ser coordinadores de módulos o los que controlan el lugar en base a la intimidación y la amenaza de eliminar lo que ellos consideran beneficios, es el muro invisible que permite a este cuasi sistema de confianza, funcionar de manera artesanal pero no garantiza la solución a una crisis penitenciaria que podría ser motivado por las pésimas condiciones sanitarias y el hacinamiento.

Este seudo sistema reo-carcelero basado en un voto de confianza se evidencia en la noche, al momento de reingreso de los presos a sus bartolinas, los custodios acompañados por los coordinadores con lista en mano pasan revisión de los reos uno a uno, hasta cerrar todas las bartolinas.

“Los guardias saben que no deben cruzar la entrada del recinto sin la autorización de los internos (la línea amarilla o “línea de la muerte”), y los internos se abstienen de salir del perímetro exterior custodiado por la policía”.

Hay fronteras invisibles, códigos no escritos y jamás hablados, pero conocidos para mantener una paz ficticia que hacer funcionar de manera correcta este castillo de naipes, insostenible por la estructura gubernamental y alimentada por la violencia, inseguridad, falta de oportunidades de oficios técnicos o rehabilitación.

Sobre las nuevas cárceles certificadas de máxima seguridad puede leer:

GOBIERNO INTENSIFICARÁ CAMPAÑA CONTRA PANDILLAS

En un documento oficial emitido en 2005 por la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos dentro de un proceso judicial interno, dicha institución dijo lo siguiente con respecto a la figura de los “coordinadores”:

 Los internos en los distintos Centros Penales, como cualquier grupo de personas, se organizan con el fin de mejorar sus condiciones de convivencia y seguridad personal, situación esta que se ha dado históricamente en todos los Centros Penales del País. Los denominados coordinadores de internos son nombrados por los propios internos sin intervención alguna de la Autoridad Penitenciaria, ya que este es un derecho que no podemos limitar, los criterios que se utilizan para tales coordinadores deberán ser de conformidad a la propia selección de los internos, desde luego tales coordinadores deberán ser personas de buen comportamiento y de conducta decorosa. En reiteradas ocasiones se les ha dado instrucciones a los distintos directores de los Centros Penales con el fin de fortalecer la sostenibilidad de la autoridad penitenciaria legítima, cual es la Policía Penitenciaria, esta autoridad es indelegable por lo que ningún coordinador puede estar legitimado para ejercer funciones de seguridad interna, situación esta que en caso de darse sería irregular.

Oficio‐SS‐DGSEP‐0870‐2005, emitido el 9 de junio de 2005 por el Director General de Servicios Especiales Preventivos de la Secretaría de Seguridad, abogado Jaime Banegas Zerón, a requerimiento de la Jueza de Ejecución de la Sección Judicial de Comayagua.

Esta situación de inestabilidad o de gobiernos compartidos es la base que sostiene un sistema obsoleto y a punto de entrar en ebullición sin que hasta el momento el Instituto Nacional Penitenciario presente un plan de trabajo para mejorar las condiciones y eliminar el sistema de corrupción y privilegios.

Fuente: Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras. Año 2013.

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